- Expertos consultados por Mongabay Latam destacan el legado del presidente Juan Manuel Santos en declaración y ampliación de áreas protegidas, su intento de fortalecer el Ministerio de Ambiente y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Entre los temas que quedan pendientes para el próximo gobierno preocupan las elevadas tasas de deforestación, sobre todo en la Amazonía, y el poco presupuesto que se le deja al sector Ambiente para cumplir con la gestión y conservación de unas áreas protegidas que se duplicaron entre 2010 y 2018.
- Iván Duque deberá enfrentar la tensión entre conservación y política extractivista; tratar de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); frenar, en tiempo récord, la deforestación; y establecer una política eficiente en el uso y manejo sostenible de los bosques.
El martes 7 de agosto Juan Manuel Santos dejó de ser el presidente de Colombia y le entregó el cargo a Iván Duque, quien fuera el candidato de la derecha por el partido político Centro Democrático y que además contaba con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El balance ambiental de Santos muestra un importante avance en este campo. Cifras oficiales del gobierno aseguran que a 2018, y luego de ocho años de mandato, se pasaron de 13 millones de hectáreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a 31 millones de hectáreas, se delimitaron cerca de 2,8 millones de hectáreas de páramos ─el 50% de estos ecosistemas se encuentran en Colombia y en muchos se practicaba minería ilegal─ y además, se cuenta con 1,8 millones de hectáreas catalogadas como humedales Ramsar.
Dentro de los logros anteriores se destaca que las áreas marinas protegidas pasaron de 1,2 millones de hectáreas en 2010 a 12,8 millones de hectáreas en 2018 y que el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, además de ser declarado patrimonio natural y cultural de la humanidad por la Unesco, es ahora el área protegida más grande del país pues pasó de tener 2,8 millones de hectáreas en 2010 a 4,3 millones de hectáreas en este año ─equivalente a un poco más del territorio total de un país como Suiza─.
Cuatro expertos ambientales colombianos realizan un balance general del gobierno de Juan Manuel Santos durante sus ocho años de mandato y plantean los principales retos que le quedan a Iván Duque, el nuevo presidente del país. Mongabay Latam le presenta los principales puntos sobre la gestión ambiental en Colombia.
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Declaración y ampliación de áreas protegidas
Balance
Este es quizás el punto más fuerte y el mayor logro del presidente saliente. “Lo distintivo del gobierno Santos es que deja un gran legado en áreas protegidas y es algo que no se puede discutir”, le aseguró a este medio Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia.
Para Carlos Castaño, exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia y actual director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, no hay duda del avance que se ha dado en torno al ordenamiento ambiental, no solo en la declaratoria de una gran cantidad de áreas protegidas y la ampliación de otras, sino en los lineamientos para excluir de la minería a varios ecosistemas estratégicos de Colombia como es el caso de los páramos, los manglares y los arrecifes coralinos.
“Las metas para la ampliación de áreas protegidas, resultado de los acuerdos en la Convención de Diversidad Biológica en Nagoya Japón, se cumplieron a cabalidad. Significaba pasar de un 12% a un 25% del territorio nacional en estado de protección, esto se logró e incluso se superó un poco. Esa es, sin lugar a dudas, la gran herencia que queda de este gobierno”, le dijo Castaño a Mongabay Latam.
Por su parte, Ernesto Guhl, exvicerrector de la Universidad de los Andes y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, destacó ese logro pero le aseguró a Semana Sostenible que un informe de la Contraloría General sobre el estado de los recursos naturales (Ierna 2016-2017) encontró que “18 áreas del sistema presentan traslapes con 29 bloques petroleros en ejecución y otras 12 con 15 bloques reservados o disponibles, lo cual hace visible la falta de coherencia de las políticas ambiental y minero-energética”.
Retos
De acuerdo con Carlos Castaño, al nuevo gobierno le quedará el reto de implementar los planes de manejo para los humedales Ramsar y ponerlos a funcionar adecuadamente. Cabe destacar que uno tan importante como la Ciénaga Grande de Santa Marta lleva más de 20 años sin tener un plan en eficiente aplicación.
Para Ernesto Guhl, la falta de presencia del Estado en los territorios que controlaban las Farc en Caquetá, Guaviare, Meta, Catatumbo y Pacífico ha permitido su ocupación por grupos ilegales. Muchos de esos territorios coinciden con diversas áreas protegidas del país, que practican la minería ilegal, los narcocultivos y la deforestación, con efectos socioambientales que él considera aterradores.
“Un indicador importante de lo que será la gestión ambiental de Iván Duque será la posición que en la práctica adopte su Gobierno frente a los títulos mineros y las licencias para explotación de minerales y de hidrocarburos en ecosistemas estratégicos”, asegura Gustavo Wilches Chaux, profesor universitario y quien ha trabajado durante años en temas de ecologismo y gestión de desastres.
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El Ministerio de Ambiente
Balance
Para 2010 el ministerio de Ambiente estaba fusionado con el de Vivienda y el de Desarrollo Territorial. En el gobierno de Juan Manuel Santos el ministerio pudo “independizarse” nuevamente, lo que permitió mayor dedicación a las necesidades del sector ambiente. Esa fue una transformación que vivió de primera mano Carlos Castaño pues en un inicio fue viceministro de la renovada institución.
