- El resguardo Siona de Buenavista está acorralado por las guerras entre disidencias de las FARC, grupos narco paramilitares y las Fuerzas Militares. Sobre el río Putumayo, y en la frontera con Ecuador, los indígenas también se encuentran confinados por los bloques petroleros de una empresa extranjera.
- La comunidad denuncia contaminación de aguas, deforestación y actividades de sísmica, sin su consentimiento, dentro del resguardo. Aunque llevan muchos meses acudiendo ante diferentes autoridades, siguen sin una solución a la vista.
Los indígenas Siona de Buenavista, ubicados en el departamento de Putumayo, a orillas del río del mismo nombre y en la frontera con Ecuador, han visto cómo el conflicto armado recrudece en su territorio. Cuentan actualmente con 4500 hectáreas reconocidas y 52 029 hectáreas de territorio ancestral en solicitud de ampliación ante el gobierno colombiano.
Según dicen los líderes de la comunidad, desde el 2002 y hasta hoy, se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural. Mongabay Latam hace poco más de dos meses reportó la difícil situación de orden público que viven los Siona en su territorio ancestral y cómo se rodean de un contexto de “reparamilitarización de nuestros territorios y la conformación de estructuras armadas narco paramilitares”, según cuenta uno de los dirigentes del pueblo de Buenavista, que prefiere omitir su nombre debido al riesgo que puede correr. Además, los Siona aseguran que han recibido comunicaciones del denominado Frente 1 de las disidencias de las FARC y que los continuos enfrentamientos entre estos grupos los ha llevado nuevamente a condiciones de confinamiento y amenaza contra la integridad de la población.
Como si esto no fuera suficiente, la comunidad ha denunciado la presencia de nuevas minas antipersonal en su resguardo y han tenido que acordonar algunas zonas para que la gente, en especial los niños, no transiten por ahí. Dicha información fue confirmada por la dependencia de Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo de Colombia tras una visita al territorio donde “se evidenció la presencia de minas antipersonales, sembradas muy recientemente, adicionalmente se constató la situación de inseguridad alimentaria de las familias derivada de la contaminación de las fuentes de agua que impide la garantía de su derecho a la alimentación tradicional”.
Esto último resulta de vital importancia dado que los grupos ilegales no son la única amenaza para la comunidad indígena. Durante años los Siona han tenido que convivir muy de cerca con la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la empresa británica Amerisur Resources. Las denuncias y reclamos de la comunidad por la posible contaminación de las aguas de varios caños y del río Piñuña Blanco, que desemboca en el río Putumayo, como consecuencia de la explotación petrolera que se realiza en el Bloque Platanillo de Amerisur son una constante. Si bien la actividad extractiva se da por fuera del resguardo, las aguas contaminadas estarían llegando hasta territorio indígena, poniendo en peligro su salud, según manifiesta la comunidad.
Además, en junio de 2018 Mongabay Latam también reportó como Amerisur Resources y la petrolera estatal ecuatoriana Petroamazonas EP construyeron entre 2015 y 2016, sin proceso de consulta previa, el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA) de 17 kilómetros, que parte del bloque petrolero Platanillo en Colombia, hace un cruce por debajo del lecho del río Putumayo (1450 metros) y avanza por territorio ecuatoriano hasta conectarse con la estación Víctor Hugo Ruales en Ecuador. Este medio buscó en su momento a ambas compañías pero ninguna respondió.
A todos estos reclamos del Pueblo Siona de Buenavista se suma la preocupación por las actividades de sísmica que realiza Amerisur en los bloques Putumayo 9 y 12 (PUT 9 y PUT 12), los cuales están dentro del territorio que los indígenas solicitaron en ampliación. “Han desbrozado bosque y construido vías para ingreso de materiales y personal dentro del territorio ancestral Siona. Continúan entrando a pesar de que la comunidad les ha dicho que no han aprobado ninguna intervención en su tierra”, afirma María Espinosa, defensora de Derechos Humanos y abogada del pueblo Siona de Buenavista.
