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Inmensas plantaciones de palma se pierden en el horizonte

 

5 de Junio es pobre entre los pobres. La comunidad, habitada por unas 300 personas pertenece a San Lorenzo, uno de los cantones ecuatorianos con peores índices de pobreza, acceso a servicios de saneamiento y la tasa más alta de homicidios por cada 100 000 habitantes del Ecuador. Apenas a media hora de la frontera con Colombia, otra de sus parroquias, Mataje, cobró infame notoriedad a fines de marzo de 2018: ahí fueron secuestrados tres periodistas del diario El Comercio de Quito por la narcoguerrilla autodenominada frente Oliver Sinisterra, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). El 13 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó su asesinato. Semanas antes, la población había sido sacudida por la violencia de carros bombas que volaron cuarteles policiales y mataron a cuatro soldados de una patrulla.

Los ríos que circundan a 5 de Junio, donde no hay agua potable, están contaminados por la minería indiscriminada que pasó de ser una actividad artesanal a considerarse de mediana y gran escala. Mucho antes, las madereras llegaron a Esmeraldas. “Entraron para arrasar con la madera fina, lo hicieron en una forma antitécnica, nada sustentable y después de que dejaron el territorio devastado empezaron a entrar las empresas palmicultoras” dice Nathalia Bonilla, de la organización ambientalista Acción Ecológica.

La cifra oficial dice que en Ecuador hay un poco más de 257 000 hectáreas de palma. Sin embargo, Bonilla dice que el problema afectaría a cerca de 400 000 hectáreas que “están fuera de los conteos oficiales, la mayoría de las cuales están en la provincia de Esmeraldas”. Según comenta, muchas palmicultoras están asociadas con las madereras. “Después de arrasar con todo lo que podía quedar de bosque, ponen herbicidas, fertilizantes y empieza el proceso de la plantación de la palma”.

Como resultado, Esmeraldas se ha convertido en la provincia de más alta deforestación de todo el Ecuador.  Alberga, además, al 45% del total de plantaciones de palma africana: el cantón de Quinindé tiene más de 82 000 hectáreas de sembríos y lo sigue San Lorenzo con 22 000. En 2009, la antropóloga Verónica Cañas Benavides escribió “el paisaje se ha transformado, los bosques y su ecosistema prácticamente ya no existen, en la última década este panorama ha variado abruptamente. Ahora son inmensas plantaciones de palma las que se pierden en el horizonte”.

Si se suman tan solo esos dos cantones (Quinindé y San Lorenzo), son más de 104 000 hectáreas de palma: un área en la que cabría tres veces Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. Consultado por Mongabay Latam, sobre los conflictos socioambientales generados por los cultivos de palma, el Ministerio de Agricultura del Ecuador contestó que no podía dar una respuesta, puesto que el problema era “competencia del Ministerio del Ambiente”. Este medio se comunicó con el Ministerio del Ambiente pero no recibió respuesta. Esta cartera lleva ya varias semanas sin un ministro en firme.

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Una pequeña comunidad versus una gran corporación

 

Un poco más de la mitad de las 22 000 hectáreas de palma que hay en San Lorenzo están en manos de Energy & Palma. Más de 1000 de ellas enfrentan a la corporación con la comunidad de 5 de Junio.

Bonilla dice que la palma suele producir este tipo de problemas: “Las palmeras se instalan sobre territorios que, como en el caso de Wimbí, son ancestrales”. La mayoría de comunidades afrodescendientes se han asentado en la parte ecuatoriana del Chocó biogeográfico, una región megadiversa que baja desde Panamá hasta territorio ecuatoriano. Según los pobladores de 5 de Junio, sus antepasados arribaron a la zona en 1532, cuando llegaron los primeros esclavos africanos al Ecuador.

El conflicto por las tierras, que Energy & Palma reclama como suyas, empezó a inicios de  este siglo. Para entonces, según un reporte del 31 de diciembre de 2000 de la organización ambientalista Acción Ecológica, “hubo una fiebre de compra de tierras en el cantón San Lorenzo. Estas eran compradas por los negociantes de la tierra, a precios bajos, para luego venderlas a las empresas palmicultoras, a un mayor precio”. Según el informe, había casos en los que “eran los mismos empresarios quienes compraban la tierra, directamente a los campesinos, a precios inferiores a los pagados a los intermediarios”.

