Se instalaron sobre todo en el Chaco, “donde penetraron hasta lo más profundo del poder económico y político de la región”, asegura Taguide Picarenai, un referente indígena de los ayoreos Totobiegosode, un pueblo originario ubicado en el Gran Chaco que constantemente reclama por los atropellos que sufre su comunidad.

Según la investigadora paraguaya María Victoria Benítez, doctora en Historia y Civilizaciones por la Universidad de París, la primera colonia menonita en la región oriental, es decir, donde se ubica el BAAPA, fue Friesland, fundada en 1937 en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro. A partir de allí, se crearon varias otras colonias en diferentes departamentos.

En todas estas localidades, la pérdida de bosque ha sido también el denominador común en los últimos 50 años, según demuestran los datos oficiales del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y de Global Forest Watch (GFW).

La colonia Sommerfeld, que anuncia su presencia con un letrero al inicio de la calle empedrada que lleva a la comunidad Pindo’i, fue inaugurada en 1948 y tiene unos 900 productores que conforman una Cooperativa del mismo nombre que opera en diversos sectores de la industria, teniendo una participación importante en los rubros de lácteos, alcoholes, almidón, harina y derivados.

La Cooperativa produce el 10 %, aproximadamente, del consumo en harina de trigo y el 5 % de fideo a nivel nacional, según datos de la Cámara Paraguaya de Molineros (Capamo). Además, es la principal proveedora de leche para la marca láctea Lactolanda, que se distribuye a todo el país.

Entre todos los socios suman 22 000 hectáreas las que son utilizadas para la producción de soja, maíz y trigo. Pero años atrás, en la década del 40, toda esa región donde se ubica hoy la colonia Sommerfeld era un bosque profundo, donde habitaban los indígenas mbya, que significa justamente “pertenecientes al bosque”. Actualmente, solamente quedan algunos remanentes boscosos en las reservas indígenas de toda la región. Una de ellas es la de la comunidad Pindo’i, pero está gravemente amenazada.

Imágenes de la reserva indígena Pindo’i. Video: Mario Silvero

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Tierras indígenas en peligro

Las coordenadas de las 684 alertas de deforestación que identificó el sistema satelital Global Forest Watch en lo que va del 2022, llevaron a este equipo periodístico hasta el corazón de la reserva de la comunidad Pindo’i. Allí, el agua que cae por una pequeña cascada que los habitantes del lugar conocen como “el chorro”, es lo único que sobrevive en ese paisaje que hasta hace solo cinco años era un gran pantano rodeado de árboles.

Desde arriba, las imágenes del dron muestran cómo la tierra que rodea la cascada está desnuda y está siendo preparada para plantar soja. Desde abajo, Mongabay Latam pudo constatar que las maquinarias han removido incluso la tierra del mismo estero que rodea el chorro.

Miembros de la comunidad indígena que conversaron con Mongabay Latam y que prefieren mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, aseguran que se trata de desmontes (deforestación) realizados por la colonia menonita Sommerfeld, la que ya en otras ocasiones ha sido acusada de invadir territorio indígena y de tumbar bosques.

En abril de 2021, un poblador de Caaguazú registró una denuncia formal contra aquella colonia cuando, en plena reserva de la comunidad Pindo’i, maquinarias derribaron al menos tres hectáreas de bosques y destruyeron un estero a la altura del arroyo Guyraunga. La fiscal Marta Leiva, de la unidad ambiental de la fiscalía de Caaguazú, atendió el caso.

Desde arriba, las imágenes del dron muestran cómo la tierra que rodea la cascada está desnuda y está siendo preparada para plantar soja. Video: Mario Silvero.

Por ley, la deforestación en los territorios indígenas está prohibida. Incluso la propia Constitución Nacional de Paraguay establece que estos deben ser conservados y respetados por lo que la deforestación denunciada en abril de 2021 era una intervención ilegal.Pero este no fue el único evento. En mayo de 2020 casi un año antes, el subjefe de la Comisaría 12 de la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia, en Caaguazú, envió un oficio a la fiscal Leiva informando el hallazgo de “un montículo de árboles caídos” en un terreno llamado Campo 24, perteneciente a la colonia menonita, en las inmediaciones de la comunidad Pindo’i.

