En pocas palabras, el alto tribunal le dio la razón a los Inga. Alegaban la vulneración de varios derechos, entre ellos el de la consulta previa, el debido proceso y la autonomía. ¿La razón? Como lo dice el fallo, el Ministerio del Interior, responsable de certificar la presencia o ausencia de indígenas, le había dicho a Gran Tierra Energy que podía comenzar con la exploración en 629 hectáreas. Según los funcionarios, no había comunidades.

Sin embargo, a los ojos de los magistrados, el Ministerio no hizo bien su tarea. Por eso, le ordenaron cesar cualquier actividad y verificar si vivían indígenas en la zona. Si el hallazgo era positivo, debía hacer una consulta previa.

Entre las pruebas que recibió el Tribunal para tomar su decisión había unos mapas elaborados por Jairo Muchavisoy, ingeniero forestal e integrante del resguardo Chaluayaco. En ellos, superpuso mapas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (donde están los bloques de petróleo existentes y los que ya están concesionados) con la información del Ministerio del Interior.

“También incluí ubicación precisa de ríos, cabildos y resguardos”, explica. “Así podíamos ver con claridad si un proyecto estaba en el área de influencia de una comunidad. Nuestra conclusión fue que, efectivamente, APE – La Cabaña afectaba una parte de nuestro territorio. Basados en argumentos técnicos, le dimos razones al Tribunal de Nariño para que ordenara verificar la localización de las comunidades Inga”.

A los ojos de Muchavisoy, el uso de esas herramientas les permitió sentar un precedente. “Estas decisiones las suelen tomar desde un escritorio en Bogotá y vulneran nuestros derechos. Decirle al Estado que se equivocó no es fácil porque sabemos que hay intereses. Pero tener acceso a estos instrumentos nos permite cuestionar la información y tener pruebas claras para que la verifiquen”, dice.

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En términos un poco más detallados, lo que hizo Muchavisoy fue recopilar información geográfica en distintas bases de datos públicas para, posteriormente, elaborar los mapas en un software muy popular entre cartógrafos: ArcGIS. “Como yo había estudiado ingeniería tenía algunas bases, pero en 2012 comencé a explorar este software de manera autodidacta. Poco a poco aprendí a manejarlos con tutoriales escritos y en video. Hacía ensayos con GPS y luego los cargaba al programa para intentar hacer polígonos. Se convirtió en un elemento fundamental para defender los derechos de nuestra comunidad. Con ese software también mostramos que en más del 90 % del municipio de Villagarzón había bloques petroleros”, explica.

 

 

Pero que haya bloques petroleros, dice Ana María Saavedra, gerente social de Gran Tierra Energy, no quiere decir que toda esa área esté en exploración o explotación. “APE – La Cabaña, por ejemplo, hace parte de un bloque llamado PUT 1 que tiene más de 46 000 hectáreas. Es lo equivalente a comparar una cancha de fútbol con la ciudad de Bogotá”, asegura.

Saavedra, que defiende los procesos de consulta previa y aclara que han intentado acercarse a los inga para dialogar en múltiples ocasiones, tiene razón. Los bloques no necesariamente implican perforación. Son grandes extensiones de tierra donde se presume que hay crudo y que el Estado subasta para que las compañías vayan explorando poco a poco. En el caso del Putumayo, como lo muestra el mapa que acompaña este texto, los bloques petroleros otorgados ocupan más de la mitad del territorio.

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Tecnología para defender el territorio

 

De la plataforma petrolera que alguna vez hubo en APE – La Cabaña no queda mucho. Apenas hay un pozo de unos dos metros de largo por dos de ancho que se ha tragado la vegetación. Mientras caminamos sobre la maleza, Luis Jansasoy Quinchoa, expresidente de Acimvip, me señala los sitios donde estuvieron protestando hace unos años. Echamos un vistazo rápido y subimos de nuevo a la camioneta blanca que nos ha llevado de resguardo en resguardo al ritmo de reggaetón y compases norteños.

Aunque el fallo del tribunal simbolizó una victoria para el pueblo inga sobre ese pedazo de tierra, provocó también una intensa discusión entre Acimvip, el Ministerio del Interior y Gran Tierra Energy. En términos breves, la asociación indígena puso una condición para realizar el recorrido de verificación que ordenó el Tribunal de Nariño: las visitas debían hacerse en todo el bloque PUT 1 y no únicamente el área de APE – La Cabaña. La metodología, advirtieron, la definirían las comunidades.

