- El líder de la etnia pemón lleva más de ocho meses lejos de su casa. Huyó no solo del peligro que representan los mineros para la comunidad y el parque nacional Canaima, sino de la criminalización de la cual es víctima.
- Detrás de él está el aparato gubernamental que lo culpa de un alzamiento militar en el que no participó.
*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.
Desde finales de 2019, Juvencio Gómez vive en una de las carpas que la Organización de Naciones Unidas dispuso para los refugiados en la frontera entre Venezuela y Brasil. “Ya me voy a construir pronto una casa”, comentó optimista quien dejó su vivienda en Kumarakapay, a unos 200 kilómetros de distancia, para vivir en una nueva comunidad indígena que poco se parece a la que dejó atrás.
Hasta allí, a Tarauparu, llegó huyendo porque se supo perseguido: lo vincularon al fallido asalto armado al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, conocido como el Fuerte de Luepa, por la zona en la que está, una fortaleza militar dentro del sector Gran Sabana del Parque Nacional Canaima (declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO), al sur del estado Bolívar de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 22 de diciembre, cuando un grupo de militares e indígenas —que habían prestado servicio militar— se unió para emprender un ataque y apropiarse de un armamento que fue recuperado horas después por efectivos de la Guardia Nacional. Todo formaba parte de la “Operación Aurora”, una sublevación de uniformados contra Nicolás Maduro que dejó un soldado muerto y otro herido, además de 18 detenidos y 15 órdenes de aprehensión. Una de estas es la de Juvencio Gómez, líder indígena de la etnia Pemón-Taurepán, quien lleva décadas en la defensa de su territorio y con una férrea posición en contra de la minería.
Gómez, desde el principio, negó su enlace con lo sucedido en diciembre. Pocas horas después del asalto, fue detenido en un punto de control de tránsito de Santa Elena de Uairén, la capital del municipio Gran Sabana. Allí defendió su inocencia frente a los militares y aclaró que, aunque los jóvenes pemones que habían participado en el asalto solían reunirse en su casa, él no tenía nada que ver con lo que había pasado.
“Ese mismo día yo hablé con el general (Adolfo) Rodríguez de la Guardia Nacional (Comandante de la Zona Nº 62 de ese cuerpo militar). Después me llevaron a Luepa para explicar mi posición. Allí estaban el gobernador (Justo Noguera) y el Jefe de la Zona de Defensa Integral Guayana, Humberto Núñez, y el de la Región Estratégica de Defensa Integral. Estuve cuatro horas conversando y pidiendo que dejaran libre a los muchachos”, comentó Gómez en una entrevista con Mongabay Latam y Runrun.es. Al final del día, los uniformados lo liberaron.
Pero la calma duró poco. El 28 de diciembre unos militares le confirmaron lo que había comenzado como un rumor: un tribunal militar había ordenado su detención. Debía escapar si no quería caer preso, porque lo señalaban como planificador. A los pemones ya capturados los acusaron semanas después por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación.
Gómez salió ese mismo día de Kumarakapay por la Troncal 10, la carretera que conecta a Venezuela con Brasil, con rumbo a Santa Elena de Uairén. De allí tomó una trocha de más de cien kilómetros hasta Ikabarú, en el límite con Brasil. Así cruzó la frontera hasta arribar a Tarauparú, la misma comunidad indígena pemón-taurepán de donde proviene su padre.
Gómez tenía a donde llegar. En esa comunidad viven varios de sus familiares y por eso no le era totalmente ajena. Días después de instalarse, arribaron su esposa y sus cuatro hijos (de 21, 19, 8 y 5 años de edad). Hoy, a ocho meses de haber abandonado Kumarakapay y sin posibilidad de regresar a su hogar en un futuro cercano, ya se ha hecho a la idea de quedarse en Brasil durante más tiempo del que esperaba. Sabe que atrás quedó su casa, parte de su familia y amigos, aquel conuco o parcela donde sembraba plátanos y las 50 reses que tenía y que su suegra cuida en su ausencia.
