- Las comunidades indígenas del departamento del Putumayo le piden al gobierno nacional que les titule tierras ancestrales y les deje claro cómo les cumplirá presupuestalmente con lo pactado en el Plan Nacional de Desarrollo.
- La Minga del Putumayo está preocupada por el asesinato e intimidación de líderes indígenas y sociales. A esto se suma el aumento de solicitudes para explotación de recursos naturales en sus territorios amazónicos que podrían afectar su agua y bosques.
Hace menos de un mes el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los pueblos indígenas del departamento del Cauca que tuvieron bloqueada la vía Panamericana, en el suroccidente de Colombia, durante 27 días ─uno de los paros más largos en la historia reciente del país─. Entre lo que pedían se encontraba: 49 000 hectáreas de tierra para sus resguardos, mayor intervención estatal y control territorial para mitigar la violencia y asesinatos a líderes sociales, y que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyera 4,6 billones de pesos (aproximadamente 1447 millones de dólares) para acuerdos previos que, según los indígenas, han sido incumplidos.
Entre el 5 y el 6 de abril los pueblos aceptaron la propuesta del gobierno de darles 800 000 millones de pesos (cerca de 252 millones de dólares) en este período presidencial. A pesar de que finalmente se desbloquearon las vías y se aceptaron los términos de la negociación, el tema para el presidente Iván Duque está lejos de solucionarse pues, un poco más al sur, la minga indígena del Putumayo sigue vigente y sin acuerdos concretos. Este 25 de abril, tanto el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) se unen al gran Paro Nacional por la Defensa de los Territorios y la Paz, donde participan sectores sociales como campesinos, maestros, estudiantes y trabajadores.
La Minga del Putumayo ─que representa a indígenas de los pueblos Cofán, Awá, Pastos, Inga, Yanacona, Coreguaje, Kamentsá, Siona y Kichwa─ empieza a fortalecerse nuevamente. Según Pablo Jamioy, coordinador del proyecto Madre Tierra en la OZIP, “no hay garantías de protección territorial por parte del Gobierno Nacional, en su lugar, avanza la explotación de recursos naturales como petróleo, oro, material pétreo, bosques, agua, entre otras problemáticas sentidas por los pueblos indígenas”.
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Lo que pide la Minga indígena
El 10 de abril el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Soler, instaló la mesa de diálogo con la Minga del Putumayo, pero al día de hoy, no se ha avanzado. Los líderes indígenas ya habían anunciado Asamblea Permanente después de la Semana Santa y se encuentran bastante molestos con el Gobierno Nacional, ya que “primero, nos mandan funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión y segundo vienen a contarnos cuál es la oferta institucional pero no a dialogar sobre las propuestas y problemáticas que tenemos”, dice Albaro Cruz, vicepresidente de la OZIP, a Mongabay Latam.
Las peticiones de los indígenas no son pocas: la creación de una oficina territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Putumayo; garantizar la reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a las comunidades indígenas del Putumayo; garantizar la efectividad y vinculación de la Consulta Previa en los megaproyectos minero-energéticos; que les otorguen facultades de autoridad ambiental; y el cumplimiento de la sentencia que convierte a la Amazonía en sujeto de derechos especiales para derogar la figura de Distrito Minero del departamento de Putumayo y declararlo territorio de conservación y protección.
Además de esto quieren prohibir la técnica de fracking y la explotación minero energética de la Amazonía colombiana; fortalecer los sistemas de justicia propia indígena; que se le dé cumplimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las FARC; que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los pueblos indígenas; que se haga consulta previa para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos con enfoque diferencial; y que se garantice el presupuesto para los acuerdos de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ─la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio. Permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto─.
Es un listado largo de peticiones que sin duda impone grandes retos, pero que los indígenas dicen que no son nuevos y que algunos habían sido pactados incluso desde 2012. “Ya se han realizado dos mesas de trabajo, la de Víctimas y Derechos Humanos, y la de Territorios, pero no se lograron respuestas concretas o acuerdos sustanciales que resuelvan las peticiones de la minga. Los funcionarios que hicieron presencia no tenían la capacidad para tomar decisiones pues la mayoría eran del nivel regional y contratistas”, dice Robinson López, Coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
El Plan Nacional de Desarrollo es una preocupación inminente, ya que debe quedar aprobado máximo el 7 de mayo. En dicho Plan, el Gobierno y los pueblos indígenas suscribieron 216 acuerdos, pero a las comunidades les preocupan las garantías presupuestales para su materialización y la voluntad política del Gobierno para cumplir. “Ya tenemos experiencias negativas con el gobierno colombiano, donde se han suscritos más de 1300 acuerdos con un grado de cumplimiento muy bajo, al punto que no superan el 7 % del total de lo acordado”, dice López.
Adicional a esto, el Plan Nacional de Desarrollo pretende realizar algunas modificaciones al actual régimen de tierras en Colombia y esto los indígenas lo interpretan como la posibilidad de desconocer los procedimientos para acceder a la tierra por parte de campesinos e indígenas y beneficiar así a grandes propietarios.
Los diálogos entre el Gobierno y la minga aún no se reanudan, y desde el Estado no hay una respuesta pública frente a estas inquietudes. Lo que sí han dejado claro varios funcionarios es que no prometerán nada que después no puedan cumplir.
