- Después de mucho insistir, el gobierno colombiano firmó el Acuerdo de Escazú y se espera que este año existan más garantías para los defensores ambientales, sociales e indígenas dado el gran número de asesinatos y amenazas de años anteriores.
- Atacar la deforestación, delimitar los páramos y garantizar el cumplimiento de las sentencias que declararon a varios ríos como sujetos de derechos son otros de los retos importantes.
Cada nuevo año plantea diferentes desafíos. Mongabay Latam escogió cinco temas que estarán en el centro del debate ambiental durante el 2020 en Colombia.
1. Atacar con fuerza la deforestación
Este sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales de Colombia para el 2020. Anualmente, el país presenta las cifras de deforestación del año anterior. En 2017 se perdieron 219 973 hectáreas y la preocupación era grande pues el número venía incrementándose exponencialmente desde 2015. En 2018, luego de tres años consecutivos de aumento, hubo una reducción del 10 % y la deforestación pasó a 197 159 hectáreas.
Aun así, en 2019 hubo muchas críticas por la forma en que el Ministerio de Ambiente estaba sacando sus estadísticas y aún más por la meta que el gobierno se fijó para el periodo 2018 – 2022. En el Plan Nacional de Desarrollo —la hoja de ruta con la cual se rige el país durante cuatro años— se planteaba que la tasa anual de deforestación no subiría pero tampoco bajaría. Es decir, el gobierno nacional está dispuesto a tolerar una pérdida de bosque de cerca de 220 000 hectáreas al año y de cerca de 900 000 hectáreas en el cuatrienio.
En diciembre, durante la Cumbre del Clima en Madrid (COP 25), el Ministerio de Ambiente sorprendió al firmar una declaración en la que el país se compromete a una meta de deforestación de 155 000 hectáreas para 2022 y de 100 000 para 2025, gracias a un apoyo de 366 millones de dólares de Alemania, Noruega y Reino Unido.
“A mi juicio el tema de la deforestación es el principal problema ambiental que tiene Colombia hoy. Si no se disminuye, todas las demás responsabilidades que tiene este país en biodiversidad y servicios ambientales estarán en entredicho”, dice Carlos Castaño Uribe, director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe y exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
A Castaño le preocupa sobre todo la pérdida de los bosques amazónicos pues, según dice, la biodiversidad y el recurso hídrico colombiano dependen de los procesos regulatorios que ejerce la Amazonía. “Tenemos páramos gracias a que existe la Amazonía, sin ella no habría oportunidad de tener el recurso hídrico, que hoy es uno de los grandes activos de Colombia. Si la deforestación sigue va a generar rápidamente no solo un problema de seguridad alimentaria sino de seguridad nacional”, asegura.
Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, coincide en que la deforestación es el gran problema ambiental del país y que reducirla es sin duda el principal desafío. Asegura que ahora se avanza en el catastro multipropósito, que permitirá que el país conozca mejor sus tierras y se espera que en 2020 se culmine y, por otro lado, cree que el reto está en que los temas ambientales sean interiorizados por los ciudadanos urbanos, que componen la gran mayoría de la población colombiana. “El tema de los bosques está muy lejano del ciudadano urbano y eso es un gran problema”.
Rodríguez calificó como un avance que el presidente Iván Duque, durante una de las mesas de negociación convocadas durante el paro, se comprometiera a una meta de cero deforestación dentro de los parques Nacionales. Un compromiso al que habrá que hacerle seguimiento durante 2020.
Uno de los principales obstáculos que tienen países como Colombia para reducir la deforestación es la falta de presupuesto. De ahí que el anuncio de una cooperación de 366 millones de dólares sea importante para el país. “A través de esta alianza, Colombia está ganando la batalla contra la deforestación. Ahora, con esta nueva fase de cooperación entre Noruega, Alemania y Reino Unido continuaremos fortaleciendo nuestra capacidad para reducir las tendencias de deforestación a nivel local, fomentando los beneficios sociales y económicos”, dijo Ricardo Lozano Picón, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
Algunos de los objetivos que se fijaron fueron: para 2022 se incluirán 195 000 hectáreas adicionales al programa de pago por servicios ambientales; se restaurarán 200 000 hectáreas en áreas de alta deforestación; se incluirán 147 000 hectáreas a sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación y, para 2025 se espera que 500 000 hectáreas tengan una gestión sostenible de los bosques en el programa nacional de Forestería Comunitaria.