¿En qué momento se convirtió Juvencio Gómez en un obstáculo para el gobierno? ¿Qué tiene que ver el Arco minero del Orinoco y la defensa del parque Canaima con su desplazamiento? Mongabay Latam y Runrun.es contactaron al líder indígena pemón en Tarauparú y desde allí reconstruyeron la serie de eventos que lo llevaron a este exilio no deseado. Para este reportaje se contactó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General Militar a fin de buscar su versión sobre la persecución contra Gómez y la etnia pemón, pero no se obtuvo respuesta.
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De la lucha a las amenazas
La historia de Juvencio Gómez en la defensa de su territorio se remonta al siglo pasado. Era un veinteañero cuando fue elegido capitán de Kumarakapay y sucedió a su padre en el cargo en el que había permanecido por seis años. Aunque al principio no estaba convencido, tomó el mando en 1994 y allí estuvo hasta 2002. Fue en ese período cuando se enroló en la lucha en contra de dos proyectos que para los pemones atentaban contra sus derechos y territorios: Turisur y el tendido eléctrico sobre la Gran Sabana.
La construcción del Complejo Hotelero Empresa Nacional de Turismo del Sur (Turisur) era un ambicioso proyecto privado que se instalaría en la entrada norte de la Gran Sabana y que amenazaba con convertir la puerta de ingreso al parque nacional en un resort de lujo. A los propietarios les habían otorgado los permisos a través de Inparques, pero nunca se consultó a los indígenas. Gómez, junto a líderes como Silviano Castro y Alexis Romero, encabezó las manifestaciones que los pemones hicieron en Ciudad Bolívar y Caracas. Finalmente, el Ministerio del Ambiente detuvo el proyecto en octubre de 1996 tras determinar que la edificación violaba el Plan de Zonificación de Canaima.
La pelea contra la instalación del tendido eléctrico no tuvo el mismo resultado. Tras la elección de Hugo Chávez, quien promocionaba una agenda en pro de los derechos indígenas, y en medio de trancas y protestas, el proyecto se convirtió en un hecho.
Gómez continuó como líder de su comunidad hasta que fue elegido presidente de la Federación Indígena de Bolívar, una posición que ocupó hasta 2003. De allí salió con la mira puesta en el Consejo Legislativo, que integró hasta 2008. El poder y los intereses dentro de la política del gobierno chavista lo desilusionaron.
“Para mí era un avance ese reconocimiento, pero después fue solamente retórica, discurso. Me di cuenta de eso estando en el consejo legislativo”, confesó.
Tras terminar su período, Gómez regresó a su comunidad y así volvió a sus orígenes: nuevamente fue capitán de Kumarakapay hasta 2014. Ideológicamente, se mantuvo en la oposición al gobierno, una postura que le ganó varios enemigos.
Ya para aquel momento, comenzaron las preocupaciones de algunos líderes indígenas sobre la minería en la zona. Gómez asegura que en la Gran Sabana se practicaba a una escala muy pequeña. Pero lo que realmente le inquietaba era el alcance que tendría el decreto del Arco Minero del Orinoco, ideado por Chávez y dictado por Nicolás Maduro, que declaró casi 112 mil kilómetros cuadrados en el estado Bolívar como aptas para la exploración y explotación de múltiples minerales, incluyendo el oro.
“Es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afecta tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, destaca la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo.
El parque nacional tiene una importancia crucial por las cuencas hidrológicas que lo surcan. Está ubicado en la cuenca alta y media del río Caroní y toca parte de las cuencas del Cuyuní (Sierra de Lema) y del Mazaruni (Kamorián y sus afluentes). “Estas aguas, además de ser la materia primordial para la generación de Guri y Macagua (embalses que generan más de 70 % de la energía eléctrica que sostiene a Venezuela), son utilizadas para el consumo humano y son el hábitat de peces, mamíferos, reptiles y aves. En esta área protegida han sido reportadas 52 especies de peces de las cuales 14 son especies endémicas”, recalca Novo.
