- Comuneros de Molleturo han resistido a las actividades mineras en la zona por más de 20 años y ahora piden la salida de la empresa que allí opera.
- Las organizaciones indígenas de Ecuador expresaron su solidaridad con la gente de Molleturo y apoyan su lucha.
La preocupación volvió a apoderarse de los comuneros de la parroquia de Molleturo, ubicada en la provincia del Azuay en el sur de Ecuador, luego de que en la segunda semana de mayo se registraran enfrentamientos entre miembros de la comunidad y el proyecto minero que ahí se desarrolla, conocido como Río Blanco. La comunidad de Río Blanco, de 80 familias, venía protestando desde el domingo 6 de mayo para exigir la salida de la empresa concesionaria Ecuagoldmining South America S.A, de capital chino en su mayoría, que empezó su fase de explotación de oro y plata en agosto del 2016. Alrededor de 110 comuneros se unieron a la protesta con la consigna de bloquear las vías de acceso al campamento del proyecto, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Cuenca y a una elevación de 3900 metros sobre el nivel del mar, y así evitar que circularan las volquetas que, según ellos, empezaron a sacar los minerales de la zona. “Entre 13 y 15 volquetas salían llenas de este mineral diariamente”, asegura David Fajardo vocero del colectivo ambientalista Yasunidos.
A partir de ese domingo, miembros de la comunidad bloquearon los accesos de Yumate, Miguir y Llapín, vías de acceso al campamento de Río Blanco. Esta decisión fue, al parecer, una medida de hecho como consecuencia de la falta de respuesta por parte de los representantes de la empresa minera y de las autoridades provinciales ante su pedido de sacar el proyecto de su territorio. Para el martes 8 de mayo por la tarde, la Gobernación del Azuay decidió enviar más efectivos policiales y militares hacia la zona para contener la protesta, cuenta Fajardo. “La comunidad quiere demostrar que la exigencia sigue latente y pide la salida del proyecto”. En ese momento, las personas decidieron dejar los tres puntos de bloqueo y subir hasta el campamento. Durante el enfrentamiento se incendió una casa ubicada a las afueras del lugar. Los comuneros de Molleturo también denunciaron el uso de gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir la protesta, mientras que en el enfrentamiento un policía resultó herido y cuatro personas fueron detenidas.
Por su parte, la Gobernación del Azuay informó a través de un comunicado que 35 policías estuvieron presentes en la zona desde el sábado 5 de mayo ante la amenaza de un levantamiento contra el campamento. Para el martes, la entidad provincial envió 37 efectivos de refuerzo al área y hasta la tarde del miércoles 9 de mayo 200 miembros policiales y 100 más del Ejército se encontraban resguardando el lugar de las obras. El Gobernador del Azuay, Xavier Enderica, dijo también que durante la manifestación se presentaron actos de violencia, se agredieron policías y se lanzaron bombas molotov contra el campamento, las cuales quemaron la zona de dormitorios y una enfermería.
En entrevista con Mongabay Latam, Enderica aseguró que protestar es válido pero siempre con base en el respeto. “Lamentablemente esto no se dio”, dijo. Además, aseguró que se enviaron los efectivos policiales y militares con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de la gente, ya que es un tema de protección no para la empresa minera sino para los ciudadanos.
Por otra parte, el gobernador dijo que su administración no puede decidir la salida de la empresa minera de la zona. “Estamos en contra de la minería porque eso también genera informalidad y divisiones entre comunidades. Pero son recursos que necesita el Gobierno y se tendrá que ver el costo-beneficio de estas actividades”. Así mismo, el Ministerio de Minería condenó los hechos y dijo que estos eventos se suscitaron por la influencia de grupos externos en la zona como Yasunidos, la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Colectivo Pachamama y la Organización de la Zona del Sur de Molleturo.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, le dijo a Mongabay Latam que su organización desconocía que la comunidad de Río Blanco se hubiera organizado para esta protesta pero que se aseguró de ir a hablar con sus compañeros luego de enterarse de lo ocurrido y conversó con las personas afectadas para verificar la situación. “Desconocemos las versiones donde dicen que nosotros somos los que incitamos y organizamos esta protesta”, añadió el presidente del CONAIE. “La estrategia de las empresas transnacionales es confundir a la gente y hacernos pelear entre nosotros”.
A través de un comunicado, la empresa concesionaria condenó los eventos y dijo que esto atentó contra la integridad de los 193 trabajadores que se encontraban en el proyecto. Además, pidieron a las autoridades llevar acciones legales que impidan que esto se repita nuevamente y que los hechos no queden en impunidad.
Según manifestó también la empresa, los hechos “fueron realizados por grupos externos a las comunidades de influencia… Recalcamos que la empresa ha venido cumpliendo con los compromisos establecidos con las comunidades, también hemos cumplido a cabalidad con las leyes ecuatorianas”.
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La importancia del proyecto
El proyecto de Río Blanco fue declarado por el Estado como uno de sus cinco proyectos extractivistas estratégicos. Según información de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en el interior de este yacimiento hay 605 millones de onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata y se estima una producción de 240 000 toneladas al año de estos minerales, lo que representa una inversión de alrededor de 89 millones de dólares en un periodo de 11 años.
La exploración de Río Blanco empezó en 1994, pero fue en 1999 cuando se descubrió este yacimiento de oro y plata. Desde ese año y hasta el 2008 se han perforado 402 pozos que han permitido determinar los recursos y las reservas de este proyecto en un área de 3308 hectáreas. El antiguo ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo en agosto del 2016 que el país se beneficiaría con ingresos por 190 millones de dólares y que para 2025 esta cifra se duplicaría.
