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Una mujer del norte del Cauca

 

Rossana Mejía Caicedo tiene trenzado el cabello y la piel negra. Habla con unas pausas rítmicas, tranquila, acentuando el final de cada oración. Nació el 28 de marzo de 1974 en la vereda Santa Rosa del municipio de Caloto, Cauca, un departamento de la región Pacífico de Colombia que hoy encierra el número más alto de asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la Defensoría del Pueblo, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 29 de junio de 2020, en el Cauca han sido asesinados 123 líderes y lideresas sociales.

Rossana integra la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) que reúne a 43 consejos comunitarios de 10 municipios. Desde ahí lucha por la defensa étnico-territorial y hace oposición a proyectos que afecten su territorio, como la construcción de una vía de doble calzada en el norte del Cauca sin la consulta previa a las comunidades. Desde 2015 es la consejera de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Cultural de la Aconc, y desde el 2020, figura como la consejera mayor. En otras palabras, es la vocera política de la organización y además de cumplir con funciones administrativas, es responsable de guiar a los consejos comunitarios e impulsar acciones para el bienestar de la comunidad.

Aunque lleva muchos años haciendo oposición a las actividades que afectan su territorio, el activismo de Rossana Mejía inició formalmente en 2013, cuando se unió al Consejo Comunitario Yarumito.

Municipios del norte del Cauca en los que la Aconc tiene presencia. Elaboración propia.
Municipios del norte del Cauca en los que la Aconc tiene presencia. Elaboración propia.

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Entre parques industriales y monocultivos

 

El liderazgo ambiental de Mejía tomó fuerza a partir de las afectaciones que ha ocasionado el inmenso parque industrial que se asentó en los territorios del norte del Cauca. Así lo recuerda Francisco Lucumí, miembro del consejo mayor de la Aconc, quien por varios años fue representante legal del Consejo Comunitario Severo Mulato del municipio de Padilla.

El parque industrial del norte del Cauca nació después de que el 6 de junio de 1994 ocurriera el terremoto y posterior avalancha del río Páez, que dejó más de mil muertos y provocó el desplazamiento masivo de muchas comunidades afro e indígenas. Buscando subsanar el desempleo y estimular el crecimiento económico de la región, el Congreso aprobó la Ley Páez, estableciendo exenciones tributarias para empresas que se instalaran en el territorio.

“Ella ha luchado mucho por la contaminación ambiental que generan empresas en Caloto y en Guachené, especialmente las empresas avícolas y porcícolas. También se ha estado luchando mucho por la contaminación del medio ambiente por la quema de caña. Otras luchas fuertes son la contaminación de los ríos por la minería ilegal — por no gestarse con la consulta previa de las comunidades negras— que están ejerciendo algunas personas a las que el gobierno les ha dado licencias y han afectado el ambiente”, relata Lucumí.

Las empresas del sector porcícola y avícola son las que, de acuerdo con Rossana Mejía, están generando mayores afectaciones ambientales en el territorio. Según el Diagnóstico sobre agua potable y saneamiento integral rural sobre el municipio de Caloto, realizado por el Proyecto ASIR SABA —una iniciativa de la Embajada de Suiza y los gobiernos locales y nacional— entre 2015 y 2016, existieron “veredas como La Arrobleda, Guásimo, Crucero de Gualí y Bodega Arriba afectadas por los olores generados por las granjas avícolas y porcícolas establecidas en zonas aledañas”. A renglón seguido se lee que “las veredas San Nicolás y Santa Rosa se ven afectadas por el dióxido de azufre presente en el aire producido por la planta productora de ácido sulfúrico allí establecida”. El contacto del dióxido de azufre con ambientes húmedos produce lluvia ácida, además de ser un gas irritante y tóxico para los seres humanos, causante de afectaciones respiratorias.

Además de estas afectaciones ambientales, se suma la de los monocultivos de caña de azúcar en la región. El documento expone que el principal contaminante del agua es la materia orgánica y otros elementos contaminantes que terminan en los ríos del municipio de Caloto, entre esos el río La Quebrada.

Mejía lleva años denunciando la contaminación de La Quebrada, los vertimientos que se esparcen sobre las riberas de los ríos y los gases que expiden las actividades avícolas y porcícolas. Asegura que no se le hace un fuerte control.

