- Francisco Naranjo, director para América Latina de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) insiste en que hay que diferenciar entre los productores de palma que cumplen con los estándares de sostenibilidad y los que no.
- En América Latina solo el 26 % de los productores cuentan con el certificado de sostenibilidad. Aunque el porcentaje es bajo, el promedio mundial es de 20 %.
Francisco Naranjo es el director para América Latina de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés). Esta organización sin fines de lucro se creó en 2004 para impulsar un estándar que garantizara la sostenibilidad de la producción palmicultora.
En la Mesa están siete sectores diferentes de la industria del aceite de palma, que van desde los productores hasta las organizaciones ambientales. A lo largo de los años, algunas empresas alrededor del mundo han sufrido duros cuestionamientos y se han visto inmersos en conflictos socioambientales, es por eso que Naranjo habló con Mongabay Latam sobre cuáles son los retos de la producción palmicultora en América Latina y sobre cómo garantizar que la siembra no se dé a costa de la deforestación o entrando en conflictos territoriales con las poblaciones locales.
Lea acá el especial Cercados por la palma
¿Qué implica producir aceite de palma de manera sostenible?
Francisco Naranjo (F.N.): Desde el punto de vista de la RSPO, todo nuestro estándar está alrededor de tres pilares: personas, planeta y prosperidad. Personas es que la producción se haga con total respeto a quienes están involucrados en el proyecto palmero: indígenas, trabajadores o pobladores que están en el área de influencia. Lo que buscamos es que el proyecto de palma se inserte en esos actores y genere beneficios sociales, económicos y ambientales.
Planeta es que sea en total respeto a los ecosistemas y la biodiversidad. Tenemos un estándar que consideramos es robusto en temas ambientales. Buscamos que ningún desarrollo de palma afecte bosques primarios, ni zonas de alto valor de conservación ni zonas de gran biodiversidad como bosques secundarios, donde hay especies o servicios ambientales que cuidar. El otro elemento es la prosperidad, que consiste en cómo el desarrollo de la palma y la producción de aceite pueden generar beneficios y buenas condiciones de vida a los productores y a los centros poblados.
¿Qué tanto aceite de palma se produce en América Latina?
F.N.: Nosotros nos guiamos por las estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y, según ellos, América Latina produce alrededor del 7 % del aceite de palma en el mundo, lo que lo hace un productor marginal comparado con Indonesia y Malasia (que producen el 84 %). Sin embargo, lo que es más importante es que de las cinco millones de toneladas métricas de aceite de palma que produjo la región en 2019, tenemos 1 380 000 con certificación en RSPO. Eso corresponde al 26 % de producción de aceite de palma. Vale la pena decir que es la región con más alto porcentaje de certificación, pues el promedio alrededor del mundo es del 20 %.
Pero, ¿cómo garantizan que las empresas palmeras produzcan aceite de manera sostenible?
F.N.: Nuestro sistema de certificación se basa en la verificación de un tercero independiente. RSPO es la plataforma de múltiples actores donde tenemos representación de productores, ONG, bancos, inversionistas, fabricantes de bienes de consumo, entre otros. Entonces, a través de grupos de trabajo y del diálogo y consenso, se crea un estándar que lo conocemos como principios y criterios de RSPO. Estos son los que se deben cumplir para decir que la producción es sostenible. Cuando ya tenemos desarrollado el estándar, hacemos que un tercero independiente haga la certificación. Esto lo hace un equipo de auditores que se tienen que acreditar ante la Assurance Service International (ASI), que es una entidad que se dedica a certificar personas para que puedan verificar si se cumplen o no los estándares. Una vez acreditados, pueden ir y auditar a los productores de palma.
Cada año, el productor tiene que pasar la auditoría en la que se comprueba que sigue cumpliendo con nuestros estándares. Todos los informes y certificados están publicados en nuestra página web.
¿Cuáles son los ecosistemas sensibles afectados por la producción de palma de aceite?
F.N.: Cada país tiene sus propias particularidades. En Perú, el desarrollo de palma se concentra principalmente en la Amazonía y tal vez ahí los ecosistemas en riesgo tienen que ver con los bosques amazónicos primarios. No es lo mismo en Ecuador, donde palma ha tenido otra dinámica que, al igual que los cultivos de Colombia, son relativamente nuevos y llegaron principalmente para reemplazar a otros cultivos. Entonces no hay tanta incidencia en el bosque primario, aunque no digo que no exista.
¿Qué medidas toma RSPO para que los palmicultores no afecten el ecosistema donde siembran la palma?
