Una comisión de expertos ya había dicho en febrero de 2019 que el país todavía no contaba con información sobre biodiversidad, aguas subterráneas y sismicidad para evaluar los posibles impactos del fracking. Además, señalaron que una de las mayores preocupaciones era la falta de licencia social, es decir, la aceptación implícita de las personas a la actividad, en las regiones donde se quiere dar la explotación petrolera.

El Ministerio de Minas justificó los lineamientos para proyectos piloto indicando que “resulta conveniente expedir un decreto en vista que tanto la comisión de expertos, como el Consejo de Estado, afirman que los proyectos piloto de investigación (PPII) permitirán evaluar si el país está preparado desde diversos puntos de vista para explorar y explotar los yacimientos no convencionales a través del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal. Así las cosas, es necesario expedir un decreto en el que se asignen funciones claras a las diferentes entidades que se encuentran participando en la ejecución de los PPII y las cuales no únicamente hacen parte del Sector de Minas y Energía”.

A lo largo del decreto se plantean tres etapas para los proyectos piloto. La primera tiene que ver con las condiciones previas donde las entidades estatales y las empresas interesadas continuarán levantando y divulgando las líneas base en materia social, ambiental, de salud y de sismicidad. En la segunda etapa, los contratistas realizarán la perforación, completamiento, estimulación a través de fracking y el dimensionamiento del yacimiento, al tiempo que se revisarán, gestionarán y complementarán los aspectos técnicos, ambientales, sociales, institucionales y de salud. Finalmente, habrá un Comité Evaluador que estudiará los resultados de las investigaciones y definirá la posibilidad de continuar o no con la utilización de esta técnica.

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Los reparos al decreto de los proyectos piloto

 

Tatiana Roa, investigadora y coordinadora del área de Energía de la organización Censat Agua Viva, asegura que el gobierno debería ser el encargado de realizar los pilotos pero que, al permitir la participación privada, “se le está facilitando a las empresas la elaboración de proyectos de exploración y no lo que el Consejo de Estado planteó, que es hacer unos proyectos de investigación”.

Otro de los puntos que genera incomodidad en los opositores al fracking es que el gobierno le da al ministerio de Minas y a la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) la potestad de intervenir en temas como la línea base social, que en teoría, debería ser un asunto solo del Ministerio del Interior.

Quizás el punto más álgido es que, según el decreto, no se menciona cuántos pozos se monitorearán. “No sabemos cuántos pozos podrían estar considerando como pozos piloto. Estamos pasando de tres o cuatro proyectos pilotos de los que hablaba el gobierno unos meses atrás a una incertidumbre total en este momento”, manifiesta Roa.

En medio de toda esa polémica, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ha dicho que si los proyectos piloto son exitosos y se demuestra que sí es viable hacer fracking, se estima que, por ejemplo, podría haber entre 35 y 50 años adicionales de reserva de gas y por lo menos 15 de petróleo.

Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking, asegura que el gobierno debe cumplir con las ocho condiciones previas establecidas por la Comisión de Expertos y con el alistamiento de equipos y personal por parte de las empresas. “Sin eso no podrán iniciar los pilotos en ningún lugar del país. Estimamos que no serán menos de dos años”, asegura.

A Tatiana Roa le preocupa que se “venda la idea” de que los pilotos mostrarán todos los efectos positivos o negativos del fracking, cuando, según dice, muchos de ellos se manifiestan a mediano o largo plazo como, por ejemplo, la sismicidad, la fuga de metano o  las fallas en la técnica de fractura. En otras palabras, durante el tiempo de monitoreo y evaluación no necesariamente se podrán observar todos los impactos.

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El fracking más allá de las fronteras

 

Cabe recordar que hace poco el Reino Unido, país que venía realizando fracking desde hace varios años, suspendió indefinidamente esta técnica después de que la Autoridad de Gas y Petróleo del país indicara que no se puede predecir la probabilidad ni la magnitud de un sismo causado por esta práctica.

Una polémica fuerte también se vive en Argentina con el proyecto Vaca Muerta en la Patagonia. “Debería establecerse un análisis integrado de impacto en la cuenca en su conjunto, no por pozos individuales. Tenemos que saber el valor de la sumatoria que implica explotar 1500 pozos, uno al lado del otro”, asegura María Marta Di Paola, una de las directoras de Política Ambiental y de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en Argentina.

Di Paola asegura que los efectos ambientales “son ineludibles”. Además, en su intervención en la Cumbre del Clima de Madrid sostuvo que: “Vaca Muerta es vendido como una fuente de generación de dólares a corto plazo, pero el agua se contamina, se provocan movimientos sísmicos y la alta toxicidad desplaza a los productores locales. A medio y largo plazo estamos profundizando el problema”.

Por su parte, Bolivia también contempla la posibilidad de hacer fracturamiento hidráulico. El Gobierno de transición retomará los estudios de fracking en Miraflores, área situada entre el Chaco de Chuquisaca y Santa Cruz, al sur del país. En la zona hay 10 comunidades indígenas que se han declarado en estado de emergencia por la posible contaminación de la única fuente de agua a la que tienen acceso. Allí también está la Reserva Natural Municipal ‘Héroes del Chaco’, que alberga bosques y gran variedad de vida silvestre.

El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini aseguró que “no existe ningún lugar factible para realizar fracking y menos en Bolivia, por las características socioambientales de nuestra tierra y porque tenemos la debilidad normativa e institucional más sobresaliente de la región”, recalcó.

Recientemente el petróleo tuvo una de las peores caídas de los últimos 30 años en sus precios y eso les da un nuevo argumento a quienes se oponen al fracking: el económico. En una reciente columna de opinión publicada en el diario El Espectador, Eduardo Gudynas, analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), asegura que una de las consecuencias del derrumbe del precio del petróleo es que vuelve inviable el fracking.

“Pero en Colombia, desde muchos ámbitos se sigue insistiendo en llevar adelante los emprendimientos pilotos. Esta situación es tan llamativa que no es exagerado calificarla como expresión de una terquedad que asombra” y añade que “el fracking solo es económicamente viable con un petróleo ‘caro’” y que, de hecho, por esta razón en Argentina no estarían interesados hoy en la explotación de Vaca Muerta.

Mientras tanto, el Ministerio de Minas de Colombia avanza con los lineamientos establecidos en el decreto que regula los pilotos, que fueron recomendados por una comisión de expertos nombrada para ello y recibieron el ‘guiño’ del Consejo de Estado. Organizaciones ambientalistas y líderes políticos  se oponen a esta práctica, siguen movilizándose y preparando acciones jurídicas para frenar su puesta en marcha.

La ministra de minas María Fernanda Suárez ha señalado que los proyectos piloto son necesarios para tomar una decisión responsable, basada en el conocimiento científico y no en apasionamientos. Entre tanto, la Contraloría General de la República ha advertido sobre los riesgos de esta técnica, aduciendo falta de capacidad institucional, estudios científicos y licenciamiento social.

Semana Sostenible y Mongabay Latam visitaron los tres municipios donde el Gobierno colombiano planea poner en marcha los polémicos pilotos de investigación para fracking (Barrancabermeja, Puerto Wilches y San Martín) para conocer las inquietudes, expectativas y problemáticas de sus habitantes.

*Imagen principal: Leonardo Gutiérrez, presidente de la Asociación de palmeros de Puerto Wilches. Foto: Pilar Mejía – Semana.

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