- Desde el 2014 al menos 760 colmillos fueron decomisados en diferentes procesos. Sin embargo, se desconoce dónde se encuentra la mayoría de esas piezas.
- En Bolivia no existe una plataforma centralizada para registrar las incautaciones e identificar dónde se encuentran las partes decomisadas. El temor de los expertos es que haya corrupción y las piezas decomisadas regresen al mercado negro.
Desde el 2014 se conoce que al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas. Sin embargo, poco se sabe sobre la institución que ha quedado a cargo de la custodia de los colmillos y de otras partes de animales.
Esto ha encendido las alarmas entre autoridades, científicos, instituciones de la sociedad civil y activistas medioambientales que denuncian la ausencia de un registro centralizado de lo incautado, caos que podría provocar, según dicen, que los colmillos vuelvan al ‘mercado negro’ después de haber pasado por las manos de los jueces.
¿Dónde están hoy los colmillos?
Un juzgado con 185 colmillos de jaguar
—Puede pasar a ver los colmillos mañana por la tarde, estaré esperándolo en el juzgado.
Con esas palabras el 19 de enero del 2020, el juez Juan Coronado, del juzgado Séptimo de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz autorizaba nuestra visita a su oficina en el Palacio de Justicia para comprobar que los 185 colmillos de jaguar —y otras partes de animales silvestres—, que habían sido incautadas a dos ciudadanos chinos en noviembre del 2018, se encontraban bajo su custodia.
Al día siguiente, tras abrir la puerta de su oficina, una de sus asistentes mostró unas pequeñas cajas de madera selladas con plásticos donde se encontraban los colmillos. Tras contar cada una de las evidencias mostradas, se pudo comprobar que todos estaban ahí.
En aquella oportunidad no estaban las pieles ni las garras de jaguar. Tampoco las colas de víboras de cascabel, el traje de pieles de ocelote, las estatuillas de marfil o las cornamentas de los ciervos de pantano que fueron decomisadas junto a los colmillos.
“El resto del material se encuentra en la oficina del juez pero no podemos interrumpirlo ahora porque está en audiencia”, fueron las palabras de la asistente luego de preguntarle por aquello que faltaba.
En una llamada posterior, el juez Coronado aseguró que todo estaba en su juzgado y se comprometió a definir, en 10 días, qué institución se haría cargo de la custodia de aquellas partes, pues los dos ciudadanos chinos a los que se les encontraron estos artículos, Yin Lan y Li Ming (prófugo), ya habían sido sentenciados en noviembre del 2018, a tres y a cuatro años de prisión, respectivamente.
El 27 de enero de este año, más de dos años después de haberse dictado la sentencia contra los ciudadanos chinos, se conoció que la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le ordenó al juzgado de Juan Coronado que entregara la custodia al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado para su conservación, protección y/o aprovechamiento sustentable, así como para fines académicos e investigativos.
Otorgar la custodia al Museo fue celebrado por autoridades y activistas medioambientales; sin embargo, ya ha pasado una semana desde que se informó de esa disposición y los materiales aún no han sido entregados al nuevo custodio y esto preocupa a quienes luchan contra el tráfico de jaguares.
Fabrizio Ortiz, asesor legal de la Gobernación informó a Mongabay Latam y El Deber que el juez no fue notificado pues se encontraba de vacaciones; sin embargo, tenía previsto que hasta el viernes 12 de febrero sea informado de la disposición para que esta se cumpla y finalmente el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado se haga con la custodia de las partes decomisadas.
El juez Coronado en contacto con Mongabay Latam y El Deber señaló que una vez sea notificado evaluará la disposición y “verá si corresponde”; sin embargo, desde la Sala Primera del Tribunal Departamental explicaron que la resolución que emitieron para que la custodia pase al Museo Noel Kempff Mercado es de cumplimiento obligatorio.
El caso de los 185 colmillos ha sido el más mediático sobre el tráfico de vida silvestre en Bolivia. A través de una denuncia en internet se alertó que en la avenida Grigotá, entre primer y segundo anillo, un negocio de comida rápida ofrecía la ‘compra de colmillos de tigre’. Ese fue el punto de partida para la investigación.
