- Argentina ha presentado acusaciones contra el científico Ricardo Villalba y tres exsecretarios de Medio Ambiente por una supuesta negligencia, que supuestamente resultó en un derrame de cianuro tóxico en la mina de oro Valadero y contaminó el río Jáchal en la provincia argentina de San Juan.
- Villalba ayudó a redactar la ley que creó ‘zonas de no acceso' para mineras en las áreas glaciares de Argentina. Sus colegas científicos han llegado a la defensa del investigador y dicen que está siendo utilizado como "chivo expiatorio", y que las compañías mineras no se responsabilizan de sus derrames.
El 27 de noviembre, Ricardo Villalba, exdirector del Instituto Argentino de Nieve, Hielo e Investigación Ambiental (IANIGLA), fue acusado en un tribunal federal de negligencia y de no realizar un inventario correcto de los glaciares del país. Además, tres exsecretarios de Medio Ambiente (Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi) fueron acusados formalmente por su papel en la supervisión del Inventario Nacional de Glaciares (NGI), acciones que incidieron supuestamente en un derrame de cianuro tóxico en la mina de oro Valadero, en la provincia de San Juan.
Los cuatro hombres han apelado los cargos de «abuso de autoridad» y un tribunal federal decidirá si sus casos irán a juicio. El juez que preside ha autorizado la confiscación de sus activos por hasta 5 millones de pesos (US$289 000) cada uno; todos tienen prohibido abandonar el país.
La ONG Asamblea Jáchal No Se Toca en la provincia de San Juan, en el noroeste de Argentina, interpuso una acción legal. Alega que la contaminación del río Jáchal, derivada de derrames de cianuro tóxico en la mina Veladero en 2015 y 2016, podría haberse evitado a través de un inventario de glaciares más completo, evaluando los cuerpos de hielo de menos de una hectárea.
El inventario, si se hace correctamente, según los demandantes, habría prohibido la minería en la zona, de acuerdo con la Ley Nacional 26.639 para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, una ley que el acusado, Ricardo Villalba, ayudó a crear.
El juez federal que preside, Sebastián Casanello, se puso de parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca, y encontró a los cuatro hombres cómplices en la realización y supervisión del inventario en San Juan, que limita con Chile. La región ha visto durante mucho tiempo una actividad minera importante.
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La defensa de Villalba
Villalba reconoció las limitaciones técnicas del inventario y señaló que las imágenes de satélite disponibles formaban la base del estudio, y afirmó que los límites de resolución hacen que sea «imposible visualizar glaciares de menos de una hectárea». Su trabajo, afirmó, también estaba limitado por el costo, logística, accesibilidad del campo de hielo, clima y tiempo «porque el inventario debe realizarse en cinco años».
«Las personas que dicen que cualquier persona puede trazar mapas de glaciares de menos de una hectárea están mintiendo», dijo Villalba. «Existen convenciones internacionales que establecen que los inventarios comienzan en una hectárea, y otros en cinco hectáreas», explicó.
La Asamblea Jáchal No Se Toca alega que el Dr. Villalba y su equipo estuvieron en contacto con la compañía minera involucrada en el derrame de cianuro y entregaron un inventario favorable para la industria.
Barrick Gold, compañía minera canadiense, opera los dos principales proyectos en la provincia: las minas a cielo abierto Veladero y Lama. Barrick es la empresa minera de oro más grande del mundo. En abril, la compañía china Shandong Gold Mining Company compró una participación del 50 % en la mina Veladero por US$960 millones.
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Una historia de derrames
Los derrames controvertidos han perseguido a la mina Veladero en los últimos años. En el 2015, un derrame arrojó un millón de litros (260 000 galones) de solución de cianuro en las áreas circundantes; Barrick fue multado con US$9.3 millones. En el 2016, otro derrame de cianuro provocó que el gobierno cerrara temporalmente la mina, que luego se volvió a abrir. Un tercer derrame en marzo del 2017 resultó en un paro de trabajadores que interrumpió temporalmente las operaciones.
