- Medido en relación a su cantidad de habitantes, Argentina se ha convertido en líder mundial en el uso de herbicidas y otros productos que aumentan el rendimiento de los cultivos.
- La contaminación por desechos industriales, metales pesados y derrames petroleros afecta también a los ríos. El arsénico, además, se encuentra de manera natural en las napas subterráneas. Un cóctel explosivo que afecta al medio ambiente, las áreas protegidas y a los habitantes de la ecorregión.
Carolina Cendra es dueña de una “chacra”, un pequeño campo de diez hectáreas situado a 20 kilómetros del pueblo de Napenay (provincia del Chaco), donde produce zapallo, mandioca, frutales, lo que allí se denomina “cultivos de servicio”. Su relato merece ser escuchado: “Hace alrededor de cuatro años tuve un problema serio de salud, diarreas y cólicos que no me dejaban dormir. Los médicos no sabían decirme de qué se trataba. Al final estuve internada casi un año: era una intoxicación intestinal provocada por los agroquímicos que contenía el agua de mi casa”.
Esta denuncia no es un hecho excepcional. Como en tantos otros lugares del Gran Chaco argentino, el agua es un elemento escaso que obliga a extremar las medidas para juntarla en la temporada de lluvias: “Tenemos un tanque de unos 3000 litros en el techo de casa”, prosigue Cendra, “y de ahí sacamos el agua para beber, cocinar, ducharnos o darles a los animales”.
La chacra de Carolina Cendra está rodeada por grandes campos donde se cultiva soja, maíz o trigo. “Hace unos cuatro años comenzaron las fumigaciones. El avión pasaba todo el tiempo por arriba de mi casa. El primer efecto fue que las hojas de los zapallos empezaron a morirse como cuando caen las heladas. Después empecé a sentirme mal yo. No solo fue lo del intestino, a todos en casa la piel se nos ponía roja y nos picaba horriblemente después de bañarnos. Hicimos denuncias, vinieron a analizar el agua, la del tanque y la del pozo: estaba muy contaminada por agroquímicos. Y aunque logramos que ya no fumiguen con aviones, los efectos continúan hoy. Yo tengo que cuidarme mucho en las comidas y mi hija mayor tiene problemas respiratorios”, cuenta Carolina.
La contaminación de las fuentes de agua en el Gran Chaco argentino reconoce orígenes diversos: las fumigaciones con agroquímicos, consecuencia directa de una deforestación que ya cubre cinco millones de hectáreas y que es seguida por la expansión de la agricultura y la ganadería intensivas es la principal pero no la única; también se deben sumar los contaminantes provenientes de desechos industriales y explotaciones petroleras, metales pesados que descienden desde la cuenca alta del Pilcomayo, y arsénico diluido en las napas más profundas. Cuatro problemas que generan una mezcla explosiva y afectan a todos los ámbitos de la vida.
Mongabay Latam aborda en esta segunda entrega del especial La eterna lucha por el agua en el Gran Chaco Argentino, el impacto de la contaminación del agua sobre el medio ambiente, la biodiversidad, las áreas protegidas y los habitantes del lugar. Sus efectos se suman a los provocados por la pérdida del monte y la alteración de los suelos, elementos claves para explicar los ciclos cada más más extremos de inundaciones y sequías que se analizaron en la primera entrega de este especial.
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No hay una ley nacional de agroquímicos
“En Colonia Elisa hay un productor, Jorge Goujón, que tiene un extenso campo donde siembra sorgo, maíz y soja. El río Negro pasa por su finca, recorriendo unos 40 kilómetros. Hace alrededor de siete años desmontaron todo, incluida la costa del río. No solo usan agroquímicos: tiempo atrás, cuando Martín, uno de los hijos, fue directivo de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), ellos eran ‘demostradores’, hacían las pruebas para enseñarles a otros agricultores”. Ramón Ríos, Moncho, es el actual titular de la Federación de Pequeños Productores del Chaco. El relato le sale casi sin respirar, resulta imposible interrumpirlo. Solo entonces toma aire y lanza la denuncia final: “Todo lo que tiraban iba al río. Nunca nadie les dijo nada. Solo cuando nosotros presentamos varias protestas frenaron un poco”.
