- Luis Arce, del mismo partido del expresidente Evo Morales, ganó las elecciones con más del 50 % de la votación en una jornada electoral que se realizó cuando aún ocurren incendios forestales en la Chiquitanía, El Chaco y el Pantanal.
- Además de la pérdida de la vegetación y los bosques por el fuego, Bolivia enfrenta una controversia por el uso de semillas transgénicas, así como conflictos en áreas protegidas y territorios indígenas por la instalación de proyectos extractivos entre otros problemas ambientales.
Las elecciones presidenciales en Bolivia se realizaron en medio de una situación de desastre nacional. Un momento de crisis ambiental marcada por decenas de incendios forestales y una intensa sequía que hasta el momento han afectado más de dos millones de hectáreas de vegetación y bosques en ocho departamentos del país. El fuego también ha ingresado a diez áreas naturales protegidas solo en el departamento de Santa Cruz.
El panorama no es nada alentador en términos ambientales para el virtual presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), quien de acuerdo con los conteos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habría alcanzado el 54.4 % de la votación.
Arce fue el ministro de Economía durante 12 años del gobierno del expresidente Evo Morales, quien se mantuvo casi 14 años en el poder, hasta noviembre del 2019, cuando tuvo que renunciar tras una ola de protestas y denuncias de fraude en las últimas elecciones.
“Es la continuidad exacerbada. No habrá nada nuevo”, dice el investigador en temas ambientales Marco Antonio Gandarillas sobre el presidente virtualmente electo. Una opinión que se sustenta en el hecho de que Arce ha sido el artífice de la política económica del gobierno de Morales.
El plan de inversiones del MAS durante el período de Morales fue diseñado por Arce y estuvo centrado en grandes obras de infraestructura. “Es un economista convencional, ortodoxo, que considera que el crecimiento debe ser generado por las actividades extractivas”, señala Gandarillas.
Los temas ambientales no han formado parte del debate electoral, como apuntó Mongabay Latam en un reportaje publicado en agosto de este año. Más bien han estado ausentes de los planes de gobierno.
Pero además de los incendios forestales, Bolivia enfrenta otros problemas ambientales. Las normas que autorizan el uso de semillas transgénicas y el cambio de uso de suelo, así como los conflictos por la instalación de hidroeléctricas y actividades extractivas en áreas protegidas y territorios indígenas están entre los temas más polémicos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno.
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Los grandes incendios
El último reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), a partir del análisis de imágenes satelitales, indica que hasta octubre de este año por lo menos 2.8 millones de hectáreas de vegetación, bosques y ecosistemas únicos como la Chiquitanía, El Chaco y el Pantanal han sido arrasadas por los incendios forestales en Bolivia.
Según este reporte, Beni y Santa Cruz son los departamentos más afectados por el fuego. En cuanto a áreas naturales protegidas, hasta el momento 685 mil hectáreas quemadas se registraron dentro de aproximadamente 21 de ellas. Entre las más afectadas están Otuquis, San Matías, Iténez y Kenneth Lee.
“Los incendios se acercan a los tres millones de hectáreas arrasadas. En Bolivia hay problemas graves de tráfico de tierras que significa cambio de uso de suelo para el cultivo de oleaginosas y la práctica de la ganadería”, menciona Gandarillas sobre los problemas que rodean las tierras en Bolivia y que estarían detrás de los incendios forestales.
Durante los incendios de 2019, las tierras más afectadas correspondieron a los ecosistemas de la Chuiquitanía y El Chaco, y este año, la situación se ha repetido, pero los fuegos no solo han afectado estos dos entornos, sino que se han extendido hacia el Pantanal boliviano.
Una serie de normas relacionadas al cambio de uso de suelo, aprobadas durante el periodo de Morales, han sido consideradas las causas de la devastación de los incendios forestales del 2019 que arrasaron con más de seis millones de hectáreas, así como de los incendios que han ocurrido este año.
Una de ellas, sobre todo, la que autoriza la ampliación de la frontera agropecuaria y las quemas controladas, es considerada por los expertos ambientales el principal detonante del desastre. El decreto supremo, emitido en julio de 2019, permitía el desmonte de tierras de producción forestal permanente para que puedan destinarse a actividades agropecuarias, además que autorizaba la quema controlada en Santa Cruz y El Beni.
