Varios de los expertos consultados para este artículo aseguran que hay dos premisas importantes en el tema de desplazamiento de defensores. La primera es que no es fácil tener cifras pues muchos líderes simplemente huyen y, por temor, no informan. La segunda es que en muchos países las autoridades y ONG de derechos humanos no tienen registros específicos para defensores ambientales.

Juan Carlos Garzón de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en Colombia tiene una hipótesis sobre por qué es tan difícil tener datos representativos de este desplazamiento: “creo que hay una invisibilidad como medida de autoprotección. Mientras que declararte amenazado, y hacerlo público, puede llamar la atención de las autoridades y dejar constancia de que algo está pasando, con el desplazamiento podría ser lo contrario: si lo reportas y tienes visibilidad, hay chance de que haya un seguimiento y finalmente sepan dónde estás”.

A pesar de todo esto, de lo que sí saben algunas organizaciones de derechos humanos es de los impactos que genera el desplazamiento en un defensor. Front Line Defenders le dijo a Mongabay Latam que cuando un líder huye de su territorio es común observar ataques o amenazas contra sus hijos, familias y comunidades; empiezan a asediarlos con interrogatorios y violencia, en un intento para que revelen las nuevas ubicaciones.

A esto se suman los reproches abiertos y la estigmatización social por parte de algunos integrantes de sus propias comunidades debido al abandono del territorio; la inestabilidad económica por la pérdida de sus fuentes de ingresos y alimentos, y la afectación de su seguridad física, ya que no es raro que quienes los amenazan establezcan conexiones para detenerlos en sus rutas de escape.

Colombia: masacres y violencia en aumento

Colombia fue el país más letal para los defensores ambientales en 2019 y aunque no se tienen datos consolidados de cuántos líderes ambientales han sido desplazados, la cifra puede ser enorme dado que, debido a la violencia interna, muchas personas han abandonado forzosamente sus hogares durante décadas.

En 2019, el informe Todo queda atrás: desplazamiento interno en Colombia de Amnistía Internacional indicaba que “la cifra de desplazamientos en Colombia es una de las más elevadas del mundo: entre 3 y 4 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y buscar refugio en otros puntos del país, y se cree que otras 500 000 han huido a los países vecinos”.

Por su parte, Front Line Defenders asegura que “Colombia continúa siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Los defensores campesinos, ambientales e indígenas, que participan activamente en la implementación del proceso de paz  —particularmente aquellos que participan o promueven iniciativas de erradicación voluntaria de cultivos de coca— y / o se oponen a la extracción agresiva de recursos naturales, continúan siendo amenazados, atacados y asesinados con impunidad. Además de enfrentar riesgos inminentes, están viendo cómo sus esquemas de protección se reducen gradualmente o reciben medidas de seguridad deficientes”.

La violencia en el país está recrudeciendo. Desde que empezó la cuarentena por el COVID-19 organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron una fuerte arremetida en las amenazas y asesinatos de líderes sociales e indígenas. A esto se suma una ola de masacres que se intensificó en agosto de este año.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado, entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2020, 213 líderes sociales y de derechos humanos asesinados, el asesinato de 10 familiares de esos líderes y el homicidio de 43 firmantes del Acuerdo de Paz. Además, Indepaz registra 55 masacres entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2020, en las que han muerto 218 personas.

¿Quiénes son los principales agresores de los defensores en Colombia? El tema es más complejo de lo que suele presentarse. Juan Carlos Garzón de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) asegura que, al analizar la información de los casos que las autoridades definen como “esclarecidos”, se observa que la mayoría de agresiones a líderes no siempre son hechas por las organizaciones criminales más grandes o conocidas. “Al mirar el dossier de la Fiscalía vemos que en el 39 % de agresiones se denomina al agresor como particular y el resto se atribuye a organizaciones criminales. Pero lo que llama mucho la atención es que, en ese grupo de organizaciones criminales, la mayoría son locales y después de eso ya aparecen las más conocidas: FARC, ELN, Clan del Golfo, Caparros, etc”.
Adicional a eso, Garzón comenta que es difícil establecer si un asesinato, amenaza o cualquier otra forma de intimidación, está relacionada exclusivamente con la lucha ambiental. “Los líderes tienen varias agendas en su territorio. Hay un término que es muy útil y es la interseccionalidad. Por ejemplo, una líder es mujer, integrante de la junta de acción comunal, defensora del territorio y además denuncia corrupción. En otras palabras, en la mayoría de los casos es difícil relacionar la agresión con una agenda particular”.