Desde el 2004 hasta el 2020 han sido 36 los procesos que la Fiscalía ha iniciado por los delitos de caza y pesca prohibidas, destrucción o deterioro de bienes del Estado y biocidio. De todos estos, solo el de ‘los 185 colmillos’ ha tenido una condena, seis procesos se encuentran abiertos —uno de ellos desde el 2015—, otras 20 causas han sido rechazadas y el resto han sido desestimadas porque, como explica la directora de la Fiscalía de Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales, Vania Arroyo, “no cuentan con pruebas”.
La mayor parte de las denuncias relacionadas con el tráfico de vida silvestre se producen en áreas rurales, algunas de difícil acceso, por lo que sin un vehículo adecuado es difícil llegar a estos lugares para recolectar las pruebas. “A veces se desestiman los procesos porque no hay cómo llegar, no hay cómo investigar porque falta logística”, señala Arroyo.
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25 cráneos y otros 337 colmillos
En diciembre del 2016, un reporte de la Agencia Boliviana de Información (ABI) —agencia estatal de noticias— informó sobre un operativo en un domicilio en Santa Ana de Yacuma, Beni, donde se habían encontrado 25 cráneos de jaguar. La investigación se inició tras una denuncia anónima en la que se señalaba que, además, en ese lugar se comercializaban colmillos y uñas de animales silvestres.
De aquella denuncia e incautación poco se supo en días posteriores, así como del inicio de las acciones legales contra las personas en posesión de las partes de animales silvestres. Nadie conocía, además, quién había quedado con la custodia de los cráneos y las otras partes incautadas. Fue recién en septiembre del 2020, cuando se produjo un cambio de funcionarios en la Gobernación del Beni, que la autoridad saliente entregó todo lo que tenía en custodia, incluidos 21 cráneos decomisados en 2016, a pesar de que los medios informaron en ese momento que se trataba de 25.
El fiscal Pedro Ignacio Montenegro, en conversación con Mongabay Latam, señaló que la situación es extraña, pues en el operativo de decomiso estuvo presente la Policía Forestal y Preservación de Medio Ambiente (Pofoma) y “es muy probable que haya estado un fiscal”.
“Desconocemos los motivos por los que no se iniciaron las acciones legales en defensa de la fauna silvestre, en contra de las personas que se encontraban en tenencia ilegal de los mismos [cráneos], más aún si la autoridad inició la persecución”, señaló Montenegro, quien además informó que solo recibió 21 cráneos y que uno de ellos no era de jaguar sino de tapir.
Otro de los grandes casos de tráfico de jaguar en Bolivia fue el de las piezas dentales enviadas a través del servicio de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol). Entre el 2014 y 2016 se incautaron 337 colmillos camuflados en sobres que tenían como destino China. Los paquetes habían sido remitidos desde Santa Cruz y Cochabamba, según registra el informe “Develando las redes criminales detrás del tráfico de jaguares en Bolivia”, publicado en 2020 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN Nl, por sus siglas en inglés).
“Fueron decomisados por Pofoma; sin embargo, en este momento se desconoce dónde están”, manifiesta la bióloga Ángela Núñez. investigadora de Operación Jaguar, un proyecto desarrollado por la IUCN NL con la organización Savia en Bolivia.
El panorama se vuelve más gris según los registros oficiales de la Fiscalía de Bolivia pues, entre 2015 y 2016, solo existen cuatro investigaciones sobre tráfico de jaguar en el país: dos fueron rechazadas, una se encuentra abierta y en otra se llegó a una conciliación. La fiscal Arroyo no está segura si la investigación de los 337 colmillos de Ecobol es la que se encuentra abierta.
El mismo documento de la IUCN NL señala que, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los casos relacionados con el envío de partes de jaguar por correspondencia a China esperaban la asignación de un fiscal. En conclusión: nadie sabe qué pasó.
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¿Dónde están los colmillos?
Existe poca certeza en las instituciones estatales de Bolivia acerca del destino que han tenido los más de 760 colmillos y diferentes partes de jaguares que han sido incautados en operativos desde el 2013.
Mariana Da Silva Loayza, jefa de Investigación para Combatir el Tráfico de Vida Silvestre en Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia, señala que en el país no existe un registro integrado que centralice la información de los casos de tráfico de vida silvestre y por eso no solo es difícil conocer qué ha pasado con los decomisos, sino también cuál es el estado de los procesos de investigación que se han iniciado.
