- Dos derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano ocurrieron en septiembre, el primero se produjo en la nación Chapra y el segundo en la quebrada de Cuninico. Líderes y lideresas señalan que falta agua, alimentos y atención de salud.
- Representantes de las comunidades nativas y de los pescadores artesanales se reunieron con relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima para denunciar la falta de atención por los derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía y el mar peruanos.
La impotencia se escucha en cada palabra de Olivia Bisa, lideresa indígena de la nación Chapra. “No tenemos agua, no tenemos víveres, hasta cuándo vamos a esperar. Somos seres vivos y necesitamos vivir”, dice con la voz quebrada por la angustia y la indignación mientras expone ante la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bisa y otros ocho líderes indígenas viajaron desde sus comunidades en la Amazonía peruana hasta Lima, la capital de Perú, para reclamar por los derrames de petróleo que ocurren y afectan en sus territorios. “Van 30 días que ni PetroPerú ni el Estado peruano se han sentado a conversar con nosotros, no sabemos por qué tanta discriminación. Petroperú y el Ejecutivo tienen que hacerse responsables. Que Petroperú limpie sus derrames en el territorio”, reclama Biso, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra.
El derrame del que habla Bisa ocurrió el 10 de setiembre, en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano (ONP), ducto operado por la empresa estatal Petroperú que transporta el combustible desde la Amazonía hasta la costa peruana. El vertido del crudo ha impactado en las comunidades ubicadas en la provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, cerca de la frontera con Ecuador.
No ha sido el único derrame del ONP ocurrido en solo un mes. Seis días después, el 16 de setiembre, otra ruptura en el ducto, esta vez en el kilómetro 42 del ONP a la altura de la quebrada de Cuninico, en la provincia de Urarinas, en Loreto, ocasionó el vertido de aproximadamente 2500 barriles de petróleo en las aguas del río Marañón. El desastre afectó a más de 20 comunidades que hasta ahora esperan atención ante la falta de agua, alimentos y servicios de salud.
Entre los días 10 y 14 de octubre, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron el Perú para monitorear y evaluar la situación de derechos humanos y los derrames de petróleo en el país.
La Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), Soledad García, y el Primer Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator para Perú, Stuardo Ralón, se reunieron con los líderes indígenas de la Amazonía de las zonas afectadas por el petróleo, así como con los pescadores de Ancón que resultaron afectados por el último derrame de petróleo de Repsol ocurrido en el mar del Callao en enero de este año.
Los derrames que se repiten
“Todo era negro, manchas, planchones de petróleo que bajaban por el río”, cuenta Mariluz Canaquiri, lideresa Kukama de la comunidad nativa Shapajilla, en el distrito de Parinari, una de las comunidades afectadas por el derrame que ocurrió el 16 de setiembre en el kilómetro 42 de Oleoducto Nor peruano, en la quebrada del río Cuninico, y que ha llegado hasta el río Marañón.
La lideresa Kukama también llegó hasta Lima para reclamar por el abandono en el que se encuentran tras el derrame. “Cuando hubo el derrame, nadie nos avisó para sacar agua, porque cuando nos avisan todo el mundo saca su agua, junta el agua del río antes de que llegue el petróleo. Somos 29 comunidades en el distrito de Parinari y todas estamos afectadas”.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la empresa estatal Petroperú había informado que el derrame afectó cinco hectáreas y que fueron aproximadamente 2500 barriles de hidrocarburos los que se vertieron. OEFA supervisó la zona del desastre desde el punto preciso donde se inició el derrame, en la quebrada de Cuninico, y continuó el recorrido de toda la zona afectada hasta el río Marañón por donde se desplazó el crudo.
Junto con OEFA llegaron la Autoridad Local del Agua (ALA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Defensoría del Pueblo hasta Cuninico, la comunidad más cercana a la zona del derrame, para evaluar los daños ocasionados por el petróleo.