“No es casual que se quemaran más de seis millones de hectáreas y este año los incendios tuvieran la misma magnitud. Hasta el momento son más de 3 millones de hectáreas arrasadas. Las normas se emitieron para abrir paso al agronegocio que invade las tierras sin respetar territorios indígenas ni las áreas naturales protegidas”, agrega el líder indígena Alex Villca, integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
Para Villca es importante que el nuevo gobierno se muestre a favor de la defensa de los recursos naturales. “Si el futuro gobierno no va en esa dirección posiblemente habrá reacciones fuertes de la sociedad civil, sobre todo de jóvenes. Siento que el tema ambiental está calando profundamente”.
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La sentencia del Tribunal de la Naturaleza
Para Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), los incendios forestales son parte del modelo que dejó Evo Morales. “Hubo incendios todos los años, pero a partir del 2019 han sido más fuertes y se han extendido al Chaco, el norte de la Paz y al Beni”, explica.
Villegas menciona que existen denuncias que indican que los incendios habrían sido provocados. Por un lado, están los asentamientos humanos de colonos que se instalaron en El Chaco, como consecuencia de una migración incentivada durante el gobierno de Evo Morales. Por otro lado, están los empresarios que buscan más tierras para dedicarlas a la agricultura y ganadería.
La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua confirma que los fuegos están siendo provocados. En los últimos meses, la ABT ha iniciado 32 procesos penales y 600 procesos administrativos a personas que provocaron incendios en diferentes partes del país.
En el mes de agosto, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) emitió una sentencia sobre una demanda por ecocidio interpuesta por organizaciones civiles en contra de los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, actual presidenta de Bolivia que asumió el cargo tras la renuncia de Morales.
“El Tribunal internacional resuelve que el presente caso es un ecocidio provocado por la política de estado y el agronegocio”, señala el fallo emitido el jueves 20 de agosto, responsabilizando a ambos mandatarios como autores del delito de ecocidio contra la Chiquitanía, la Amazonía y el Chaco, es decir, por la pérdida de vegetación, bosques y biodiversidad a consecuencia de los incendios ocasionados en el 2019.
El veredicto también considera a la gobernación de Santa Cruz y del Beni, así como a instituciones relacionadas al manejo de tierras, a los grandes ganaderos y empresarios agroindustriales como autores de este crimen contra la naturaleza.
El fallo del TIDN, además, ordenó en su momento al gobierno de Bolivia derogar las nueve normas que promovían las quemas y la deforestación, así como las resoluciones que autorizan los asentamientos humanos en tierras fiscales sin respetar la naturaleza y a los pueblos indígenas.
Mientras los incendios forestales consumían la vegetación de Bolivia, la presidenta Jeanine Añez derogó una de las normas emitidas durante el gobierno de Morales. Se trata del decreto que permitía el desmonte de tierras forestales y las quemas controladas en Santa Cruz y el Beni.
Villegas del Cedib dice que esta norma en realidad no ha sido derogada, sino que se ha modificado, pero que se mantiene la autorización para quemas y desbosque en el Beni. “El problema de fondo es la estructura institucional”, sentencia, y agrega que el gobierno de Morales no dejó ningún proyecto productivo exitoso, por eso, el país no ha tenido con qué enfrentar la crisis del coronavirus. “La escuela económica de Arce es la que cree que todo es cuestión de introducir dinero del Estado al mercado para generar consumo. Ese ha sido siempre su modelo”.
Al respecto Ruth Alipaz, lideresa indígena y coordinadora de Contiocap, menciona que los récords de la deforestación debido a los incendios son alarmantes en Bolivia y asegura que, así como sucede en Santa Cruz con los agronegocios, en el Beni se está copiando el modelo. “En un año empezaran a incendiar la Amazonía en el Beni. Ya están replicando la forma de organización de los ganaderos y el modelo para plantar soya y caña”.
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El problema de los transgénicos
Uno de los temas que ha causado mayor controversia en Bolivia es el de las autorizaciones que se han dado en los gobiernos de Morales y Añez para el uso de transgénicos. En abril del 2020, un decreto supremo autorizó la ampliación de la frontera agrícola hasta en 250 mil hectáreas para el cultivo de soya transgénica. Según esta norma, el aumento del territorio dedicado a los agrocultivos serviría para producir 100 millones de litros de combustible vegetal o biodiesel.
Pero no es la única norma que ha autorizado el uso de semillas transgénicas en el país. En mayo de este año, el gobierno de Añez abrió las puertas a cinco variedades de semillas transgénicas.
Un decreto supremo, publicado el 7 de mayo, autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad, de manera excepcional, establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, destinados al consumo interno y comercialización externa.