Ríos conoce de primera mano uno de los dos peores flagelos que enfrenta la ecorregión —el otro es la deforestación—, por eso enumera las que considera son las cuatro partes que componen el problema: poder económico, ambición desmedida, connivencia con las autoridades y absoluta falta de respeto por la salud del entorno.
El citado Martín Goujón, en cambio, sostiene que la realidad es diferente: “Nosotros seguimos las buenas prácticas agrícolas”, afirma convencido, y enumera: “Utilizamos los productos autorizados, guardamos los envases para que se los lleve la empresa encargada de su recolección, tenemos en cuenta la velocidad y la dirección del viento en los días de aplicación, regulamos las máquinas para que las gotas tengan el tamaño adecuado, caigan sobre las hojas de nuestros cultivos y no se vayan al campo del vecino…”. Goujón, que es ingeniero agrónomo, asegura que la finca ya estaba deforestada en un 50 por ciento cuando la compró su padre: “Después desmontamos la otra mitad, pero dejamos una cortina de monte para proteger el río”.
“El hecho de que no exista una ley nacional que regule las fumigaciones es un problema grave”, plantea Mariana Schmidt, socióloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En efecto, la única regla que abarca a todo el país en esta materia apunta a la gestión de los envases una vez vacíos, aunque en algunas zonas su implementación y control resulta prácticamente imposible. “En el Chaco salteño hay muchísimos lugares alejados de las rutas pavimentadas y de difícil acceso. Hay denuncias sobre vuelcos en canales, de envases tirados a la vera de un camino o al costado de un curso de agua, ¿quién puede controlar lo que se hace ahí adentro?”, se pregunta Schmidt, autora junto a Virginia Toledo López de un estudio sobre Impactos ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino.
Las regulaciones quedan entonces a expensas de las leyes provinciales, pero entonces surgen otros inconvenientes. Las de Santiago del Estero y Santa Fe datan de la última década del siglo pasado, antes de que comenzara la expansión de la frontera agroganadera. Chaco aprobó en 2012 la actualización de su Ley de Biocidas, y un año después Salta también le dio un marco legal a la situación, aunque en todos los casos el resultado parece ser insuficiente y la implementación, según expertos y habitantes de la zona, altera en el camino buena parte de la esencia de las normas.
- La fumigación terrestre con herbicidas, realizada con tractores llamados “mosquitos”, es en cierto modo menos agresiva para la salud que la aérea. Foto: Greenpeace.
Utilizados sin medida en la región pampeana, la más favorable del país para el cultivo de soja y cereales, los productos diseñados para incrementar el rendimiento agrícola alcanzan en el Gran Chaco su máxima expresión. Entre otros motivos, por una cuestión climatológica. “Las recetas agronómicas que brindan las empresas que venden y fumigan están pensadas para las condiciones meteorológicas que se dan en la Pampa húmeda”, explica Schmidt: “Pero en el norte hace mucho más calor, el producto se evapora más rápido y en lugar de fumigar 5/10 litros hay que usar 15/20 para la misma extensión, por lo cual el impacto es mayor”.
Darío Pegoraro, presidente de la Administración Provincial del Agua de la provincia del Chaco, reconoce que tienen una grave situación por atender. “Somos conscientes de que el Negro es el más afectado de nuestros ríos y estamos intensificando el monitoreo y el control de los efluentes industriales… contamos con un laboratorio que es modelo en la región”, asegura, en referencia al centro de análisis que ahora posee la provincia.
