- China acapara el mercado de la carne boliviana. La demanda coincide con el incremento en la pérdida de bosque y los incendios, principalmente en Santa Cruz, departamento donde están las estancias ganaderas.
- Una sexta parte de la carne de res que sale de Bolivia se destina a McDonald’s y a Burger King, en Perú y Ecuador.
*Esta es una colaboración periodística entre Mongabay Latam, Página Siete y la Red Ambiental de Información
El año 2020, cuando la pandemia paralizó al mundo, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Las ganancias de la venta de este inmenso cargamento de carne benefició a unas pocas manos ganaderas que percibieron un ingreso superior a los 60 millones de dólares.
Este despegue en las exportaciones coincidió, además, con dos temporadas de incendios forestales que arrasaron con más de 10 millones de hectáreas en Bolivia. Una emergencia que estuvo asociada a una serie de decretos supremos que promovía, precisamente, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas en las regiones de Santa Cruz y el Beni —las más afectadas por el fuego— y las quemas controladas.
Recientemente, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) acaba de terminar un estudio que calcula la deforestación en Bolivia entre los años 1986 y 2019. La cifra es de 6 922 000 hectáreas de bosque, una extensión similar al tamaño de Irlanda y que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales.
Casi en ese mismo periodo de tiempo, entre 1985 y el 2019, la actividad agroindustrial (especialmente soja) y ganadera se incrementó en un 229 % en el país, pasando de ocupar 2 120 430 a 6 974 510 hectáreas en todo Bolivia.
“A partir del 2005, la ganadería empezó a tomar mayor protagonismo en el tema de la frontera agrícola superando a la agroindustria. Esto debido a que los suelos no son altamente productivos y la agricultura requiere de suelos profundos, mientras que la ganadería es menos exigente en ese sentido”, explica Marlene Quintanilla, Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de FAN. La especialista precisa que este crecimiento se ha dado a costa de los bosques.
El nuevo gobierno del MAS, liderado por Luis Arce, ha dejado en claro que seguirá la hoja de ruta trazada por Evo Morales y que se resume en la Agenda Patriótica 2025 desarrollada por el ex presidente. En el pilar seis de este documento —que regirá parte de la política económica del gobierno en los próximos cuatro años— se establece como meta triplicar la población de ganado en el país, hasta superar las 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante.
El departamento de Santa Cruz ya tiene incorporado este modelo. Las cabezas de ganado duplican la población del departamento. Y para los empresarios ganaderos del Beni, este parece ser el “modelo a seguir”. Así lo manifestaron quienes aplaudieron la modificación del Plan de Uso de Suelo que habilita más de ocho millones de hectáreas para la agroindustria.
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Los reyes del ganado
En el departamento de Santa Cruz se estima que existen más de 24 mil productores de ganado, según datos del 2020 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, solo 42 de ellos tienen permiso de exportación de carne. De todas las estancias habilitadas (41 en Santa Cruz y 1 en el Beni), el 62 % pertenece a empresarios bolivianos y el 38 % a capital extranjero, sobre todo de Brasil y en menor medida Argentina. Los bajos costos de la tierra en Bolivia, en comparación con los países vecinos, atraen esta inversión.
Algunos de los negocios manejados por empresas extranjeras se manejan casi en piloto automático, con dueños que no viven en el país y se limitan a recibir las ganancias, como constatamos conversando con administradores vía telefónica.
El 10 por ciento de las estancias que cuentan con permisos de exportación están en manos de grandes grupos empresariales bolivianos, cuyas inversiones no solo están concentradas en la ganadería, sino en otros rubros como medios de comunicación, bancos, productos comestibles o aceites, según consta en un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
El 90 por ciento restante está repartido entre empresarios locales que invierten en vacas, en grandes plantaciones de soja, sorgo y girasol, e incluso en la venta de agroquímicos.
El siguiente eslabón en la cadena son los frigoríficos. Existen más de 100 en el país, pero solo dos cuentan con permisos para exportar a China: Frigor y Fridosa. Estas empresas se han asegurado toda la cadena productiva con destino a uno de los mercados más rentables, considerando el auge de las exportaciones de carne al país asiático.
