- Esmeraldas concentra el 45 % de la producción de aceite de palma en Ecuador.
- La poderosa industria ha venido devorando terrenos de comunidades afroecuatorianas, pero no en Wimbí. Esta es la historia de la lucha de 400 personas contra Energy & Palma.
WIMBÍ, Ecuador — Cuando Yessenia Padilla oyó que estaban destruyendo los cultivos de su comunidad, ella y uno 70 vecinos se apresuraron a intervenir. Empuñaron grandes tablas, rocas y machetes que utilizan para la cosecha de sus campos y entraron a gritos. Dice que cuando llegaron, vieron a los trabajadores de la empresa Energy & Palma arrancando sus cosechas con una excavadora, protegidos por unos 30 policías.
“Eran muchos. Como 30 [policías], un coche y dos camiones”, dice Padilla a Mongabay, explicando los sucesos de noviembre de 2016 entre la comunidad wimbí y la empresa ecuatoriana Energy & Palma.
“Cuando nos acercamos, íbamos gritando, y luego pusimos tablas y rocas en la carretera para que el coche no pudiera pasar. No podían salir. Luego dijimos: ‘sería bueno que se fueran y no volvieran’”.
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Los trabajadores y la policía, en efecto, se fueron rápido, pero se dejaron la excavadora y la comunidad se la llevó. El pequeño pueblo de unas 400 personas retuvo la máquina durante más de nueve meses como mensaje para la empresa de aceite de palma: “la devolveremos si arreglan los daños a nuestro territorio y prometen no volver”. Devolvieron la excavadora después de que Energy & Palma presentara un denuncia contra ellos por robo de propiedad.
Padilla dice que sintió rabia cuando vio que estaban destruyendo sus cultivos de cacao, que durante mucho tiempo han sido la única forma de ingresos para ella y su familia.
“Tienes tu trabajo o tu casa y se lo llevan todo. ¿Cómo te sientes? Rabia. Te hace querer llorar”, dice. “Parece que aquí en Ecuador no tenemos derechos. Llevamos años aquí. Mi abuelo y mi bisabuelo vivían aquí”.
Según Energy & Palma, una de las empresas de aceite de palma más grandes del país, compraron el territorio en el 2000 a través de un intermediario y tienen la documentación para demostrarlo. Legalmente, les pertenece.
Este conflicto entre los wimbí y Energy & Palma no es más que un episodio de la larga batalla entre la empresa y la comunidad. No obstante, ilustra la complicada dinámica entre la industria de la palma aceitera y la población, en su mayor parte afroecuatoriana, de la provincia de Esmeraldas, en especial en el distrito de San Lorenzo, donde se sitúa Wimbí.
La palma aceitera y Esmeraldas
El aceite de palma —ese aceite vegetal omnipresente que se utiliza en todo, desde comida a maquillaje e incluso telas— lleva tiempo siendo una parte importante de la economía agrícola de Ecuador. El país es el segundo productor en América Latina y el quinto en el mundo.
La región de Esmeraldas, una provincia costera en la frontera con Colombia, se convirtió hace poco en la región que más palma aceitera produce en el país. Según los datos de un censo de palma aceitera de 2017 publicados este año, Esmeraldas suma el 45 por ciento de toda la producción de palma aceitera en Ecuador.
La mayor parte de este crecimiento se ha dado alrededor de la ciudad sureña de Quininde, cerca de La Concordia, que durante mucho tiempo ha sido un núcleo de producción. Los distritos norteños de San Lorenzo y Eloy Alfaro están en segunda y tercera posición respectivamente, y ambos han visto importantes aumentos en la producción desde 2005, según datos del censo. En el momento del censo más reciente del aceite de palma en 2017, San Lorenzo dedicaba 22 641 hectáreas al cultivo de palma aceitera, convirtiéndose en la segunda zona más productiva del país.
“Es la industria más importante aquí”, dice Wilson Aleivan Díaz, especialista en palma aceitera de la Unidad de Manejo Ambiental en el municipio de San Lorenzo. Añade que proporciona al menos el 40% de los trabajos de la región.