El abogado ambiental Rodrigo Negrete afirma que debe hacerse un seguimiento al uso de esos recursos pues considera que los programas existentes “no están produciendo los efectos esperados en reducción de la deforestación”.
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2. A cumplir con los ríos sujetos de derechos
El 10 de noviembre de 2016 la Corte Constitucional declaró al río Atrato, que atraviesa parte de los departamentos de Chocó y Antioquia, como sujeto de derechos. Antes de esta sentencia, los únicos en Colombia que tenían derechos eran las personas. Esta decisión marcó un hito para el país y se convirtió en una esperanza para las personas que viven en la cuenca de uno de los ríos más afectados por la contaminación del agua, principalmente por actividades mineras ilegales.
En abril de 2018, la Amazonía colombiana también fue reconocida como sujeto de derechos luego de que la Corte Suprema fallara a favor de una demanda presentada por 25 niños y jóvenes en la que pedían acciones para frenar la deforestación de esta región. Sin embargo, un año después de esa orden el balance no era positivo. En abril de 2019, César Rodríguez de la organización DeJusticia, y quien firmó como representante legal la demanda, le dijo al diario El Tiempo que la sentencia había tenido un efecto simbólico importante, al lograr avivar un debate público alrededor de la pérdida acelerada de bosque natural en Colombia, pero que le preocupaba la falta de acción de funcionarios y entidades.
El año pasado se vivió una intensa jornada de declaratorias de ríos como sujetos de derechos. Para mitad de año ya se habían sumado Coello, Combeima, Cocora y Cauca, el segundo más importante del país. En el segundo semestre del año, la justicia también le dio derechos a Pance, Quindío y Magdalena, el principal río de Colombia.
En 2020 Colombia tiene la obligación de cumplir al menos con 10 sentencias, pero los expertos son escépticos pues la Amazonía y el Atrato —que tienen dos de las órdenes judiciales más antiguas— no han tenido avances tan significativos.
Rodrigo Negrete dice que si bien en el 2019 se reconocieron muchos ríos como sujetos de derechos, el reto está en las obligaciones que se le imponen al Estado en términos de conservación y uso sostenible, que hasta ahora no se estarían cumpliendo. “Cada vez que se hace una declaratoria de sujeto de derechos lo que se demuestra es que hay un déficit de protección ambiental y eso es muy grave”, asegura.
Además, considera que esta seguidilla de declaraciones no es adecuada pues ya en la sentencia del río Atrato —la más antigua— la Corte Constitucional dijo que toda la naturaleza era sujeto de derechos, “no había necesidad de hacer esto caso por caso”, comenta y añade que “en el fondo se quedan como una mera noticia pero no se producen acciones concretas de protección”.
Negrete va más allá y critica que muchas de estas nuevas declaratorias han sido realizadas por jueces que no son especializados en medio ambiente por lo que quedan en evidencia falencias en las argumentaciones. Su crítica más fuerte es sobre la sentencia del río Magdalena pues en ella se plantea que la hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento de Huila, generó una serie de afectaciones al río que se agravan debido a que 17 de los 37 municipios del departamento no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. “Con base en la situación que vive el río en un solo departamento se hicieron extensivas medidas a toda la cuenca, sin darle oportunidad a otros actores de que se expresen, el río podría estar incluso peor en otros departamentos. Es complicado que jueces penales aborden estos temas”.
3. Soluciones para los asesinatos y amenazas de líderes
Los continuos asesinatos y amenazas a líderes ambientales, sociales e indígenas seguirán estando en la agenda nacional en el 2020. La indignación y la presión en este tema —evidenciado con fuerza en el paro nacional que inició el 21 de noviembre— llevó a que el pasado 10 de diciembre el gobierno anunciara la creación del Marco de la Política Pública de Protección Integral y Garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que habría sido construida de manera consensuada con la participación de todos los sujetos y en más de 100 mesas de trabajo.