Frigor pertenece al grupo Monasterio, que es propietario de un banco, un medio de comunicación y es accionista de otras empresas exportadoras de oleaginosas, entre otros rubros. Fridosa es propiedad del ciudadano francés Bertrand de Lassus, quien tiene cuatro estancias habilitadas para la exportación de carne, además de empresas de servicios petroleros, insumos agrícolas y agroquímicos.
Estos dos frigoríficos autorizados para exportar a China usan los puertos de Arica e Iquique (Chile) para salir del continente con la carne y atracar 45 días después en el puerto de Shanghái (China), el más activo del mundo. Allí reciben la carne las empresas importadoras que buscan saciar la demanda de la clase media china que se esmera en reivindicar la era de la carne: la vaca en el plato como estandarte de poder adquisitivo.
Pero, además, venden su producción a otras empresas importadoras de carne en la región. Toda la producción que es exportada proviene de estancias habilitadas para ese fin por el Estado.
Entre el año 2019 y el 2020, el número de estancias habilitadas por SENASAG para sacar carne de res de Bolivia se incrementó en un 44 %, pasando de 29 a 42 estancias con pase libre para vender hasta el 2025.
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¿A dónde va la carne?
El Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia indica que, entre 2010 y 2020, la carne boliviana fue exportada a Perú, China, Ecuador, Venezuela y Vietnam.
Y al menos una sexta parte de todo lo exportado en la última década fue a parar a los gigantes de la comida rápida. En el caso de Ecuador, McDonald’s, y en el de Perú, Burger King, así lo indica un diagnóstico elaborado por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones Santa Cruz (CADEX).
Pero quien realmente está detrás del auge en las exportaciones de carne vacuna de Bolivia, es China. En el 2020, la demanda del país asiático hizo que Bolivia cuadruplicara sus volúmenes anuales de exportación: pasando de exportar 5 mil a 14 mil toneladas.
“El negocio está cerrado entre los frigoríficos y las empresas importadoras alimenticias chinas que comercializan la carne en su país”, explica Javier Landívar, gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). Es un negocio entre privados chinos y privados bolivianos, pero son los propios gobiernos los encargados de poner la mesa para los acercamientos.
Las cifras indican que se trata de un negocio que va en ascenso pero que es asociado por científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil con la deforestación y los incendios forestales de los últimos dos años.
Buscamos a las empresas Fridosa y Frigor para saber cómo evalúan el impacto de sus actividades en los bosques, considerando que ambas manejan estancias ganaderas y a la vez son las encargadas de los frigoríficos, pero hasta el cierre de esta publicación no nos respondieron.
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Los bosques pagan el precio
Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y es el segundo en América Latina, después de Brasil, entre los países que más bosques primarios han perdido en el 2019, según datos de Global Forest Watch. Esta devastación es atribuida a la actividad agropecuaria, especialmente a la ganadería y siembra de soja.
El análisis realizado por FAN indica, además, que Santa Cruz es el departamento que más deforesta: concentra el 75 % de la pérdida de bosque entre los años 1976 y 2019. El siguiente es el Beni con el 6 %, Cochabamba 5 %, La Paz 4 % y, finalmente, Tarija y Pando con el 3 %.
Entre las principales causas para la deforestación en el país, están la producción a gran escala de granos para exportación y para consumo interno, y la ganadería atraída con exportaciones de carne a China, según declaró el año pasado, Victor Hugo Áñez, exdirector de la ABT.
Según datos del Centro de Investigaciones del Campesinado (CIPCA), durante la última década se han elaborado normativas “demandadas usualmente por el sector empresarial para fomentar el agronegocio”, que han significado una amenaza ambiental, precisan, por carecer de justificación técnica, avalar el desmonte y promover los incendios.
CIPCA se refiere a tres leyes —337/13, 502/14 y 739/15—, aprobadas entre 2013 y 2015, que fueron criticadas por perdonar la deforestación ilegal causada por algunas empresas y ampliar los plazos para que pudieran subsanar este delito. A esta lista se sumó, en septiembre de 2015, la Ley 741 que autorizó los desmontes hasta en 20 hectáreas en pequeñas propiedades —antes estaba prohibido que sobrepasaran las 5. Finalmente, el 9 de julio de 2019 se aprobó el Decreto Supremo 3973 que permitía la ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal, el mismo que fue derogado cuando se decretó el estado de emergencia nacional por los incendios del 2020.