Sin embargo, comenta que al mirar todos los casos sí se logra identificar cuáles han sido las agendas más afectadas por las agresiones y los homicidios en Colombia. “Ahí se destacan: personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz; la sustitución de cultivos; la agenda ambiental donde prima la defensa de recursos en los territorios, ya sea el agua o el rechazo de megaproyectos; la restitución de tierras en algunas regiones y, finalmente, la corrupción local”, comenta Garzón.

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México: agresiones en manos del Estado y grupos criminales

México es otro de los países latinoamericanos más letales para los defensores ambientales. Alejandra Leyva Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), asegura que “antes veíamos en los primeros lugares a las amenazas, agresiones físicas y la criminalización. Desde 2017 han aumentado los homicidios en liderazgos ambientales, sociales e indígenas”.

Leyva resalta que en un gran número de ataques los agresores han sido autoridades del estado mexicano, y no tanto las autoridades federales sino las locales y municipales. También están los grupos del crimen organizado y personal de empresas que tienen interés en la explotación de recursos naturales en ciertos territorios. “Además, hemos identificado un gran porcentaje donde no se identifica al agresor de los ataques”, destaca.

De acuerdo con un análisis que Cemda hizo con la información que ha recolectado entre 2012 y 2018, a partir de 2015 aumentaron las agresiones a defensores ambientales, justo después de la aprobación de la reforma del sector energético en México.

Uno de los fenómenos que ha azotado en los últimos años al país es el desplazamiento interno forzado pero este se relaciona no solo a luchas ambientales sino sociales, indígenas, de derechos humanos, entre otras. Según datos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), 8664 personas fueron desplazadas durante 2019 en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas. Las causas de los desplazamientos se asocian principalmente con violencia generada por grupos armados organizados; violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales y, finalmente, con violaciones a derechos humanos.

Tal como sucede en Colombia, en México no hay cifras consolidadas sobre defensores ambientales desplazados. Sin embargo, Leyva asegura que en el Estado de Chihuahua está el mejor ejemplo de que el desplazamiento de defensores ambientales está ocurriendo. Allí, los indígenas rarámuri defienden los bosques de la Sierra Madre, enfrentándose al crimen organizado y a los ganaderos. Esto ha llevado a la muerte de líderes como Julián Carrillo y al desplazamiento de cientos de personas.

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Los rostros del desplazamiento

Sin duda, el desplazamiento de defensores —entre los que se encuentran quienes luchan por el medio ambiente y los recursos naturales— es un tema en el que hay enormes vacíos de información. Es por eso que Mongabay Latam en su especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento reúne seis impactantes historias en Latinoamérica.
Los desplazamientos de Irma Lemus en Honduras, Rossana Mejía en Colombia, Carlos Choc en Guatemala y Juvencio López en Venezuela ocurrieron por su oposición a la minería, una de las actividades que más conflictos genera con las comunidades. Así lo reveló también, en el caso de los asesinatos, el informe de 2019 de Global Witness: ‘Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente’. La organización encontró que el principal sector relacionado con los 224 homicidios del año pasado fue el de la minería y las industrias extractivas. 50 de los asesinatos se dieron en medio de conflictos con estas actividades.

Rossana abandonó su territorio por sus constantes denuncias por la contaminación de las aguas que causa la minería y unas enormes granjas de cerdos y pollos en un complejo industrial cerca de su comunidad. Irma está exiliada en Estados Unidos debido a su oposición a la minería en el parque nacional Carlos Escaleras. Juvencio se opuso al proyecto del Arco Minero del Orinoco y huyó a una comunidad indígena pemón en Brasil y Carlos Choc no ha podido regresar a su tierra pues tiene un proceso penal en su contra por denunciar la contaminación de la minería de níquel en una laguna.

Los proyectos energéticos también suelen estar presentes en algunas amenazas a defensores ambientales. Milena Flórez, en Colombia, tuvo que desplazarse en varias ocasiones debido a las denuncias que hacía en contra del proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) por la afectación a la pesca y la vida en el río Cauca.

Las consecuencias del desplazamiento son desastrosas para los defensores ambientales y sus comunidades. Algunos siguen en el exilio porque tienen procesos judiciales en sus países, otros se han tenido que desplazar en más de una ocasión y otros regresan “clandestinamente”, visitando a su gente pero con un miedo latente de perder la vida y sin posibilidad de asentarse definitivamente en su tierra.

“El desplazamiento implica que un defensor o defensora simplemente no esté en la comunidad que está defendiendo y, por supuesto, eso hace que su trabajo sea más complicado”, asegura Ben Leather de Global Witness y agrega que el efecto de todas las tácticas contra los defensores, desde el desplazamiento, pasando por la criminalización y hasta las amenazas “es el congelamiento de su trabajo y la desviación de sus recursos hacia la protección o autoprotección en lugar de que sean dirigidos a la defensa de sus derechos”.

*Imagen principal: Ilustración de Kipu Visual.

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