- Además de los megaproyectos, la minería y la deforestación que avanza en sus territorios, los indígenas ahora también se enfrentan a la pérdida de aquellos que albergan la memoria de sus pueblos.
En los primeros días de agosto, José de los Santos Sauna Limaco murió. No logró sobreponerse a las complicaciones que le provocó el COVID-19. Tenía 44 años y era gobernador del Pueblo Kogui, comunidad indígena de la Sierra Nevada en Colombia.
La muerte del líder indígena se anticipó al Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto. Para este año, la Organización de las Naciones Unidas decidió que la jornada se dedicara al tema “COVID-19 y la resilencia de los Pueblos Indígenas”. Hoy, señala el organismo internacional, “es más importante que nunca salvaguardar a estos pueblos y sus conocimientos. Sus territorios albergan el 80 % de la biodiversidad del mundo y pueden enseñarnos mucho sobre cómo reequilibrar nuestra relación con la naturaleza y reducir el riesgo de futuras pandemias”.
Pero la pandemia del COVID-19 amenaza, sobre todo, a quienes representan la memoria y conocimiento de los pueblos indígenas: la gente mayor, los abuelos.
En los últimos meses, las comunidades indígenas de América Latina han llorado la muerte de José de los Santos Sauna (Colombia), del líder Awajún Santiago Manuin Valera (de la Amazonía Peruana) o la de Claudio Centeno Quito, autoridad de la nación Sura en Bolivia. Sus nombres son solo algunos de los que han fallecido.
Con esta pandemia “se han ido millones de conocimientos ancestrales sobre la selva. Conocimientos que pueden salvar al mundo, saberes sobre el manejo de plantas, el manejo de ecosistemas que no lo sabe ningún científico. Para nosotros el mayor dolor es que se va toda una historia de nuestros pueblos”, explica José Gregorio Díaz Mirabal, quien pertenece al pueblo Wakuenai Kurripaco —originario de la Amazonía venezolana— y quien está al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Los “mayores”, los que son más vulnerables ante el COVID-19 —remarca Ruth Alipaz Cuqui, de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas en Bolivia— “son nuestras bibliotecas, nuestra librería de conocimientos que se tienen que transmitir a las próximas generaciones. La muerte de un anciano, significa mucha pérdida para los pueblos indígenas”.
Gregorio Díaz Mirabal destaca que además de los sabios que se está llevando el COVID-19, tampoco hay que olvidar a los líderes y defensores indígenas “que se han ido porque los han asesinado” por defender el ambiente y su territorio. Tan solo el reciente informe de Global Witness señala que de los 212 defensores de medio ambiente y territorio asesinados, 40 % pertenecían a comunidades indígenas.
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Pandemia “estructural”
En la cuenca amazónica, un territorio que habitan 511 pueblos y que se distribuye en nueve países, se vive un estado de alerta. Las comunidades indígenas no solo enfrentan el avance de proyectos mineros, petroleros o la deforestación para la expansión de la agricultura industrial. Ahora, desde hace poco más de cinco meses, tienen ante sí la pandemia del COVID-19.
Hasta el 4 de agosto pasado, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) documentaron 34 598 casos de indígenas contagiados de COVID-19 en la región. Además, se había registrado 1251 fallecimientos.
“Casi 15 hermanos indígenas se contagian diariamente en la cuenca amazónica. Diariamente mueren cinco o seis hermanos… Hay pueblos que tienen 40 habitantes, si ahí llega el COVID se acaba el pueblo”, resalta José Gregorio Díaz Mirabal, de COICA.
Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), menciona que esta pandemia desnudó, aún más, el abandono histórico, la desatención que hay hacia los pueblos indígenas.
Para Gregorio Díaz, los pueblos indígenas viven una situación de “pandemia estructural”, porque existe una violación sistemática a sus derechos.
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“Los pueblos indígenas siempre hemos vivido así: abandonados a nuestra suerte”, remarca la indígena boliviana Ruth Alipaz Cuqui, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinas y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). Y ofrece un dato que permite entender mejor sus palabras: en Bolivia, donde la mitad de sus habitantes es indígena, fue hasta el pasado 8 de julio cuando se anunció que se tendría un plan de ayuda para esta población.
