- Este año se realizarán elecciones para elegir un nuevo presidente luego de que renunciara Evo Morales en medio de protestas populares en las que también se reclamaba por los problemas ambientales.
- El pedido para que se deroguen polémicas normas que permiten la expansión agropecuaria y los cuestionamientos de los pueblos indígenas también marcarán la agenda del 2020.
Luego de la crisis política que enfrentó Bolivia en el 2019, este año se prepara para vivir nuevamente un proceso electoral en el que la agenda ambiental debería estar presente, sobre todo tras la pérdida de alrededor de cinco millones de hectáreas de bosques y miles de animales debido a los incendios forestales ocurridos en el país.
La recuperación de la Chiquitanía y el Chaco boliviano, que fueron arrasados por el fuego, también figuran entre los desafíos que debe asumir tanto el gobierno interino de Jeanine Áñez, como la nueva gestión que resulte elegida en las elecciones que se realizarán posiblemente en marzo.
Los reclamos de los pueblos indígenas ante los grandes proyectos programados dentro de sus territorios también son relevantes para el nuevo año. Más ahora que la ministra del Ambiente y Agua, María Pinckert, reactivó la discusión sobre el proyecto de la hidroeléctrica Rositas y el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitiera una resolución solicitando que se deroguen los decretos que promueven la ampliación de las tierras destinadas a uso agropecuario. Así se presenta el año 2020 en Bolivia.
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1.La agenda ambiental en las elecciones
Nuevamente Bolivia ingresa a un año electoral. Luego de que en el 2019 Evo Morales renunciara a la presidencia del país antes de iniciar su cuarto periodo, tras una ola de protestas y una cuestionada reelección, los bolivianos regresarán a las urnas durante el 2020 para elegir a un nuevo presidente.
En noviembre de 2019, la presidenta interina Jeanine Áñez firmó una ley que anulaba las elecciones del 20 de octubre del año pasado y ordenaba que se designen nuevos vocales en el Tribunal Supremo Electoral, quienes se encargarán de convocar el nuevo proceso. El ex ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, ya ha anunciado que los nuevos comicios podrían realizarse en marzo.
El primer trimestre del 2020 estará marcado por la contienda electoral en un país que acaba de atravesar un desastre ambiental causado por los incendios forestales ocurridos entre julio y setiembre del año pasado. Fueron más de cinco millones de hectáreas arrasadas en la Chiquitanía y el Chaco boliviano, un hecho que marcó las elecciones del 2019.
Los expertos consultados por Mongabay Latam señalan que el tema ambiental debe tener relevancia dentro del proceso electoral que se avecina. “Quienes participan en estas elecciones están obligados a considerar las cuestiones ambientales como un asunto de primer orden”, dice Marco Gandarillas, investigador responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
Gandarillas asegura que en todos los grupos políticos existe una posición sobre el tema ambiental. “No se puede obviar —dice— y se tiene que hacer una revisión y definir una protección más efectiva de los ecosistemas”, comenta el experto del Cedib.
Para Natalia Calderón, directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), la relevancia que los candidatos y electores le dan a las urgencias ambientales no es aún la esperada. “Este 2020 será desafiante porque nuevamente ingresamos a un proceso electoral. Sin embargo, la agenda ambiental no está siendo importante ni para los candidatos ni para las personas. Esperamos que se presenten más esfuerzos por incluirlo en la agenda electoral”.
Calderón considera que el país debe recuperar y fortalecer la institucionalidad ambiental, una tarea pendiente para el gobierno interino de Jeanine Áñez que dirigirá el país gran parte del año 2020.
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2.La recuperación de los territorios devastados por el fuego
En el 2019 Bolivia estuvo marcado por la destrucción de la Chiquitanía y el Chaco, territorios que fueron arrasados por los incendios forestales que duraron más de dos meses. Tras la devastación y con más de cinco millones de hectáreas perdidas en todo el país, el cuestionamiento ha sido qué pasará con estas tierras carbonizadas.
El gobierno de Áñez ha declarado que a inicios del 2020 estará listo el plan de trabajo para salvar la Chiquitanía, un anuncio que ha causado preocupación entre los ambientalistas.
Ivan Arnold, director de la Fundación Nativa, dice que se necesitarán décadas para que se recuperen estos ecosistemas. Pero no se refiere a una reforestación, sino a una restauración integral del paisaje. “Se debe pensar, más que en reforestación, en las funciones ambientales que nos ofrecen los bosques, pues no se trata solo de madera, sino de la captura del carbono y su importancia para la provisión de agua”.
Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), cuestiona que la ministra del Ambiente y Agua, Maria Pinckert, se reuniera con empresarios de la Chiquitanía para negociar el programa de reforestación de esa zona. “Existe un proyecto para instalar bosques no naturales con eucaliptos. Preocupa mucho que la ministra del Ambiente y Agua pueda reactivar ese viejo proyecto”.
Pero también existe preocupación por la posibilidad de que se repita el problema que arrasó estos bosques en el 2019. Pablo Solón, ambientalista y presidente de la Fundación Solón, señala que se deben tomar medidas para evitar que este año se repitan los incendios forestales. “Este gobierno tiene que derogar leyes y normas incendiarias que han sido aprobadas por Evo Morales, así como suspender actividades que tienen incidencia fuerte en la deforestación, entre ellas el envío de carne a la china y la producción de soya”.
