- El ex ministro del Ambiente de Perú, Gabriel Quijandría, conversó con Mongabay Latam sobre los desaciertos y errores que se cometieron durante la emergencia por el derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano.
- También habló sobre la inestabilidad política que llevó a Perú a tener tres ministros del Ambiente en el último mes y lo que esto ha significado para el desastre ambiental.
El ex ministro del Ambiente de Perú, Gabriel Quijandría, es directo al hablar de los errores que se cometieron para atender la emergencia en el mar peruano causada por el derrame de petróleo de la empresa Repsol.
“Todo se hizo mal”, dice el ex ministro sobre la respuesta que hubo tanto de la empresa Repsol como del Estado cuando ocurrió el vertido de casi 12 mil barriles de petróleo en la costa de Ventanilla, el 15 de enero de 2022.
Ahora, más de un mes después de ocurrido el desastre ambiental, el ex ministro del Ambiente y actual director regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza conversa con Mongabay Latam sobre los problemas que está ocasionando el mayor derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano, en medio, además, de una crisis política que no termina.
En el último mes, durante la emergencia ambiental ocasionada por el derrame de petróleo de Repsol se han cambiado a tres ministros del Ambiente. ¿Qué ha significado esta inestabilidad política en medio de un desastre ambiental?
Sin duda no ha ayudado en nada que, durante este mes, desde que se produjo el desastre, hayamos tenido tres administraciones en el Ministerio del Ambiente. Eso ya es anormal e indeseable en situaciones comunes, peor aún, cuando hay que responder a una situación de desastre como esta. Y lo peor de todo es que no son sucesiones de administraciones encabezadas por personas que saben del tema o tienen un recorrido profesional reconocido en gestión ambiental. Ninguno de los tres es conocido por su experiencia previa de gestión en temas ambientales. Los dos primeros designados como ministros, incluso, han sido cuestionables en términos de su formación académica, que tanto podían aportar desde el punto de vista de gestión pública.
En el caso del ministro [Modesto] Montoya uno dice, bueno, la solidez en su formación académica, su recorrido en el sector público, aunque en una organización más dedicada a la investigación como el IPEN [Instituto Peruano de Energía Nuclear] es un indicio, si se acompaña con un buen equipo que conozca el sector, puede tener una gestión aceptable; pero los dos anteriores no sabían dónde estaban parados.
¿Y esta situación política qué consecuencias ha tenido?
La demora para tener una capacidad de respuesta articulada y coordinada entre diferentes sectores. Esta demora en el establecimiento del denominado comité de crisis, que tomó cinco días para organizar a los diferentes sectores y entidades que debían estar involucradas en este proceso, es una muestra de que no se sabía cómo responder a una situación como ésta. Y lo que hemos visto posteriormente es que este comité ha tenido una serie de debilidades como no haber sido creado con el respaldo normativo que le permitiera llevar a la mesa a todos los que tenían que estar allí. Entonces, se decide un nuevo cambio que fue trasladar la responsabilidad de esta situación al COEN, al Comando de Operaciones de Emergencia Nacional. Con un conocimiento mayor sobre gestión pública, sobre lo que se ha avanzado en el Estado en cuanto a coordinación de estos problemas o retos multisectoriales, se hubiese tomado esta decisión mucho antes. Desde el primer día debió tratarse el derrame de petróleo como una emergencia; pero tomó como diez días darnos cuenta que se debía adoptar mecanismos que permitieran una acción del Estado como cuando ocurre un terremoto.
¿Qué hicieron mal tanto Repsol como del Estado en la primera respuesta ante la emergencia?
Todo se hizo mal, como sabemos. Desde el aviso de la Marina [de Guerra del Perú] sobre el efecto que podría tener la explosión del volcán [Tonga] y lo que ocurrió en Paracas y en Salaverry, incluso con muertes de personas. Después de esto, lo que hubo fue un encadenamiento de fallas, unidas, además, a ocultamientos. Uno de los elementos principales de esta situación crítica es la falta de transparencia y la falta de acceso a información detallada desde el inicio sobre la magnitud del problema. Pasamos de 7 galones —0.16 barriles de petróleo, el tanque de gasolina de una moto—, a tener 6 mil barriles y después a 12 mil con serias dudas de si fueron solo 12 mil, porque si tanto cambio hubo en el camino qué seguridad tenemos de que no fueron 18 mil o 20 mil barriles los que han terminado siendo derramados. Eso genera una situación muy complicada respecto de cuánto es el nivel de esfuerzo que tengo que desplegar desde la empresa y desde el Estado para responder, porque si no tengo claro de qué tamaño es el problema cómo respondo, cómo sé qué maquinaria debo mover, qué decisiones en el Estado se deben tomar frente a una situación como esta.