En la vía que va del municipio de Caloto a Villa Rica, conocido en el territorio como la vía de ‘La Y’, se asientan varias empresas avícolas y porcícolas, entre estas están, recuerda la lideresa, Incubadoras Santander o Huevos Kikes.

“Esa contaminación del amoniaco que sale de esa pollinaza mantiene a este corredor vial infestado de mal olor y de moscas. Más arriba —en la vereda El Guasimo— está Cervalle, que tiene 9800 cerdos, en medio de una comunidad de 800 personas, o sea, hay más cerdos que personas. Imaginarán el olor y la proliferación de moscas. Y la mala disposición de las heces fecales de estos animales, que se rebozan en épocas de lluvia, se rebozan las lagunas de oxidación que tienen y sufre consecuencias en la comunidad que está alrededor de ellos”, denuncia la lideresa comunitaria.

Axel Rojas, profesor del departamento de antropología de la Universidad del Cauca, explica que las avícolas empezaron a comprar varias tierras para realizar sus labores industriales y que el volumen de la actividad ha tenido incidencia directa en el medio ambiente.

“La gran factoría para la producción de huevos ha generado varios problemas, uno fundamental que tiene que ver con la contaminación muy fuerte del aire. Usted llega a la Arrobleda e inmediatamente siente el olor malsano producido por la pollinaza de la gran cantidad de animales que están allí encerrados. Y a medida que ha venido creciendo la industria, no solamente ha venido comprando tierras en el área circundante, sino que ha ido generando un gran consumo de agua que es escasa en la región”.

Luis Alfredo Lodoño, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca y magíster en desarrollo rural y agronomía, refuerza estos dos puntos mencionados por Rojas.

Adicionalmente, plantea que las condiciones de hacinamiento y la mortalidad en estos procesos de producción avícola y porcícola generan grandes efectos negativos como la fácil propagación de virus y bacterias, al mismo tiempo que propicia unas condiciones precarias de higiene que demandan sustancias de desinfección que aportan más a la huella ecológica.

Ante las denuncias de Rossana Mejía sobre el poco control a las empresas, Yesid González Duque, director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) —autoridad ambiental en la región—, explica que han atendido denuncias de la comunidad que relacionan a las empresas avícolas y porcícolas, así como a otras con presencia en el sector. El funcionario señala que se logró, junto con la comunidad, el fortalecimiento de los procesos de solicitud para que las empresas implementen acciones dentro del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos.

González añade que la Granja Egipto de Huevos Kikes y la Piscícola Arrayanes de Cervalle son monitoreadas por la CRC y que con la avícola desarrollan un plan de seguimiento para vertimientos y manejo de residuos sólidos. El funcionario también señaló que la entidad hace seguimiento al cumplimiento de una sentencia que obliga a Cervalle a construir un plan de reducción de impactos por olores ofensivos y que la Granja Arrayanes cuenta con un permiso de vertimientos líquidos a la que se le hace seguimiento permanente. (Ver la respuesta completa de la CRC).

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a Juan Carlos Moreno Uribe, gerente regional para suroccidente de Incubadora Santander S.A., dueña de la marca Huevos Kikes, quien negó los señalamientos que se hacen en contra de la empresa y aseguró que lo toman por sorpresa. “No es lo que hemos hablado ni con las comunidades vecinas, ni con la autoridad ambiental que constantemente viene haciendo monitoreos y visitas, no hemos recibido quejas actuales, venimos trabajando muy de la mano con las alcaldías de Caloto, Villa Rica y Guachené”, señala el empresario.

Moreno agrega que Huevos Kikes adelanta mesas de negociación y trabaja con el Consejo Comunitario Centro Caloto Pandao, que reúne a las veredas Arrobleda Santander, Arrobleda Caloto, Ciénaga Honda, Bodega Arriba, San Jacinto, La Dominga, La Quebrada y Crucero de Gualí, de los municipios Santander de Quilichao, Caloto y Guachené. Además, afirma que la relación de la empresa con la comunidad ha sido “respetuosa, coherente y armónica”.

También se buscó obtener la versión de Cervalle, se escribió una solicitud al contacto que aparece en su página web y se intentó comunicación telefónica para conocer su opinión sobre las denuncias, pero no se obtuvo respuesta.

