- Dos muertos, más de diez heridos, once vehículos quemados y una tubería arrancada del suelo es el saldo del enfrentamiento entre las comunidades indígenas yaqui por la construcción del Gasoducto de Sonora, al norte de México.
- La comunidad yaqui de Loma de Bacúm presentó una acción de amparo para suspender la construcción del tramo Guaymas-El Oro y el juzgado les dio la razón: no se puede reanudar la obra hasta que los ocho pueblos yaqui lo aprueben.
El último relato que el pueblo yaqui en México le repite a quienes llegan a sus tierras por estos días tiene una escena que les hace hervir la sangre: de un lado, un grupo de personas armadas asaltando la Guardia Tradicional donde suelen reunirse las autoridades yaquis de la comunidad Loma de Bácum; del otro, decenas de niños que salen apurados de la escuela.
“En la hora en que vinieron a atacar utilizaron a los niños como escudo humano, porque sabían que de este lado también había armas. Eso fue un golpe muy duro para nosotros”, contó Martín Valencia Cruz, secretario de las autoridades tradicionales de la comunidad Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que conforman la nación yaqui en Sonora, al noroeste de México.
El 21 de octubre de 2016 es una fecha que los yaquis de Loma de Bacúm no olvidarán. Figura desde ahora en su calendario como el día en el que dos facciones de la comunidad de Loma de Bacúm se enfrentaron ante la inminente construcción del tramo Guaymas-El Oro. Una sección del gasoducto de sonora que atravesará su territorio. Para una parte de la comunidad, el proyecto gasífero amenaza la vida de 20 000 personas y no están dispuestos a transar; para el otro grupo, el gasoducto debe construirse porque traerá desarrollo y, además, siete comunidades yaqui ya se pronunciaron a favor.
La mayoría de las familias de Loma de Bacúm, según las autoridades tradicionales consultadas por Mongabay Latam, se oponen a que la tubería pase por su territorio. Por eso interpusieron una acción de amparo ante el juzgado séptimo del distrito, situado en la ciudad de Obregón, y consiguieron que se ordene la suspensión de la obra. No se reanudará la construcción mientras no cuente con el consentimiento de los ocho pueblos.
Así fue como Loma de Bacúm, siguiendo al pie de la letra el juramento yoeme, se convirtió en una piedra en el zapato para las otras siete comunidades, para la empresa Gasoducto Aguaprieta y para el gobierno.
“En nuestra visión, vimos nuestro territorio colonizado por esa industria, colonizado por gente externa a la tribu yaqui”, dijo a abogada yaqui, Anabela Carlón.
Esta es la razón por la que se levantaron y denunciaron un “intento de golpe de Estado” el 21 de octubre de 2016. Cuentan los yaquis de Loma de Bacúm, que ese día los pobladores que están a favor del gasoducto, apoyados por la comunidad de Lomas de Guamúchil, intentaron deponer a las autoridades tradicionales para nombrar a otras dispuestas a firmar a favor del proyecto. Con este cambio, la empresa Gasoducto Agua Prieta, que pertenece a IEnova, que a su vez es propiedad de la estadounidense Sempra Energy, hubiera conseguido los permisos de las ocho comunidades involucradas en el proceso.
Después del episodio negro del 21 de octubre de 2016, el secretario de Gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, declaró a los medios de comunicación locales que la administración sonorense estaba a la espera de que la nación yaqui solucione sus conflictos para que las obras sigan adelante sin contratiempos, puesto que todos los permisos para ello —dijo— están en regla.
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El centro del problema
El Gasoducto Guaymas-El Oro medirá 330 kilómetros, 18 de los cuales atravesarán el territorio de la comunidad yaqui de Loma de Bácum. Pero este proyecto forma parte en realidad de uno mayor, el Gasoducto Sonora (835 kilómetros en total), que contempla la construcción de otro tramo, Guaymas-El Sásabe, con una extensión de 505 kilómetros.
El Sásabe es un pequeño poblado del norte de Sonora, situado al lado del muro fronterizo con Estados Unidos, ahí donde comienza un desierto interminable que empieza en México y acaba en el Estado de Arizona.