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Abejas: las primeras víctimas
La ONG Naturaleza de Derechos, cuya meta es la lucha en defensa del medio ambiente desde los despachos judiciales, pudo determinar a partir de sus propios datos y de un estudio de las consultoras Pampa Group e Investigaciones Económicas Sectoriales que en 2018 se utilizaron 525 millones de litros/kilos de agrotóxicos en el país. Esto significa 45 millones más que en 2017 y 160 millones más que en 2014, año en el que CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes que reúne al 80 % de las empresas del sector, brindara los últimos datos oficiales con los que se cuenta.
- Imagen referencial de agricultor fumigando una plantación en México, país en el que se negó la importación de glifosato a finales de noviembre de 2019. Foto: Cortesía Semarnat.
El abogado Fernando Cabaleiro, miembro de Naturaleza de Derechos, no duda en calificar de “ecocida” al agronegocio. “Miles de componentes biológicos están desapareciendo. En Europa entraron en alerta ante el declive de insectos que están observando”, señala en un artículo publicado en junio de 2019. Las abejas, cuyo descenso ha sido notable en los últimos años, parecen ser las primeras víctimas en Argentina. Para tener una idea más clara, entre el 2010 y 2018, según la ONG Naturaleza de Derechos, el número de colmenas de abejas en el país descendió un 44 %, al mismo tiempo que el uso de agroquímicos crecía en un 60.
“Los herbicidas y demás productos agroquímicos matan las abejas. Esto es así, pero para mí es un error conceptual responsabilizar al productor agrícola si eso ocurre”, sentencia sin embargo Pablo Chipulina, productor de miel orgánica y coordinador del Plan Apícola Provincial del Chaco, para explicar a continuación que “existen herramientas tecnológicas para hacer que ambas actividades convivan sin problemas, solo que el Estado debería proveerlas”.
Chipulina, cuyas colmenas se encuentran en el Departamento Güemes, en el norte de la provincia, hace referencia a un sistema de geolocalización de colmenas que los aplicadores de agroquímicos podrían cargar en sus equipos para evitar la fumigación en lugares donde se sepa que hay abejas. Esto habitualmente no sucede, y entonces los daños se dan por partida doble: “Al hecho directo y visible de matar las abejas se suma el indirecto, que es la aparición de residuos de glifosato en la miel”, dice el dirigente apícola.
En todo caso, el panorama futuro en la aplicación de los agroquímicos no parece ser alentador. La Prospectiva Agrícola 2030, elaborada por la Subsecretaría de Agricultura de la Nación y basada en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, prevé para la próxima década un aumento de las tierras destinadas a los cultivos, básicamente de cereales y oleaginosas con el objetivo declarado de incentivar la producción.
- Momento de descanso para la topadora tras el derribo de dos árboles. La imagen un área de bosque nativo desmontada en 2019. Foto: Greenpeace Argentina.
El glifosato, la atrazina, el AMPA, el 2,4D y demás productos, que están prohibidos en buena parte del mundo pero autorizados en Argentina, provocan efectos nocivos en los suelos. Buena parte de estas consecuencias fueron tratadas en profundidad en el primer artículo de esta serie, pero además, en toda la región del Gran Chaco han comenzado a aparecer cada vez con mayor frecuencia malezas resistentes al glifosato. “Esto obligó a aumentar las dosis y a combinar su utilización con otros herbicidas”, señala Ana Álvarez, ingeniera agrónoma e integrante de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF). “Hubo en general un abuso de la tecnología y del uso del glifosato; y por otro lado no se realizó la rotación de cultivos necesaria”, admite Martín Goujón para explicar el origen de dichas malezas.
Rafael Lajmanovich, profesor titular de Ecotoxicología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral, sostiene que “en el mercado agrícola argentino coexisten alrededor de 107 productos cuya interacción se desconoce”.
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Los parques nacionales también sufren
Pastizales, palmerales y bosques de ribera dibujan la fisonomía del Parque Nacional Chaco. En 1954, cuando fue creado, el espacio era una muestra de monte chaqueño que no se diferenciaba demasiado del paisaje que lo rodeaba. 66 años después prácticamente se ha convertido en una isla plantada en el corazón de una zona agrícola.