WCS-Bolivia se encuentra desarrollando una base de datos con la información que, durante los últimos 10 años, le han proporcionado más de 40 instituciones de Bolivia, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAya), gobiernos municipales, gobiernos departamentales, el Poder Judicial, la Fiscalía y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan para combatir el tráfico de vida silvestre.
Hasta el cierre de este reportaje, la base de datos ya tenía registrados 1961 eventos, de los cuales 52 estaban directamente relacionados con jaguares. De estos últimos, el listado incluye tráfico de animales vivos, pieles, cráneos, garras y colmillos (los que más se encuentran en los operativos de las autoridades).
El trabajo que realiza WCS tiene por objetivo entender la problemática en torno al tráfico de vida silvestre y trabajar en la prevención. “Si no sabemos qué se incauta y en qué lugares, no vamos a poder frenar el problema. Es importante entender y administrar toda esa información”, señala Da Silva.
El asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBA) del MMAya, Rodrigo Herrera, asegura que su institución cuenta con un registro de todas las acciones en las que ha intervenido.
“Tomando en cuenta que muchos procesos ya se han iniciado y pocos han concluido, la mayor parte [de las piezas decomisadas] debería estar con el Ministerio Público y una menor cantidad con el Órgano Judicial”, señala Herrera.
La fiscal Arroyo de la Fiscalía de Justicia Penal Juvenil y Delitos Medioambientales explica que cuando existe una denuncia, Pofoma se debe encargar de recolectar las pruebas para entregarlas al fiscal asignado al caso. Con lo decomisado se realiza una imputación y cuando se realiza la audiencia ante un juzgado, la custodia de los materiales pasa a manos del juez.
Mongabay Latam consultó a la fiscal Arroyo para saber si la entidad tenía la custodia de colmillos o partes de estos felinos y aseguró que “no se tiene ninguna parte de jaguar, ni de otros animales. Tampoco están en poder de otros fiscales pues ya habrían informado de esta situación”.
También se buscó a Pofoma para conocer cuántos colmillos o partes de jaguar estaban bajo su custodia. A pesar de los reiterados intentos a través de llamadas telefónicas y correo electrónico con las preguntas, como había solicitado el coronel Marco Pérez, comandante de esta institución, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo ninguna respuesta.
Andrea Crosta, investigador y cofundador de Earth League International (ELI), es una de las personas que lideró la investigación de IUCN NL que concluyó con la publicación del informe ‘Develando las redes criminales detrás del tráfico de jaguares en Bolivia’. Crosta le dijo a Mongabay Latam que no debe tomarse a la ligera la desaparición de las partes de jaguar incautadas, no solo por el valor económico que representan, sino porque se conoce que, en otros países, estas pérdidas significan que los colmillos, craneos o huesos del animal han regresado al mercado ilegal.
“En África este es un problema lamentablemente cotidiano. Las piezas de marfil, de cuernos de rinoceronte o los pangolines incautados en operativos desaparecen luego de un tiempo”, agrega el experto. Para Crosta, las evidencias deberían estar codificadas y resguardadas para evitar estos problemas. Además, el investigador comenta que cuando las piezas pasen a museos hay que asegurarse que cuenten con alta vigilancia.
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Legislación pendiente
Las denuncias de tráfico de colmillos de jaguar y otras partes fueron más frecuentes a partir del 2013 y muchas personas asocian esta situación con el mayor vínculo comercial y financiero que ha tenido Bolivia con China en los últimos años.
Damián Rumiz, investigador del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, explicó que la caza de los jaguares en Bolivia no es reciente; sin embargo, años atrás esto no tenía fines comerciales, ocurría porque los felinos asediaban las estancias ganaderas que se fueron instalando en zonas que eran su hábitat natural.
Esto explica, de alguna manera, por qué no existen normas para el tráfico de vida silvestre y por qué el Código de Procedimiento Penal boliviano solo establece una pena máxima de seis años de prisión para este delito. Rodrigo Herrera, asesor legal de la DGBA del Ministerio del Ambiente y Agua, asegura que “nuestras normas procesales en materia penal han sido aprobadas en la década de los 90, es una falencia”.