Pero es el primer tramo el responsable de que yaquis enfrenten a otros yaquis. Los rastros más visibles del último episodio violento en el que participaron yaquis y “yoris”, como llaman a las personas que no pertenecen a la misma etnia, pueden observarse aún en el centro de Loma de Bácum. Once automóviles quemados le recuerdan a los visitantes que allí se vivió un infierno.
Los fierros retorcidos se quedarán ahí en medio de la arenosa planicie del centro de Loma de Bácum porque los consideran un símbolo, un logro. “Aquí esto se va a quedar para que sirva de escarmiento para que los que quieran invadir, la piensen dos veces”, dijo a Mongabay Latam Higinio Ochoa Vega, integrante de esa comunidad.
Los rastros de la pelea que no se ven permanecen en los recuerdos de los niños y profesores que, al salir de la escuela, terminaron de pronto rodeados por el estruendo de los disparos, las pedradas, los gritos y los heridos.
Hubo desmayos de menores y mayores. Algunos niños ya están restablecidos pero otros no han querido volver al colegio. Lo mismo pasó con los maestros. “Nunca habían visto algo así”, dijo Martín Valencia. Y es lógico, porque nunca había pasado algo así ahí.
Durante el conflicto hubo disparos y murió una persona: Cruz Buitimea Piñas, quien recibió un disparo en el pecho de una pistola calibre .22. Un guardia Yaqui, Fidencio Valencia, fue a parar a la cárcel y ha sido sentenciado por ese homicidio a pesar de que ese día portaba un arma calibre .45, según las propias autoridades tradicionales de Loma de Bácum.
Fidencio Valencia trabajaba como voluntario de la estación de bomberos de Loma de Bácum y el 21 de octubre de 2016 se sumó a las tareas de vigilancia de la Guardia Tradicional de la comunidad. Ahora enfrenta una sentencia de 15 años de prisión.
Cruz Buitimea, la persona asesinada, formaba parte del grupo que defiende la construcción del gasoducto y, además, era primo de Martín Valencia, el dirigente de Loma de Bácum.
Para Valencia, a pesar de que lamenta la pérdida de su primo, lo más grave sigue siendo el haber colocado a los niños en medio de un conflicto de armas entre cientos de personas adultas.
“Fue muy grave para nosotros que utilizaran a los niños de la comunidad como escudo humano, eso fue muy terrible y eso es algo que no se les perdona aquí”, insistió Martín Valencia, mirando esos fierros quemados que hacen las veces de un puente que lo trasladan siempre a ese 21 de octubre. “Atacaron a cosas sagradas”, insistió sin ocultar su molestia.
El vocero de los siete pueblos que están a favor de la obra, Tomás Rojo Valencia, declaró a los medios de comunicación al día siguiente de los hechos, que esperaban una resolución por parte de las autoridades, ya que —dijo— los grupos que él representa no portaban armas durante los enfrentamientos.
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Un plan energético en marcha
En la tribu Yaqui cuando dicen que algo es sagrado, lo es. Cuando dicen que se saben defender, es porque tienen los medios para hacerlo y no les importa reconocer en una entrevista grabada que usan pura pistola calibre .45. Allá la vida es así.
Si dicen que un gasoducto que pasa por sus tierras pone en riesgo al medio ambiente y a las personas de su comunidad, van, escarban y le arrancan un pedazo.
Eso fue lo que hicieron con un tramo del Gasoducto Guaymas – El Oro, desarrollado por la empresa Gasoducto de Aguaprieta.
Detrás de este hecho, que fue reportado en los medios de comunicación locales como un acto de vandalismo de los yaquis, está una parte del relato en el que se enfrentaron dos visiones opuestas y en el que una de ellas, la visión de la empresa que promueve la construcción del Gasoducto Guaymas-El Oro, convenció a la mayoría de los pueblos Yaquis con métodos que despertaron el enojo en la comunidad de Loma de Bácum, como pagos de sumas de dinero y uso de la fuerza pública, según la versión de los opositores al Gasoducto.
Mongabay Latam contactó al grupo empresarial pero hasta el momento no ha recibido una respuesta a la solicitud de información enviada. Sin embargo, se sabe por las declaraciones dadas a la prensa por Juan Rodríguez Castañeda, representante de IEnova, que la empresa considera que “la construcción se ha realizado siguiendo estrictos procedimientos de calidad y bajo supervisión de especialistas. (La empresa) se mantiene en contacto contínuo con toda la comunidad y las autoridades de Protección Civil”.