“Se trató de darle integralidad a las variables socioambientales, por ejemplo, con las inundaciones causadas por el Fenómeno de la Niña en 2010-2011. Se dio un avance muy grande en entender las afectaciones que trae el cambio climático y eso sirvió como telón de fondo para varias cosas. Una de ellas fue la creación del Fondo Adaptación que permitió enfocarse en resolver los problemas dejados por el fenómeno de La Niña y hacerlo con esa visión integral que no habíamos tenido, también se hicieron ajustes a los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas de Colombia desde el nivel macro al nivel micro”, dice Castaño.
Ernesto Guhl coincide con Carlos Castaño pero cree que al nuevo Ministerio le quedó faltando, pues la gestión del agua, esencial para la sostenibilidad, quedó dividida en dos ministerios, lo que rompió su ciclo de uso. Dice que no se recuperó la capacidad técnica lograda hasta 2003 y, según comentó, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le quitó al Ministerio su función más importante para promover el desarrollo sostenible: la expedición de licencias ambientales.
Retos
El gobierno de Iván Duque propone continuar con las actividades extractivas, aunque dice que velará por hacerlo de forma sostenible y por eso en el sector ambiental preocupa el pulso que pueda darse con el sector de minas y energía.
A pesar de la independencia del Ministerio, Manuel Rodríguez cree que la entidad ha sido muy debilitada y que en el tema de las licencias ambientales hay muchas dudas sobre si la Anla está haciendo adecuadamente su tarea, “sobre todo por el otorgamiento de licencias “express” en cierto momento. Hay muchos interrogantes”, dice.
La continuidad de los ministros es otro tema importante, pues muchas estrategias no avanzan con la celeridad esperada debido a los constantes cambios de jefe de cartera. Ernesto Guhl recuerda que desde 2010 hubo seis ministros “con los más variados perfiles, lo que afectó la consolidación del Ministerio”.
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Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Balance
Dos de los actores del SINA son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los institutos de investigación: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); el Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI; el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon von Neumann; y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).
Para Manuel Rodríguez, el papel que están jugando los cinco institutos de investigación es un gran logro. “A mí me tocó crear el Ministerio de Ambiente hace 25 años y si yo comparo la información que teníamos en esa época con la que existe hoy, tengo que decir que un gran logro del Sina ha sido el sustantivo incremento del conocimiento sobre el medioambiente, eso es extraordinario”, asegura. Sobre las CAR dice que su principal falla es que no están bien conformadas desde el punto de vista técnico pues ha habido clientelismo en las contrataciones.
Carlos Castaño asegura que la supervivencia del SINA no es fácil. “Los institutos funcionan como brazo para la toma de decisiones. Si no es porque ellos salen a vender una serie de servicios, muchas veces en contravía de su misión para poder atender con solvencia los criterios y conceptos que expide el Ministerio de Ambiente, pues no tendrían financiación suficiente”. Sobre las CAR tiene una opinión similar a la de Rodríguez, pues afirma que muchas de ellas no están funcionando adecuadamente, en gran medida por falta de recursos, por la intervención inadecuada de políticos y por la corrupción.
“El gobierno adoptó una tendencia centralista, buscando reducir la autonomía de las CAR, iniciativa muy discutible que no prosperó. Es notorio que las CAR no se aprovecharon como actores”, argumenta Guhl en Semana Sostenible.
Retos
Todos los expertos coinciden en que es necesario reformar las CAR. “Yo le diría que hay que convertirlas en entidades técnicas y meritocráticas”, comenta Manuel Rodríguez. Carlos Castaño piensa que es necesario fortalecerlas, lo cual es un desafío enorme pues, según dice, en el gobierno de Uribe y en el de Santos se trató de resolver el problema pero hasta ahora ha sido completamente imposible.
“La manera como se enfoque, tramite y decida la propuesta de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, y si realmente esa reforma apuntará a “liberar” a las CARs de los gamonales políticos regionales y nacionales que tienen a algunas Corporaciones al servicio exclusivo de sus intereses, o si con ese pretexto lo que se busca es eliminar requisitos como las licencias ambientales que para muchos sectores económico-políticos constituyen obstáculos para el desarrollo”, argumenta Wilches Chaux.
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Presupuesto
Balance
Esta es una de las mayores preocupaciones del sector ambiente cada año. Manuel Rodríguez recuerda que recientemente hubo un recorte muy drástico al presupuesto del sector ambiental para el año 2019, “lo cual es muy preocupante y tiene que ver con el déficit fiscal del país pero debilita demasiado la inversión”.
En 2016, los aportes del Presupuesto General de la Nación al Sistema Nacional Ambiental se estancaron (2 989 789 millones de pesos equivalentes a casi un millón de dólares) y disminuyeron en 2017 y 2018, en especial los asignados a los institutos de investigación y al sistema de áreas protegidas. Precisamente dos de los temas analizados previamente.