Para el abogado ambientalista, Diego Gutiérrez, estos decretos y leyes siguen la lógica que señala que para que la tierra sea productiva hay que desmontar y plantar soja o meter vacas. Además, indica el experto, hay un uso político del territorio.
“En el fondo la tierra tiene un componente político muy alto… El MAS ha consolidado su poder político durante todos estos años, precisamente con la posibilidad de distribuir el suelo”, manifiesta el abogado. Por ello señala que es necesario que las Autoridades de Bosques y Tierras sean independientes, “para que actúen acorde a lo correcto y no por lineamientos políticos”.
Por su parte, el ingeniero forestal e investigador boliviano, con Maestría en Gobernanza Ambiental y Doctorado en Manejo de Recursos Naturales en la Universidad de Friburgo (Alemania), Juan Carlos Montero, detecta cinco factores que promueven la expansión ganadera en la Chiquitanía por sobre la conservación de los bosques: la plusvalía de la tierra (incremento en el precio de las tierras), los beneficios tributarios, las normativas de uso de suelo, el apoyo del gobierno con las negociaciones y las jugosas ganancias. Es decir, hay condiciones dentro de nuestro contexto que promocionan la expansión de la ganadería por encima de la conservación forestal.
Robert Müller, geógrafo y biólogo alemán, quien ha analizado la deforestación en Bolivia durante los últimos 20 años, pone el problema en perspectiva. Para el investigador, como lo indica en un estudio publicado con otros colegas en el 2014, la ganadería desplazó a la soja como la principal causa de deforestación en el 2000. Esta afirmación se evidencia en las cifras: el 60 % de la pérdida de bosque entre el 2005 y 2010 fue generado por la ganadería. “Es probable que esta tendencia siguió aumentando, aunque los cultivos agroindustriales también se han expandido de manera acelerada en los últimos años”, señala Müller.
El investigador también explica que “la exportación anual de 10 000 toneladas de carne bovina a China implica aproximadamente una destrucción adicional de unas 100 000 hectáreas de bosque para habilitar pastizales, ya que la nueva demanda de carne se suma a la demanda existente”.
Müller señala que son cuatro los municipios cruceños que albergan 35 de los 42 predios habilitados para la exportación de carne: Pailón, San Ignacio de Velasco, Charagua y El Carmen Rivero Torrez.
“Más del 20 % de la deforestación ocurrida en toda Bolivia entre 2013 y 2019 ocurrió en estos municipios. El incremento reciente fue muy grande. Entre 2016 y 2018 se deforestaron 917 215 hectáreas, cuatro veces más que entre 2013 y 2015”, afirma el investigador con datos de FAN.
Estas cifras dan cuenta que el circuito de las vacas no empieza con la adquisición del ternero sino con la tala de un árbol. Por ello, señalan los expertos, el sector ganadero estrechó relación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde el año 2014, paradójicamente, la autoridad encargada de velar por los bosques en Bolivia. “El Estado debe seguir asumiendo el reto de ser el viabilizador para que la Frontera Agrícola crezca y para eso se necesita modificar leyes”, declaró el expresidente de Fegasacruz, según consta en el portal de la ABT.
Solicitamos a la ABT datos sobre cambio de uso de suelo, tipos de bosque afectado por la deforestación, impacto de los incendios y extensión de terreno aprobado para uso ganadero. Nos aseguraron que las consultan serían atendidas luego de una revisión técnica pero hasta el cierre de este reportaje no brindaron nada de lo solicitado.
Cuando uno observa la curva de deforestación en el país, encuentra dos picos llamativos, uno a inicios de los 90 y otro antes del 2020. El boom de la agroindustria en la década del 90 y la apertura de mercados ganaderos en el exterior, sobre todo a partir de 2017.
Esta arremetida directa contra los bosques ha implicado afectación y presión constante sobre las áreas protegidas.
Ecosistemas dañados
El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano detectó que entre 1986 y 2019, la extensión del territorio con área antrópica (frontera agrícola, ganadera y de apertura de caminos) dentro de áreas protegidas fue de 223 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz.