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Abandonar el territorio

 

Rossana Mejía no deja de decir que son muchas las afectaciones ambientales en su territorio. Le preocupa la contaminación de las aguas, pues su comunidad obtiene su sustento de la pesca y, según dice, una parte de la comunidad de El Guásimo necesita del agua del río La Quebrada para su consumo.

Su activismo ambiental no ha parado, e incluso se fortaleció con la llamada ‘Marcha de Turbantes’ de las mujeres del norte del Cauca, a finales del 2014, que vinculó a las comunidades negras al activismo ambiental contra la minería ilegal —una práctica que junto al narcotráfico representan las economías ilícitas en disputa por los actores armados en la región— . Las mujeres le exigieron al Gobierno la retractación de los títulos mineros de gran escala que había otorgado sin la consulta previa a las comunidades.

“Con la movilización de mujeres, cuando se fueron caminando hasta Bogotá (cerca de 550 km), muchos de nosotros creíamos imposible que ellas lo fueran a lograr, pero allá llegaron gritando y con las manos fuertemente alzadas diciendo ‘acá las mujeres negras del norte del Cauca estamos presentes’”, recuerda Alfredo Bonilla, representante de la Unidad Jurídica de la Aconc y representante legal del Consejo Comunitario Yarumito.

Pero toda esa visibilidad en Colombia tiene consecuencias. La defensora tuvo que salir del territorio a finales de 2017 por las constantes amenazas contra su vida.

En ese entonces, la lideresa presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y acudió ante la Unidad de Víctimas. Tiempo después el caso fue remitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le brindó medidas de seguridad solo hasta un año después de haberse desplazado.

El Gobierno le brindó un auxilio de reubicación por un lapso de tres meses. Sin embargo, el apoyo económico solo alcanzaba para cubrir el arriendo. También le asignaron dos hombres de protección, un botón de pánico y un chaleco blindado. “Yo soy XXXL y me dieron un chaleco L. Eso no me quedaba bueno por ninguna parte. Estuvo mucho tiempo guardado en un armario”, dice. Como anécdota, recuerda que en uno de sus viajes a Bogotá se reunió con un alto funcionario de la UNP y le dijo: “‘mano, míreme el tamaño y la cosa que me han dado’. Él nos hizo todo el trámite para que días después nos hiciesen el cambio de ese chaleco”.

Incluso, un año después de su desplazamiento los problemas continuaron. Rossana Mejía se confrontaba con un hacendado que había llegado a la región. La lideresa dice que eran disputas de linderos y por una desviación del acueducto comunitario de la comunidad de Santa Rosa. Según un comunicado de la Aconc de agosto de 2018, el hacendado había amenazado a Mejía y a la asociación dos años atrás. Sin embargo, no se ha podido probar la vinculación de esta persona con el mensaje, el panfleto o la llamada amenazante que recibió la lideresa.

“Lo que más dolor me dio fue que yo salgo en noviembre y en diciembre de ese mismo año entra una empresa auspiciada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos —encargada de regular y administrar los recursos de hidrocarburos del país— al norte del Cauca a hacer exploración con sísmica. Desde donde yo estaba decía ‘¿a quién le estorbaba yo en el territorio?, ¿al hacendado, a las empresas que están contaminando, a la minería o a quienes venían a hacer la exploración con sísmica en mi territorio?’”.

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Refugiada en Europa

 

Después de su desplazamiento a Cali, en 2017, Rossana continuó recibiendo amenazas. “A pesar de que ya estábamos afuera, no concebimos que un líder social tenga que salir de su territorio y abandonar a su gente. Me sentía inferior al mandato que las comunidades me habían dado al quedarme en una ciudad escondida, cuando la gente que había depositado su confianza en mí seguía estando en medio de las situaciones difíciles en territorio”, relata.

El 5 de diciembre de 2018, la Aconc volvió a ser blanco de intimidaciones. Esta vez les dijeron que iban a atentar contra sus vidas con un artefacto explosivo. “Como no estamos cooperando con la causa [la actividad minera e industrial], no se nos  haga raro que la oficina reciba un bombazo”, le dijo un desconocido a un miembro de la asociación.

