- Los pueblos indígenas se sienten amenazados desde que Jair Bolsonaro tomó el poder, ya que las invasiones de territorios se han disparado y el gobierno amenaza con políticas agresivas.
- Gran parte de los líderes en la lucha contra las políticas de Bolsonaro son mujeres. En este artículo transmiten su indignación ante el peligro al que se enfrentan sus hogares, sus comunidades y sus familias.
En un país en que las mujeres suman casi la mitad de la población indígena brasileña, de 900 000 personas en total, las líderes indígenas han entrado decididamente en el panorama político. Protestan contra el gobierno de derechas del presidente Jair Bolsonaro y las nuevas políticas que amenazan los derechos indígenas garantizados en la Constitución de 1988 y reconocidos por tratados internacionales.
Durante la reunión de grupos indígenas en Brasil a finales de abril de este año, llamada Campamento Tierra Libre, mujeres indígenas de multitud de grupos étnicos que viven en el Amazonas y otras partes criticaron los cambios que Bolsonaro ha hecho a políticas antiguas, entre ellas las del proceso de demarcación y la disponibilidad de servicios sanitarios.
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El 1 de enero, el primer día de su presidencia, Bolsonaro decretó una medida provisional (MP 870), que trasladaba el poder de decisión sobre las demarcaciones de reservas indígenas de Funai, la agencia de asuntos indígenas de Brasil, al Ministerio de Agricultura, algo que los críticos ven como un conflicto de intereses, ya que las élites agrícolas llevan tiempo con el ojo puesto en los territorios indígenas con posibilidades de explotación. La medida también movió a Funai (que antes dependía del Ministerio de Justicia) al nuevo Ministerio de Derechos Humanos, Familia y Mujeres creado por Bolsonaro, una institución que abarca muchas cosas y, según los críticos, tendrá poco poder real.
El nuevo gobierno también anunció planes para transferir la supervisión de los servicios sanitarios que se ofrecen a los indígenas desde el gobierno federal desde 2010 a una secretaría especial conocida como Sesai. Los servicios serán supervisados por los gobiernos municipales y estatales en algunas regiones. Los críticos temen que el cambio de responsabilidad hacia las autoridades locales pretenda ser una forma de que el gobierno nacional abrogue sus responsabilidades.
“Las políticas adoptadas por el gobierno actual violan todos nuestros derechos y pretenden destruirnos”, dijo a Mongabay durante el campamento Maria Eva Canoé, líder del grupo indígena canoé, del estado norteño de Rondônia. “Pero somos fuertes, somos resistentes. Y ahora estamos en este… el decimoquinto campamento, para mostrar al gobierno y a toda la sociedad que estamos vivos, que resistimos para existir”, dijo la maestra de 51 años, miembro del consejo de Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB).
La representante de COIAB piensa que todas las nuevas medidas de Bolsonaro “son malas”, pero que lo peor es que se haya dado el poder demarcación de territorios al Ministerio de Agricultura. “¿Por qué es lo peor? Porque si se actúa así, los indígenas […] ya no tendrán territorios demarcados”, dijo Canoé, y añadió que los indígenas no son invasores. “En el pasado perdieron su tierra y ahora reclaman lo que les pertenece por derecho”.
Los derechos indígenas están garantizados por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice que los grupos indígenas tienen derecho a “no ser sujetos a la asimilación forzada o destrucción de su cultura” y a no ser puestos en peligro por “cualquier acción que tenga el objetivo o el efecto de desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos”.
Además, la ONU y el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales (No. 169) de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Brasil es signatario, requiere la consulta previa a los indígenas “antes de emprender o permitir cualquier programa para la exploración o explotación de los recursos que pertenecen a sus tierras”. También hay dictámenes adicionales sobre los derechos indígenas del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
A pesar de estos acuerdos internacionales, el gobierno de Bolsonaro ha dejado claro que no permitirá que los indígenas comenten los proyectos de infraestructura que afecten los territorios indígenas del Amazonas.
El gobierno de Bolsonaro no respondió a nuestras peticiones de comentario.
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La líder indígena Maria Eva Canoé apunta que el motivo por el que el pueblo canoé es una minoría dentro de su región es que fueron diezmados durante la colonización del estado de Rondônia en el siglo XVII. Más tarde las pocas mujeres canoé que sobrevivieron tuvieron que casarse con hombres de otros grupos étnicos para perpetuar su propio grupo.
“El estado de Brasil tiene una deuda impagable con los pueblos indígenas. El estado de Brasil nunca podrá devolver los pueblos indígenas extintos, las lenguas extintas, los territorios destruidos que ahora son desiertos [culturales] absorbidos por ranchos ganaderos o plantaciones de soya”, dijo.