Fue en ese año cuando la compañía Palmaceite Humbici S.A. le compró a Junior Bravo, un habitante de la comunidad, las hectáreas de la discordia. Roland Merlín, dirigente de 5 de Junio, dice que Bravo —hoy ya fallecido— dispuso ilegítimamente de las tierras. También dice que es sospechoso que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA, hoy evolucionado en la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria) le haya adjudicado los terrenos el 21 de febrero de ese año a Bravo y que, en apenas poco más de un mes, Bravo le haya vendido a Palmaceite. En una escueta respuesta, el Ministerio de Agricultura, al que pertenece esa subsecretaría, dijo que el conflicto socioambiental entre la comunidad y la palmicultora no está bajo su competencia, sino del Ministerio de Ambiente.

Miguel Egas Reyes, entonces representante legal de esa compañía, niega cualquier actuación indebida. “Un grupo de las personas que vive en la comunidad 5 de Junio, que es el pueblito que está junto a mi propiedad, me siguió un juicio con esta misma acción, diciendo que son tierras ancestrales. Llegamos hasta el Tribunal Constitucional que declaró que no lo eran”, le dijo a Mongabay Latam. La venta entre él y Bravo, dice, se hizo mediante escritura pública porque no eran tierras comunales, sino particulares. “Una cosa es que sean comuneros de 5 de Junio, pero los comuneros también pueden tener propiedades privadas, como personas naturales”. Años más tarde, Egas le vendería a Energy & Palma 1600 hectáreas.

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Relatos enfrentados

 

En diciembre de 2015 los pobladores de 5 de Junio se enteraron de que debían abandonar la zona. “Nos invitaron a una reunión a la empresa y ahí nos indicaron que tenían unas órdenes de desalojo”, dice Merlín. Pero pasaría un año hasta que la empresa las ejecutara. “Fue exactamente el 30 de diciembre del 2016” cuando asegura, “llegaron con 60 policías y metieron maquinaria a dañar nuestros cultivos, todo lo que era plantaciones de yuca, cacao, plátano, alambradas, corrales de ganado. Entonces la comunidad se les fue encima”, recuerda Merlín. Unos meses antes, Merlín interpuso, como representante de 5 de Junio, una acción constitucional de protección ante un juez de San Lorenzo. Su demanda fue rechazada.

En represalia por lo que consideraban una invasión, la comunidad retuvo una retroexcavadora de la palmera.  Según dice el líder de 5 de junio, “se la arrebataron para que pagaran estos daños”, que los comuneros tasaron en 25 000 dólares. Energy & Palma denunció ante la Fiscalía al dirigente por la retención de la máquina y fijó en 90 000 dólares los perjuicios que, supuestamente, le habría causado la inoperatividad de su equipo.

En medio de esa fuerte tensión, a principios de 2017, una solicitud de medidas cautelares que presentó Merlín también fue desestimada. En la sentencia, el Juez que falló en contra dijo que no existía “amenaza eminente y grave que afecte los derechos Constituciones de la accionante en el presente caso”. Las palabras correctas que debió usar en la sentencia eran inminente y constitucionales. Pero el error tipográfico no cambiaba nada: 5 de Junio había perdido.

En septiembre de 2017, la comunidad y la corporación llegaron a un acuerdo: la retroexcavadora sería devuelta a cambio de que la palmera desistiera del juicio penal en contra de Merlín. “Ellos metieron una denuncia por robo de maquinaria en mi contra. Yo ni siquiera estaba cuando se las retuvieron, pero así pusieron en el juicio”.

A pesar de ese desistimiento, el enfrentamiento entre una de las comunidades más pobres del Ecuador y una de las palmeras más grandes del país no se detendría. Contra Merlín existe aún una indagación previa en la Fiscalía por tenencia ilegal de tierras. “Me acusan de invadir mis mismas tierras”, asegura. “Dicen que nosotros estamos invadiendo el territorio, pero no, son tierras ancestrales y por eso las estamos defendiendo, porque nos las han dejado nuestros abuelos y bisabuelos. Son herencia nuestra”. Según Merlín, hace unas semanas se hizo un peritaje y está esperando una resolución de la Justicia. “Pero por cómo va la cosa, lo más probable es que terminen diciendo que tengo que irme preso”.