La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente han dicho que Repsol no está cumpliendo de manera adecuada ni con la limpieza ni con la atención de la emergencia y que hay muchas demoras ¿Cuánto tiempo se puede esperar para que se limpien las playas o qué se debe hacer?
Respecto de los derrames existen tres momentos según la experiencia a nivel mundial. Una es la contención de la mancha y eso ha sido lo peor de todo, la peor capacidad de respuesta que se puede identificar desde la empresa que no tuvo ninguna capacidad o diligencia para controlar que el petróleo no se esparza y no termine afectando la cantidad de costa y la cantidad de mar que está afectando hasta el momento. Lo que debieron haber hecho es desplegar estas especies de boyas de espuma que contienen la mancha de petróleo en una superficie más limitada para que después pasen las maquinarias (skimmer) que sacan esa emulsión que se genera de la mezcla del petróleo con el agua. Si no tengo eso, la mancha se esparce y eso es lo que hemos visto, la mancha pasando hasta Ancón, yéndose hacia Chancay. Ahí la respuesta ha sido nula, prácticamente. Las declaraciones del capitán del barco que dice que ni siquiera había estos elementos de control para cubrir la superficie o el contorno del barco, lo cual es parte del estándar y de la regulación para la descarga normal. En cualquier operación de descarga el barco debería estar rodeado de estos elementos de prevención y no los tenía.
Después, el tema de la limpieza ha sido absolutamente inadecuado. Repsol publicó hace unos días en redes y medios celebrando la llegada de los skimmer, 20 días después del derrame. Esos aparatos debieron estar funcionando el mismo día que ocurrió el derrame. Claramente no los tenían a la mano porque no habían hecho una previsión de que algo así podía pasar y estos accidentes ocurren con mucha frecuencia. El nivel de preparación y el nivel de diligencia de la empresa para acelerar la venida de esta maquinaria, por ejemplo, deja mucho que desear, está muy lejos de ser algo siquiera aceptable. Es inaceptable que una empresa del tamaño de Repsol y con el capital que tiene maneje esto de una manera tan poco profesional, tan poco sustentada en conocimientos técnicos y con niveles de comunicación como la entrevista que dio la responsable de comunicaciones en RPP o la que dio el gerente general minimizando el tema, no asumiendo responsabilidades. Ahora he visto que están empezando a hablar sobre el derrame del barco. Por favor, que asuman su responsabilidad.
La tercera etapa que es de restauración, para recuperar los ecosistemas a algo parecido a lo que se tenía antes del derrame, eso ni siquiera ha empezado, esa discusión no está presente todavía…Creo que están mucho más preocupados por ver cómo minimizan el tamaño de la indemnización judicial que probablemente tengan, antes que en atender realmente el problema, la limpieza y la restauración.
Esa es la impresión…
No sé de dónde viene eso. Quizás es parte de la asesoría legal que están recibiendo: busca en términos de opinión pública bajar lo más posible tu exposición frente a la responsabilidad porque con eso podemos reducir al mínimo lo que tengas que pagar en indemnizaciones y compensaciones a los afectados que, además, es distinto a la multa. Hay mucha discusión sobre por qué no le ponen una multa mayor que la que se ha anunciado, que serían estas 30 mil UIT [Unidad Impositiva Tributaria] que es lo máximo que se puede imponer legalmente, porque ahí hay una norma que tiene una forma de calcular la multa en función del daño, de la potencialidad de afectación a las personas, que en el caso de OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental] es hasta 30 mil UIT y en el caso de Osinergmin [Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería] no pasa de 600 UIT. Osinergmin se ha quedado estancado en el tema de actualizar su tarifario de multas para responder a una situación como esta. Si no existiera OEFA, estaríamos hablando de multas de 600 UIT para una situación como esta.