La bióloga recuerda, además, que Canaima cumple con los cuatro criterios de selección establecidos por UNESCO en la Convención sobre Protección de Patrimonio Mundial: “es una muestra relevante que representa las mayores etapas de la historia de la evolución de la tierra; es un ejemplo sobresaliente que representa significativos procesos geológicos y biológicos actuales en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres y acuáticos y de comunidades de plantas y animales; contiene fenómenos naturales raros o únicos, así como formaciones y áreas de excepcional belleza (como los Tepuyes), y es hábitat en donde sobreviven poblaciones de especies de plantas y animales raros o en peligro de extinción, además de poblaciones indígenas”.
A pesar de estos argumentos, la minería ilegal y la devastación de la zona continuó.
Arco Minero: el comienzo de una pesadilla
“Yo nunca he estado de acuerdo con el Arco Minero del Orinoco… Siempre pensé que si la minería artesanal había destruido el ambiente, cómo sería un proyecto autorizado por el gobierno. Quienes lo defienden dicen que es minería ecológica. Pero eso es mentira, no creo eso”, afirma Gómez.
El antiguo capitán de Kumarakapay relató que en las reuniones indígenas, las autoridades comunitarias sí estaban a favor del Arco Minero porque apoyaban al gobierno y estaban ganados a respaldar cualquier iniciativa del Ejecutivo. Fue en esas asambleas en las que comenzó a exponer su posición contraria a la explotación de minerales.
“Ellos contaban a quienes tenían en contra del proyecto. En Kumarakapay no se hicieron manifestaciones para frenar la minería, pero sí se debatía siempre en las asambleas”, dice. Los primeros señalamientos en su contra surgieron en estas reuniones.
De esas rencillas da cuenta Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), quien durante sus visitas a la Gran Sabana pudo ver cómo la política enfrenta a los pemones. Mientras los pro oficialistas aceptan todo lo que se ordena desde el gobierno, los opositores se resisten a cumplir con medidas como, por ejemplo, el pago en “gramas” de oro para los traslados en avionetas de sus alimentos. Los roces, precisa, han alejado a comunidades y a miembros de una misma familia.
Para sobrevivir, Gómez siempre se dedicó a la educación y a la actividad turística de la Gran Sabana. Pero sabía que varios pemones se decantaban por la minería y, para eso, iban a Imataca o a Ikabarú, en los límites del parque nacional.
“Algunos hermanos que vivían de la minería nos cuestionaban por eso, porque nos dedicábamos al turismo y no necesitábamos la mina. Yo mantenía mi posición pese a las críticas. En Kumarakapay no se veía la minería y por eso nos cuestionaban. ‘No se metan en ese asunto’, nos decían”, precisa.
La minería se ha expandido tanto por el parque nacional que organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco han registrado que más de 1000 hectáreas de este Patrimonio Natural de la Humanidad han sido destruidas por la práctica extractivista. Tan solo entre 2018 y 2020, los 33 sectores mineros que habían sido identificados por SOS Orinoco pasaron a 59. Es decir, en solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro de Canaima creció 78 %.
“Teniendo en cuenta la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones extractivistas”, dijo SOS Orinoco en un comunicado emitido en junio pasado.
La misma institución apuntó que la fiebre del oro ha sido promovida por la administración de Nicolás Maduro a través del Arco Minero del Orinoco.
“Esta es la ‘marca’ de una política de apertura total a la minería, pero que tiene como ambición principal el oro, el coltán y cualquier otro mineral que pueda ser fácilmente traficado”, y que busca ampliar el ámbito de operación hasta “abarcar todo el sur del Orinoco más allá de las zonas que muestran los mapas oficiales, como es el caso del Parque Nacional Canaima”, señala la organización.
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) explica que las imágenes satelitales de Canaima previas a la instauración del Arco Minero comprueban que la actividad extractivista se intensificó luego de este. “Hubo evaluaciones que se hicieron entre 2007 y 2008 en las que la minería aparecía como una amenaza al parque, pero era algo muy puntual”, señala.
La bióloga menciona iniciativas gubernamentales como la Misión Piar, que desde 2011 se orientó a dotar de maquinaria a la pequeña minería de los pueblos que están al norte del parque. Ese movimiento de equipos se hizo todavía mayor con el Arco Minero.