El oficio enviado por Estigarribia se basaba en que por ley, desde el 2004, se prohíbe en la zona del BAAPA todo tipo de deforestación para cambio de uso de suelo. Dicho desmonte, por tanto, realizado después de la ley conocida como “deforestación cero”, también era ilegal.

Además, Oscar Rivas, ex ministro del Ambiente, aseguró a Mongabay Latam que durante su administración entre los años 2009 y 2012, el ministerio realizó acciones para detener invasiones por parte de la colonia Sommerfeld. “Trabajamos durante cinco años en la defensa de tres comunidades indígenas en contra del avance de las plantaciones en sus territorios por parte de la Cooperativa Sommerfeld”, dijo Rivas.

La justicia, sin embargo, por ahora no ha determinado responsabilidades en la deforestación de Pindo’i. Los desmontes realizados en 2022 y de los cuales Mongabay Latam fue testigo aún no son parte de ninguna investigación y en lo que respecta a la denuncia de 2021 en contra de la colonia Sommerfeld, la causa sigue abierta, asegura la fiscalía.

En este último caso, la fiscal Leiva precisa que si bien la denuncia señala a la colonia menonita, “no identifica a los responsables (individuos) directos” por lo que la fiscalía hizo un pedido de colaboración al instituto del Indígena (INDI) —el organismo público encargado de desarrollar las políticas públicas referentes a los pueblos indígenas— para determinar responsabilidades.

Cabe precisar, que el informe fiscal que Leiva envió al INDI solicitando una colaboración indica a los líderes indígenas como presuntos responsables de la deforestación por ser ellos los representantes legales de la comunidad.

Ovidio González, un periodista local y trabajador comunitario que acompañó al equipo de Mongabay Latam en la zona, asegura, sin embargo, que quien está detrás de la deforestación que ha venido sufriendo la comunidad de Pindo’i es la colonia Sommerfeld. “Acá los indígenas no tienen ni machete. Todas estas deforestaciones son propiciadas por los menonitas desde hace años, pero nadie investiga”, sostiene.

Un poblador indígena de Pindo’i, que ha preferido mantener en resguardo su nombre por temor a represalias, afirma que muchas veces los miembros de su comunidad no tienen otra alternativa que acceder a los desmontes que financian los menonitas de la zona para conseguir algo de dinero y cubrir sus necesidades básicas. “Nosotros como mbya siempre queremos vivir de nuestros bosques”, dice el comunero indígena, pero “la gente de la comunidad al final termina trabajando para los menonitas porque no hay de otra”, explica.

David Friesen, representante de Sommerfeld, rechazó tajantemente la responsabilidad de la colonia en la deforestación registrada dentro de territorios indígenas, aunque reconoció que los desmontes en esas zonas son una realidad. “Primero no estamos de acuerdo con que se haga eso (desmontes) y segundo dudo que sea un colono de Sommerfeld el responsable, y si es así entonces no está colaborando con nosotros. Yo puedo hablar por los Sommerfeld y no creo que sea un colono nuestro”, dice Friesen.

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Tierras alquiladas

Para Alba Guillén, jefa de Gestión Ambiental del INDI, las leyes ambientales son muy claras sobre la prohibición de tumbar bosques en las comunidades indígenas. Según dice, eso está en conocimiento tanto de líderes indígenas como de menonitas y grupos campesinos que viven en la zona.

Además, “todas las reservas de bosques indígenas deben tener su franja de protección”, expone Guillén en referencia a un perímetro alrededor de los territorios indígenas que por ley no pueden ser intervenidos. No obstante, la reserva de bosques de la comunidad Pindo’i está rodeada de plantaciones de la colonia Sommerfeld hasta el límite.

Un poblador indígena de la comunidad que está en contra de la deforestación, dice que la destrucción de estos bosques está matando la forma de vida de los mbya. “Los mbya vivimos de lo que nos da los bosques, pero acá ya no queda casi nada”, dice y reconoce que ante la falta de trabajo, muchos pobladores se ven obligados a trabajar en las plantaciones menonitas de la zona. Esto, asegura Barros Barreto, ex ministro del Ambiente (2013-2018), “se da por la ausencia del Estado. Los líderes prefieren arrendar sus tierras ante la falta de otras alternativas”, expone.