“La razón de este Marco de Política Pública es justamente tener la mejor información, como primera base; fortalecer las instituciones que tienen que velar por la protección; tener la mejor infraestructura en términos de seguridad y de atención. Va de la mano con la política de seguridad nacional, va de la mano de la política que busca enfrentar el reclutamiento de menores, va de la mano de la política de participación ciudadana”, dijo el presidente Iván Duque.
A pesar de esto, organizaciones como Somos Defensores, que formó parte de las mesas de trabajo, tiene otra percepción de la política que se anunció y sus expertos siguen preocupados por lo que pase con los líderes en 2020. Diana Sánchez, directora de Somos Defensores, le aseguró a Mongabay Latam que la política anunciada por el gobierno “es una simulación. No hay tal, no presentaron nada, por que no se hizo. Están cañando [engañando] con un documento que muestra solo una intención”.
Para Sánchez, el reto para este año es que en el diálogo con el gobierno se logre un plan de acción oportuno que vaya más allá de la estrategia militarista de los territorios. “Está demostrado que donde hay más militarización la situación es más caótica. Hasta ahora el Estado no ha mostrado más que eso”, dice.
La directora de Somos Defensores afirma que muchas organizaciones finalmente decidieron sentarse con el gobierno para trabajar en la política de protección de defensores, a pesar de que, según sostiene, el Acuerdo de Paz con las FARC dejó un marco de política pública de garantías para el ejercicio de liderazgos sociales y oposición política. Y no solo esto sino que la propuesta institucional era crear un documento Conpes —un documento que no es vinculante y que da lineamientos para desarrollar una política—.
“Se debe implementar el Acuerdo de Paz, porque tiene unas disposiciones importantes para garantizar la vida de los líderes sociales. Está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, la Comunidad Nacional de Investigaciones para casos de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, el cuerpo de élite de la policía para la paz, el fortalecimiento de las alertas tempranas y el Comité de Intervención de Respuestas Tempranas. Si eso se cumpliera se mejorarían los contextos en los territorios”, comenta Sánchez. La ejecución de lo anterior es algo que parece bastante incierto este año. “El problema es la voluntad del gobierno”, concluye.
Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos, comenta que la situación de seguridad en la zona de influencia del polémico proyecto Hidroituango, en el norte del departamento de Antioquia, es cada vez más compleja. “Se disparó la confrontación entre grupos al margen de la ley, aparecieron de nuevo los bombardeos y aparecieron nuevos grupos”, afirma. Esto ha hecho que los líderes ambientales y sociales de esta zona sean algunos de los que enfrentan mayor peligro en el país.
Zuleta asegura que los incumplimientos al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se ha sumado a los problemas que tienen con el proyecto hidroeléctrico. “Se está generando mucha convulsión en el territorio y ha habido asesinatos de presidentes de juntas de acción comunal, desapariciones en el municipio de Tarazá y muchas amenazas colectivas a las comunidades. En nuestro movimiento ha habido dos amenazas recientes. Nuestro principal reto este año es cuidarnos a nosotros mismos y estar vivos porque el nivel de desprotección a los líderes es muy alto. Nos sentimos muy vulnerables”, le dice a Mongabay Latam.
Otro de los temas en los que se venía insistiendo era la firma del Acuerdo de Escazú. El gobierno no lo había firmado argumentando que el país ya contaba con normas internas mucho más fuertes y vinculantes. Sin embargo, durante el paro nacional, esta fue una de las peticiones más fuertes para que el país asumiera un compromiso más fuerte con la defensa de líderes ambientales a nivel internacional. “Escazú no puede resolver eso, depende más de voluntad política pero este instrumento ayuda a tener un compromiso en el contexto internacional mucho más claro”, dice el abogado Rodrigo Negrete.
A principios de diciembre el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, firmó el documento. El exministro Manuel Rodríguez califica el hecho como bastante positivo porque “con este acuerdo, el país se compromete a fortalecer el acceso efectivo a la información ambiental, la participación en las decisiones ambientales y justicia ambiental, además de la protección de los líderes ambientales. Es decir, se compromete a fortalecer la democracia participativa, tal como miles de colombianos lo están reclamando en las calles”, dice.