Un mes después, la primera semana de junio del 2020, el gobierno de Añez autorizó la importación de plantines de eucalipto (Eucalyptus spp) para la implementación de plantaciones forestales comerciales.
En un análisis realizado por la Fundación Solón sobre el plan de gobierno del MAS, se menciona que el movimiento político que ha llevado a Luis Arce a la presidencia propone como pilar de su soberanía alimentaria implementar nuevas tecnologías, entre ellas destaca el uso de la ‘biotecnología’. Paralelamente —dice el análisis— el MAS pone énfasis en la producción de biocombustibles, principalmente biodiesel, que favorecen a la agroindustria. “A través de la producción de biocombustibles el MAS plantea consolidar la soberanía productiva agroindustrial y de alimentos”, explica el informe.
“El MAS impulsó los transgénicos para lograr alianzas con el agronegocio y acabó subordinado a ellos”, señala Miguel Ángel Crespo, director de la institución Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), quien ha cuestionado en más de una oportunidad la introducción de semillas transgénicas.
Crespo señala que durante el gobierno de Añez se profundizó en las normas que dejó Morales. “No creo que el nuevo presidente cambie un ápice las normas que ya existen. No le veo salida, solo que la gente reclame fuertemente para evitar que la política de transgénicos avance”, precisa.
El director de Probioma considera que el nuevo gobierno planteará la agroindustria como una alternativa a la baja de los precios de hidrocarburos y del gas. Sin embargo —dice Crespo— para que la exportación de cultivos reemplace los ingresos de los hidrocarburos, se tendría que imponer un impuesto sobre la producción y exportación que alcance entre el 30 % y 40%. “Eso no sucederá. Actualmente el impuesto es apenas del 2 %”, dice Crespo.
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Las actividades extractivas en áreas prohibidas
“Este gobierno no avanzó en las actividades petroleras y planes de construcción de hidroeléctricas dentro de las áreas naturales protegidas (ANP). Ahora se avanzará sobre las ANP y los territorios indígenas, eso es definitivo, porque fue la política declarada por Evo Morales”, dice Pablo Villegas de Cedib.
Villegas menciona, por ejemplo, el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. En mayo de 2015, una norma aprobada durante el gobierno de Morales abrió las puertas para las actividades petroleras en las áreas protegidas. La oposición de las comunidades indígenas en Tariquía frenó este propósito dentro de esa reserva, sin embargo, ambientalistas y líderes indígenas creen que será una de los proyectos que retome el nuevo gobierno. “Se van a promover Tariquía y las petroleras dentro de las áreas protegidas; la minería, principalmente de oro; y las grandes hidroeléctricas”, asegura Villegas.
“Hemos perdido una demanda de acción popular contra este gobierno que interpusieron los hermanos de la reserva. Ahora Tariquía está en los ojos del nuevo gobierno”, aclara Ruth Alipaz, de Contiocap.
Otras obras que han permanecido paralizadas son las hidroeléctrica Rositas, el proyecto Bala-Chepete y la carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
El líder indígena Alex Villca se refiere a estos proyectos que se han mantenido paralizados durante el gobierno de Añez. “La tendencia es regional y global. Hay mayor presión sobre los recursos naturales, sobre todo el gas, petróleo y minería. Además, el interés de construir las centrales hidroeléctricas”, indica.
Villca cree que en los siguientes años se intentará retomar la construcción de estas centrales hidroeléctricas. “La idea central es dar paso a que se inicie la construcción de centrales hidroeléctricas. Hay proyectos en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. La presión económica es en toda la región”.
El presidente electo, Luis Arce, ha dicho en una entrevista a CNN que reimplantará el modelo económico, “resultado de una decisión política de nacionalización de hidrocarburos”, dijo con relación a su etapa de ministro de Economía durante el periodo de Morales.
Arce agregó que implementará las “políticas redistributivas de ingresos a través de los bonos, así como una política social muy clara para generar un mercado interno robusto y que transforme la calidad de vida de los bolivianos”.
El retorno del MAS al poder también ha puesto sobre la mesa la posibilidad del retorno del expresidente Evo Morales y su participación en el nuevo gobierno. Al respecto, el virtual presidente Arce ha dicho que, por ahora, no tiene planes de incluirlo en el gabinete. “Va a tener que responder primero todos sus problemas judiciales que está enfrentando, no tenemos pensado incluirlo en el gabinete ni en la parte ejecutiva”, concluyó.
Imagen principal: Luis Arce el día de las elecciones. Foto: Facebook Luis Arce
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