- Aly Domínguez y Jairo Bonilla, de 38 y 28 años respectivamente, fueron asesinados a tiros el 7 de enero de 2023. Ellos participaban en la defensa de los ríos en Guapinol, en la región nororiente de Honduras.
- Estos homicidios recuerdan que Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. Tan solo entre 2012 y 2021, la nación centroamericana registró 117 ataques letales; uno de ellos fue el que sufrió Berta Cáceres en 2016.
- Desde 2018, los defensores de los ríos y el territorio en Guapinol han enfrentado amenazas, persecución, criminalización y encarcelamiento.
“Todos estamos con miedo porque esto ya sobrepasa los límites”, dice Reynaldo Domínguez durante la llamada telefónica. Cuando lanza estas palabras, ni siquiera se ha cumplido una semana del asesinato de Aly Domínguez —su hermano menor— y de Jairo Bonilla, ambos activistas en la defensa del agua, hecho que cimbró a Guapinol, pequeña comunidad del nororiente de Honduras.
“El miedo, como seres humanos, es natural. Pero a mí me da más miedo que nos quedemos sin agua”, enfatiza Domínguez para reafirmar su lucha. Él también ha sido un destacado defensor del Parque Nacional “Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras” y los ríos que nacen en sus tierras: Guapinol y San Pedro, ubicados en el municipio de Tocoa, Colón.
Un proyecto minero a cielo abierto, dirigido por la empresa Inversiones Los Pinares, ha generado un conflicto social en la zona desde 2018. Los hermanos Domínguez fueron dos de los 32 activistas criminalizados y encarcelados en 2019 por oponerse, con un campamento de protesta pacífica, a las actividades mineras por las afectaciones ambientales que están generando.
Desde entonces, los defensores de los ríos de Guapinol demandan, entre otras cosas, detener la minería, una consulta comunitaria en el municipio y rescindir el decreto que permitió la entrada de la minera a la zona de amortiguamiento del parque.
Con su posterior liberación, los hermanos continuaron liderando la lucha. Jairo Bonilla no fue encarcelado, pero también fue fundador y activo participante del “Campamento por el Agua y la Vida”, acción que duró 88 días, hasta que fue desalojado en forma violenta.
El sábado 7 de enero de 2023, las personas defensoras de Guapinol recibieron el golpe más duro. Aly Domínguez y Jairo Bonilla, de 38 y 28 años respectivamente, fueron asesinados mientras trabajaban. Ambos eran cobradores de pagos para una empresa de televisión por cable. En esa tarea se encontraban cuando recibieron varios balazos al salir de la comunidad vecina de Concepción; se dirigían de regreso a Guapinol, a bordo de una motocicleta.
El informe policial establece que el móvil del crimen corresponde a un presunto asalto. Las autoridades afirman que los defensores “fueron interceptados por unos individuos para asaltarlos”, dispararles en reiteradas ocasiones y darse a la fuga. La comunidad no cree en esa versión.
“En la escena del crimen fue encontrada la motocicleta en la que se conducían, sus teléfonos, el dinero que ellos andaban cobrando y que fue entregado al propietario de la empresa, posterior al entierro de los compañeros”, sostiene Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización comunitaria fundada en 2015 para enfrentar los ataques a este territorio.
López resalta que “los elementos para argumentar que fue un asalto, como lo dice el informe policial, quedan desvanecidos; por tanto, nosotros abrimos una siguiente hipótesis”. En eso coincide Reynaldo Domínguez, pues afirma que los cuerpos de los activistas fueron encontrados con un balazo en la sien. “Eso es un hecho con saña”, asegura.
Los ríos bajo constante presión
El Parque Nacional Montaña de Botaderos es un área protegida desde 2012. En sus cerca de 100 000 hectáreas nace una de las redes hídricas más importantes de la región que incluye a los departamentos de Colón y Olancho; ahí emanan 34 microcuencas que abastecen a los municipios de Tocoa, Sabá, Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban, para beneficio de unos 42 000 habitantes. La zona, en su conjunto, tiene múltiples riquezas naturales que la hacen ser una área en la que hay intereses de grandes empresas.
En el Plan de Manejo del parque se reconoce que la minería ha provocado una fuerte presión de los recursos naturales, el deterioro de los ecosistemas, cambios en el uso del suelo, pérdida de especies de flora y fauna, así como la liberación de sustancias tóxicas, por lo que “dentro de sus límites no se permitirá ninguna actividad” de esta índole. Tampoco se permiten la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, construcción de represas, instalación de antenas y otras actividades que causen disturbios ecológicos.
Aun así en abril de 2013 comenzó el proceso para otorgar concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares. En aquel momento, las dos áreas concesionadas —de unas cien hectáreas cada una—, todavía eran parte de la zona núcleo del parque. En diciembre del mismo año, el Decreto 252-2013 del Congreso Nacional consideró estas zonas como parte del área de amortiguamiento. Esto abrió la puerta a la minería no metálica de óxido de hierro, actividad que no está prohibida por el Estado.
Así llegó también una planta peletizadora para procesar y comprimir el material explotado —llamada Inversiones Ecotek, que junto a la minera, es propiedad del Grupo Emco Holding, presidida por el empresario Lenir Pérez— que ha perforado cinco pozos y, de acuerdo con el Comité Municipal, ha empobrecido el caudal del río Guapinol.