Las protestas estallaron regionalmente después de que los análisis de sangre para los residentes que vivían cerca de la mina y el río Jáchal fueran ordenados por la corte y llevados a cabo por científicos patrocinados por Barrick.
En agosto, el Tribunal Supremo argentino se ocupó de un caso del Tribunal Federal para determinar si la mina debía cesar su funcionamiento. El juez local en todos estos casos fue Sebastián Casanello, y en enero del 2017, Barrick solicitó su remoción del tribunal por falta de objetividad. No hay un cronograma para la decisión de la Corte Suprema.
Villalba declaró que IANIGLA y Barrick nunca se han comunicado, y calificó su arresto como «sorprendente, abrumador y desalentador». Cuestionó los motivos de la Asamblea Jáchal No Se Toca y señaló que los «límites técnicos del inventario eran bien conocidos por ellos».
«Es sorprendente que hayan acusado a IANIGLA como una institución que favorece la destrucción de glaciares cuando, por el contrario, es la institución que ha luchado más arduamente a nivel nacional para proteger estos recursos hidrológicos», dijo Villalba.
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Científicos defienden a Villalba
Una coalición de científicos internacionales entregó una carta al juez Casanello en apoyo de Villalba, llamándolo investigador distinguido en su campo. Los firmantes incluyen Bruce H. Raup, director del programa Global Land Ice Measurement from Space (GLIMS); Etienne Berthier, miembro principal de GLIMS y revisor de NGI; Michael Zemp, director del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares; y Thomas T. Veblen, profesor distinguido de Geografía de la Universidad de Colorado.
Los científicos atestiguan que Villalba y su equipo siguieron «estándares internacionales de vanguardia» para llevar a cabo el NGI y señalan que cada inventario de glaciares en el mundo debe establecer un umbral mínimo para la medición, y que el inventario de IANIGLA tiene un estándar que se encuentra entre los más exigentes a nivel mundial.
«El Inventario Nacional de Glaciares es un ejemplo icónico de… una interacción altamente beneficiosa y efectiva entre los científicos y los responsables de la formulación de políticas porque aborda el tema de importancia crítica para la sociedad de los recursos hidrológicos en el contexto del cambio climático», escriben los científicos. «Este logro científico y político no tiene precedentes en América Latina».
La carta de respaldo señala que la metodología NGI fue desarrollada y aprobada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Jefe de Ministros de la Nación.
Los científicos están preocupados por el «efecto (…) escalofriante» que una convicción podría tener para los científicos en el futuro compromiso con los políticos, y señalan que una «acusación falsa (…) difama la competencia, la honestidad y la integridad» de todos los investigadores involucrados.
«Claramente no existe una relación entre el mapeo real y el derrame de cianuro», dijo el profesor Veblen (asesor graduado de Villalba), en una entrevista con Nature. «Ricardo está siendo utilizado como chivo expiatorio, sin lugar a dudas».
Los científicos señalan la «evidente incongruencia» del caso, que «acusa al director de un instituto de investigaciones científicas, en lugar de buscar a los responsables de estos graves incidentes entre los gerentes de la empresa contaminante».
Desde su aprobación en el 2010, Barrick impugnó la Ley Nacional 26.639, y alegó que era demasiado restrictiva para sus actividades mineras en San Juan. Barrick se negó a comentar sobre el proceso legal que involucra a Villalba.
Villalba fue el investigador clave involucrado en el diseño y la presentación de la Ley Nacional 26.639, que, entre otras cosas, define las zonas geológicas y glaciales ‘de no acceso’ para mineras. También es correceptor del Premio Nobel de la Paz 2007, otorgado al Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, presidido por el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.
«Es desalentador y sorprendente escuchar una acusación de que uno trata de favorecer ciertas actividades en el país que involucran la destrucción de glaciares», dijo Villalba. «Honestamente, no entiendo por qué existen intereses personales que quieren ensuciar y dañar el trabajo serio».
Esta historia fue publicada por primera vez en la web en inglés el 14 de diciembre de 2017.
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