La mayor pérdida de cobertura vegetal se dio en el Parque Amboró (8,1 %), que posee la categoría de protección nacional. A nivel departamental, Lomas de Arena (37,7 %) y la Laguna Concepción (26,2 %) fueron las más afectadas, mientras que en la categoría municipal las lagunas Esmeralda (49,2 %) y Sacuará (37 %).
Si este ritmo de devastación continúa, los especialistas del Observatorio estiman que para el 2050 el total de cobertura boscosa en áreas protegidas se habrá reducido a 6,3 millones de hectáreas. Es decir, casi la mitad del total de las áreas protegidas del departamento —11,7 millones hasta el 2019.
“Se está generando el cambio de uso de suelo, no solo para convertir el bosque en pastura sino también transformando los humedales para abastecer a la ganadería. Una vaca por día necesita 40 litros de agua”, advierte Quintanilla de FAN.
Según una reciente investigación llevada a cabo por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la situación hidroclimática también es un problema que hay que considerar. Está cambiando en el continente y particularmente en la Amazonía. Una muestra de ello es que en el municipio de Ascensión de Guarayos las precipitaciones anuales han disminuido, entre 1982 y 2018, en un 13 % y la temperatura incrementó 0,5 C.
“Esta alteración climática en parte se atribuye al cambio de uso de suelo en el municipio. En este periodo (1982-2018) la deforestación se incrementó de 6 mil a 171 mil hectáreas (23 veces más), impactando y modificando su clima local”, señala el reporte que vislumbra un escenario poco esperanzador. “Al año 2050 Ascensión de Guarayos incrementará su temperatura media anual en 3,4 ºC y reducirá en 34 % la precipitación anual (…) La producción agropecuaria será inviable sin riego, por lo que la demanda de agua se incrementará y con ello los conflictos por el agua.”
Al listado de efectos negativos hay que sumar el proceso de habilitación del terreno, en el que no solo se cortan árboles para poner vacas sino que también se prende fuego a lo desmontado para preparar el suelo y reverdecer los pastos. “Esta práctica avalada por leyes bolivianas resulta incompatible con los escenarios de las últimas décadas, en los que hay cada vez sequías más intensas que producen incontrolables incendios forestales”, señala Marlene Quintanilla de FAN.
Gutiérrez coincide con esta misma lógica. “El desmonte genera residuos y el uso de fuego se usa para limpiar ese rastrojo. La relación es: a mayor desmonte mayor uso de fuego. A mayor uso de fuego, mayor riesgo de incendios forestales”, explica.
Durante los últimos años, Bolivia ha reportado incendios de características catastróficas. El año 2019 la superficie quemada alcanzó los 3.7 millones de hectáreas solo en Santa Cruz, donde el 60 % fue cobertura boscosa. De este porcentaje, el 40 % del área perdida era bosque seco chiquitano, el 34 % bosque chaqueño y el 10 % bosque amazónico, según datos de CIPCA.
El año 2020, la situación no cambió: más de cuatro millones de hectáreas se quemaron en todo el país.
“La pérdida de cobertura vegetal por los incendios forestales está relacionada principalmente con las prácticas agrícolas, nuevos asentamientos rurales, limpieza de cultivos, ganadería extensiva y la expansión de la frontera agrícola”, señala un documento de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, que analiza los incendios durante el último año.
Por su parte, Quintanilla manifiesta que el fuego habilita al final nuevos territorios para el ganado. “Cuando el fuego llega a nuevas áreas que no estaban previstas por los ganaderos o empresarios, ese espacio se convierte en territorio vulnerable para expandir al año siguiente la frontera agropecuaria”.
En este preciso momento la transacción está en curso. El negocio no duerme. El ciclo no cesa. Las vacas comen, engordan, las matan, las empacan, las exportan. Y mientras el modelo agropecuario incrementa sus exportaciones, va dejando a su paso la siguiente interrogante: ¿Quién cubrirá el costo de la pérdida de biodiversidad?
Imagen principal: La Agenda Patriótica 2025 establecida por el gobierno nacional, tiene entre sus metas triplicar la población de ganado en Bolivia, hasta superar los 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante. Foto: Eduardo Franco Berton.
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