En otras naciones, como México —donde se hablan 65 lenguas indígenas— fue hasta el 21 de mayo cuando se tuvieron guías para la atención de pueblos indígenas; es decir estos documentos se publicaron tres meses después de que el país registró sus primeros casos de contagio.
En este país, hasta el 6 de agosto, las cifras oficiales reportaban 825 indígenas fallecidos por COVID-19. Yucatán, Oaxaca, el Estado de México, Quintana Roo y Puebla son los estados donde más muertes de personas hablantes de alguna lengua indígena se han reportado.
Organización indígena: un paso adelante
En la cuenca amazónica, Gregorio Díaz explica que, gracias a los protocolos que pusieron en marcha, el golpe por el COVID-19 no ha sido mayor. Las comunidades activaron la Guardias Indígenas, se establecieron Comandos de Salud Indígena y se impulsó un Fondo de Emergencia por la Amazonía. Desde las mismas organizaciones indígenas, como el COICA, “se ha logrado atender muchas comunidades; en muchas de ellas el Estado todavía no ha llegado”.
Una de las acciones que más llama la atención es la que se desarrolla en Colombia, donde oficialmente se reconoce a 115 pueblos indígenas.
En el país sudamericano, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) —que agrupa a 80 % de las organizaciones indígenas del país— adaptó el Sistema de Monitoreo Territorial, creado en 2013, para hacer un seguimiento de la pandemia en los territorios indígenas y tener datos que les permitan tomar acciones de contención, atención y denuncia.
Hace siete años, las comunidades que forman parte de la ONIC miraron la necesidad de contar con datos precisos sobre los territorios indígenas. Fue así como empezaron a georreferenciar las comunidades y dar forma a lo que hoy es el Sistema de Monitoreo Territorial, explica su coordinador Wilson Herrera.
El sistema se ha utilizado para monitorear temas relacionados con los derechos a la tierra, derechos humanos y ambientales. Cuando el COVID-19 llegó a territorio colombiano, la ONIC decidió crear un módulo especial para dar seguimiento a la pandemia en los territorios indígenas.
El Sistema de Monitoreo Territorial comenzó con una etapa de contención y ahora se encuentran en la etapa de atención, donde “usamos la información para la toma de decisiones: si vemos que en alguna zona se registra un brote, entonces se da orientación a las autoridades indígenas para que refuercen el control territorial, los controles comunitarios y familiares”.
Con este Sistema de Monitoreo, la ONIC ha podido identificar que el COVID-19 ya está presente en, por lo menos, 60 % de las comunidades indígenas. Además, ha documentado 7000 casos de contagio y 243 personas fallecidas. “Cada diez días se duplica el número de casos que encontramos”, resalta Wilson Herrera.
“Si las tendencias siguen como van, si nosotros no logramos contener, si no logramos articular con el gobierno, nosotros identificamos que para final de año vamos a tener una crisis humanitaria en el caso de las poblaciones indígenas”, advierte Wilson Herrera, quien también resalta que el gobierno ha dejado a los pueblos indígenas en una orfandad.
Además de usar los datos para salvar vidas, otro de los objetivos del sistema de monitoreo es “sistematizar la historia de la pandemia en los territorios indígenas. Vamos a poder decirle al mundo lo que pasó con la pandemia”. Wilson Herrera señala que se podrá mostrar cuál fue el actuar del gobierno colombiano en la atención del COVID-19 en los pueblos indígenas.
Como también sucede en otros países de América Latina, Herrera explica que ante la indiferencia y abandono del gobierno, las comunidades indígenas están recurriendo a sus formas de organización y a su medicina tradicional.
En la ONIC, además, están desarrollando un sistema que permita a los indígenas realizar autoevaluaciones e identificar síntomas de COVID-19 en forma temprana.
Estas acciones se realizan pensando en que “por lo menos 260 mil familias no tienen la posibilidad de llegar a un centro de salud, porque se encuentran a más de diez horas de camino de una unidad médica”.