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Flavio Paredes Ortega, director general de Energy & Palma, explicó a Mongabay que solo ellos dan trabajo a unas 950 personas en Esmeraldas, la mayoría provenientes de 13 comunidades locales. Esa creación de empleo también significa que hay miles de personas que pueden tener acceso a la seguridad social.
Sin embargo, los investigadores cuestionan esos beneficios económicos, ya que la región sigue teniendo uno de los índices de pobreza más elevados del país. Solo en el distrito de San Lorenzo, el 85 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según el censo de población de 2010. La cifra está muy por encima de las provinciales y nacionales, que son de un 51 y un 60 por ciento respectivamente.
Los residentes dicen que en San Lorenzo también escasea la inversión del gobierno, por lo que carecen de infraestructura, escuelas y servicios sanitarios. Según ese mismo censo, el 15 por ciento de los adultos de la región de San Lorenzo eran analfabetos en 2010 (la cifra nacional era de un 6,8 por ciento) y solo el 23 por ciento de los hogares contaban con servicios básicos como electricidad, agua, váter y recogida de basura.
Ivan Ernesto Roa Ovalle, profesor de sociología e integración regional en la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia, dice que los propios trabajos que ofrece la industria del aceite de palma a las comunidades son los que hacen que permanezcan en la pobreza. Según Roa, hay pocos trabajos diferentes, ya que el aceite de palma lleva tiempo siendo la industria más importante en la región.
“Es algo estructural”, dijo Roa a Mongabay. “Si la gente busca trabajo, lo reciben partiendo de la explotación. Las empresas de palma aceitera dan cifras que dicen que emplean a miles de trabajadores, pero no hay datos sobre cuánto pagan o cómo lo pagan”.
Otra gran preocupación para Roa y otros investigadores es que las empresas de aceite de palma han acumulado mucho territorio. Roa dijo que en muchos casos están desarrollando su negocio en tierras ancestrales.
La lucha afroecuatoriana
Los ecuatorianos de ascendencia Africana son alrededor del 7 por ciento de la población del país, según datos censales, y la gran mayoría de estas comunidades viven en Esmeraldas, particularmente al sur de la provincia. En el distrito de San Lorenzo, más del 70 por ciento de la población es afroecuatoriana y lleva tiempo luchando por sus derechos.
Muchos en el norte no tienen títulos de propiedad oficiales, ya que son residentes de comunidades fundadas en el siglo XIX por gente que huía de la esclavitud y escapaba a las zonas remotas de la selva en Esmeraldas. Incluso después de la abolición de la esclavitud, continuaron huyendo y construyendo casa en estas regiones para evitar ser capturados, puesto que no confiaban en las nuevas leyes.
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La ausencia de papeles ha permitido que tanto las empresas de aceite de palma como el gobierno afirmen que la mayoría de la tierra está desocupada y que la utilicen para sus propósitos, según cuenta Ítalo Quintero, analista de la Unidad de Legalización de Territorios Ancestrales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador.
La situación sigue siendo muy compleja, dice Quintero, que nació y creció en Esmeraldas y formó parte del movimiento afroecuatoriano que en los 90 luchó por los derechos territoriales.
Según Quintero, los ecuatorianos de ascendencia africana no tuvieron derechos en el país hasta la reforma agraria de 1994, que reconoció sus comunidades como “territorios ancestrales” y les permitió solicitar títulos de propiedad. Los derechos se reforzaron en la constitución de 1998 y de nuevo en la de 2008 con los artículos 56, 57, 58 y 60, que declaran que los territorios ancestrales se consideran tierras comunitarias y no se pueden comprar ni vender.
Quintero dijo que aunque muchas comunidades se apresuraron a exigir esos derechos, se siguieron vendiendo —o simplemente robando— territorios.
Un estudio de 2015 llevado a cabo por John Herlyn Anton Sánchez del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y Fernando García Serrano de la FLACSO en Quito, y publicado en la Revista Colombiana de Sociología descubrió que las empresas de aceite de palma han llevado a cabo tácticas diversas para obtener la tierra que quieren, como comprar territorios a través de intermediarios, comprarlos directamente de la comunidad, invadirlos y utilizar presión y amenazas.