Ante el riesgo que corrían, la ONG Emigrados sin Fronteras intercedió para llevarse a uno de los líderes de la Aconc a un programa de acogida temporal en España durante cinco meses. Por la carga laboral y el proceso de desplazamiento por el que Rossana Mejía y sus hijos estaban pasando, la Aconc decidió que fuera ella. La lideresa partió el 24 de febrero de 2019, pero no pudo llevar a sus hijos.

“Muy duro. No solamente por mis hijos sino por la unidad familiar que tenemos, la cercanía con mis hermanos, algunos vecinos y compañeros de la organización que dejan de ser compañeros y se convierten en hermanos. En España no me dejaron sola en los momentos más difíciles, pero uno extraña a esos seres queridos. Me confortaba poder comunicarme con la organización y con mis hijos por videollamada”, cuenta la lideresa.

Emigrados sin Fronteras realizó una evaluación de riesgo antes de que Rossana Mejía regresara a Colombia y luego hizo seguimiento a su situación y a la de Aconc, a raíz del atentado que recibieron el 4 de mayo de 2019 y en el que se encontraba también la lideresa ambiental Francia Márquez. Esto sucedió en un contexto generalizado de amenazas a las organizaciones sociales por la minga indígena que se dio en Cauca en marzo y abril de ese año.

Con su regreso al país, el 1 de julio de ese año, Emigrados sin Frontera analizó nuevamente el riesgo y trasladó a sus hijos. Estuvieron en lugares diferentes durante dos meses antes de reencontrarse. Ahora viven juntos en un lugar que permanece reservado por cuestiones de seguridad.

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Deseos de vivir en el Cauca

 

Rossana Mejía ya está en Colombia pero no ha podido volver definitivamente a su comunidad. La tranquilidad de recorrer el territorio ya no forma parte de su vida. Los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que aún mantiene, la han alejado, en cierta medida, de su gente y no termina de acostumbrarse a ir a un supermercado a comprar la comida, cuando estaba acostumbrada a cultivar sus alimentos. Y ni hablar de lo que ese cambio significa para su economía.

“Lo que más extraño es el contacto con mi comunidad, con mi gente, con los mayores. Escuchar sus consejos sabios, reunirme con mis amigos, ir a un río a bañarme libremente, sin tener que andar escoltada. Añoro un atardecer en el norte del Cauca. Añoro una olla de sancocho [plato típico colombiano] en el patio donde mi ‘viejo’ [padre]”, comenta.

El joven consejero de Yarumito, Alfredo Bonilla, asegura que el desplazamiento de Rossana significó mucho para la comunidad de Santa Rosa, pues fue el quebranto de una lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades negras.

“A pesar de que la consejera [Rossana] ya no está en territorio, nos acompaña desde afuera. Hay unas voces que dicen ‘hay que continuar la lucha que ella emprendió y que nos dejó avanzada’, pero no hay una persona que quiera asumirla por lo que eso conlleva”, relata Bonilla.

El peligro para Mejía y los líderes del norte del Cauca continúa y también persisten las problemáticas ambientales. A pesar de la llegada del coronavirus a los territorios negros, eso no significó la suspensión del trabajo de los líderes y de la Aconc. La asociación desplegó 37 puntos de pedagogía y de desinfección y hace control territorial para que no entren personas ajenas a la la comunidad y así prevenir el contagio. Hasta el 21 de septiembre de este año, y según los datos del Ministerio de Salud colombiano, el departamento registraba 8340 casos confirmados de COVID-19 y el 55,44 % del territorio se mantiene libre o con afectación baja o moderada del virus.

La lideresa caucana dedica buena parte de su tiempo a llevar elementos de aseo o alimentos, visitar los puestos de control de los consejos comunitarios y verificar la situación de sus comunidades. Pero todo lo hace con extrema cautela, Rossana Mejía no puede desplazarse libremente por los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, hay algunos lugares vetados por el nivel de riesgo. Sin embargo, lidia con la situación y se niega a dejar de recorrer el norte del Cauca. “En el cargo que tengo yo, no puedo descuidar a mi gente”, dice.

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Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en Colombia, México, Honduras, Guatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso. Conozca todas las historias de este especial en este desplegable:

*Imagen principal: Rossana Mejía. Foto: La Paz en el Terreno.

 

Artículo publicado por antonio
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