- En la zona de influencia del Parque Nacional Defensores del Chaco -la reserva de bosque más grande del país-, nuevas áreas han sido deforestadas para la ganadería y antiguos establecimientos ganaderos operan sin licencia ambiental.
- 1.057.888 hectáreas fueron deforestadas en el Chaco desde enero de 2014 hasta enero de 2018, según datos oficiales del Ministerio del Ambiente.
El sistema de monitoreo forestal Global Forest Watch (GFW) alertó a Mongabay Latam sobre posibles nuevos focos de deforestación en los límites del Parque Nacional Defensores del Chaco (PNDCH), la mayor reserva y patrimonio natural del Paraguay.
Un equipo periodístico se trasladó hasta el lugar y confirmó que al menos cuatro parcelas, de 100 hectáreas cada una, fueron desmontadas recientemente para la ganadería dentro de la zona de amortiguamiento.
Silvino González, su eterno guardaparques, responde con una frase contundente que resume todo el problema: “Hoy [el parque] se está convirtiendo en una isla rodeada de desmonte”.
Lee más|Nueva tecnología mapea corales desde el aire y determina su estado de conservación
Un millón de hectáreas desaparecidas
La zona del parque nacional es considerada por especialistas ambientales como una de las más ricas en biodiversidad. Alberga desde yacimientos de diamantes y piedra preciosas, animales increíbles —como el tapir amazónico, los jaguaretés (jaguar), el gran lagarto, pumas, guacamayos—, hasta maderas preciadas como el trébol o el palo santo, muy codiciadas para el tráfico ilegal.
Según el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 1.057.888 hectáreas fueron deforestadas entre enero de 2014 y enero de 2018 en la región occidental del país. De ese total, 959 559 hectáreas, más del 90%, corresponden a Alto Paraguay y Boquerón, los dos departamentos que albergan al parque. Prácticamente toda esa área se destinó a la producción ganadera, que es la principal actividad de la región occidental del país.
La ley forestal de Paraguay establece que cada establecimiento ganadero debe mantener el 25% de la masa boscosa de su pregio y hasta el 50% del bosque en caso de que esté dentro de la zona de influencia del parque. Aún así, el MADES calcula que el promedio de tierras deforestadas en los últimos cuatro años en el Chaco llega a las 264 000 hectáreas por año. Una situación que se agravó cuando el expresidente Horacio Cartes promulgó, en 2017, un polémico decreto que autorizó a los estancieros y ganaderos del Chaco a desmontar el 100% de sus tierras, obviando las leyes ambientales existentes. Dicha normativa fue finalmente derogada por el actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, apenas asumió el cargo en agosto pasado, entre tanto, algunos establecimientos ganaderos desmontaron la totalidad de sus predios.
Las nuevas áreas deforestadas, alertadas por GFW, repiten una constante. El Parque Defensores está hoy rodeado de estancias ganaderas que lo han ido aislando cada vez más “poniendo en riesgo los corredores biológicos”, dice el ingeniero agrónomo Luis Recalde.
Y es que las zonas de amortiguamiento o de influencia son muy importantes para resguardar el núcleo boscoso de una reserva, ya que actúa como un escudo, explica Recalde. “Su motivo principal sería conectar el parque con otras reservas aledañas y reducir el efecto isla, que es cuando la fauna y la flora del parque queda aislada”, precisa. Así, las zonas de amortiguamiento actúan como corredores biológicos que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat que permiten asegurar el mantenimiento de la biodiversidad.
Lee más|Chile: más de 5 millones de hectáreas son adheridas a la red mundial de Reservas de la Biósfera
Sin licencia ambiental
Uno de los establecimientos ganaderos que está en la zona de amortiguamiento del Parque Defensores pertenece al conocido empresario brasileño, Benjamín Pivetta.
Según el registro oficial del Ministerio del Ambiente, el ganadero brasileño maneja al menos 40 000 hectáreas. Mongabay Latam comprobó que gran parte de las que están dentro de la zona de amortiguamiento del parque, aunque se encuentra activas, no tienen licencia ambiental habilitada. Ello, a pesar de que la ley obliga a que las estancias ganaderas, sobre todo aquellas que están dentro de la zona de influencia del parque, tengan un permiso ambiental que les permita trabajar en un plan de uso de suelo.