Los relatos de comunidad y corporación son totalmente opuestos. En una entrevista de septiembre de 2017, el gerente general de Energy & Palma en el medio de comunicación Plan V dijo que todos sus empleados eran felices. Braulio Gutiérrez, del colectivo Geografía Crítica, discrepa: “En recorridos hemos visto gente armada, no con pistolitas, sino con armas grandes. ¿Para qué quieres un rifle de esa magnitud?”.

Roland Merlín dice que, hace unos meses, escuchó que había “gente malosa atrás mío. Cuando escuché esas versiones me fui a los medios de comunicación de Esmeraldas, creo que por eso no me ha pasado nada”. Mongabay Latam contactó a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Ancupa) para obtener una versión gremial sobre el conflicto entre 5 de Junio y Energy & Palma, a lo que respondieron que “no nos es ajena la problemática que enfrentan los cultivos industriales de palma, sin embargo, reiteramos en que todavía no se ha entendido la necesidad de fortalecer las relaciones entre la sociedad civil, la industria y las comunidades”.

La palma es, según los especialistas, una de las mayores causas de deforestación en el mundo. En América Latina está afectando bosques primarios que se ven mermados por la expansión de la frontera agrícola. “Cuando se habla de esta agresiva expansión de la frontera agrícola, hay que hablar de la palma”, dice Nathalia Bonilla de Acción Ecológica. Para ella, vivir al lado de una extractora es convivir con la putrefacción que producen los procesos químicos con que se trata la palma. “Hay un olor nauseabundo alrededor de las extractoras. Es un hedor que no es normal, no puedo describirlo, pero es terrible”.

Más allá de los daños ambientales, Roland Merlín ve también en la industria de la palma una amenaza cultural: los regímenes de trabajo han alterado los calendarios locales.“Uno de los problemas que ha causado es que se van perdiendo las tradiciones de las comunidades”. Dice que antes se respetaban los días de santo,  “nosotros acá celebramos muchos procesos religiosos, pero en muchas comunidades la gente trabaja en la plantación, entonces se pierden esas costumbres”.

Otro de los problemas que Merlín ve es que el negocio de la palma ha fracturado a las comunas. “Los únicos que no trabajamos con ellos somos los de 5 de Junio; las otras comunidades respaldan a la palmera”. Los expertos están convencidos que dividir para vencer es una vieja estrategia que le ha funcionado no solo a la industria palmera, sino a la minera y a la petrolera.

Ambientalistas y activistas comunitarios ven con preocupación su capacidad de fragmentar el tejido social y poner en riesgo no solo tierras, ríos y bosques, sino culturas, tradiciones y prácticas ancestrales.  También en Esmeraldas, muy cerca de 5 de Junio, otras comunidades originarias, pero esta vez indígenas—como los épera y los awá— ven con preocupación el cerco extractivo que asfixia cada vez más a sus pueblos. Para las comunidades, no solo es la palma sino la madera ilegal, el narcotráfico, la violencia y, sobre todo, la desidia de un Estado que ha hecho del abandono del norte de Esmeraldas su política pública más consistente. “El Estado no ha saldado su deuda histórica con estas comunidades”, dice Nathalia Bonilla. “Sigue ausente, sin hacer presencia, y sin proteger a las comunidades y a la naturaleza”.

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Un futuro incierto

 

Cada vez hay menos gente en 5 de Junio. “El último censo dice que éramos más de 400, pero ahora no sé si lleguemos a 300”, afirma Roland Merlín. Los jóvenes prefieren ir a buscar suerte en otros lugares donde las perspectivas de futuro no se ven tan pálidas como las de su tierra. Le preocupa que los terrenos que asegura les legaron sus ancestros terminen abandonados, cubiertos solo de una espesa capa de palma.

Braulio Gutiérrez, de Geografía Crítica, cree que esa es una consecuencia de la puesta en marcha de una “maquinaria jurídica” destinada a forzar a los comuneros a vender sus tierras o irse. “Es un ciclo recurrente”, dice, al tiempo que recuerda que la indagación previa por tenencia ilegal de tierras en contra de Roland Merlín no se ha cerrado. Es como un recordatorio implacable de que la confrontación entre comunidad y corporación está vigente y parece no estar cerca, ni remotamente, de encontrar una solución.

*Foto de portada: Cortesía comunidad 5 de junio.