Imágenes de la reserva indígena Pindo’i. Video: Mario Silvero

Según explica un funcionario de la fiscalía, los menonitas se encargan de los trabajos de desmontes “ya que son los únicos con la capacidad para tener maquinarias para esa actividad” y los indígenas trabajan posteriormente para los menonitas en la plantación de sus granos.

“Cada vez hay menos árboles”, dice uno de los indígenas que habló con Mongabay Latam. “Nadie realmente quiere matar sus bosques”, agrega otro miembro de la comunidad indígena.

“El problema con estas comunidades es la falta de apoyo. Acá no existe el INDI. Vienen para dar algunos víveres, cuando acá lo que necesitan los indígenas son herramientas, programas para sus huertas”, dice Ovidio González.

Cristino Benítez, jefe distrital del Instituto Forestal Nacional (INFONA), asegura que tomarán las medidas correspondientes para que se investigue la deforestación detectada por el equipo periodístico de Mongabay. “Hemos revisado y estos nuevos desmontes se dan dentro de la reserva indígena Pindo’i”, dice Benítez.

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Primero el fuego luego la soja

Según Leiva, luego de la denuncia de 2021, desde la fiscalía hablaron con el líder de la comunidad  Pindo’i  para que ya no permitan el ingreso de foráneos con maquinarias. Ovidio González dice que desde entonces los deforestadores [en referencia a miembros de la colonia menonita] utilizaron otro sistema.

“Empezaron a quemar los bosques, de a poco, para que sea más fácil cortar los árboles”, cuenta. Después lo que viene es el destronque (sacarlos de raíz) para luego preparar el suelo para las plantaciones. “Pero todos estos procesos se hacen de a poco y por parte, para no llamar la atención con maquinarias muy pesadas como tractores y otros”, afirma el periodista.

En algunos de los puntos en los que el sistema de GFW detectó alertas de deforestación, todavía están los árboles caídos y las cenizas de las quemas esparcidas por todos lados.

Además, según González, como las plantaciones en este lugar son ilegales, nadie controla si los agroquímicos que se utilizan están bajo las regulaciones correspondientes.

Como si fueran cicatrices, grandes y profundas grietas cruzan de un extremo al otro el terreno deforestado. Por allí van los restos de los agroquímicos que se utilizan en las plantaciones y que terminan directo en el estero, asegura Ovidio González.

Caaguazú es uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de producción de soja, uno de los principales productos paraguayos de exportación. Según datos del Banco Central de Paraguay (BCP), desde 2000 hasta agosto de 2022, las exportaciones por granos de soja significaron 34.022 millones de dólares de ingresos para el país.

Esos números hacen también de Caaguazú uno de los departamentos más golpeados por la deforestación en Paraguay. Desde 2001 hasta el 2021, se han perdido 149 683 hectáreas de cobertura forestal en este departamento, según datos del GFW.

Además, según un informe dado a conocer por el Instituto Forestal Nacional (INFONA), entre 2017 y 2020 se registraron cambios de uso de suelo en 79 067 hectáreas de la región oriental. Es decir, se deforestó ilegalmente una superficie siete veces mayor a Asunción, la capital de Paraguay, para dedicar el territorio a la agricultura.

Paradójicamente, ni el INFONA, ni el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) han recibido denuncias recientes referente a desmonte en esta región que afecte a comunidades indígenas.

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La dominación del Chaco paraguayo

La situación del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA) y de las comunidades indígenas que habitan en él se repite también en el occidente del país, en el Chaco paraguayo, un extenso territorio en donde está la Reserva de la Biosfera del Chaco con 7 millones 400 mil hectáreas. Al igual que en el BAAPA, las colonias menonitas se instalaron en el Chaco entre los años 20 y 50 cuando toda esa vasta área era un bosque casi impenetrable. Todo eso cambió.