¿Legalmente no es posible imponer una multa mayor?
Es el tope que hay en este momento. Habría que ir a un proceso de revisión, pero eso se aplicaría para casos hacia delante, no puede ser retroactivo. 30 mil UIT [una UIT es 4 600 soles] es una cantidad importante, son casi 150 millones de soles [alrededor de 36 millones de dólares]. Obviamente no cubre todo el costo del daño que se ha causado, porque además la multa no está orientada a indemnizar a las personas o a las entidades o al ambiente afectado. La multa es un reflejo del incumplimiento frente a determinadas reglas del Estado y los recursos de la multa entran a la caja única del Estado y de ahí se redistribuyen. Entonces no hay seguridad de que esos millones de soles, si se llegan a cobrar, regresen todos como presupuesto utilizado directamente para atender el problema de la emergencia. Eso también requeriría una modificación que incluso tendría que ir al Congreso.
Usted mencionaba hace unos minutos que este tipo de derrames pasan siempre y que las empresas deben tener todos sus equipos para atender estos casos ¿Qué institución debe supervisar que los tenga?
Eso depende de las entidades de fiscalización como OEFA, como Osinergmin, como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), que son las tres entidades con mayor nivel de responsabilidad respecto del tema de la adecuada gestión que haga un operador como La Pampilla de su planta en la de la refinería. Uno de los problemas que complica las cosas es esta fragmentación normativa que existe, que hace que, por ejemplo, el plan de contingencia tenga estas tres autoridades que lo supervisan, pero no de manera coordinada y concurrente, sino que cada uno va por su lado viendo un pedazo del plan. Lo que está vinculado a la infraestructura es responsabilidad de Osinergmin, lo que está vinculado a los temas ambientales corresponde a la OEFA y lo que ocurre en el ámbito marino es responsabilidad de Dicapi. En realidad es sumamente complicado de coordinarlo y de lograr una respuesta conjunta y organizada.
Desde su experiencia como ministro del Ambiente, ¿cuánto tiempo puede tomar que se determinen las causas y las responsabilidades? ¿Se logrará hacer eso?
Con la información que se tiene sobre todas las declaraciones que ha dado el personal del barco y un poco con la evidencia que se ha visto, por ejemplo, del nivel de corrosión de los tubos, yo creo que no debería tomar demasiado tiempo tener un panorama claro acerca de quiénes son los responsables. Si decir quién es el responsable porque cumple con los criterios legales que exige un juez se dilucidará en los procesos judiciales e indemnizatorios que se generen, pero a esta altura, está claro que hay incumplimientos, lo que en gestión pública se llama diferenciar la falta administrativa de lo que puede ser un delito o una discusión en el Poder Judicial. Por el lado de la falta administrativa eso está absolutamente claro, Repsol no tuvo la capacidad de implementar de manera oportuna el plan de contingencia que tenía aprobado para la refinería. Es claro que esa capacidad y la disponibilidad de la tecnología y de los equipos para hacer frente al derrame no los tenía a mano, se han demorado 20 días en llegar a Lima. Eso es objetivamente un incumplimiento. En este momento hay evidencia de que no estaban preparados y eso debe tener una consecuencia en términos de multas y en términos de sanción.
Tomando en cuenta esto, y casos anteriores de su experiencia como ministro, ¿es posible lograr que Repsol asuma toda su responsabilidad y los gastos de la remediación?
Sería lo ideal, pero la tradición que existe en el país de judicialización de multas, por ejemplo, es fuerte. En el Perú lo que existe es una práctica habitual de llevar al Poder Judicial las multas que se imponen por estos incumplimientos ya demostrados respecto de la normatividad. En muchos casos hemos visto sentencias que revierten decisiones muy bien sustentadas, por ejemplo, como la que OEFA le impuso a la empresa Tamshi, que fue revertida por un juez que, probablemente, con el absoluto desconocimiento sobre lo que implica la deforestación y la pérdida de todas las hectáreas que se tumbaron para sembrar el cacao, decide revertir eso en la sala judicial. Y, lamentablemente, eso es una práctica muy habitual. Ojalá no pase con estas sanciones que va a recibir Repsol por el incumplimiento de los más mínimos requerimientos de seguridad ante riesgos ambientales.