Otro aspecto que preocupa a las instituciones estatales es la custodia de lo incautado. En el caso de los 185 colmillos de jaguar en Santa Cruz ya se ha dictado una sentencia pero estas piezas todavía permanecen en el juzgado del doctor Coronado. El Ministerio del Ambiente y Agua le envió un memorial al juez solicitando la custodia de todo lo incautado y asegura que, una vez las piezas estén en su poder, determinará cuáles serán las instituciones científicas encargadas de cuidar de estos dientes.
“Existe un vacío legal, estas partes no pueden quedarse en custodia del Poder Judicial pues su rol de impartir justicia ya ha concluido”, sostiene Fabrizio Ortiz, asesor legal de la Gobernación de Santa Cruz. El abogado asegura que todo lo incautado debe pasar a otra institución del Estado especializada en la preservación del medioambiente y fauna silvestre, de lo contrario, considera que existe el riesgo de corrupción. “De aquí a unos años nadie le va a dar importancia a este tema y no vamos a saber lo que ha pasado con los colmillos”, señala Ortiz.
Sobre este tema, Rodrigo Herrera afirma que no existe un vacío legal, pues la ley establece quién debe estar a cargo de la custodia en cada etapa de los procesos relacionados con el tráfico de vida silvestre. Sin embargo, hace énfasis en la necesidad de actualizar las normas. En el Ministerio han trabajado con otras instituciones en un proyecto de ley para modificar el Código Penal e incluir varios delitos ambientales. De esta manera el manejo ilegal de la biodiversidad, el tráfico ilegal de vida silvestre y el biocidio serían incluidos en las leyes bolivianas. Desde ese Ministerio informaron que, tras haber tenido contacto con congresistas, se prevé que el legislativo aborde el tema.
La incineración de todos los restos es una alternativa para evitar que los colmillos, craneos, garras, huesos y las incautaciones de partes de animales silvestres retornen al mercado negro. Esa es la propuesta del asesor legal de la Gobernación de Santa Cruz, Fabrizio Ortiz.
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La ciencia pide la custodia
Con base en el reporte de la IUCN NL, que informa de 760 colmillos incautados entre el 2014 y 2019, se estima que serían 190 los jaguares sacrificados, si se asume que a todos les extrajeron los cuatro colmillos. Sin embargo, la cifra de jaguares asesinados podría ser superior.
“Cuando uno tiene en la mano ocho colmillos piensa en dos jaguares, pero si se identifica cuáles son los colmillos superiores, inferiores, del lado derecho o izquierdo, entonces se puede lograr una estimación más real del número de animales sacrificados”, explica el investigador del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Damián Rumiz.
Además, el análisis genético puede determinar si los colmillos incautados efectivamente son de jaguar o de algún otro felino y en qué zona del país habitaba. Cuando se incautaron los 185 colmillos en Santa Cruz, la justicia solicitó al Museo Noel Kempff Mercado realizar un análisis pericial sobre lo decomisado. Ahí se pudo conocer que, en realidad, 80 de las piezas dentales eran de jaguares pero 96 pertenecían a pumas, ocho a ocelotes y uno a taitetú (pecarí).
Rumiz explica que en Perú, por ejemplo, se han encontrado piezas dentales de lagartos, caimanes e incluso focas marinas que, por su similitud, las hacían pasar como colmillos de jaguar. Por eso considera que todas las piezas incautadas deben pasar a custodia de instituciones académicas que realicen estos análisis y se elabore un catálogo nacional.
“Identificando el origen de las muestras se puede tener una idea de las rutas o áreas de mayor cacería y de esa manera tener un mejor control”, destaca el especialista. Rumiz se encuentra trabajando con la Fundación Panthera en un catálogo sobre las especies de felinos que habitan en Bolivia y en ese documento se podrá encontrar información para distinguir el pelaje de los felinos y las características que tienen sus colmillos para así diferenciarlos de las piezas de otros animales.
Imagen principal: Una de las tres cajas de colmillos examinadas, con dientes de jaguar, puma y uno de chancho de monte. Foto: Damián Rumiz-Museo NKM.
Nota del editor: Mongabay Latam recibe fondos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN NL, por sus siglas en inglés) para desarrollar una serie de artículos de investigación sobre la situación de los jaguares en Latinoamérica. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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