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Tierras y conflicto armado
Los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) son alarmantes. Persiste la situación de vulnerabilidad y riesgo de los pueblos indígenas por causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado y según la red nacional de información de la entidad, con corte al 1 de marzo de 2019, se registran 16 451 hechos victimizantes, 13 952 desplazados y 994 amenazas contra indígenas en el departamento de Putumayo.
La Minga pide que se aceleren los procesos colectivos de reparación a víctimas indígenas pues hasta el momento están estancados por falta de personal en la UARIV. Este es quizás uno de los pocos puntos donde se dieron algunos avances pues Germán Narváez, director territorial de la entidad, dijo que en 2018 había solo tres personas encargadas de estos trámites, pero que a fines de abril se vincularían cuatro personas más para agilizar estos procesos.
Otro punto crítico es la creación de una nueva oficina territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el departamento de Putumayo, pues los casos son manejados desde una oficina en el departamento de Nariño. Los indígenas insisten en el tema para que se avance en la cartografía para legalizar los territorios que reclaman y que, en dinero, suman cerca de 12 000 millones de pesos (cerca de 3,8 millones de dólares).
Sin embargo, Edna Yamile Rojas de la ANT aseguró que la oficina territorial de suroccidente atiende a los departamentos de Nariño y Putumayo, y agregó que no se puede crear una oficina solo para este último departamento. Al final no hay consenso pues la entidad ofreció un punto de atención en Puerto Asís, pero los indígenas aseguran que allí no habría capacidad para tomar muchas decisiones. Además, la ANT dice que tiene 131 casos de solicitudes de tierras indígenas pero la minga asegura que son 184. Este año se espera darle solución solo a 10 de ellos. Esto preocupa, ya que cada caso de legalización podría tomar entre 11 meses y dos años.
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Territorios y medio ambiente
Pero al tema de territorio se le suman los conflictos ambientales por explotación de recursos naturales. La Minga afirma que hay demoras para legalizar varios territorios solicitados por ellos pero que, por otro lado, el Gobierno es ágil asignando bloques petroleros dentro de sus tierras. De hecho, en el diálogo del 16 de abril, Pablo Jamioy, coordinador del proyecto Madre Tierra en la OZIP, presentó unos mapas en los que señaló que los territorios indígenas no se titulan debido a la gran cantidad de proyectos petroleros y mineros.
En una entrevista el pasado 22 de abril con el diario económico colombiano Portafolio, Carlos Andrés Martínez, presidente ejecutivo de la petrolera inglesa Amerisur, afirmó que el posconflicto está reactivando la operación en el Putumayo y que la inversión de la compañía en 2019 será cuatro veces mayor que la del 2018. “En la Cuenca Caguán-Putumayo está el contrato Platanillo, que es el único que está en etapa de desarrollo. El resto de los contratos están en etapa exploratoria. Estos son: PUT12, PUT08, PUT09, PUT14, Tacacho, Terecay, Mecaya, PUT30, Coatí y Andaquíes”, dijo.
Martínez también indicó que en la operación de la Cuenca Caguán-Putumayo han avanzado en los procesos de consulta previa con cerca de 122 comunidades indígenas y más de 220 comunidades de colonos. “Las tareas comienzan una vez se haya surtido consulta previa y licencia ambiental. Esto, porque la compañía cumple con todos los parámetros que dicta la ley”.
Sin embargo, la minga del Putumayo considera la exploración y explotación petrolera como una de sus mayores preocupaciones. De hecho, Mongabay Latam publicó hace unos meses un artículo que relata el conflicto que hay entre la petrolera Amerisur y la comunidad Siona de Buenavista. En dicho momento este medio se contactó con la petrolera pero no obtuvo respuesta.
“Hoy, más del 70 % de nuestro territorio está concesionado a multinacionales petroleras y para los pueblos indígenas no hay Constitución, no hay ampliación de territorios y no hay saneamiento”, expresa Albaro Cruz de la OZIP. Según dice, les preocupa mucho el medio ambiente porque hay un discurso hacia afuera y otro hacia dentro. “Por un lado el gobierno pide plata para conservar la Amazonía y por el otro le están entregando el territorio a las multinacionales. Es una doble moral”, asegura.
Los líderes de la Minga del Putumayo tienen una frase que es casi como un mantra para ellos: la Amazonía necesita del mundo para que la defienda porque el mundo necesita de la Amazonía para poder vivir. “Nosotros nacimos y hemos vivido ancestralmente acá y gracias a nuestras políticas, ya que tenemos un gobierno propio, hemos logrado conservarla, pero vemos cómo el Gobierno niega la existencia de las comunidades indígenas para realizar proyectos”.
En medio del Paro Nacional de este 25 de abril la Minga del Putumayo promete fortalecerse y no dar su brazo a torcer. La pregunta ahora es: ¿cuándo el Gobierno se sentará nuevamente con los indígenas y si llegará a acuerdos con ellos? Mientras tanto, Robinson López de la Opiac se encuentra en Nueva York en el Foro Permanente de las Naciones Unidas, donde denunció “la criminalización por parte del gobierno colombiano sobre la Minga y la sistematicidad en los asesinatos a los líderes indígenas defensores de Derechos Humanos, así mismo la falta de voluntad política y concertación para buscar soluciones conjuntas a las problemáticas estructurales que padecen los pueblos indígenas de Colombia y la Amazonia”.
*Imagen principal: Hasta ahora la minga del Putumayo no ha hecho bloqueos como sucedió en el departamento del Cauca. Foto: Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Opiac.
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