La propuesta fue el inicio de un cruce de cartas y reuniones que se prolongaron por tres años. Solo hasta 2018 llegaron a un acuerdo: entre el 19 y el 26 de septiembre hicieron el recorrido de verificación en todo el bloque PUT 1. “La metodología fue concertada”, reza el acta que quedó de la extensa visita. En ella estuvieron, entre otros, funcionarios de Corpoamazonía y la Defensoría. Todos admitieron ver comunidades en el bloque.

Acimvip, como suele hacerlo, llevó GPS de alta precisión para dejar constancia de los puntos caminados. Los modelos South X6, unos sofisticados artefactos de más de 5 pulgadas que funcionan con sistema Android, les permitieron hacer un croquis detallado del recorrido. Luego, explica el ingeniero Jairo Muchavisoy, descargó los datos recopilados en su computador. De nuevo, con la ayuda del software ArcGIS, elaboró otro mapa que Acimvip envió como soporte al Ministerio del Interior. “Esa información nos sirve para demostrar que, efectivamente, estuvimos en el territorio y para compararla con la cartografía que fabrique el Ministerio”, apunta.

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En 2010 el 50 % el PIB de Putumayo estaba compuesto por hidrocarburos. Foto: Sergio Silva – El Espectador.

La conclusión de la travesía, según Acimvip, fue clara: “Habiendo demostrado la presencia de inga y afro en Bloque PUT 1, la consulta previa deberá hacerse con las 10 comunidades inga de Villagarzón y su organización representativa”.

Pero, desde entonces, cuenta Carlos López, el presidente de la asociación, todo ha sido una larga espera. “El Ministerio del Interior debe emitir una resolución donde señale que sí hay indígenas en este territorio. Aún no se ha pronunciado, pero estamos preparándonos para llevar a cabo la consulta previa que deberá hacerse con todo el pueblo y no solo con una comunidad (como suele hacerse) porque estos proyectos nos afectan de manera colectiva”, asegura.

¿Por qué el Ministerio ha tardado tanto? ¿Cuáles fueron los resultados de su visita? Pese a que por más de dos semanas solicitamos conversar con esa entidad en varias oportunidades, fue imposible obtener una respuesta. Sin embargo, El Espectador y Mongabay Latam tuvieron acceso al informe que realizaron los funcionarios que estuvieron en el bloque PUT 1. El documento de 44 páginas, que no representa la resolución final, tiene como fecha el 14 de noviembre de 2018.

“Se estableció que el área del proyecto APE – La Cabaña no se superpone ni afecta de manera directa y específica el territorio donde las comunidades desarrollan sus dinámicas socioculturales”, escribieron. “De acuerdo a lo anterior, se establece que [en el] área de influencia directa del proyecto APE – La Cabaña no se registra presencia de resguardos indígenas, parcialidades y/o cabildos indígenas del pueblo inga”.

Quien firma es Luis Fernando Bastidas Retes, director de consulta previa. Su perfil en la página web del ministerio dice que es abogado de la Universidad Javeriana y que cuenta con más de 8 años de experiencia en los sectores público y privado. “Tiene manejo de gobierno y asuntos corporativos en compañías fiduciarias y de perforación de pozos petroleros”.

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Hidrocarburos, una difícil discusión

 

No han sido buenos años para el sector petrolero. Lo que ha sucedido desde 2015 está lejos de parecerse al fenómeno que se presentó en la primera década del siglo XXI. Entonces Colombia, como varios de los países latinoamericanos, vivió un boom de las materias primas. “Extractivistas” fue el mejor adjetivo para calificar a esos gobiernos que intensificaron la extracción de minerales e hidrocarburos.

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Según las comunidades indígenas, en cerca del 90% del municipio de Villagarzón hay bloques petroleros. Foto: Sergio Silva – El Espectador.

En el caso del petróleo sucedió algo sin precedentes. Desde 2007, el precio del barril se incrementó estrepitosamente. A mediados de 2008 sobrepasó los US $131. En 2012 llegó a US $122. Ese año la extracción de crudo le dejó al Estado colombiano $30,7 billones (unos US $10 mil millones). Mientras en los 90 la producción no sobrepasaba los 440 mil barriles por día, en esa ocasión llegó a 944 mil (hoy es de 831 931).