Mongabay Latam se comunicó con el empresario quien, a través de un empleado, se comprometió a tramitar los permisos necesarios.
Carmelo Rodríguez, director de Parques Nacionales del Ministerio del Ambiente, expone que gran parte del problema radica en un déficit presupuestario que permita fiscalizar correctamente. “Se necesitan al menos 120 guardaparques para tratar de controlar nuestros parques y reservas nacionales. Ahora tenemos 64”, indica. Además, esta institución, que es la encargada de atender todas las denuncias ambientales a nivel nacional, tiene apenas 12 fiscalizadores en todo el país para cumplir esa función.
El presupuesto anual del MADES es de unos 12,8 millones de dólares, aunque Rodríguez asegura que lo que se pretende es aumentar ese monto para mejorar el salario de guardaparques, los sistemas de control y contratar más fiscalizadores. Además, agrega que se estaría trabajando en un plan para reestructurar la institución y ver cómo administrar mejor los recursos financieros y humanos.
Pero por otro lado, Paraguay no tiene catastro rural, por lo que no hay forma de determinar si las estancias cumplen con el porcentaje de bosque que la ley les obliga a preservar.
Lee más|Senda Verde: un refugio para animales rescatados del tráfico de especies en Bolivia
Ganadería sostenible
La Asociación de Productores Agua Dulce (APAD) reúne a 34 productores de los 122 que trabajan en el distrito de Agua Dulce, en la zona de amortiguamiento y alrededores del PNDCH.
Celso Muxfeldt, ingeniero agrónomo y actual presidente de la APAD, asegura que todos los miembros de la Asociación mantienen el 50% de bosque que pide la ley. “Entendemos que el valor de esta tierra está en su flora, fauna y la forma correcta de trabajarla” dice.
La idea de la asociación es llevar el mensaje de trabajar en una ganadería sostenible, respetando los bosques nativos e incentivando la reforestación y promoviendo el cuidado del parque. En ese sentido, la APAD paga el sueldo de uno de los guardaparques del Defensores que opera en el puesto de control del punto de Agua Dulce.
“Siempre que se habla de deforestación se nos mete a todos en la misma bolsa. Nosotros demostramos que desde la Asociación hacemos un trabajo diferente”, asegura Muxfeld. Añade que en la actualidad, con todos los miembros de la APAD, se tiene asegurado que unas 175 000 hectáreas de bosques se mantendrán intactas en la zona de influencia del parque. “Nuestra proyección entre los miembros de la asociación es llegar de aquí a 10 años a un millón de hectáreas, de las cuales 500 000 quedarán protegidas”, enfatiza.
Lee más|Nuevo informe revela que el norte del Chocó ecuatoriano ha perdido el 61% de sus bosques
La necesidad de voluntad política y jueces especializados
Lucy Aquino, directora del Fondo Mundial Para la Naturaleza WWF Paraguay, dice que “urge tener desde el gobierno una voluntad política real en hacer bien las cosas” y que uno de los principales problemas es la inexistencia de una base de datos fidedigna que compartan todas las instituciones del Estado que trabajan en el sector.
“Lo que uno ve en las imágenes satelitales es mucha deforestación. Pero no se puede determinar cuál es legal o no, o inclusive quién es el verdadero dueño”, expone.
El Fiscal adjunto de la Unidad especializada de lucha contra delitos ambientales, Augusto Zayas, coincide con Aquino y agrega que “los jueces hacen malas interpretaciones de las leyes ambientales”.
En este sentido, Zayas dice que es necesario tener jueces capacitados en el área ambiental, puesto que la falta de criterio especializado hace que muchas veces las decisiones del Poder Judicial no tengan un sentido de “justicia” en el ámbito del medio ambiente.
Como muestra de la impunidad, 12 000 hectáreas se deforestan al año, según la propia MADES, en la región oriental del Paraguay, en donde existe una ley de deforestación cero implementada en 2005. De acuerdo a esta ley, la deforestación ilegal es penada hasta con ocho años de cárcel. Sin embargo, hasta el año pasado, nadie pasó un día tras las rejas.
Lea aquí la historia completa.
Créditos