Considerando que se acostumbra a judicializar las multas, ¿qué respaldo debería dar el Estado a la fiscalía ambiental y a la Procuraduría?
Sin duda la Procuraduría debería recibir todo el respaldo del Ejecutivo por ser la representación del interés del Poder Ejecutivo en relación al bien común de todos los ciudadanos. Debería haber todo el respaldo político y administrativo y si es necesario presupuestal para que este caso no se pierda y no se preste, lamentablemente, a al problema de corrupción que existe en el Poder Judicial. De igual forma la Fiscalía Ambiental debe contar con todo el respaldo desde la Fiscalía de la Nación para completar un trabajo donde el levantamiento de información y de toda la evidencia y pruebas no pueda ser cuestionado durante el proceso judicial.
La misión de la ONU ha presentado un adelanto de su informe y señala que hasta el momento no se ha hecho una evaluación de daños y análisis de las necesidades de la población para conocer mejor todo lo que ha sufrido y el impacto del lucro cesante ¿Qué institución debería estar a cargo y cómo se debería hacer?
Creo que eso debería ser conducido por el COEN, por este colectivo alrededor de las instituciones que están involucradas en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y creo que ahí cada sector involucrado debería aportar con el conocimiento de los impactos específicos de su sector para hacer una valoración adecuada. Debería estar Mincetur para determinar el efecto sobre la actividad turística, el Ministerio de la Producción con información del lucro cesante de todos los pescadores artesanales afectados, el Minam con el cálculo económico del impacto sobre la fauna y los ecosistemas, de tal forma que eso se constituye en insumo básico para los procesos judiciales de indemnización que tenga que llevar el Estado y los privados también, es decir, las personas afectadas o las asociaciones de pescadores que deberían contar con esa información objetiva del valor del impacto.
El informe de la ONU también indica que se debe adoptar la metodología del Sistema de Comando de Incidentes ¿Significa que no hubo una metodología para atender este caso? ¿Desde el Estado existen metodologías para enfrentar desastres como este?
Claramente la situación que estamos enfrentando lo que nos ha mostrado es que no ha habido un nivel de preparación ni de capacidad de respuesta como el que vemos, por ejemplo —insuficiente, pero qué ha mejorado— ante situaciones como El Niño o como un terremoto o inundaciones o muchos de estos desastres con los que convivimos habitualmente en el país. Pero parece que, en desastres surgidos a partir de una actividad económica, de una actividad riesgosa, no estamos entrenados ni igual de preparados.
¿No estamos preparados a pesar de los constantes derrames en la Amazonía? Hemos visto desastres grandes que han afectado a poblaciones completas
Son derrames más pequeños, aunque esparcidos en un territorio muy grande, con un impacto enorme en muchos casos, porque descargar o derramar un barril o cinco barriles en una cocha que alimenta a una o dos comunidades de la Amazonía, en términos relativos, es mucho más grande que el impacto que ha generado esta descarga de 12 mil barriles en la costa abierta de Perú. Sin embargo, en términos de contabilización del impacto económico siempre siempre será mucho más grande esto de Ventanilla y Ancón, pero en términos relativos hay mucho más en riesgo para los medios de vida y la capacidad de supervivencia de estas poblaciones en la Amazonía con un derrame muchísimo más pequeño que el que ha ocurrido ahora. El tema es que como esto ocurre en un ámbito remoto, como ocurre en situaciones de derrames mucho más individuales y más pequeños, no hay una respuesta adecuada.
En la Amazonía han sido décadas de derrame de petróleo ¿Usted cree que no importa de la misma manera en comparación con lo que ha ocurrido ahora?
