- El 13 de junio, Julio Crisanto López, vigilante del bosque, fue herido con dos disparos de bala cuando abandonaba la zona. Días después falleció en el hospital.
- Más de 500 hectáreas del territorio han sido deforestadas desde el año 2017 según imágenes satelitales analizadas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Las invasiones en el Bosque de Macuya han cobrado su primera víctima. Julio Crisanto López era la única persona que aún permanecía vigilando el Centro de Investigación y Capacitación Forestal Bosque Macuya (CICFOR-BM), una zona forestal entregada a la Universidad Nacional de Ucayali (UNU), que ha sido invadida desde el año 2017.
El 13 de junio, mientras retornaba en su moto lineal, luego de cumplir con su trabajo como vigilante del bosque, recibió dos disparos —uno en la pierna y otro en el abdomen— que lo dejaron gravemente herido.

Pese a las heridas, recorrió los últimos dos kilómetros que lo separaban de la carretera Fernando Belaúnde Terry —llamada también marginal de la selva— hasta que logró comunicarse por teléfono con su hija. Fue auxiliado por la Policía y trasladado hasta el hospital de Yarinacocha, donde días después falleció.
“Estuvo en cuidados intensivos y murió el 22 de junio”, cuenta ahora su esposa Linda Salazar Rojas a Mongabay Latam. “Había sido amenazado más de una vez y pidió garantías para su vida pero no le dieron seguridad, no le brindaron ni un chaleco antibalas”, reclama Salazar, quien ahora pide que se encuentre a los responsables del asesinato de su esposo.
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Un bosque invadido
El asesinato de Crisanto López demuestra, nuevamente, la violencia que se ha instalado en el Bosque Macuya desde el 2017. En diciembre de ese año, los invasores destruyeron y quemaron las instalaciones del CICFOR-BM. Desde entonces, estudiantes y científicos que solían hacer sus investigaciones en este lugar dejaron de ir.

Otro episodio violento ocurrió en febrero de este año cuando un grupo de estudiantes y profesionales de ingeniería forestal ingresaron al Bosque Macuya para hacer un inventario de flora y fauna. En esa oportunidad, los invasores golpearon y mantuvieron retenidos a los universitarios. Luego de tres horas fueron liberados.
Linda Salazar agrega que, en febrero de este año, su esposo solicitó garantías para su vida y denunció a varios de los invasores a quienes había identificado como los responsables de las amenazas. Pero su pedido no recibió atención.
“Otros trabajadores han renunciado por las amenazas, pero él continuaba, hacía informes sobre la deforestación. Era el representante de la universidad”, sostiene su esposa y reclama por la falta de apoyo de la Universidad Nacional de Ucayali mientras su esposo estuvo internado en el hospital. “Mi esposo ya murió. Ahora tengo que seguir con la denuncia para que encuentren a los asesinos”, lamenta Salazar.

“Estamos apoyando a los deudos. Lastimosamente no era trabajador de la universidad, sino que había sido contratado por una empresa que brinda servicios de seguridad a este centro de estudios”, se justifica Carlos Fachín, rector de la UNU.
Fachín agrega que otros trabajadores que cumplían labor de vigilancia en el Bosque Macuya no quisieron continuar por miedo a las amenazas. “Él era de la zona y lamentablemente fue asesinado. No pensábamos que los invasores actuarían de esa manera. Estamos presentando una denuncia en la Fiscalía para que se investigue como crimen organizado”.
La fiscal Alejandrina Cuayla Huacho, coordinadora de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, dijo a Mongabay Latam que no es el único caso en esta jurisdicción por el Bosque Macuya, sino que se trata del tercero por hechos violentos que se investigan en la región.

Además del asesinato de Crisanto López, la fiscalía sigue dos procesos por usurpación de bienes debido a los incidentes del 2017. “Hay una persona presa por los incidentes anteriores y un juicio que se inició la semana pasada. Los delitos son de usurpación agravada en territorio del Estado. La pena es de mínimo cinco años de cárcel”, explica la fiscal Cuayla.
Otras dos investigaciones avanzan en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, por los delitos de tala ilegal y deforestación.
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Deforestación en Macuya
Conservación Amazónica (ACCA), mediante el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), ha realizado un análisis de la deforestación ocurrida en el Bosque Macuya desde el 2017, cuando ingresaron los invasores.