El Sistema de Monitoreo Territorial también prepara un módulo de “economías propias”, para comenzar a documentar los datos sobre soberanía alimentaria y semillas nativas, además de identificar los territorios que podrían tener mayores afectaciones ante los escenarios de cambio climático.
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Extractivismo y proyectos que no se detienen
Por las muertes que ha provocado el COVID, pero también porque durante la pandemia “el extractivismo ha sido brutal; la minería legal e ilegal de oro, la explotación petrolera no ha parado y siguen otorgando concesiones sin consulta previa”, Gregorio Díaz no duda en usar dos palabras para definir lo que se vive en la cuenca amazónica: “etnocidio” y “ecocidio”. Y lo enfatiza con una frase: “Estamos en una situación de extrema catástrofe sanitaria y ambiental”.
Ruth Alipaz explica que, en Bolivia, el gobierno ha permitido que continúen las actividades extractivas, como la explotación petrolera, en la región del Chaco. La minería tampoco se detuvo en la Amazonía boliviana y esto ha provocado, según Alipaz, que poblaciones indígenas que están en contacto inicial, como los Yuquis, “ya están comenzando a registrar contagios”.
En México, proyectos como el llamado Tren Maya tampoco tuvieron cuarentena. Mientras buena parte de la actividad económica del país se paralizó por la emergencia sanitaria, el gobierno federal dio el banderazo para que comenzara la construcción del tren.
El trazo del tren maya contempla pasar por cuatro estados con alta presencia de población indígena: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; una región que ha visto cómo se han multiplicado las granjas porcinas, donde también se ha deforestado la selva maya para dar paso a campos de cultivo de palma africana o soya y en donde los desarrollos turísticos han terminado con zonas de manglares.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas “significa alzar la voz y denunciar los megaproyectos que están tratando de impulsar en la Península, que en realidad lo que harán es destruir el territorio”, señala Wilma Esquivel Pat, indígena maya, habitante de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo y vicepresidenta del Centro Comunitario U Kuuchil K Chibalom y miembro del consejo indígena de gobierno.
Pareciera que no importa el país en que se encuentren, cuando se trata de impulsar la minería, la extracción petrolera, la agroindustria o un tren, los indígenas en América Latina escuchan los mismos argumentos. Ruth Alipaz, en Bolivia; Lizardo Cauper, en Perú, y Wilma Esquivel, en México han oído como se justifican los megaproyectos con palabras como “desarrollo” o “fuentes de empleo”.
“Desde las instituciones dicen que estos proyectos van a dar trabajo, pero no dicen todo lo que vamos a perder; vamos a perder la tierra… Nuestra existencia está vinculada a la tierra, el cosmos, el agua, las piedras. ¿Cómo vamos a mantener el vínculo con la tierra si la destruyen, si terminan con nuestra forma de existir?”, pregunta Wilma Esquivel.
Sin la tierra, sin la milpa, sin la selva —dice Esquivel— la palabra “maya” no tiene sentido, solo se convierte en un término que se “mercantiliza”.
La visión de desarrollo que se impone “de arriba hacia abajo”, explica el peruano Lizardo Cauper, ha tenido consecuencias en los pueblos indígenas: “nos han empobrecido matando la naturaleza”.
Y habla de lo que ha pasado en Perú con la extracción de petróleo, con la minería y la explotación ilegal de la madera. Sus palabras se pueden aplicar a cualquier país de Latinoamérica: “Han dejado una fotografía de los derechos vulnerados; pueblos indígenas sin servicios básicos, con aguas contaminadas, con ríos y suelos contaminados, con enfermedades”.
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Derechos indígenas y de la naturaleza
A partir del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en diversas constituciones y leyes de los países Latinoamericanos. Pero, en los últimos 30 años, “la gran mayoría de los logros que hemos tenido han sido jurídicos y muy pocos territoriales: nuestros derechos siguen violentados, nuestros espacios territoriales en proceso de destrucción”, comenta Gregorio Díaz, de COICA. El líder lo remarca aún más: el Convenio 169 de la OIT “parece un poema hermoso para los pueblos indígenas, pero no se cumple. Ningún país lo respeta”.