El reto ahora, como lo manifestó el presidente Iván Duque, estará en el Congreso. “Espero que en la próxima legislatura presentemos la ratificación del instrumento, pero, además, que hagamos una serie de talleres en el país, de audiencias públicas”, dijo.
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4. Vuelve y juega: la delimitación de los páramos
El 3 de agosto de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los 37 complejos de páramos de Colombia estaban delimitados, lo que ayudaría a su conservación y a una mejor gestión de estos territorios. Sin embargo, delimitaciones como los de Pisba y Santurbán —el primero en delimitarse y que sirvió de guía para los demás— siguen en el limbo. Es más, este 2020, muchos de estos trabajos técnicos podrían tambalear por las mismas razones por las que Santurbán y Pisba no han podido definirse: falta de participación ciudadana.
El asunto en Santurbán avanza tan lento, que este año, según informó el Ministerio del Ambiente en diciembre, se realizarán las concertaciones en los 40 municipios que conforman el páramo. La delimitación concluirá una vez finalice ese proceso que, según expertos consultados por Mongabay Latam, podría incluso no terminar en 2020.
“Las comunidades solicitaron a esta cartera realizar la Fase de Concertación en el año 2020 con el fin de disponer de mayor tiempo para estudiar la propuesta presentada por este Ministerio y que consolida las 3200 propuestas, juicios, análisis y alternativas recibidas durante la fase de Consulta. Así mismo, solicitaron la realización de mesas informativas previas a esta fase en las que participen los nuevos alcaldes que se posesionarán el 1 de enero de 2020”, dice el comunicado oficial del Ministerio.
El abogado ambiental Rodrigo Negrete asegura que el problema es que las delimitaciones empiezan a caerse, “igual que en Santurbán, ya hay tres sentencias recientes diciendo que hay que delimitar nuevamente porque no se cumplió con la participación ciudadana”.
Además, en Santurbán hay una fuerte oposición a que se entregue licencia ambiental a la minera de capitales árabes, Minesa, que estaría interesada en realizar explotación de oro cerca de los límites del páramo. Erwing Rodríguez-Salah, abogado y miembro del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, asegura que se debe suspender ese trámite hasta que no queden definidos los límites del páramo.
El gobierno colombiano no tiene un panorama fácil en este tema. La oposición a la minería en el páramo fue una de las consignas más fuertes durante el paro nacional y de acuerdo con Rodrigo Negrete, es difícil que se pueda negociar este tema con el Ejecutivo “porque ya es un tema judicial. Están en manos de los jueces y serán ellos los que decidan”.
Otro asunto pendiente será conocer la decisión de la justicia colombiana sobre el artículo 10 de la ley de páramos que estuvo demandada. Se espera claridad sobre la reconversión de las actividades agropecuarias y mineras de baja escala que están prohibidas en los páramos, pero de las que subsisten muchas personas desde antes de que estos ecosistemas fueran delimitados.
“Esto será muy importante en Colombia porque si bien los ecosistemas de páramos en Colombia no superan los dos millones de hectáreas, cerca del 70 % del agua del país se genera ahí. Yo no veo consenso entre gobierno, ambientalistas, comunidades y entes territoriales, no lo veo por ningún lado”, dice Negrete.
5. Fracking, biodiversidad, frontera agropecuaria y pasivos ambientales
La posibilidad de hacer exploración y explotación de hidrocarburos bajo la técnica de fracking estaba suspendida por una orden del Consejo de Estado —alto tribunal en Colombia— de 2018. A finales de 2019 la polémica se reactivó ya que el Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto para fijar los lineamientos de la actividad para proyectos piloto. Ese borrador estará disponible hasta el 20 de enero para comentarios de la ciudadanía y después de eso será firmado por el presidente Iván Duque y quedará en firme.
Aun así, el decreto es solo el primero de una serie de ajustes normativos que se requieren en los temas técnicos y ambientales para los pilotos, que deben cumplir con ocho condiciones previas que definió una comisión de expertos a principios de 2019. “Sin eso no podrán iniciar los pilotos en ningún lugar del país. Falta muchísimo tiempo aún, que estimamos no serían menos de dos años”, asegura Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking, quien además agrega que “ante el más mínimo incumplimiento de la ley por parte de funcionarios o empresas, no dudaremos en interponer las denuncias que sean del caso”.
