- En un nuevo acto en contra de las organizaciones no gubernamentales, Andrés Manuel López Obrador las acusó de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras para echar abajo el llamado Tren Maya.
- Las organizaciones, que desde hace décadas trabajan en la Península de Yucatán, exigen al Presidente de la República una disculpa pública y el respeto al trabajo que realizan los defensores de derechos humanos.
El llamado Tren Maya, el megaproyecto que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Península de Yucatán, no solo acumula amparos en su contra y señalamientos sobre irregularidades en su ejecución. Ahora, es el detonador de una serie de descalificaciones realizadas desde la presidencia de la República en contra de las organizaciones de la sociedad civil.
El pasado 28 de agosto, en una conferencia matutina en el estado de Tamaulipas, el presidente López Obrador intentó deslegitimar a organizaciones no gubernamentales que han denunciado las irregularidades del Tren Maya o que han presentado recursos legales en contra de esta obra, así como a medios de comunicación por recibir “dinero extranjero”, donativos de fundaciones para hacer imposible la ejecución del Tren Maya.
En esa misma conferencia, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, destacó que la oposición al Tren Maya se da con productos periodísticos y académicos, pero también con juicios para impedir que el proyecto se lleve a cabo.
La reacción de la comunidad ambientalista y pro derechos humanos en México ha pasado del pasmo a la indignación. El 31 de agosto, en una conferencia de prensa virtual y un comunicado, representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, respondieron a las descalificaciones y exigieron disculpas al mandatario como primera acción para un diálogo que hasta hoy ha sido imposible.
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Datos fuera de contexto
“Este tipo de reacciones no son nuevas para nosotros; debo decir que en otros lugares de América Latina, sean regímenes de derecha o de izquierda, se han debido enfrentar este tipo de acciones de descalificar al mensajero, es casi una táctica de libro que siguen gobiernos autoritarios y debemos permanecer alertas, porque intentan disuadir a las organizaciones de hacer su trabajo”, advirtió la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (dplf.org), la peruana Katya Salazar.
En un documento que la presidencia de México presentó el 28 de agosto, pero que días antes había sido filtrado a algunos medios de comunicación del sureste del país, se señala que las organizaciones no gubernamentales han recibido más de 14 millones de dólares de fondos.
Sin embargo, se trata de recursos que las organizaciones comenzaron a recibir en 2006, es decir, a lo largo de 15 años, y que se destinaron en gran parte al trabajo legal y de promoción de derechos individuales, económicos y sociales. El Tren Maya apenas arrancó en el año 2019.
Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS) —una de las organizaciones señaladas por el presidente—, destacó que “la información del gobierno es engañosa y fuera de contexto”, dada la larga línea de tiempo de ejercicio de esos recursos. Pero tampoco se puede aceptar que la obtención de fondos sea criminalizada, pues “la cooperación internacional para el desarrollo y los donativos es legal, está prevista en las leyes de México y es un derecho humano; nuestros recursos son transparentes y nuestros fondeadores los auditan año con año”.
Madrid resaltó que “en el fondo leemos una intención de neutralizarnos, de cerrar el paso al proceso de defensa en contra de este proyecto. Nos queda claro que (con el Tren Maya) se aceleraría el proceso de despojo…la defensa de los territorios es una apuesta por la vida y no es admisible invisibilizar a los habitantes de las comunidades que se oponen”.
El proyecto Tren Maya plantea la construcción de infraestructura vial y ferroviaria como motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yucatán. Comprende 1 460 kilómetros de ferrocarril de velocidad media (su velocidad máxima será de 160 km/h para pasajeros y 120 km/h para carga), varias estaciones de ferrocarril, infraestructura vial, acueductos, gasoductos y nueve nuevos centros de población y polos de desarrollo, que albergarían varios cientos de miles de personas más, lo que significa un desafío en términos de carga para los frágiles ecosistemas peninsulares, entre ellos la Selva Maya.
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Oponerse a un megaproyecto
En una declaración conjunta, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil AC, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el CCMSS, Diálogo y Movimiento AC, Indignación AC y Fundación para el Debido Proceso Legal AC señalan que “el disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo”.
Cualquier mexicano que se sienta lesionado por un acto de autoridad “está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva”. Estos derechos están consagrados en la Constitución y tratados internacionales asumidos libre y soberanamente por México “frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos”, aclaran.
Las organizaciones resaltan que históricamente los megaproyectos “han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos”. Las personas y colectivos que se les han opuesto “han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente”, agregan.
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El Tren Maya, sostienen, “representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales, económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal”.
Las organizaciones también recuerdan que la consulta que el gobierno mexicano realizó a fines de 2019 para realizar el Tren Maya, presentó diversas irregularidades. Incluso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló, el 19 de diciembre 2019, que: “el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”.