Comprar a través de un intermediario fue una práctica común entre el año 2000 y el 2002 según Quintero. Se basa en que una persona de fuera convenza a un miembro de la comunidad para que venda sus tierras por un precio muy bajo, como $15-20 por hectárea. Después, esa persona se las vende a una empresa de palma aceitera por una gran suma.
“Mucha gente no tenía títulos de propiedad, pero tenían grandes necesidades y no recibían apoyo del estado para el desarrollo. En el momento que alguien llegaba para comprar el territorio, se lo vendían”, dijo Quintero. Explicó que cuando se hacía la transacción con un miembro de la comunidad, se escribían títulos de propiedad con el nombre del comprador, lo que le daba derecho legal a vender la propiedad o expulsar a las comunidades que estaban allí.
Al final, empezaron a surgir conflictos a medida que la gente utilizaba esa táctica, “pero o los asesinaban o los ignoraban, y no había autoridad del gobierno que pudiera resolver el asunto”, dice Quintero, contando su experiencia de finales de los 90.
Según los investigadores Antón y García, las comunidades afroecuatorianas han perdido más de 30 000 hectáreas de territorios ancestrales desde que obtuvieron protección legal, sobre todo a causa de acciones ilegales de la industria de la palma aceitera.
Con los años, la violencia se ha vuelto más frecuente, y hay varios grupos armados en la región. Han prosperado, dice Roa, por la falta de seguridad, de presencia del estado y de oportunidades para los residentes locales. En enero de este año, el gobierno declaró un “estado de excepción” en los municipios de San Lorenzo y Eloy Alfaro después de que grupos armados atacaran puestos policiales y militares y secuestraran a tres periodistas. Esta situación hizo que el conflicto territorial en Esmeraldas saltara a la esfera nacional e internacional, pero los lugareños dicen que ya hace tiempo que viven esta realidad.
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En 2017, un grupo de 40 organizaciones, entre ellas instituciones académicas y grupos de derechos humanos y ambientales, enviaron un documento al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en el que denunciaban las actividades de palma aceitera, minería y tala en Esmeraldas en la última década. Según el documento, estas industrias han creado un “panorama permanente de emergencia, violación de derechos y discriminación sistemática de los pueblos afrodescendientes y las nacionalidades indígenas que viven en los municipios de San Lorenzo y Eloy Alfaro”.
A pesar de las denuncias, el gobierno sigue promocionando el aceite de palma como fuente importante de crecimiento para el país. Por ejemplo, recientemente el gobierno anunció que invertiría 1200 millones de dólares en el futuro de la industria y ofrecería exenciones fiscales a los exportadores de palma aceitera.
En Wimbí, la lucha continúa
Según parece, hace casi 20 años, un hombre llamado Miguel Egas compró el territorio en el que la comunidad wimbí llevaba viviendo generaciones a uno de sus residentes, Junior Bernabé Bravo Bennett. Después, supuestamente, Egas vendió el territorio a Energy & Palma en el año 2000, que por aquel entonces se llama Palmeras del Pacífico, según Ortega, el actual director general de la empresa.
“Tienen un documento que dice que un hombre de aquí llamado Junior Bravo vendió el territorio”, dice Roland Mina, líder de la comunidad wimbí. “Pero es ilegal que una persona venda la tierra de la comunidad. Una. ¿Y qué pasa con las otras 400?”.
Según los residentes wimbí, Energy & Palma no hizo ningún intento serio de obtener territorio en muchos años. Luego, en 2015, presentó una denuncia contra la comunidad por entrar ilegalmente. Según los documentos legales que Ortega entregó a Mongabay, los jueces ecuatorianos del tribunal provincial de Esmeraldas fallaron a favor de la empresa en diciembre de 2015 y ordenaron la evacuación de los residentes wimbí. Ortega le dijo a Mongabay que, desde entonces, la empresa ha decidido no expandir su plantación y dejar la región como bosque, pero se niegan a entregar derechos de propiedad.
La comunidad sigue intentando recurrir el fallo y reclamar sus privilegios ancestrales. Los residentes wimbí dicen que hasta ahora no han respondido a sus recursos, pero no dan la pelea por terminada.
“Si el gobierno no nos da nuestra tierra, la defenderemos”, dice Padilla. “No van a entrar en nuestro territorio tan fácilmente”.
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