La pérdida de biodiversidad también es un gran reto para Colombia. El más reciente informe de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Ipbes), presentado en mayo de 2019, ya informaba de una tendencia preocupante a nivel mundial: un millón de especies de animales y plantas están en peligro de desaparecer en las próximas décadas.
Colombia, como uno de los países considerados megadiversos, es altamente vulnerable. “Hay que prestarle atención a la pérdida de la biodiversidad y los servicios ambientales de Colombia. Esta se incrementa también por un factor llamado cambio climático, que además aporta a la deforestación”, dice Carlos Castaño Uribe.
En ese sentido, algunas decisiones causaron polémica a finales del año pasado y siguen generando dudas este año. La primera tuvo que ver con una resolución publicada por el Ministerio de Agricultura de Colombia en la que se establecieron las cuotas de captura para la pesca de diferentes especies marinas, entre ellas, tiburón. En la resolución se establecía una cuota para aletas. “El gobierno dice que está repitiendo la misma resolución que viene desde el año 2011. ¿Eso qué significa? Que no hay caracterización de poblaciones y hábitats ni una investigación científica profunda para renovarla. Eso nos trae un déficit de protección ambiental”, dice el abogado ambiental Rodrigo Negrete.
Por su parte, Manuel Rodríguez asegura que lo de las aletas de tiburón es una vieja regulación en la que el gobierno cometió un error en la forma como la renovó. “Hay que desmontarla, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana porque involucra también a pequeños pescadores, [pues] para suspenderla de inmediato las personas tendrían que tener otra fuente de trabajo”.
La segunda decisión polémica fue la eliminación de la solicitud de levantamiento de veda de especies de flora ante el Ministerio del Ambiente, previa a la solicitud de licencia ambiental de cualquier proyecto que se desee desarrollar. Aunque algunos aseguran que el trámite se realizará ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y que simplemente se está evitando hacer la misma solicitud en dos instancias diferentes, Negrete afirma que esto favorece a las empresas al quitarles requisitos. “Con tanta deforestación que hay en Colombia, el levantamiento de la veda es un mensaje terrible. Muchas de esas especies están en convenios internacionales como CITES y Diversidad Biológica”.
Otro tema importante es el de la frontera agropecuaria. Carlos Castaño asegura que es necesario cuidar las selvas que le quedan al país, pues no se puede tolerar una mayor ampliación de la frontera. “Mientras no se asuma un manejo adecuado de la tierra en Colombia estaremos en serios problemas. La gente debe aprovechar adecuadamente lo que ya está transformado [de bosque]. Hay una contradicción enorme entre el uso del suelo y su vocación y eso sin una estrategia de ordenamiento territorial y determinantes ambientales que sean el eje de la política ambiental, no va a mejorar de ninguna manera”.
Manuel Rodríguez cree que uno de los temas más importantes para 2020 debe ser la transformación de las actividades agropecuarias. “Buena parte del futuro ambiental del planeta y de Colombia dependerá mucho de una transformación en los cultivos y la actividad ganadera”, dice.
Para Rodríguez, es necesario insistir en las reservas campesinas —zonas creadas por ley en 1994, con el propósito de regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país—. “Si hay algo que me parece importante es solicitarle al gobierno que al final del mandato se hayan creado más reservas. El gobierno prometió que transformaría 100 000 hectáreas de la ganadería al sistema silvopastoril, sería interesante pedirle 100 000 más para pequeños ganaderos”, comenta.
Otro tema importante es el de los pasivos ambientales, principalmente los que van quedando de la minería ilegal y la deforestación que, según Carlos Castaño, no se atienden en el país. “Todos estos aspectos han sido mencionados, esperemos que haya receptividad del gobierno para atenderlos”, dice. Castaño asegura que este asunto es una de las grandes debilidades de las autoridades ambientales en Colombia que no tienen los recursos necesarios para enfrentar estas dificultades.
*Imagen principal: Río Magdalena. Foto: Cortesía Cormagdalena.
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