Para el experto, este contrato de exportación de carne a China debe ser revisado, tomando en cuenta que el primer envío se anunció mientras se incendiaban los bosques en Bolivia.
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3.Las normas de la discordia
Miguel Ángel Crespo, director ejecutivo de Probioma, coincide con Solón en que el nuevo gobierno debe derogar las normas antiambientales que dejó la gestión de Morales. “El gobierno actual está haciendo lo que no hizo Evo Morales, está liberando las exportaciones, pero eso significa que puede ampliar la frontera agrícola”.
Tras los incendios forestales en Bolivia, se ha afirmado que una de las principales causas de esta tragedia han sido las quemas controladas actividad relacionada con la ampliación de la frontera agrícola y que contaba con el respaldo del gobierno a través de un polémico decreto supremo publicado en julio del 2019.
Esta norma autorizó la ampliación de la frontera agrícola en el Beni y Santa Cruz y dio luz verde a las quemas controladas. La decisión se tomó poco antes de que se iniciaran los incendios que arrasaron con millones de hectáreas y pese a las críticas y cuestionamientos de expertos que veían en esta legislación un camino para continuar con el desmantelamiento de los bosques en Bolivia.
Natalia Calderón, de FAN, asegura que se debe recuperar la institucionalidad de los organismos ambientales de Bolivia como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). “El modelo de desarrollo boliviano se tiene que cuestionar y analizar cómo avanzamos en crecimiento económico sin que se pondere el crecimiento agrícola. No es momento de implementar políticas que puedan causar más deforestación”.
Calderón cree que el 2020 no será un año catastrófico por los incendios forestales como ha sido el 2019, “pero no hay que olvidar que eventos como los del año pasado ocurren cada tres o cinco años”, dice la experta y recuerda que tras los incendios del 2010, se olvidó lo ocurrido y no se realizaron las acciones necesarias durante los años que siguieron.
La directora de FAN también dijo que el crecimiento de la deforestación en Bolivia es preocupante, pues la cifra se ha duplicado en los últimos años con relación al quinquenio anterior. Entre el 2010 y 2015 se perdieron 218 000 hectáreas, y en los últimos cuatro años esta cantidad se duplicó a 440 000 hectáreas.
El investigador científico Vincent Vos se refiere al nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni como un desastre total. “Este PLUS permite que los terrenos de pastizales figuren como territorios aptos para la agricultura con una visión de negociación de tierras. No consideran la presencia de territorios indígenas y de áreas naturales protegidas”.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza también se ha pronunciado sobre estas polémicas normas. En una resolución emitida los primeros días de enero, este organismo internacional solicita al gobierno boliviano que revoque las las disposiciones legales que favorecen y alientan las quemas y la deforestación, al mismo tiempo que demanda a los gobiernos a detener las actividades de agropecuarias, sobre todo aquellas que se realizan sin evaluación de impacto ambiental como la exportación de carne a China y la producción de etanol y biodiesel que se promueven en Bolivia.
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4.El problema de los territorios indígenas
“Los pueblos indígenas nos hemos declarado en alerta permanente porque el gobierno transitorio continúa con los proyectos del gobierno anterior. Es un síntoma de que el comportamiento del modelo económico basado en el extractivismo se mantendrá en la siguiente gestión”, dice el líder indígena Alex Villca, integrante de Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas originarios campesinos y áreas protegidas (Contiocap).
Villca menciona la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), las hidroeléctricas Rositas y Bala-Chepete, entre otros 22 proyectos que afectarían territorios indígenas y áreas naturales protegidas.
Para Villca las decisiones del gobierno del expresidente Evo Morales y aquellas que hasta ahora ha adoptado el gobierno transitorio de Áñez no son correctas, puesto que “está llevando a los pueblos indígenas al colapso y los obliga a abandonar sus territorios ancestrales, además que contamina recursos hídricos”.
Entre los reclamos de los pueblos indígenas están las normas que modifican el plan de uso de suelos en el Beni, que permite ampliar hasta en 10 millones de hectáreas la frontera agrícola. Esta decisión promulgada por la Asamblea Legislativa Departamental durante el gobierno de Morales ha despertado las críticas entre indígenas y especialistas debido a que permitiría realizar actividades agrícolas en áreas protegidas.
Ruth Alipaz, líder indígena de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap), no tiene esperanzas de que se generen cambios con el nuevo gobierno.
“Es necesaria la voluntad política del nuevo gobierno y eso no será fácil porque se debe cambiar la matriz económica. Nosotros creemos que se debe reactivar la economía con actividades como el turismo. No podemos continuar con acciones que violan los derechos de los pueblos indígenas”, sostiene Alipaz.
La líder indígenas de la Contiocap agrega que la lucha de los pueblos indígenas está destinada a defender sus territorios y las áreas naturales protegidas, y que sus reclamos han sido escuchados en la Evaluación Periódica Universal (EPU) que realizó las Naciones Unidas en noviembre del 2019. “No somos intransigentes, pero no se puede llamar desarrollo a aquello que mata. Los pueblos indígenas no nos hemos rendido, pese a las amenazas contra los defensores ambientales”.
A pesar de las protestas de los pueblos indígenas, la ministra del Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, anunció que se retomaría el proyecto hidroeléctrico Rositas, aunque luego dio marcha atrás, dejó abierta la polémica sobre la posible reactivación de esta y otras obras que han sido cuestionadas.
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