“Guapinol tiene unos 3000 habitantes y su comunidad se alimenta del río del mismo nombre: su sistema productivo, sus animales y su vida dependen de ese río que está en grave riesgo frente a la extracción minera”, explica Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal.
López señala que “a unos cuatro o cinco kilómetros del río Guapinol, por la margen derecha, está el San Pedro. Ese río sí tiene sus afluentes en la zona donde están las concesiones mineras y ese río alimenta la vida de 14 comunidades que están en el sector San Pedro y cuatro comunidades más que están en la zona del valle. El sector San Pedro es zona de cerro y montaña, bueno, ya casi no hay montaña”.
Cuando la mina de Inversiones Los Pinares comenzó a operar, tiró toneladas de tierra en los ríos que se volvieron lodosos y el agua quedó imposible de utilizar, aseguran los defensores.
“En el esfuerzo por frenar las operaciones de la empresa minera, puesto que representaba ya un alto peligro para la comunidad, Guapinol se levantó en protesta porque la empresa dañó su río. Ese fue el detonante. Los muchachos —Jairo y Aly— estaban ahí, en todas las actividades”, narra López sobre el momento en que se activó el campamento en Guapinol. La comunidad no se opone al desarrollo, menciona el defensor, sino a la destrucción que implican los proyectos mineros.
“Esta defensa la hemos hecho porque la comunidad tiene un gran potencial en desarrollo y lo hemos conseguido las y los pobladores de la comunidad”, agrega Domínguez, “pero todos esos logros están en riesgo, igual que nuestras vidas, como lo que acaba de pasar con estos dos compañeros y no solo con ellos. Ya hemos tenido este tipo de eventos con Roberto Antonio Argueta Tejada (asesinado en 2019), con Arnold Joaquín Morazán (asesinado en 2020) y otros compañeros que han ido cayendo de forma anónima. Hoy se hace más necesario levantar la voz en defensa de las y los que quedamos todavía de pie”.
Guapinol ante la mirada internacional
Desde que los defensores del agua de Guapinol fueron encarcelados, hasta la liberación de los últimos ocho de ellos, en febrero de 2022, las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional han seguido su caso. La muerte violenta de Aly Domínguez y Jairo Bonilla provocó el pronunciamiento de muchas de ellas. Incluso, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó el asesinato de los defensores.
En tanto, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa lanzó un manifiesto público donde exige al Ministerio Público una investigación “oportuna, independiente y creíble” para lograr responsabilidades penales a los autores materiales del crimen. Además, señalan que el Ministerio Público ha actuado en contra de las y los defensores de derechos ambientales en colusión con Inversiones Los Pinares, “por tanto, tienen conocimiento de cómo se ha venido tramando el cuadro de riesgo y amenaza contra defensores del ambiente en Guapinol, Tocoa, sector San Pedro, entre otras comunidades”, señala el documento.
“Los fiscales, los jueces, policías, militares, directores de institutos, pareciera que están funcionando como los responsables de garantizar y de hacer suyos los proyectos extractivos de las grandes empresas”, asevera López. “Abrir la boca, significa asumir la estigmatización, la criminalización mediática, la judicialización por denuncias, el encarcelamiento y, en el caso extremo, el asesinato que abunda en este país. Eso es lo que significa eso aquí en Honduras, como en tantos países de América Latina”, manifiesta el activista.
Mongabay Latam solicitó declaraciones al Ministerio Público de Honduras respecto al caso de los activistas asesinados, sin embargo, no obtuvo respuesta. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro se pronunció a través de un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos y señaló que el crimen ocurrió “en el contexto de una campaña de hostigamiento, amenazas, criminalización y atentados”, contra quienes defienden sus derechos y al medio ambiente. Por ello ordenó la ampliación del estado de excepción en el departamento de Colón —pues han persistido los hechos violentos con armas de fuego en menos de un mes—, así como la revisión de las medidas de protección para las personas defensoras y las familias de Guapinol.
Honduras ha sido, durante años, un país de muerte para las y los defensores de la naturaleza. La organización Global Witness lo ha documentado ampliamente. En 2017 esta nación se colocó como la más peligrosa para el activismo ambiental. Solo en una década, de 2012 a 2021, el país registró el asesinato de 117 defensores medioambientales. Basta recordar uno de los casos más sonados a nivel mundial: el asesinato de Berta Cáceres, ocurrido en 2016 por defender el agua y oponerse a una megarepresa en el río Gualcarque, un proyecto que ponía en riesgo la vida del pueblo indígena lenca.
“Estamos adoloridos, pero estamos de pie y vamos a dar la batalla”, concluye Reynaldo Domínguez. “Nosotros vamos a continuar en esta lucha, exigiendo justicia y vamos a dar los pasos que se nos concedan, los que consideramos pertinentes hasta llegar a esclarecer todo esto, aquí estamos en esta lucha porque el agua es vida, el río es vida y porque el Parque Nacional Montaña de Botaderos es vida”.
* Imagen principal: Aly Domínguez (izquierda) y Jairo Bonilla (derecha), defensores del agua asesinados en Honduras. Fotos: Cortesía Comité Municipal de Tocoa.
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