Según GFW, desde 2001 hasta 2021, la región chaqueña perdió 5 millones de hectáreas de cobertura arbórea. Una superficie mayor a toda Suiza. El Chaco aporta casi un 50 % de las especies de la flora paraguaya conocidas hasta el momento, según Fátima Morales, bióloga y botánica paraguaya.

Loma Plata y Filadelfia, las dos ciudades más importantes del Chaco central, están separadas una de otra por 25 kilómetros y fueron fundadas por colonias menonitas. La primera en junio de 1925 y la segunda en agosto de 1931. “Antes, todo esto que ustedes ven ahora, era bosque puro y era donde vivían nuestros antepasados. Pero ahora ya nada es de nosotros”, dice un indígena del Pueblo Enhlet Norte, en pleno centro de Loma Plata, convertido hoy en una urbe llena de locales comerciales.

Una de las comunidades que viene denunciando la invasión de sus tierras por parte de empresas y colonos menonitas es la comunidad Manjui Wonta – Santa Rosa, perteneciente al pueblo indígena Manjui. Este pueblo habita la zona conocida como “Alto Pilcomayo”, en el departamento de Boquerón, distante a unos 750 kilómetros de Asunción.

El pueblo Manjui, que significa “venimos de la paloma”, tiene menos de 900 familias y es considerado una de las etnias próximas a desaparecer en Paraguay.

En 1998, el INDI compró las tierras con el único objetivo de disponerlas a favor de los Manjui. Sin embargo, la transferencia legal nunca se concretó. Esto permitió que familias ganaderas y al menos cuatro empresas carboneras – dos de ellas manejadas por menonitas- se instalaran en esos terrenos a finales de los años 90.

Burkhard Richard Schwarz, geógrafo alemán, historiador e investigador de la organización “Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental”, que trabaja en defensa de los derechos de la comunidad Manjui, dice que ya han recurrido a todas las instituciones estatales para lograr que los Manjui recuperen su territorio. Pero hasta ahora todo fue en vano.

La palabra “Chaco”, que proviene de la lengua quechua, quiere decir “territorio de cacería”. En efecto, en él habitan numerosos animales salvajes como el jaguareté o jaguar (Panthera onca), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el taguá (Catagonus wagneri) o el tatú carreta (Priodontes maximus), entre otras especies que hoy están amenazadas por la pérdida de hábitat debido a la alta deforestación.

El análisis realizado por este equipo periodístico en la plataforma Global Forest Watch arrojó que solo entre enero y la primera semana de octubre de este año se registraron 45 210 alertas de deforestación dentro de Reserva de la Biósfera del Chaco y muy cerca del Parque Nacional Defensores del Chaco.

Aunque no es posible asegurar que todos las alertas corresponden a desmontes realizados por colonias menonitas, Burkhard Richard Schwarz asocia este fenómeno esencialmente con la masiva expansión económica y territorial de estas colonias a lo largo y ancho del Chaco. “El sistema menonita responde a un patrón que parte de la base de que todo bosque es una tierra improductiva, es decir, es un terreno desperdiciado”, afirma el geólogo alemán.

Tanto la región occidental, donde se ubica el Chaco, como la oriental donde se encuentra el BAAPA, son áreas altamente biodiversas, aseguran los científicos. Esa biodiversidad, sin embargo, está en serio riesgo debido al acelerado avance de la frontera agrícola sobre territorios protegidos por ley.

Desde 2001 hasta 2018 se desmontaron, solamente en territorios indígenas, un promedio anual de 8223 hectáreas de bosques, según la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). Dicho de otro modo, a lo largo de esos 18 años se perdieron más de 148.000 hectáreas de cobertura arbórea en las 493 comunidades indígenas de todo el país.

Según la bióloga Fátima Morales, el país ha perdido especies que ni siquiera se han conocido ni estudiado en la zona del Bosque Atlántico, en la región Oriental, por culpa de la deforestación. A pesar de que la ley “Deforestación Cero” establece prisión para quienes desmontan bosques en esta región del país, a la fecha ni una sola persona ha recibido esa condena en Paraguay.

Imagen principal: Deforestación en pleno corazón de la reserva indígena de la comunidad Pindo’i. Foto: Mario Silvero.