Sin duda esto debería ser una oportunidad para que ocurran cosas buenas, para que la indolencia o indiferencia que ha habido desde Lima o desde algunos actores de Lima de atender esta situación en el ámbito amazónico o entender el reclamo de las organizaciones indígenas y locales respecto de estas situaciones sea mejor. Ojalá que esto lleve también a acelerar procesos como la utilización de los recursos que están en este momento, por ejemplo, en Profonanpe para hacer remediación ambiental de los impactos de la actividad petrolera en esta zona de las cuatro cuencas que todos conocemos. Cuando era viceministro en el Ministerio del Ambiente estuvimos un año negociando con el Ministerio de Energía y Minas para que nos entregue los recursos que habían sido fijados en la Ley de Presupuesto de ese año [2019], para que fuesen a Profonanpe y se pudiese empezar con las actividades de remediación. Estuvimos un año discutiendo, y nos entregaron los recursos el 28 de diciembre del 2019. Nos sometieron a una discusión. El primero de enero de 2019 estaba escrito en un artículo de la Ley de Presupuesto: transfieran 188 millones de soles a Profonanpe para que se pueda empezar el proceso de atención de la remediación ambiental generada por los impactos de los hidrocarburos en esta zona. Y se entregó el dinero el 28 de diciembre porque había funcionarios del Ministerio que no querían soltar el dinero. No se gastó un solo centavo de esos recursos en el año 2019, se han empezado a gastar entrado el segundo semestre del 2020.
Hablando de temas de responsabilidad, Perú no cuenta con una ley de responsabilidad ambiental. ¿Esto es un problema para lograr una reparación ambiental adecuada en el caso de Repsol?
Podría ser una oportunidad para poner en discusión este tema. Estos instrumentos de garantía que por ejemplo se aplican en el caso de Canadá, que es un adelanto de dinero que está depositado en una cuenta que se ejecuta de manera inmediata si ocurre una situación como la del derrame de petróleo. Entonces no se tiene que esperar a que toda la maquinaria del Estado se mueva para poner a disposición de Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] o del Sernanp [Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado] recursos para rescatar fauna, sino que ejecute esta garantía y ese dinero va de inmediato a atender estos temas. Pero eso ha sido absolutamente resistido por las entidades empresariales, que dicen que esto es una traba para las inversiones.
¿Las empresas manifiestan que esto sería una traba?
Lo que dicen es que hay un costo de oportunidad en ese dinero y por qué va a estar congelado. Bueno, para atender situaciones como esta. El principio de garantía se aplica a aquellas industrias y aquellas empresas que están vinculadas a actividades peligrosas.
¿Ha habido intentos de contar con estos fondos de garantía?
Sí, claro, eso se ha discutido, incluso se ha llevado en algún momento al Congreso de la República, pero los lobbies y la posibilidad de bloquear este tipo de propuestas a través de congresistas amigos ha prevalecido.
¿Es momento de volver a ponerlo en agenda?
Sin duda, esto tendría que ser puesto nuevamente en discusión, en una agenda amplia para que no estemos tan indefensos como hemos demostrado estar en una situación como la actual. Tiene que ver también con consideraciones eminentemente prácticas porque sacar un centavo de la administración pública es muy complicado y mucho más hacerlo en una situación de emergencia, en una situación inédita, que no está escrita en ningún manual, que no está prevista en el mandato de ninguna institución, ni en el Sernanp, ni en el Serfor, ni en ninguna de las instituciones. Si se contara con esa garantía se puede disponer de inmediato de esos recursos.
¿Qué mensaje cree que debería enviar el gobierno a las empresas que están pensando en invertir en el sector extractivo acá en Perú tras este derrame?
Yo diría bienvenidos todos los que estén dispuestos a tener los estándares más exigentes en términos ambientales, en términos sociales, en términos laborales, pero tienen que demostrarlo de manera fehaciente, no basta con decir tengo estándares muy altos, soy una empresa con un estándar indudable, mira mí experiencia internacional, porque a veces tenemos casos de empresas que fuera del país operan como unos estándares determinados, y en el país operan con otros. No significa que por invertir y generar crecimiento económico y te puedo permitir hacer cualquier cosa en otros ámbitos como el ambiental, el social o laboral. Yo esperaría que sea una ocasión para que eso no siga ocurriendo.
Imagen principal: Personal de Sernanp recorre las áreas protegidas impactadas por el derrame de petróleo de Repsol. Foto: Max Cabello Orcasitas / Mongabay Latam.
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