“El Arco Minero coincide con la escalada de la crisis humanitaria que azota al país. Entonces, tienes una conjunción de cosas. Están estas misiones, como la Misión Piar, donde empezaron a darle motobombas a la gente y, mientras haces eso, el país se está viniendo abajo”, añade la especialista, que sumó al problema el abandono de los conucos por parte de comunidades que habían estado volcadas al turismo durante los últimos años y que ahora, con la caída del flujo de viajeros, no pueden sustentarse.
En Canaima, la minería utiliza diversas técnicas para extraer el oro y en todas se emplea el mercurio. Mientras que la minería aluvial se practica en las “bullas” o pequeños yacimientos, en los ríos se usan las “balsas mineras”, que arrasan con el lecho de los ríos del parque.
Morón indica que los indígenas desconocen los efectos de la actividad minera sobre la salud y que los mecanismos para controlar la exposición al mercurio son inexistentes. “Desde el punto de vista ambiental, es un desastre. A donde consiguen la ‘bulla’, se van y, como las hormigas, dejan el rastro de lo que hicieron (…) Se ven a lo largo de los caminos pequeños cráteres con agua azul que están cerca de morichales, en el tope de las lomas en la sabana y están desperdigadas por todos lados. Entonces, no hay un cierre de mina y todos esos químicos que están en los pozos van percolando y pueden afectar a los morichales o riachuelos que están al lado (…) No ven el efecto a largo plazo ni la distancia a la que pueden ir esos contaminantes a través de los ríos”, refiere Morón.
Juvencio Gómez insiste en que el extractivismo en la Gran Sabana está motivado por la necesidad. “En el Parque Nacional Canaima, con grandes potencialidades recreativas y turísticas, se pueden desarrollar y fomentar otras actividades económicas sin necesidad de explotar la mina”, indica. Pero de inmediato aclara que en su territorio se acabaron las garantías para desarrollar esas otras actividades y por eso, la explotación minera se impuso. “Ahora más, porque el gobierno la fomenta. Hay muchos involucrados en la cuestión de la minería”, denuncia.
“Un importante número de pueblos y comunidades indígenas se han opuesto a la destrucción producida por la creciente invasión de la minería de depredación en sus territorios. Sobre eso hay una cantidad importante de declaraciones, denuncias y pronunciamientos por parte de organizaciones indígenas Ye’Kwana, Hottuja, Pemón, y Yanomami, entre otros. Estas voces críticas han sido debilitadas principalmente a través del hostigamiento, amenazas, cooptación de sus organizaciones y desarticulación entre las mismas (…) Estas últimas situaciones aceleradas por las profundas distorsiones que genera la economía minera”, señala Alejandro Álvarez Iragorri, defensor de derechos ambientales y coordinador general de la ONG Clima21.
Al experto le preocupa que la violencia sobre las comunidades indígenas haya generado, “además de muerte, encarcelamiento, tortura y daños sobre personas, un progresivo proceso de ruptura del tejido social, aculturación, enfrentamientos internos y desconocimiento de los modos de organización tradicional de cada uno de los pueblos indígenas”. De esa manera, explica, se destruye su identidad y modos de ser. “A largo plazo estas situaciones, en conjunto con el resto de los daños generados por la minería, pueden llevar a un etnocidio”, concluye.
Para Juvencio Gómez, lo que pasó en Kumarakapay —donde 3 pemones murieron y 14 fueron baleados, tras apoyar el ingreso de cargamentos de ayuda humanitaria a través de la frontera— ha sido un punto de fricción política para el gobierno y por eso han aplicado una “presión psicológica” contra el pueblo, que van desde la masacre hasta la presencia constante de militares en la zona.
Diez meses después de esta masacre, Gómez saldría de su pueblo para evitar que lo apresaran al relacionarlo con el alzamiento militar de Luepa.