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Un pueblo cansado de pedir atención
La comunidad de Buenavista lleva años pidiendo la atención del gobierno colombiano. Ha pasado por múltiples reuniones con entidades como Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Procuraduría. También han hecho un sinnúmero de pedidos de información a entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y Corpoamazonía para conocer las licencias y otros permisos ambientales que se han otorgado sobre su territorio. La respuesta ha sido escasa. “Hace ya varios meses vinieron delegados de diferentes entidades y estuvieron haciendo una inspección en la zona luego de las denuncias de la comunidad por la contaminación de las aguas, pero no convocaron a la gente de Buenavista, a pesar de que ellos eran los reclamantes. Este es el momento que no nos han entregado copia del informe de esa visita por más de que hemos insistido”, dice Espinosa.
Cansados de tocar puertas sin ser atendidos, los Siona de Buenavista salieron de su territorio y viajaron hasta Bogotá para que todas las entidades que tienen parte en sus reclamos se reunieran con ellos en la Defensoría del Pueblo el pasado 13 de septiembre.
En dicha reunión expresaron nuevamente sus preocupaciones y manifestaron los incumplimientos del gobierno colombiano. La Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aseguró que, durante una visita realizada en el mes de agosto, constataron la contaminación de las fuentes de agua por parte de Amerisur y el ingreso de la misma compañía, sin consulta previa, a algunos puntos del territorio de Buenavista, entre los que se encuentra Chorrolargo ─un asentamiento provisional para el pueblo indígena Nasa, concedido por los Siona, en la zona conocida como Puerto Silencio─.
A los líderes Siona también les parece extraño que el 23 de marzo de 2018, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificara que en la zona no había presencia de comunidades indígenas. Los voceros del Pueblo aseguraron que en su territorio hay campamentos de Amerisur y que la empresa está utilizando una reunión realizada en 2015 para convencer a campesinos e indígenas vecinos de que existe un acuerdo de trabajo para realizar labores en el resguardo. Sin embargo, esta reunión fue declarada como nula por las autoridades indígenas por carecer de legitimidad, “situación que ha sido formalmente denunciada ante las autoridades competentes”, dijeron en la reunión del 13 de septiembre.
Mongabay Latam intentó comunicarse vía telefónica con Amerisur y envió varios correos electrónicos que nunca fueron respondidos. En los artículos publicados previamente la compañía tampoco atendió los pedidos de información. Hasta el momento, las únicas respuestas de la compañía petrolera han sido comunicadas a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Sergio Ramírez, profesional delegado por la ANH, aseguró que “en comunicación no formal, la compañía indicó que cuentan con un consentimiento de la comunidad otorgado a través de consulta previa en 2014, pero que empezaron el retiro de actividades en la zona de ampliación de los Siona por motivos de seguridad”. A pesar de esto, uno de los líderes del pueblo indígena asegura que eso no es cierto pues “hasta ayer (12 de septiembre) todavía estaban en el río y continuaban en sus campamentos”.
La ANH se comprometió a enviarle a la comunidad por correo electrónico la respuesta oficial de la compañía Amerisur, pero hasta el momento no lo ha hecho.
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Preocupación ambiental
Los Siona de Buenavista tienen dos preocupaciones relacionadas con temas ambientales y de salud. La primera de ellas es que las aguas del río Piñuña Blanco y de otros caños estarían siendo contaminadas por la petrolera Amerisur, lo cual ha causado impactos sobre la flora y fauna de estos afluentes y ha afectado, presuntamente, la salud de los indígenas.
Según indica María Espinosa, abogada del Pueblo, han solicitado la visita de la Anla, pues a pesar de que la explotación del Bloque Platanillo no está dentro del territorio Siona, creen que la contaminación de las fuentes hídricas afecta las aguas más abajo, en zona de resguardo. Sin embargo, la autoridad ambiental hasta el momento no les ha dado copia de las licencias ambientales ni ha respondido varios derechos de petición interpuestos por la comunidad.
