- Un tribunal federal ha suspendido la licencia de instalación de la megapresa de Belo Monte en el estado de Pará, Brasil. La presa, que tendrá la tercera mayor capacidad de producción del mundo, entró en funcionamiento en 2015, pero su construcción no terminará hasta 2019.
- El tribunal ordenó que se suspendiera la construcción hasta que Norte Energia cumpliera con los compromisos asumidos en 2011 de proporcionar viviendas adecuadas a las personas desplazadas por la presa, incluidos los pueblos indígenas y tradicionales que vivían a lo largo del río Xingú.
Un tribunal federal en Brasilia ha encontrado defectos en el plan de reubicación de Norte Energia de las personas desplazadas por la presa de Belo Monte en el estado amazónico de Pará. El tribunal falló a favor del Ministerio Público Federal (MPF), un cuerpo de fiscales independientes, que argumentó que los planes de reubicación urbana para los miles de desplazados por la presa eran inadecuados.
El nuevo fallo suspendió la licencia de instalación de Norte Energia, impidiendo que el consorcio continúe con la construcción de la presa, cuya finalización está prevista para 2019. La central hidroeléctrica de Belo Monte se encuentra en funcionamiento desde principios de 2015.
Según la demanda, Norte Energia prometió en 2011 construir casas de tres tamaños diferentes para las familias desplazadas (60, 69 y 78 metros cuadrados), según el tamaño de las familias reubicadas. Pero en 2013, la empresa se negó a hacerlo, alegando que solamente construiría casas de un solo tamaño: 63 metros cuadrados. Esta decisión, según el fallo, se tomó sin consultar a los afectados, muchos de ellos personas indígenas y tradicionales que habían vivido a lo largo del río Xingú.
Otro cambio consistió en optar por construir las casas con bloques de cemento en lugar de ladrillo, como se había prometido originalmente. Aunque esto puede parecer una alteración menor, significó que las hamacas para dormir, tradicionales en el Amazonas, no podían sujetarse en las paredes de bloques.
Un problema adicional citado es que las comunidades reubicadas se encuentran ubicadas a más de 2 kilómetros de las viviendas originales de los residentes, un problema grave, ya que hay poco transporte público disponible en la ciudad de Altamira. Durante la visita de este periodista a las comunidades reubicadas en Altamira en 2016, los taxis-motocicleta fueron el único medio de transporte fiable para ir al trabajo, la escuela y las compras. Sin embargo, estos taxis cobran tarifas más altas que la mayoría de los autobuses urbanos en Brasil, causando dificultades económicas para muchas personas desplazadas que no tienen trabajo. Los taxis también restringen quiénes pueden viajar —ya que no hay permisos para los pasajeros con diferentes capacidades— así como los artículos que un pasajero puede llevar.
Además, el MPF determinó que las casas propuestas por Norte Energia violaban el Código de Construcción del municipio de Altamira. Sin embargo, en lugar de exigirle al consorcio que cumpla con el código existente, el ayuntamiento aprobó una enmienda al código para adaptarlo a los proyectos de Norte Energía. El MPF sostenía que el cambio repentino del ayuntamiento era inconstitucional.
Se subestimó el impacto
La presa de Belo Monte fue construida para tener la tercera mayor capacidad de producción hidroeléctrica del mundo. Está situada en el río Xingú de Brasil, cerca de la ciudad de Altamira. El consorcio de Norte Energia que construyó la presa firmó un acuerdo con el gobierno brasileño en 2011 prometiendo pagar 1000 millones USD en compensación a los afectados por su construcción, incluyendo poblaciones indígenas y tradicionales desplazadas. Una ONG, el Movimiento de Afectados por las Presas (MAB) estima que unas 40 000 personas fueron desplazadas por la presa. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental de Norte Energía estimó que solamente la mitad de ese número se vería afectada.
La construcción de la presa dio lugar a una avalancha de personas de todo Brasil que buscaban trabajo y de empresas que los respaldaban. A medida que las obras de construcción de presas continúan disminuyendo, el desempleo ha aumentado rápidamente. Altamira es, hoy en día, la ciudad más violenta de Brasil según el Atlas de la Violencia de 2017.
Durante el último año, la licencia de Norte Energia ha sido suspendida por incumplimiento de los términos de su contrato de funcionamiento, especialmente la construcción de un sistema de alcantarillado y agua potable adecuados para la ciudad de Altamira, donde la mayoría de los desplazados han sido reubicados.
Lee más | Juicio por rotura de la represa Fundão continuará contra 21 ejecutivos
La reducción del caudal del río resultante de la instalación de la presa también ha afectado negativamente a los pueblos indígenas y a las comunidades pesqueras tradicionales, que dependían de la abundancia de peces del Xingú para su sustento e ingresos económicos. Han tenido lugar importantes muertes de peces desde la construcción de la presa, por lo que Norte Energía fue multada con 10,8 millones USD. En 2015, el MPF acusó al consorcio y al gobierno federal de etnocidio, la destrucción de la cultura indígena, debido al incumplimiento de sus compromisos con los pueblos indígenas desplazados por el proyecto.
“Los derechos no caducan”
Mientras que la nueva norma impide que Norte Energia siga trabajando para expandir el proyecto hidroeléctrico, la presa ha estado operativa desde principios de 2015. En un comunicado de prensa, Norte Energía dijo que aún no había sido notificada de la decisión. El noticiero de la televisión nacional de O Globo señaló el 15 de septiembre que la presa sigue funcionando. La declaración de Norte Energía sostiene que tiene una licencia de funcionamiento que reemplaza la licencia de instalación que el tribunal suspendió, por lo que no hay impactos prácticos para la empresa como resultado de la suspensión. El comunicado señaló que Norte Energia apelará.
La abogada Biviany Rojas Garzón se indignó al ver que la compañía ignoró el fallo de esta manera. Rojas Garzón trabaja con el programa del río Xingú del Instituto Socio-Ambiental. “La idea de que esta decisión es inocua es falsa”, dijo a Mongabay. “Los derechos de las personas afectadas por esta presa siguen siendo válidos y no caducan. La obligación [del consorcio] con las personas que fueron expulsadas de sus hogares sigue vigente”.
Rojas Garzón también expresó su preocupación de que la presa pueda ser comprada por inversores chinos, dada la escasa reputación que China tiene en materia de los derechos humanos. Reuters informó en abril que la propiedad de la presa de Belo Monte estaba en negociaciones con la empresa Zhejiang Electric Power Construction Company (ZEPC). La noticia de una posible venta surgió después de que el presidente brasileño Michel Temer viajara a China. Sin embargo, en julio, Reuters informó que las conversaciones sobre una posible venta se habían enfriado, en parte debido a los problemas legales de la presa.
Entre los propietarios actuales de Belo Monte se encuentran Eletrobras, la compañía eléctrica estatal brasileña; Vale, el gigante minero brasileño; Neoenergia SA, Cemig y Light SA; y los fondos de pensiones Petros y Funcef. La operación está valorada en 35 000 millones de reales, pero una fuente informó a Reuters que los riesgos e incertidumbres involucrados en el proyecto podrían ser un “factor decisivo”. La presa hidroeléctrica también está involucrada en un caso administrativo interpuesto por ANEEL, la agencia eléctrica de Brasil, porque comenzó a producir energía con retraso.
Imagen principal: La presa de Belo Monte, construida en el corazón del Amazonas, desplazó entre 20 000 y 40 000 personas, incluyendo a los habitantes de Altamira, indígenas y pescadores tradicionales. Todos ellos debían ser compensados por las pérdidas por el Consorcio de Norte Energia. Foto de Zoe Sullivan
Créditos