El río Negro, que atraviesa el parque de punta a punta, apenas si dibuja su cinta de agua: “Muchos años de sequía y las canalizaciones que ha sufrido en su curso superior lo han taponado”, describe Leonardo Juber, actual intendente del Parque Nacional El Impenetrable y con anterioridad guardaparques en el Parque Nacional Chaco. “No tenemos estudios concretos”, afirma, “pero con toda seguridad que arrastra agroquímicos desde más al norte y también recibe los que se utilizan en los alrededores del propio parque”.
La historia en 1 minuto: Áreas protegidas en el Gran Chaco argentino: pocas, aisladas y muy amenazadas. Video: Mongabay Latam.
Algo semejante ocurre en el Parque Nacional Copo. El contexto existente en el año 2000, cuando se decidió su creación, ya era diferente. Ubicado en el ángulo noreste de Santiago del Estero, la deforestación que en esa provincia llevaría a arrasar dos millones de hectáreas en la siguiente década estaba iniciando su aceleración descontrolada. El área es un reducto de bosque semiárido salvado a tiempo, pero igual que el resto de los espacios del Gran Chaco, no puede evitar la contaminación por los agroquímicos esparcidos a su alrededor.
El agua es el capital más escaso del lugar. No hay cursos superficiales, solo algunos reservorios donde se acumula lo que dejan las lluvias del verano. “A partir de 2017 empiezan los desmontes al este del parque”, describe Matías Mastrángelo, doctor en Biología de la Conservación que tiene en Copo el centro de su actividad investigadora. Su relato prolonga la descripción: “La provincia de Chaco recategorizó esas tierras y permitió la tala. Así, entre 2016 y 2018 se deforestaron 50 000 hectáreas formando un arco en dos de las caras del parque que deberían ser zona de amortiguamiento”.
- La vista aérea permite apreciar la espesura del manto boscoso en el Parque Nacional Copo Foto: APN.
El uso de agroquímicos fue el paso siguiente. Peor aún, las pocas precipitaciones que permiten aliviar la sed de la fauna que tiene su hogar en Copo —entre ellas las tres especies de pecaríes, osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla) y los tatús carreta (Priodontes maximus)— es muy probable que también contengan restos de herbicidas. Un estudio efectuado por un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, Glifosato y atrazina en agua de lluvia y suelos en áreas agroproductivas de Argentina, demostró la presencia de glifosato y atrazina en el 80 % de las muestras estudiadas en precipitaciones ocurridas en la llanura chaco-pampeana; y de AMPA en el 34 %.
Según se desprende de la investigación, los compuestos activos de los pesticidas utilizados en la fumigación de los campos se volatilizan en la atmósfera. Allí pueden permanecer durante días o semanas hasta que una lluvia los precipita al suelo. Es la conclusión del estudio.
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Autoridades minimizan la contaminación
La doctora María del Carmen Seveso es médico legista. Trabaja en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña (Chaco), y entre sus muchos títulos y actividades es miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Argentina y de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo. Conoce como pocos las consecuencias que los agroquímicos producen sobre el cuerpo humano. Cuenta que “en 2012 hicimos una investigación en las localidades de Campo Largo, Napenay y Avia Terai. Le preguntábamos a la gente si en los diez años anteriores habían tenido familiares que murieran de cáncer; es decir, no tomábamos en cuenta los pacientes que se habían recuperado o estaban en tratamiento. En Napenay, un 39 % contestó que sí; en Avia Terai, un 31 %; y en Campo Largo, un 29 %”.