La funcionaria de la autoridad ambiental que estuvo presente en la reunión en la Defensoría del Pueblo le aseguró a la comunidad que han realizado las respectivas visitas de seguimiento al proyecto y que aproximadamente en un mes saldrá un acto administrativo sobre las operaciones de Amerisur en el Bloque Platanillo. También se comprometió a enviarle al pueblo Siona la información (licencias ambientales, permisos y estudios) del proyecto, sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, la comunidad aún no tenía estos documentos.
La segunda preocupación tiene que ver con los procesos de sísmica en los bloques Putumayo 9 y Putumayo 12, dentro de territorio Siona en reclamo. De acuerdo con la Anla, la autoridad encargada de ese proceso es Corpoamazonía, y en teoría, Amerisur debería tener esos documentos en regla para empezar actividades de exploración en estos bloques.
De acuerdo con la ANH, Amerisur cuenta con dichos permisos, pero llama la atención que Corpoamazonía, en julio de este año y en respuesta a un derecho de petición enviado por la población indígena, asegura que no hay ningún permiso vigente ni en trámite.
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Medidas cautelares
La vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo Siona de Buenavista es un asunto demostrado desde hace casi 10 años. En 2009 esta población fue declarada por la Corte Constitucional como “en riesgo de exterminio físico y cultural”. Además, el 2 de junio de 2016 la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas emitió una resolución con la que dispuso incluir al Resguardo Siona Buenavista en el registro único de víctimas. Sin embargo, hasta la fecha no hay planes ni medidas de reparación vigentes.
El 14 de julio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de autoridades y familias integrantes del Pueblo Siona de Colombia y le ordenó al Estado tomar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad. Finalmente, la Unidad de Restitución de Tierras ─entidad que busca devolverle sus tierras a las personas que fueron despojadas y desplazadas por el conflicto armado─ solicitó medidas cautelares al resguardo Siona de Buenavista y el 21 de agosto de este año un juez las otorgó. El fallo dice: “ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía (Corpoamazonía), y a las entidades competentes, suspender el trámite o abstenerse de conceder licencias o permisos para la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos naturales dentro de los territorios correspondientes al Resguardo Buenavista, a los que ha adquirido esta comunidad y al territorio ancestral solicitado en ampliación…”.
Así mismo, la sentencia ordena “a la empresa Amerisur Exploración Colombia Limitada, abstenerse de manera inmediata y hasta tanto quede en firme la sentencia… de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto ‘Programa de adquisición sísmica 2D dentro del Bloque PUT12…”
La comunidad no entiende por qué la empresa continúa con sus trabajos, causando, según ellos, impactos ambientales al talar bosque para poder ingresar su maquinaria y personal a su territorio. En la reunión que tuvieron el pasado 13 de septiembre manifestaron nuevamente el temor con el que viven actualmente y reclamaron por la pasividad de las autoridades.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Ambiente y a la Anla que verifiquen las afectaciones, pero ambas entidades no se han puesto de acuerdo para determinar sus competencias. “Llevan más de dos años poniéndose de acuerdo y no pasa nada. No nos dan soluciones”, asegura uno de los líderes Siona.
Por su parte, en acta oficial de la reunión se informa que, “la Defensoría y la Procuraduría convocarán a una reunión con las entidades competentes para evaluar las respuestas institucionales de las entidades en este tema (Corpoamazonía, Secretaria de Salud de Puerto Asís, Secretaría de Salud Departamental, ANLA, ANH y MinAmbiente)”.
Pero la comunidad asegura que ya está cansada. “¿Dónde están las respuestas y los cumplimientos a los compromisos? Todo se queda en reuniones y lo que necesitamos son soluciones inmediatas”, concluye María Espinosa.
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