No es la primera vez que la comunidad de Cuninico padece un derrame de esta magnitud. En junio del 2014, fueron 2358 barriles de petróleo los que se vertieron en el mismo lugar. En esa ocasión, los efectos del agua y del pescado contaminados causaron daños en la salud de la población. Cuninico presentó una demanda contra el Estado por los daños ocasionados y tras varios años de litigio, la comunidad ganó el caso. Sin embargo, el incumplimiento de la sentencia provocó que sus reclamos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Tribunal Constitucional en el Perú.
Ahora, el nuevo derrame agrava la situación de Cuninico y de todas las comunidades que han resultado afectadas por el desastre. “No contamos con agua, a pesar que el Estado ha declarado estado de emergencia no está cumpliendo con su responsabilidad. No tenemos agua, no tenemos alimentación y tampoco atención de salud”, reclama John Lenon Salinas desde Cuninico.
Salinas cuenta que, al igual que en el 2016, la población está sintiendo los efectos de la presencia del crudo en el río y el suelo. “Están con alergia, náuseas, dolor de cabeza, como viene ocurriendo desde el 2014. Todas las comunidades, desde el distrito de Urarinas hasta el distrito de Parinari, están afectadas”.
El 25 de setiembre, el Ministerio del Ambiente decretó el estado de emergencia ambiental en el territorio de las comunidades nativas de Urarinas y Cuninico, ubicadas en el distrito de Urarinas, en Loreto, por un plazo de 90 días para atender la emergencia ambiental en el área comprendida desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón.
“Necesitamos agua, víveres y medicamentos, atención médica de inmediato, eso es lo que estamos pidiendo. Pero también queremos que se declare de emergencia el río Marañón y que se cumpla con instalar agua potable. No es la primera vez que ocurre esto, no sé cuántas veces ya he visto derrames desde cuando era pequeña”, dice Canaquiri, la lideresa de la comunidad nativa Shapajilla, ubicada en la cuenca del Marañón.
Las afirmaciones de la empresa estatal de petróleo y del Premier han indignado a la población, pues no es la primera vez que se les acusa de ocasionar deliberadamente la fuga del crudo. Sin embargo, un informe elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con base en la información oficial de la OEFA determinó que “las cifras reales demuestran que 65.4 % de los derrames ocurridos en los lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano son producto de la corrosión de los ductos y de fallas operativas, mientras que los derrames causados por terceros representan un 28.8 %”.
Demoras e incumplimiento de compromisos
“Venimos siguiendo con mucha atención y mucha preocupación derrame tras derrame desde que la Relatoría se crea hace cinco años”, dijo la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García, durante su intervención en la reunión con los líderes indígenas y los representantes de los pescadores.
García también indicó que la CIDH ha manifestado al gobierno peruano la necesidad de “avanzar en la ratificación del Acuerdo de Escazú”. Además, García mencionó que tanto el Estado peruano como las empresas involucradas en estos hechos deben cumplir sus obligaciones y, “en el caso del Oleoducto Norperuano, que es una empresa estatal, estamos hablando de obligaciones reforzadas”.
En ese sentido, la Relatora Especial se refirió al informe temático Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, publicado por la CIDH en el 2021, en donde se señala que “los Estados deben asegurar que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupo de personas, incluyendo a los pueblos indígenas y tribales, comunidades campesinas y poblaciones afrodescendientes como colectivos cohesionados”.
Durante su visita a Perú, los comisionados se reunieron también con los pescadores de Ancón, afectados por el derrame ocurrido en el litoral peruano en enero de este año.
“Hemos visto situaciones complicadas con derrames que tienen que ver con el pasado, sobre todo del Oleoducto Norperuano, administrado por la empresa estatal Petroperú, que debe tener una capacidad de respuesta que hasta el momento no ha tenido para atender los pasivos ambientales”, señaló el Primer Vicepresidente de la CIDH y Relator para Perú, Stuardo Ralón, al concluir su visita en Perú.