Exjefa de terapia intensiva del hospital Perrondo, el principal nosocomio de la provincia, Seveso desgrana todas las alteraciones que el glifosato y demás tóxicos pueden provocar en el organismo, desde abortos a malformaciones congénitas, pasando por inflamaciones intestinales o lesiones neurológicas que en la infancia generan dificultades de aprendizaje. Su síntesis es incluso más drástica: “Estos productos y este modelo de siembra afecta al sistema inmune y, por lo tanto, se encuentra en el origen de todas las enfermedades. No se trata de patologías desconocidas, ya existían, pero ni empezaban a edades tan tempranas, ni tenían evoluciones tan rápidas y negativas”.
A los efectos de los agroquímicos en la salud y el medio ambiente, se suman los efluentes industriales, que terminan de enturbiar las aguas que recorren el Gran Chaco argentino. “En el río Pilcomayo, que marca la frontera con Paraguay, se ha detectado la presencia de metales pesados proveniente de las minas de Bolivia”, indica Mariana Schmidt, quien además afirma que “los derrames de petróleo crudo desde pozos y oleoductos son frecuentes en la cuenca hidrocarburífera del Chaco salteño, la más importante del norte del país, y afectan suelos, flora, fauna, napas subterráneas y ríos”.
Sentados al otro lado del mostrador, Roberto Segnala, geólogo en la Unión Provincial Coordinadora del Agua de Formosa; y Julio Romero, secretario de Recursos Hídricos de Salta minimizan los impactos. “Los metales pesados están arriba, en Bolivia; los niveles medidos en la cuenca baja no son significativos”, asegura Segnala, que atribuye a la disminución del caudal que saliniza el agua la reciente mortandad de sábalos (Prochilodis lineatus), peces que representan el principal recurso alimentario de los habitantes de la costa”.
- El sábalo se reproduce en la cuenca alta del río Pilcomayo en Bolivia y viaja hasta Argentina. Foto: Soraya Barrera.
Romero, por su parte, afirma que, en Salta, “últimamente no hemos tenido derrames que hayan afectado a los ríos en la zona petrolera, pero si aparece alguno es tratado de inmediato con los manejos habituales de esa industria”. El funcionario provincial señala que tampoco hubo denuncias al respecto, aunque Schmidt relativiza el hecho: “Hay denuncias informales que en la mayoría de los casos no toman forma legal por la propia dificultad de campesinos y aborígenes para acceder a los canales de denuncia y participación”. Como ejemplo, en enero de este año un grupo de representantes indígenas elevaron una carta a la ONG Médicos Sin Fronteras en la que informan sobre la contaminación de las napas de agua en sus tierras por derrames petroleros y fumigaciones.
Del arsénico de las napas subterráneas a las toneladas de agroquímicos fumigados desde el aire, pasando por metales y contaminantes de todo tipo, las aguas del Gran Chaco están bajo un ataque constante que pone en peligro su categoría de recurso natural de primera necesidad.
“Vamos a mejorar el sistema de control y sanción: queremos ser más duros para que la gente entre en razones y deje de contaminar”, señala Darío Pegoraro, responsable de la gestión del agua en Chaco. “No podemos negar que se han cometido irresponsabilidades, es de público conocimiento y siempre hay gente que no hace bien las cosas, pero hoy el productor se siente más observado y la mayoría cumple las leyes y las buenas prácticas”, precisa Martín Goujón.
Mariana Schmidt entiende que la clave está en el hecho de que “empiezan a visibilizarse los impactos ambientales y sanitarios del actual modelo productivo, no solo para las poblaciones fumigadas en el campo sino también para las urbanas que consumimos lo que se produce”. Entonces se ilusiona: “Muchas veces los cambios dependen de la movilización social, del accionar colectivo, de las demandas judiciales. Quizás por ese lado se logren leyes nacionales que empiecen a regular lo que está ocurriendo en la Argentina”.
Lea la primera parte del ESPECIAL Crisis del agua y la maldición de los agroquímicos en el Gran Chaco argentino aquí:
*Imagen principal: La fumigación con agroquímicos de los campos de cultivo es parte del sistema productivo en el Chaco argentino. Foto: Daniel Beltrá/Greenpeace.
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