Aunque las mafias y bandas armadas del Arco Minero del Orinoco todavía no controlan los yacimientos del parque nacional, la violencia en la zona ha aumentado. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen choques constantes con los pemones. Tras la masacre de Kumarakapay, ocurrió en noviembre la de Ikabarú, un enclave minero en los límites del parque en donde mataron a ocho personas vinculadas con la actividad extractivista. Un mes después, sucedió la “Operación Aurora” que provocó la huida de Gómez.
Los ataques no han parado. El pasado 27 de julio, la Guardia Nacional irrumpió en la comunidad de San Antonio del Morichal, en la frontera con Brasil, para amedrentar a los pemones que denunciaban estar aislados en medio de la “cuarentena radical” impuesta por el gobierno a raíz de la pandemia.
Esta violencia es la que obligó al líder indígena pemón a desplazarse con su familia a cientos de kilómetros de su comunidad y la que lo mantiene en el exilio.
La esperanza en una casa de madera
En esa nueva vida que se forja lejos de su tierra, Juvencio Gómez tiene una pequeña siembra de yuca y plátano, y ha empezado a beneficiarse de algunas políticas del Estado brasileño que le han aportado tarjetas para comprar alimentos, educación gratuita para los niños, e incluso unas piezas de madera que le servirán para construir la vivienda que tanto desea levantar.
“Pronto vamos a hacer una casa de madera con unas tablas que nos dieron y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA, organización humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día) nos dio 60 tejas. Vamos a inventar cómo ampliarla y conseguir más madera. Además, aquí la tierra es buena para sembrar”, asegura.
A pesar de haber tenido que dejarlo todo, está agradecido de haber salido de la comunidad. “Estábamos pasando mucha necesidad. Aquí al menos se consigue comida en Pacaraima y a bajo costo. Allá está muy dura la situación, no hay combustible (…) Aquí nos han apoyado mucho”, apunta.
Aunque la pandemia ha hecho que todo se paralice, sus hijos menores han continuado estudiando dentro de la comunidad, a donde les envían los materiales que necesitan para su educación y cada 15 días entregan sus deberes. En julio pasado, les instalaron internet inalámbrico para ayudarlos con las tareas. A Gómez, que fue docente, le han ofrecido la posibilidad de dar clases en Brasil, lo mismo que a su esposa. Pero ambos necesitan que les traduzcan sus documentos que se quedaron en Kumarakapay para que les puedan homologar sus estudios. Su segundo hijo cursa actualmente una nivelación para que le reconozcan su bachillerato.
Aunque no se hizo una prueba, Gómez está seguro de que sufrió de COVID-19 en mayo pasado: estuvo dos semanas con dolor de cabeza, fiebre y con pérdida absoluta del gusto y el olfato. Para combatirlo, se bañaba con hojas de plantas, tomaba té con limón y antigripales. Un primo suyo, de 70 años y residente de Tarauparu, no corrió con la misma suerte. Lo mató el virus tras un cuadro que se complicó porque padecía de diabetes.
Gómez sabe que volverá a Kumarakapay y por eso intenta ver el vaso medio lleno pese a las circunstancias. “Uno extraña sus cosas: mi cama, mi cocina, mi televisor, las comodidades de la casa, pero nos hemos adaptado (…) Cuando uno sale de su comunidad motivado por cualquier presión no es nada agradable, uno lo hace por su seguridad. Es triste dejar tu sitio, tu casa, la familia (…) Pero cuando quieres conservar tu vida, tu libertad, lo tienes que hacer con la esperanza de volver a tu casa cuando termine todo”, añade.
Asegura que la religión le ha dado fuerzas para seguir de pie. “Él no nos va a abandonar. Creo que estamos aquí por la voluntad de Él (…) y cuando tenga que regresar lo haremos por la voluntad de Él. Cuando se presente el momento, vuelvo, porque de que regresamos, vamos a regresar”, pronunció completamente convencido el antiguo capitán de Kumarakapay.
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Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en Colombia, México, Honduras, Guatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso.
Imagen principal: La mina de Campo Carrao, en el Sector Occidental del Parque Nacional Canaima. Crédito: SOS Orinoco.
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