Sin embargo, un punto importante que no puede dejarse de lado es que este proyecto minero está dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo, que alberga bosque húmedos premontanos y montanos. Aproximadamente el 60 % del bosque es secundario y un 30 % se mantiene en estado prístino. Además, se encuentra a 3.5 kilómetros del Parque Nacional Cajas, dentro de la zona de amortiguamiento de este gran páramo que hace parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador. Solo allí se han encontrado 786 lagunas, 600 especies de plantas vasculares, 43 de mamíferos, 157 de aves (24 de ellas colibríes), 17 de anfibios y 4 de reptiles.
Sin embargo, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, dijo en entrevista a medios locales que su cartera en otras ocasiones ha parado proyectos importantes por incumplimiento de la normativa ambiental y que se han realizado monitoreos permanentes en Río Blanco sin encontrar problemas. Además, añadió que es compromiso del Ministerio revisar los mecanismos de consulta previa —mecanismos que la comunidad denuncia nunca se realizaron a pesar de que su territorio se encuentra en la zona de influencia de este proyecto y su población va a ser afectada—. Sobre esto, el gobernador Xavier Enderica explicó que la Gobernación mandó un oficio a la Secretaría del Agua (Senagua) y al Ministerio del Ambiente para que se avalen los impactos ambientales en la zona y así tener la información necesaria para determinar si hay una afectación real. Lo preocupante es que tener una respuesta podría tardar meses.
A esta resistencia se han unido 72 comunidades de la zona, que reúnen 14 000 personas, y que también se oponen a la “contaminación social” que ha dividido a los comuneros y ha cooptado a sus dirigencias, tal como describe David Fajardo, representante de Yasunidos. Esa contaminación social tiene que ver con la supuesta negociación de la empresa con algunos pobladores para crear división respecto a la actividad minera dentro de sus comunidades. “Esa es la estrategia usual de las empresas para lograr que los proyectos se queden ahí”, dice Fajardo.
La activista ambiental Lizbeth Zhingri coincide con lo anterior y añade que en Molleturo siempre hubo una tradición de lucha que fue minimizada por la descomposición del tejido social pero que volvió a renacer desde el año pasado, en agosto, cuando los pobladores hicieron un paro frente a la empresa minera para exigirle que cumpliera con los ofrecimientos en relación al desarrollo de obra pública, educación, salud y trabajo. “Al ver que estas promesas no se han cumplido, se desencantan. La empresa abusa de la precariedad de las comunidades”, explica Zhingri. “Son comunidades que están alejadas de la urbe y a donde el Estado no está interesado en llegar. La empresa les ofrece migajas pero las terminan aceptando dadas sus precarias condiciones”, indica.
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¿Qué viene ahora?
Luego de los enfrentamientos, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) del Azuay, presidido por el gobernador Enderica, resolvió llamar a un diálogo entre la empresa concesionaria, sus trabajadores y los miembros de la comunidad para resolver el conflicto entre ellos. Además, resolvió mantener la vigilancia en la zona para garantizar el orden público y permitir el accionar de las instituciones competentes en temas de minería, seguridad y medio ambiente. Se pidió también a la Fiscalía del Azuay investigar lo ocurrido para establecer quiénes fueron los responsables de este enfrentamiento. “Llamamos al diálogo sincero porque sabemos que detrás hay grupos que están desinformado”, dijo Enderica a Mongabay Latam.
El gobernador también aseguró que pidió una reunión con la Senagua, el Ministerio de Ambiente y el de Minas para dar a conocer lo que realmente quieren las poblaciones de la provincia del Azuay. Así mismo, solicitó un informe que detalle bajo qué condiciones los comuneros que han decidido trabajar para la empresa están siendo contratados.
La Defensoría del Pueblo también realizó un informe de lo ocurrido luego de visitar la comunidad. Aunque Fajardo, del colectivo Yasunidos, dijo que la entidad no pudo recabar mucha información pues luego de los enfrentamientos los comuneros huyeron asustados por temor a represalias; lo que hizo más evidente la situación de miedo que se vive en Molleturo luego de lo ocurrido. Según dice, su organización y la comunidad han insistido en que el envío de policías y militares no es la respuesta. “El gobernador ni siquiera intentó entrar en diálogo. Se olvida que su obligación está con el pueblo y no con la empresa”, reclama Fajardo. El colectivo además recomendó a las autoridades permitir el paso de la Cruz Roja para que tome el testimonio de las personas heridas durante los enfrentamientos.
La CONAIE y la ECUARUNARI expresaron su apoyo a la manifestación que se dio en contra del proyecto Río Blanco. El presidente de CONAIE, Jaime Vargas, responsabilizó al presidente Lenín Moreno de cualquier cosa que pueda pasar en Molleturo y el resto de territorios indígenas del Ecuador que resisten a proyectos mineros. Dijo que a las comunidades y a la dirigencia “se les está acabando la paciencia con este gobierno”, que tras abrir un diálogo con los dirigentes indígenas del país, dijo que detendría la entrega de toda concesión minera y petrolera, y accedió a evaluar las condiciones en que se entregaron aquellas que ya están operando.
La organización indígena cree que las autoridades a cargo de temas de extracción, en especial la Ministra de Minería Rebeca Illescas, han hecho caso omiso a la palabra del presidente Moreno, y esperan en algún momento poder dialogar con “ministros que puedan ser responsables y consecuentes con el proceso de diálogo; comprometidos en construir este proceso de conversación”. Vargas dijo además que la CONAIE se reunirá el próximo 23 de mayo en un consejo ampliado para discutir acciones frente a lo ocurrido en Molleturo y la posibilidad de realizar una gran marcha en defensa de la vida y en rechazo al proyecto minero que ahí se desarrolla. “Es el momento de accionar en las calles”, finalizó.
*Foto portada: Cortesía Yasunidos Guapondelig.
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