Ni siquiera aquellos países cuyos gobiernos “se decían de perfil indígena”, señala Ruth Alipaz: “En 2009 nace el Estado Plurinacional (en Bolivia) y nosotros creíamos que era la consolidación, que la pluralidad la representábamos nosotros, los pueblos indígenas. Eso se ha convertido en mero discurso político. La Constitución ha quedado archivada en algún estante”.
Asegura que con el gobierno de transición en Bolivia, tampoco cambiaron las cosas: “No se anuló ningún decreto de los que nosotros llamamos ‘incendiarios’, porque son con los que se ha legalizado la quema de más de 5 millones de hectáreas del bosque chiquitano, para continuar con la política de impulso a los agronegocios”.
Incluso, los pueblos indígenas también tienen limitados sus derechos políticos, resalta Ruth Alipaz. En el caso de Bolivia se aprobó una ley que señala que nadie puede participar en la vida política si no es a través de un partido.
Todos los gobiernos, comenta Lizardo Cauper de la AIDESEP, siguen sin reconocer en los hechos “los valores espirituales, culturales, los derechos de los pueblos indígenas”.
Ante este panorama, Gregorio Díaz propone que en este 2020, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas debe marcar el comienzo de una nueva etapa de lucha para las comunidades. Una lucha en la que los derechos dejen de ser letra muerta. Y para ello es necesario que, entre otras cosas, se impulse una “nueva economía que respete a la selva, que respete a los ríos… una nueva economía que pague para que se conserven los árboles, para que haya alimento sano en los territorios, que respete los derechos de las comunidades y de la naturaleza”.
Los pueblos indígenas, remarca Lizardo Cauper, “queremos nuestra propia economía, nuestro propia educación, salud y justicia intercultural. Queremos ejercer nuestro derecho a la libre determinación”.
Las organizaciones que forman parte de COICA y otras más que se encuentran en la región impulsan una moratoria a las actividades extractivas en la Amazonía, han presentado acciones legales en contra de gobiernos como el de Brasil y comenzarán una campaña mundial que tendrá como temas principales el cambio climático y la protección de la Amazonía. Esa campaña arranca en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se extenderá hasta el 22 de septiembre, como parte de la Semana Mundial por el Clima.
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Fortaleza indígena
Pese a que habitan geografías distintas, Wilma Esquivel, Lizardo Cauper y Ruth Alipaz, Gregorio Díaz y Wilson Herrera coinciden en que la pandemia no solo ha desnudado aún más el abandono que enfrentan los pueblos indígenas. También, señalan, ha sido un detonador de reflexiones y de fortalecimiento de su capacidad de organización colectiva.
En México, por ejemplo, Wilma Esquivel cuenta que durante los meses de contingencia sanitaria, muchos jóvenes mayas que trabajaban en las ciudades y zonas hoteleras regresaron a sus comunidades y han vuelto a laborar en la milpa, han regresado a aprender de los mayores. “Los abuelos dicen que los que se fueron y ahora regresaron están recordando quiénes son”.
El peruano Lizardo Cauper comenta que esta pandemia les ha dado fortaleza para seguir defendiendo sus valores, su medicina y conocimienos ancestrales. La boliviana Ruth Alipaz recuerda: “como pueblos indígenas hemos sobrevivido a otras pandemias, en otras épocas, en las mismas condiciones que estamos enfrentando ahora”. Así que, remarca, seguirán dando la lucha.
Wilson Herrera comenta que, desde hace cuatro años, las comunidades indígenas que integran la ONIC decidieron comenzar un proceso para “fortalecer nuestra lengua, nuestros cultivos, nuestra medicina, nuestras tradiciones… Llegó la pandemia y nosotros ya estábamos en ese proceso. Los ancianos y los sabios lograron ver que eso venía”.
* Imagen principal: Presidente de la nacionalidad siekopai Justino Piaguaje (en el centro) junto a líderes siekopai en Lagartococha (Pëkë’ya), en la Amazonia en la frontera entre Perú y Ecuador. Foto: Amazon Frontlines.
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