Pero como escribió en la revista Harvard Review of Latin America el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi, si bien ese “boom” permitió que América Latina tuviera el mejor desempeño económico en décadas, esos “logros sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y algunos efectos negativos”. A lo que se refería es que visto con un poco más de detalle, la riqueza que generó la explotación de hidrocarburos no siempre se vio reflejada en una mejoría de las condiciones de los territorios donde se realizó.

Putumayo es una buena muestra de ello. Aunque, como lo indica el último informe de la Unidad de Planeación Minero-Energética, este departamento solo representa el 4 % de la producción nacional, su economía depende, en buena parte, del crudo. Enrique Burbano, PhD en Economía, lo explicó hace un tiempo en la revista Economía & Región: “La producción de Putumayo tiende a concentrarse en el sector de explotación de petróleo y gas, dejando de lado la potencial importancia del sector primario”. Según sus cálculos, en 2010 el 50 % de su PIB estaba compuesto por hidrocarburos. Eso implica, anotaba, “una alta dependencia mono sectorial y, a la vez, una baja diversificación de la organización productiva”.

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Jesusa Tisoy es ex gobernadora cabildo Saladillo Yaco. Según ella, el pueblo inga debe estar unido para exigir los derechos que años anteriores les arrebataron diferentes actores. Foto: Sergio Silva – El Espectador.

Para explicar la paradoja que representa que un territorio sea rico en materias primas pero, a la vez, tenga pobres índices de desarrollo, los economistas suelen recordar un viejo concepto conocido como: la “maldición de los recursos naturales”. Es difícil saber con precisión si también se presenta en Putumayo, pero sus indicadores dan algunas pistas.

La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, fue del 18,7 % en 2016, dos puntos más alta que la nacional (16,8 %). En los primeros tres meses de 2019, el porcentaje de casos de mortalidad materna fue más alto que los del país: 89,4 frente a 54,1. Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2018 también revelan una situación compleja: el índice de pobreza multidimensional es superior al 25 %. Además, en 2010, el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas era del 36 %.

Carlos López, de Acimvip, prefiere ahorrarse las cifras. Para él, como para varios de los líderes inga, hay un hecho palpable: “El tejido social se ha roto. Nuestra cultura se ha debilitado. Además, hemos tenido muchos problemas con campesinos porque dicen que nos oponemos al ‘desarrollo’. Algunos han recibido amenazas”. “Con el dinero del petróleo se han empezado a dividir las organizaciones y algunas familias”, sentencia Pablo Emilio Cuchala, presidente de la Asociación de Cabildos inga andino amazónicos Kusai. “Queremos que ser indígena deje de ser una vergüenza. Queremos recuperar nuestra cultura y por eso insistimos en la defensa territorial”.

Para hacer esa defensa Acimvip tiene otro plan: crear un nuevo resguardo de 31 000 hectáreas, una extensión semejante a la sexta parte de Bogotá o a casi dos veces la ciudad de Bucaramanga. Allí, dice Carlos, está el territorio ancestral Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi. “Están los amos y espíritus del pueblo inga, que se manifiestan cuando tomamos el remedio (yagé). Hay fuentes de agua y animales silvestres”.

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Hoy Acimvip está tratando de crear un nuevo resguardo de 31 mil hectáreas, una extensión semejante a la sexta parte de Bogotá. Foto: Sergio Silva – El Espectador.

Carlos me lo señala en un mapa de más de un metro de altura que no permite fotografiar. Lo construyeron con GPS de alta precisión y con el software ArcGIS. Durante siete días, cuatro personas caminaron el lindero sur de esa área y cada vez que había un quiebre de terreno o una curvatura muy cerrada marcaban una coordenada. En total registraron 50 puntos desde el río Putumayo al río San Juan.

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“Es tecnología de alta precisión”, explica el ingeniero Jairo. “El error está por debajo del metro. Luego, con el apoyo de un topógrafo de la Agencia Nacional de Tierras construimos el mapa”. “Ellos ya lo tienen y estamos esperando a que lo aprueben, pero intuyo que va por buen camino”. ¿Y si hay yacimientos de crudo, qué le dirán al Ministerio? “Que no”, responde Carlos. “Este será un territorio dedicado a la conservación. Será nuestro. No vamos a permitir ninguna actividad; incluso de investigación. Será para nuestra supervivencia”.

*Imagen principal: Luis Jansasoy Quinchoa fue presidente de Acimvip. Hoy hace parte de la Guardia indígena, encargada de proteger a la comunidad. Foto: Sergio Silva – El Espectador.

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Artículo publicado por alexa
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