Ernesto Guhl lo resume de manera contundente: “el gobierno mantuvo un doble discurso: proclamó sus logros y avances en materia ambiental, pero los recursos para lograr las metas y mantener el avance del Sina fueron insuficientes. La participación del sector ambiental en el Presupuesto General de la Nación (PGN) se mantuvo en un escaso 0,3%, mientras que a la del sector de minas y energía, uno de los que mayores esfuerzos de vigilancia y control ambiental demandan, se le asignó entre el 1,3% y 1,8%”.
Retos
De acuerdo con Carlos Castaño, en estos últimos años Colombia llegó a un nivel de presupuesto cercano al 0,3% cuando el estándar mundial está por encima del 3 %, es decir, “estamos muy lejos de tener recursos adecuados para funcionar”. En el caso de Parques Nacionales, Castaño asegura que hoy han mejorado las estadísticas de gestión pero con esfuerzos monumentales, por ejemplo, hay un guardaparques por cada 50 000 hectáreas cuando el estándar internacional es un funcionario para cada 100 hectáreas. “Y con el presupuesto actual estamos absolutamente distantes de poder cumplir a cabalidad con nuestras funciones”, dice.
Si bien se avanzó en el número de hectáreas protegidas, la pregunta que se hacen muchos en Parques Nacionales es “¿cómo voy a atender esa gestión en estas áreas?” Según dice, no hay dinero ni personal para atender. “La respuesta no es sacar esos recursos de la cooperación internacional, pues el trabajo misional de las instituciones no puede depender de lo que se consiga en estos escenarios”.
Otro gran reto es poder responder al pasivo ambiental de Colombia, que se ubica cerca del 1% de su PIB. “¿De dónde va a salir el presupuesto para hacer todas las restauraciones y rehabilitaciones que nos ha dejado el pasivo ambiental durante muchos años? Si seguimos debilitando la capacidad financiera del sector ambiental estos temas jamás se van a poder resolver, jamás”, asevera Castaño.
Manuel Rodríguez es categórico al hablar de cómo un “salvavidas” para el sector terminó sirviéndole más a otros actores gubernamentales. “Hubo una gestión importante con el nuevo impuesto al carbono pero infortunadamente parte de esos recursos tienen una destinación distinta a la ambiental . Solo el 30% va al sector. Con ese instrumento tuvimos muchas esperanzas pero lo arruinaron”.
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Deforestación
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Este es otro punto en que todos coinciden y que, además, consideran el principal reto para el próximo gobierno. Para Rodríguez, el tema clave de Colombia es la deforestación galopante en la parte norte de la región amazónica y para él, sin duda, es lo más negativo que queda de estos ocho años de mandato de Juan Manuel Santos. “Eso tiene que ver con el proceso de paz, con el posconflicto… Sabemos que en los países que han pasado por procesos como este el deterioro ambiental ha sido mayor en el posconflicto. Eso lo sabíamos en Colombia pero no se tomaron las medidas preventivas para que no fuera así”.
Carlos Castaño considera que se avanzó en una política y estrategia, se consiguieron algunos recursos de cooperación internacional y quedaron sentadas unas bases pero “hay índices y tasas muy amplias de deforestación en los últimos dos años relacionadas con el tema del posconflicto”.
Retos
Manuel Rodríguez cree que la deforestación en la Amazonía tiene que ver con grandes capitales de origen empresarial criminal. Dice que no se trata de una deforestación de pequeños colonos, “si la hay es una estrategia de distracción para después englobar esas tierras en grandes propiedades. Ese es sin duda el problema ambiental más complicado y urgente que tiene que enfrentar el próximo gobierno”, afirma.
De acuerdo con Carlos Castaño sacar a las Farc de sus actividades cotidianas dejó abiertas unas brechas enormes sobre todo en Caquetá y Guaviare, “a mí juicio son las áreas más afectadas del país y donde hay que meter todo el esfuerzo y contundencia. La deforestación es uno de los problemas que tienen que resolverse en el cortísimo plazo y uno de los más grandes retos que asumirá el próximo gobierno”.
Finalmente, Castaño considera que hay que profundizar enormemente en los mecanismos REDD “y de paso avanzar en una tarea que a Colombia siempre le ha quedado grande y es el uso y manejo sostenible de los bosques”, le dijo a Mongabay Latam. Según él, ese es el reto más grande pues el país no ha emprendido una gestión eficaz y efectiva que pueda ser extrapolada en áreas sensibles del país. “Tener los bosques sin usarlos adecuadamente es una falla muy grande que tenemos que superar y donde tenemos que involucrar a las comunidades, las minorías étnicas y las poblaciones más vulnerables que son las que están asentadas en estas zonas del país especialmente ricas en biodiversidad. Uno no se explica cómo no se ha logrado avanzar lo suficiente en este aspecto”. Castaño hace énfasis en que la institucionalidad forestal del país es muy deficiente y poco organizada. “Parte de la economía nacional podría estar afianzada en modelos de aprovechamiento forestal, sobre todo para aquellas poblaciones que requieren una alternativa económica que no sea talar y meter vacas”, concluye.
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