F.N.: Uno de nuestros mandatos, por ejemplo, es que no pueden sembrar en zonas ribereñas. El margen de protección tiene que ver con el ancho del río: entre más ancho, más margen se debe dejar. Para la membresía, lo primero que pedimos son mapas satelitales de 2005, 2007, 2011 y 2014 para hacer un estudio sobre dónde tienen las plantaciones y verificar el cambio de uso de suelo. Con esas imágenes identificamos si se ha sembrado palma respetando eso o no.
Lo mismo ocurre con las zonas inclinadas. El primer plan de remediación es retirar la palma sembrada en esas áreas y volver a sembrar especies nativas con las que se pueda recuperar la cobertura original. En ese sentido, para nosotros no hay discusión, porque las zonas inclinadas no son aptas para el cultivo de palma.
¿Por qué las laderas inclinadas no son aptas para la palma?
F.N.: Porque a partir de una pendiente de más de 25 % tienes que hacer una intervención fuerte en topografía, tienes que hacer terrazas muy pronunciadas para poder sembrar en plano, y todo esto impacta profundamente la erosión del suelo, la pérdida de capa vegetal y las escorrentías. Y, desde el punto de vista socioeconómico, también es contraproducente porque el racimo que se corta termina metros más abajo, lo que implica que un trabajador pasa horas recogiendo el fruto. En Honduras esto es muy común y hay muchas plantaciones sembradas en pendientes muy pronunciadas, pero los miembros de RSPO han tenido que remediar esa zona para poder certificarse.
¿Cuáles han sido los casos más preocupantes de producción de aceite de palma que han chocado con los derechos de comunidades indígenas y sus territorios en América Latina?
F.N.: El tema central aquí es que desde el punto de vista de RSPO hay que hacer una diferenciación entre la producción sostenible y la producción de aceite de palma convencional. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Estamos convencidos de que el aceite de palma se puede producir de manera sostenible y que hay gran diferencia frente a hacerlo de manera convencional; sin cumplir la parte legal.
El principal reto que tenemos, y así es como lo vemos en América Latina, no solo es social y ambiental, sino qué hacer con el 75 % de los productores que no están certificados. Lo primero que necesitamos es que vengan a RSPO.
¿Cómo lograr que los palmicultores cumplan con los estándares RSPO si muchas veces tampoco cumplen con las leyes de los países donde están?
F.N.: Nuestra misión es transformar el mercado y que el aceite de palma sea sostenible. Pensamos que la fuerza del mercado puede cambiar los patrones de comportamiento. Cuando un productor llega a RSPO, muchas veces es porque su comprador le dice que solo hará la transacción si le vende aceite de palma sostenible certificado por RSPO. Ellos también tienen una responsabilidad con sus clientes. Por eso, trabajamos muy fuerte con el otro lado de la cadena, con los fabricantes de bienes y con los consumidores, para que se cree esa demanda de producto certificado.
Retomando una de las preguntas anteriores, ¿cuáles son los conflictos territoriales más icónicos en la producción de palma aceitera en América Latina?
F.N.: Dentro de los miembros de RSPO hay pocos casos porque tenemos un estándar robusto desde el punto de vista social. Por ejemplo, uno de los pasos es requerir un consentimiento libre, previo e informado a través del cual todos los actores del proyecto, incluyendo pueblos ancestrales, tengan información antes de que empiece cualquier tipo de actividad palmicultora y puedan, libremente, otorgar su consentimiento para que el proyecto se desarrolle.
¿Ese consentimiento lo debe otorgar quien habite la tierra o quien tenga títulos de posesión? Porque hay diferentes casos que prueban la falencia de titulación, especialmente en territorios indígenas.
F.N.: Es con todos los interesados que puedan ser impactados por el potencial desarrollo de palma. No solo tiene que ver con los derechos de posesión de la tierra. Reconocemos los derechos consuetudinarios, es decir, que no es necesario que tengan un título del terreno, sino que pueden demostrar que tienen derechos de uso. Eso aplica para cualquier persona, incluidas las comunidades que usaban el espacio donde se explotará la palma para ir a tomar agua del río. Eso también debe ser reconocido.
Luego, están los derechos legales de quienes tengan la titularidad de la propiedad. En el proceso de consentimiento lo que decimos a la compañía es que primero identifique todo el mapa de actores y esos potenciales derechos. Ya después se procede a contrastar si esas personas serían o no afectadas por el proyecto.
Y si son afectadas y deciden no firmar el consentimiento, ¿qué pasa con el plan de los palmicultores?
F.N.: Cuando un portador de derecho es afectado, él tiene la posibilidad de decirle no al proyecto. Eso es suficiente para que el proyecto no se desarrolle, por lo menos con RSPO. Por eso es tan importante hacer la diferenciación entre los desarrollos que se hacen con nuestro certificado y los que no.