Los colectivos señalan que el nombre del proyecto “busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable”, pero frente al recuento de violaciones de derechos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles.
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El avance de la obra
Desde principios de 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —organismo gubernamental encargado del megaproyecto— lanzó las primeras licitaciones para la construcción de los diferentes tramos del tren, sin antes haber presentado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la obra, un procedimiento que por ley tenía que cumplir. Este documento se presentó tiempo después y ha recibido diversas críticas de organizaciones y académicos.
A partir de abril pasado, el Fonatur ha dado a conocer a las empresas ganadoras de cuatro tramos del proyecto. Las compañías a las que se les ha asignado la obra son: Mota-Engil México SAPI de CV, en convenio con China Communications Construction Company LTD; Grupo Cosh SA de CV, Eyasa y Gavil Ingeniería SA; Operadora CICSA SA de CV, en convenio con FCC Construcción SA; Construcciones Urales, SA de CV en asociación con GAMI Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, y el consorcio ICA.
El quinto tramo es una concesión carretera de Cancún a Tulum de 121 km, cuya licitación será fallada el próximo 8 de septiembre, según dio a conocer el Fonatur, pues la pospuso ante los cuestionamientos al único postor, filial de la constructora estadounidense BlackRock, presuntamente favorecido por funcionarios del Fonatur.
Quedará pendiente la línea ferroviaria Cancún-Calakmul, el tramo más disputado por significar la alteración de lo territorios con mayor biodiversidad de la península, donde se encuentra la Reserva de la Biósfera Calakmul. Por el momento, hay un amparo que suspendió cualquier trabajo en esa área.
De acuerdo con información del Fonatur, hay dos amparos con suspensión vigente contra la obra: el primero es de marzo de 2020 y lo otorgó una juez federal de Campeche, para el municipio de Calakmul, a favor de indígenas mayas y ch´oles de Xpujil, cabecera municipal de Calakmul. El segundo amparo fue interpuesto por las comunidades ch’ol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, en Chiapas, por la juez segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, el pasado 22 de junio.
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Campaña contra defensores ambientales
Las organizaciones civiles señalan que el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación, “a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal”.
Y mencionaron que el pasado 17 de agosto, la Fiscalía General de la República y otras instituciones recibieron una denuncia, presentada por comisariados ejidales afines al gobierno, en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya.
En este contexto, las organizaciones señalaron que es lamentable que el gobierno criminalice el trabajo de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo cuando México es uno de los países con el mayor número de agresiones en contra de personas defensoras de ambiente y territorio.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), una organización con trabajo de más de dos décadas a favor de la creación y aplicación del derecho ambiental, tiene datos de más de 500 agresiones contra ambientalistas desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019. Y la organización internacional Global Witness documentó el asesinato de 18 personas defensoras ambientales en México durante 2019.
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Las organizaciones enfatizaron que el trabajo de esos colectivos es proteger derechos básicos humanos y la conservación de un entorno frecuentemente ignorado por los actores gubernamentales. De ahí a la necesidad de acudir a la cooperación internacional para el desarrollo, los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales, los cuales son legales y están previstos en las leyes mexicanas.
“El propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos”. Los recursos económicos con los que trabajamos “siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos”.
La larga historia de estas organizaciones de la sociedad civil revela su capacidad de cumplir “en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales”, y aprobar las frecuentes auditorías que sus fondeadores hacen sobre el destino de estos recursos. “Ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano”.
De este modo, exigieron al Presidente de la República “una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos emitidas por él en su conferencia de prensa”.
Del gobierno y autoridades “exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales”. Pidieron a la Fiscalía General de la República “el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos” en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, “sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación”.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tiene un viejo historial de enfrentamiento con las organizaciones de la sociedad civil, a las que señala por presuntamente apropiarse de una representación que corresponde a la investidura de los gobernantes elegidos democráticamente, además de cuestionar que se les canalice dinero del presupuesto público.
Al arrancar su gobierno, las descalificó como “voceras de los conservadores”, por oponerse a la militarización de la seguridad pública en la Guardia Nacional.
En asuntos ambientales, ha habido también desencuentros por la construcción de la refinería Dos Bocas, a costa de decenas de hectáreas de ecosistema de manglar, y sobre todo, por la embestida del presidente contra la reforma energética a efecto de regresar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los antiguos monopolios, con el precio de desincentivar la generación de energías bajas en carbono y no cumplir acuerdos internacionales que ha asumido México frente al cambio climático. En el caso del Tren Maya, las organizaciones han resaltado algunas irregularidades del proyecto, como querer comenzar la obra sin una autorización de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal.
* Imagen principal: Una de las imágenes del proyecto oficial del Tren Maya que ha presentado Fonatur.
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