Ralón indicó que la CIDH determinó que existe una “falla estructural en los derrames”, que es cuando se judicializa el caso para saber quien fue el culpable. “En tanto se demora la investigación o deducción de la responsabilidad pareciera que nadie se hace cargo de los daños y de la inminente reparación. Y la población queda en abandono a su suerte”.
El Relator para Perú adelantó que entre las recomendaciones que la CIDH alcanzará al Perú para los casos de derrames de petróleo se debe considerar “una especie de fondo de emergencia de garantía”, para que no demore en llegar la atención a las poblaciones mientras se investigue las responsabilidades.
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Emergencia que requiere atención
Un compromiso manifestado por el Relator Ralón durante la reunión con los líderes indígenas y representantes de los pescadores ha sido visibilizar la difícil situación que enfrentan las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo. “Estamos ante un desafío, una crisis, una emergencia muy grave, que sentimos no se ha visibilizado del todo en Perú y el compromiso con esta visita es poner el tema en la prioridad y en la dimensión que el caso amerita”.
La falta de atención oportuna ante los derrames de petróleo ha ocasionado una serie de protestas en la Amazonía peruana. Tras el derrame de Cuninico, la población de las comunidades ubicadas a lo largo del río Marañón decidieron paralizar el transporte fluvial. “De manera pacífica indicamos a las lanchas que se desplazan entre Yurimaguas e Iquitos que se detengan y se queden en el puerto”, señala Salinas, de Cuninico, sobre las protestas que han realizado para reclamar ante el gobierno por la falta de atención de sus necesidades básicas.
Otro paro que lleva más tiempo ocurre en el Datem del Marañón. “Ha pasado un año desde se realizó la consulta previa en el Lote 192 que está en los ríos Pataza, Corrientes y Tigre y hasta ahora no se ha abordado ningún tema, ningún compromiso, ningún acuerdo del acta”, señala Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), quien también llegó a Lima para la reunión con la CIDH.
Esta asociación es una de las cinco federaciones que forman el colectivo denominado Cuatro Cuencas que reúne a 90 comunidades indígenas de la región Loreto, ubicadas dentro del ámbito de influencia directa e indirecta de los lotes 192 y 8, así como del Oleoducto Norperuano y sus ramales.
En el Lote 192 se han ubicado más de 2 000 sitios impactados y contaminados por la actividad petrolera, según el informe La Sombra del Petróleo elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El especial Manchados por el Petróleo, publicado por Mongabay Latam, da cuenta de las denuncias y sanciones impuestas a Pluspetrol Norte SAC, empresa que operó este lote entre los años 2000 y 2015. De acuerdo con la investigación periodística, Pluspetrol Norte SAC es la empresa que más multas ha acumulado por sus operaciones en los Lotes 192 y 8 en los que estuvo operando. Entre el 2012 y el 2015, sus últimos tres años de operaciones, se registraron un total de nueve sanciones de parte del OEFA y, en general, la empresa tiene más de 3 millones de dólares en multas acumuladas hasta 2015.
Tras la salida de Plupetrol Norte, el Lote 192 fue adjudicado a la empresa Frontera Energy que culminó sus operaciones en el año 2020. Actualmente, este lote está en manos de Perupetro, empresa estatal encargada de su adjudicación.
“La prevención es urgente y necesaria para poder evitar los derrames, pero además en términos de información, hay muy poca. Si en el caso de Repsol con toda la visibilidad que tuvo hemos tenido problemas de información, imagina los casos en estas zonas alejadas de la Amazonía”, dice Miguel Lévano, coordinador del Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Lévano también señala que ante los derrames de petróleo se deben tomar medidas de “emergencia humanitaria para la población, para atender a los afectados, para abastecer de alimentos y agua y evitar otros efectos producto del derrame”.
*Imagen principal: Mariluz Canaquiri, lideresa Kukama de la comunidad nativa Shapajilla; Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y Olivia Bisa, lideresa de la nación Chapra durante la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Yvette Sierra Praeli.
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