Estamos en proceso de mejora continua porque encontramos que el estándar hay que reforzarlo de diferentes maneras. Pero si comparamos el trabajo que hace una empresa con nuestros estándares, no nos queda la menor duda de que vamos por el camino apropiado. Cuando un productor de RSPO cumple con todo el estándar hemos ganado el 90 % de la batalla. El principal reto es qué hacemos con el resto de productores que pueden estar causando estos problemas.
Usted dice que hay cosas por mejorar en RSPO, ¿como cuáles?
F.N.: Tenemos grupos de trabajo que discuten continuamente sobre varios temas. Por ejemplo, hay un grupo sobre temas laborales que acaba de incorporar todo concepto de salario digno, que es un gran debate mundial. No solo es cuestión de que los empleados ganen el salario básico sino que, dependiendo del país donde estén, sea suficiente para tener una vida digna.
¿Qué tanto se ha aplicado ese concepto en lugares como la Amazonía peruana, donde la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya ha denunciado que trabajadores de proyectos de palma no tienen las medidas suficientes de protección para laborar durante la pandemia del Covid-19 o que conviven hasta seis empleados en un cuarto de dos metros cuadrados?
F.N.: De nuevo, hay que hacer la diferenciación entre quienes tienen certificado RSPO y quienes no. Nosotros tenemos influencia sobre nuestros miembros. La última versión de salario digno, en nuestro estándar, se aprobó en noviembre de 2018. Estamos haciendo una implementación progresiva porque RSPO está estudiando cuáles son los salarios dignos en todos los países productores, para luego cotejarlos con los cálculos que les pedimos a las empresas sobre cuánto le pagan a los trabajadores en dinero y otros beneficios en especies, como subsidios de salud o de transporte. Desde este año nos empezarán a reportar y una vez la comparación esté lista, les preguntaremos a los productores cómo cubrirán la brecha salarial —si existe— frente al monto digno. Nos preocupa tremendamente la precarización laboral y por eso se incluye en nuestros grupos de trabajo.
¿Han expulsado a algún miembro de RSPO por un conflicto de tierras?
F.N.: Hemos expulsado a varios pero porque ha sido necesario. El caso que se me viene a la mente es el de Plantaciones de Pucallpa S.A.C en Perú (ahora llamada Ocho Sur P S.A.C.). Era miembro de RSPO y recibimos alertas de deforestación en la Amazonía, en la zona donde operaba la compañía. La denuncia llegó con imágenes satelitales, que es la forma más directa de probar la deforestación. El proceso terminó con la expulsión de Plantaciones de Pucallpa por parte de RSPO.
¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el sector de la palma de aceite en América Latina y cómo han sido las respuestas estatales ante el problema?
F.N.: El aceite de palma es uno de los menos afectados en comparación con otros aceites vegetales y con otros ‘commodities’ agrícolas. Lo que me han dicho los productores es que el hecho de tener un sistema de control en el que desde antes se entregaban equipos de protección a los trabajadores, y se hacían análisis de riesgo, les ha facilitado incorporar las medidas para frenar el COVID-19. Obviamente, ha habido afectaciones, pero los productores miembros de RSPO estaban más preparados para una mejor respuesta.
En cuanto a la producción, se afectó principalmente en marzo y abril cuando se perjudicaron las cadenas de comercialización. Normalmente, la fruta va a las extractoras y el aceite que estas producen se vende a la refinería y se transporta en un carrotanque. Como hubo cierres en varios países, eso afectó la logística e hizo que las extractoras tuvieran muchos ‘stocks’ represados. Pero eso fue durante las primeras semanas, porque luego las cadenas alimenticias tuvieron prioridad y se permitió el flujo de los ‘stocks’. La preocupación central ha sido la salud de los miles de trabajadores, aunque ninguna empresa ha tenido que parar producción y muchos atribuyen que estaban preparados por los procedimientos que ya cumplían.
¿En algún momento las empresas registradas en las federaciones nacionales de palma, que tienen certificados de no deforestación, compran el fruto a empresas no agremiadas para suplir la demanda global de aceite?
F.N.: Dentro de los grupos de trabajo que tenemos está el de legalidad y trazabilidad porque nos preocupa el origen legal de la fruta. Se han tomado medidas sobre los miembros de RSPO para controlar la legalidad. Por ejemplo, todos tienen que publicar a quién le compran el aceite. Los miembros de RSPO no pueden comprar fruta o aceite ilegal porque eso podría ser materia de una queja en su contra.
*Imagen principal: Un promedio de 14 camiones diarios salen de Paris de Lean, Honduras, cargados con la fruta de la palma. Foto: Francois Ligeard.
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