Uno de los argumentos que maneja el grupo empresarial (Sempra Energy, IEnova y Gasoducto Aguaprieta) que pretende construir el gasoducto que pasará por tierra yaqui, y que figura en el resumen ejecutivo del proyecto, es que la demanda energética en México ha aumentado más que su Producto Interno Bruto (PIB), y que en 2020 el país será “deficitario” de energía.
Por eso en el resumen ejecutivo presentado al gobierno mexicano precisan que el gasoducto permitiría conectar el noreste del país al Sistema Nacional de Gasoductos, una meta que figura en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. Esta es una de las razones por las que el gobierno mexicano tiene entre sus planes que ese proyecto se realice.
Sempra Energy, IEnova y Gasoducto Aguaprieta aterrizaron con ese escudo en la nación yaqui y con la potencia de ser un proyecto avalado por el gobierno. Pero tenían el reto de convencer a las ocho comunidades indígenas, porque en el plan de construcción el tramo Guaymas-El Oro atraviesa sus territorios.
Anabela Carlón, mujer Yaqui de Loma de Bácum y abogada, es una de las voces del movimiento opositor indígena. Para Carlón, si un yaqui no tiene dinero no es una persona pobre, pero si no posee tierras por donde caminar y plantearse una vida, sí lo es. “Defendemos el territorio porque sin territorio no hay vida, desaparecemos y como yaquis seríamos otros pobres más en México”, dijo la activista a Mongabay Latam desde Loma de Bácum.
La abogada yaqui aclaró también cuál es la la relación de su pueblo con el medio ambiente. “Vivimos para entender el idioma de la naturaleza, para comunicarnos con ella, poder ir a otras dimensiones dentro de nuestra creencia. La naturaleza nos lleva a otros mundos”, explicó Anabela Carlón.
De acuerdo con Julio César Montané Martí, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, “los indígenas de Sonora crearon no solamente una relación con la naturaleza sino una naturaleza transformada y aprendieron a utilizar todos sus recursos, por eso ningún indio se moría de sed al cruzar el desierto”.
Ahí donde un “yori” no ve nada, los yaqui toman un simple mezquite y lo convierten en harina, cosechan tunas, pitahayas y más frutas silvestres. Aprovechan la miel y el mezcal, así como las más de cien plantas medicinales que están ahí, dentro de los parajes desérticos que componen su territorio hasta el día de hoy.
La relación de la tribu yaqui con el medio ambiente fue uno de los argumentos que utilizó la defensa contra la construcción del gasoducto, y lo que les permitió obtener un amparo federal el 6 de abril de 2016 que suspendió temporalmente la obra.
De acuerdo con la defensa de Loma de Bácum, la decisión para permitir o no la instalación del gasoducto debe considerar “de manera directa daños generados a sus bienes materiales e inmateriales”.
Para, Tomás Rojo, representante de los siete pueblos yaqui que están a favor, “es muy importante la infraestructura”
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Lazos rotos
Para los yaquis de Loma de Bacúm es importante que exista un consenso entre las ocho comunidades, según lo explicó Guadalupe Flores, integrante de este grupo. “Esto es comunal, no de mayoría. Todos o nadie”.
Y, precisamente, una de las cosas que más lamentan los yaquis de esta facción, es cómo se fueron rompiendo los lazos entre las comunidades hasta llegar a la violencia y a la muerte de dos personas. La consulta previa fue realizada por la Secretaría de Energía el 14 de septiembre de 2016, pero el resultado fue el mismo: siete comunidades aceptaron firmar el Contrato de Servidumbre, exceptuando Loma de Bácum.
Esta comunidad yaqui expresó su “rechazo rotundo y categórico a la construcción y operación del Gasoducto Sonora del segmento Guaymas-el Oro, dentro del segmento ubicado en el territorio correspondiente a este Pueblo”, según consta en el resolutivo de la consulta que publicó la Secretaría de Energía.
Pero esto no impidió que se le otorgue luz verde al proyecto y que se continúe con la construcción, a pesar de no contar con todos los votos favorables.
Cinco meses más tarde, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitó Sonora, primero en febrero y luego en marzo de 2017, para “discutir” el derecho a la consulta de las comunidades Yaquis.