De acuerdo con el análisis realizado por ACCA con base en imágenes satelitales, la pérdida de bosques hasta mayo de 2019 alcanza 567.98 hectáreas, casi la cuarta parte de la extensión de este territorio cedido a la universidad por el Estado peruano desde el año 1987.
El Centro de Investigación y Capacitación Forestal Bosque Macuya tiene una extensión de 2640 hectáreas. Un bosque cerca de la ciudad de Pucallpa que aún estaba conservado y hasta donde llegaban estudiantes y científicos de diversas universidades del Perú y de otros países para hacer sus investigaciones.
Tras el ingreso de los invasores, en el año 2017 se deforestaron 155.90 hectáreas. En el 2018 la cifra llegó a 179.24. “Solo durante los primeros cinco meses del año 2019 se han deforestado 232.84 hectáreas de bosque, lo que representa una cifra récord en comparación a todo lo deforestado durante los años anteriores”, dice el informe de MAAP al que tuvo acceso Mongabay Latam.
Un mapa comparativo entre julio del 2017 y mayo del 2019 muestra cómo se está perdiendo el bosque, cuya deforestación sería causada “por la apertura de supuestos predios agrícolas”, explica el documento de MAAP.

“Son traficantes de tierras y su interés es apropiarse de este bosque. Están arrasando con especies valiosísimas que han sido registradas en las investigaciones. Son árboles de 200 a 300 años de existencia”, dice Edgar Díaz Zúñiga, docente de la UNU e integrante de la comisión que se ha formado para buscar una solución a este problema.
El fiscal José Guzmán, de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali también ha manifestado, en más de una oportunidad, que en el Bosque Macuya se han instalado traficantes de terrenos.
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¿Una solución definitiva?
En una sesión del Consejo Universitario realizada el miércoles 26 de junio con la presencia de alumnos, docentes y autoridades de la Facultad de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente se acordó la firma de un convenio con las Fuerzas Armadas y la Policía peruana para que se encarguen de la protección del bosque. También se considera la preparación de un proyecto de ley para solicitar al Congreso de la República que se entregue este espacio forestal de manera permanente a la UNU.

Cristhian Ruiz Rengifo, vicesecretario del Centro Federado de Ingeniería Forestal, reclama una solución definitiva para que el Bosque Macuya vuelva a ser el espacio de investigación y aprendizaje que tuvo la universidad por casi 30 años. “Desde hace dos años los estudiantes no podemos entrar al centro de investigación y la deforestación continúa”.
El Bosque Macuya fue entregado por el Estado peruano en la década de 1980 a la Universidad Nacional de Ucayali como concesión de conservación dedicado a la investigación científica, antes de que se establecieran los gobiernos regionales. Sin embargo, geográficamente se ubica dentro del territorio de Huánuco.
Por ese motivo, entre el 2017 y 2018, cuando ocurrieron las invasiones, los ocupantes ilegales recurrieron a gobierno regional de Huánuco para solicitar que se les entregue el bosque. En ese momento formaron el asentamiento humano Nueva Zelanda para reclamar la posesión de las áreas invadidas. No obstante, en diciembre del 2018, el gobierno regional de Huánuco aprobó una resolución que ratificaba la entrega del Bosque Macuya a la universidad.

En marzo de 2019, el director regional de Agricultura, Edu Chávez, envió una carta a los invasores en la que les exhortaba a detener la destrucción del bosque concedido a la universidad de Ucayali. “Las imágenes que adjunta y su conducta no hacen más que demostrar el menosprecio de su persona y su organización hacia los ecosistemas que allí existen, que nosotros como autoridad regional forestal tenemos la obligación de preservar”, dice el documento que además advierte de una posible denuncia de la Procuraduría Pública Regional.
“La universidad está haciendo legalmente todo lo que le corresponde y el proyecto de ley busca que el Gobierno peruano entregue a la universidad un título de propiedad del bosque como un lugar dedicado a la investigación”, explica el rector de la UNU.
Por ahora, la violencia sigue instalada en el Bosque Macuya y ya ha cobrado su primera víctima, mientras la deforestación avanza sobre un territorio que alguna vez estuvo dedicado a la ciencia.
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