“La delegación de la ONU destacó el derecho de las comunidades indígenas a expresar su consentimiento previo, libre e informado a las obras de infraestructura que les atañen”, señaló esa institución en un comunicado.
El 30 de junio de 2017 un tribunal Federal emitió un mandato dirigido a la Secretaría de Energía para que cumpla con el amparo ganado por los yaquis de Loma de Bácum en 2016, en el cual una juez de Sonora había ordenado frenar las obras del gasoducto.
La respuesta de Gasoducto Agua Prieta a esta orden judicial fue seguir adelante con la obra.
La expedición de la ONU se pronunció por “el posible incumplimiento de las suspensiones otorgadas por el poder federal judicial”.
Y la respuesta del Pueblo Yaqui fue arrancar una sección de la tubería del gasoducto. De hecho, el pedazo verde de tubo que sacaron del suelo está detrás de su sede, a la vista de cualquiera que pase por ahí.
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La violencia continúa
A principios de mayo, nuevos hechos violentos se registraron. El día cuatro fue incendiado un predio de la comunidad. Y los indígenas yaqui de Loma de Bácum, que lo tomaron como una agresión, fueron a pedir explicaciones a los supuestos responsables, que serían habitantes de la comunidad vecina, Loma de Guamúchil.
El reclamo detonó en un nuevo enfrentamiento y volvieron a usarse las armas de fuego, se quemaron casas y vehículos.
Lo más grave es que hubo una segunda víctima mortal: un joven yaqui de 18 años llamado Víctor Adolfo Molina Vázquez, mientras que una mujer integrante de la comunidad Loma de Bácum, Saturnina Buitimea Piñas, fue herida de bala y está recuperándose.
El secretario de Gobierno de Sonora, Miguel Pompa, fue cuestionado por los enfrentamientos en Loma de Bácum hace pocos días cuando ocurrió la muerte del joven yaqui. En esta ocasión, Miguel Pompa aseguró que esos hechos no tienen relación con el Gasoducto.
A menos de un kilómetro del centro de Loma de Bácum, hay un camino que se mete hacia el desierto y que llega hasta las señalizaciones de las obras. Para llegar ahí hay que pasar frente a una patrulla de la policía de Sonora que vigila permanentemente. Poco después, andando a pie, aparece de pronto un hoyo al que le falta un tramo de la tubería.
Parado junto a este hoyo está Higinio Ochoa, el mismo hombre que declaró sentirse orgulloso por los once vehículos que fueron incendiados. Él accedió a volver con Mongabay Latam al lugar donde se cortaron los 10 metros de tubería que interrumpen el recorrido normal del gasoducto que cruza el norte de México de oeste a este.
“Esta tierra se tiene que defender aún a costa de nuestra vida porque así lo dice nuestro juramento yaqui, por eso estamos donde estamos”, exclama el originario de Loma de Bácum bajo el sol desértico de mediodía. Ochoa habla con la misma energía que la de un boxeador parado en la esquina de un cuadrilátero y a mitad de una pelea.
El hueco que dejaron sigue igual que cuando lo hicieron y no se nota aún la presencia del personal del Gasoducto Aguaprieta en la zona.
Los motivos de la resistencia a ese proyecto los explica Anabela Carlón, abogada Yaqui de Loma de Bácum, que se ha echado sobre sus espaldas la tarea de oponerse legalmente al Gasoducto: “la tierra lo es todo, la tierra es nuestra vida y dispuestos estamos a dar nuestra vida por ella”.
Detrás del relato del pleito y la violencia, está un plan de la tribu yaqui que pretende volver a los tiempos prehispánicos cuando, según Anabela Carlón, tenían soberanía alimentaria.
Las autoridades tradicionales de Loma de Bácum tienen planeado sembrar 4000 hectáreas, con diversas semillas orgánicas, para poder alimentar a todas sus familias. “Queremos niños bien desarrollados, más inteligentes y más fortalecidos, con identidad propia y cultura interna. Es la visión que tenemos”, dijo Guadalupe Flores.
Y es para los yaquis de Loma de Bacúm, la visión de una mejor escena que la de los niños en medio de una trifulca armada como la del 21 de octubre de 2016.
Foto de portada: Cortesía Canal Sonora México.
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