- Unos proyectos de bonos de carbono promovidos por una alianza de cuatro empresas en el resguardo indígena de Monochoa excluyeron a dos comunidades de las seis que trabajaron mancomunadas por años para preservar su territorio en la Amazonía.
- Esta investigación periodística ayudó a alertar a los excluidos y ahora las empresas reconocen la omisión y aseguran que el error está en proceso de corregirse.
A lo largo de la última década, las seis comunidades indígenas que forman parte del resguardo de Monochoa trabajaron juntas para sacar adelante la ampliación de su territorio selvático y biodiverso en el tramo medio del río Caquetá en la Amazonia colombiana. Lo lograron en julio de 2017: una decisión del gobierno colombiano les reconoció que el territorio que llevaban compartiendo desde los años setenta pasaría de tener 263 000 hectáreas a 417 000. De paso significó que ahora colindan y ayudan a preservar el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, el más grande del país y de toda Sudamérica, considerado patrimonio de la humanidad por su riqueza natural y por las milenarias pinturas rupestres que el etnobotánico y explorador Wade Davis bautizó como “la Capilla Sixtina de la Amazonia”. Seis años después, cuatro de las seis comunidades que integran Monochoa fueron excluidas de un proyecto de carbono en su territorio. En estas iniciativas, llamadas Redd+, los esfuerzos de comunidades locales por evitar la deforestación se ven recompensados económicamente por la venta de bonos o créditos de carbono a empresas que quieren compensar su huella ambiental. Cada bono representa una tonelada de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que ya no será liberada a la atmósfera, gracias a la preservación de los bosques que hacen estas comunidades.
Como se firmó originalmente el proyecto —promovido por las empresas Carbo Sostenible, Terra Commodities, Yauto y Visso Consultores— abarca todo el resguardo de Monochoa, pero solamente incluye a dos de las comunidades que comparten su gobernanza: Tirivita y Caño Negro, que están en el margen izquierdo del río Caquetá, dentro de los límites del departamento del mismo nombre. Por fuera quedaron las cuatro comunidades en la orilla opuesta del río, en el departamento de Amazonas: Guamaraya, Aménani, Chukiki y Monochoa, la más antigua de todas y que da el nombre al resguardo.
Las empresas desarrolladoras luego incluyeron a dos de esas comunidades de la margen derecha, Chukiki y Guamaraya, en otro proyecto de carbono distinto que también está en marcha, en el vecino resguardo de Predio Putumayo. Así, iniciativas de pago por servicios ambientales con empresas privadas como estas terminan separando comunidades que llevan décadas consolidando su unión para hacer más fuertes a sus organizaciones. De esta forma, los proyectos del mercado de carbono que deberían fortalecer estas estructuras de gobernanza dándoles mayores recursos y capacidad de gestión, terminan, por el contrario, haciéndolas más frágiles.
En el caso de Monochoa y Aménani la situación es más grave: al haber sido excluidas de ambos proyectos hasta ahora, en la práctica se les había cerrado la oportunidad de ser remuneradas por su protección de la selva. La razón es que un territorio únicamente puede vender resultados de deforestación evitada una vez —y eso ya lo están haciendo en su territorio las dos iniciativas que firmaron los proyectos dejándolas por fuera.
Esta investigación periodística, aún antes de publicarse, puede haber contribuido a que la situación se corrija en los próximos meses. El viernes 17 de marzo, después de haber pedido una entrevista con las cuatro empresas anunciándoles el tema, éstas llegaron a un acuerdo inicial con líderes de Monochoa y Aménani para incluirlos dentro de uno de los proyectos a partir de marzo de 2023. En entrevista el 22 de marzo, los líderes de Yauto y Carbo Sostenible reconocieron la exclusión, que atribuyen a disputas internas entre las comunidades indígenas, y plantearon un camino para incorporarlas formalmente. Esa medida, consideran, estará lista a final de año.
Irónicamente, la cabeza visible de una de esas cuatro empresas aliadas —y quien negoció el proyecto con las cuatro comunidades indígenas— ha ocupado los dos cargos más altos del Estado colombiano para velar por los derechos de los pueblos indígenas. Se llama Pedro Santiago Posada y, antes de ser líder y accionista de Yauto S.A.S., fue director de asuntos indígenas en el Ministerio del Interior y defensor delegado para los indígenas y las minorías étnicas en la Defensoría del Pueblo. Su socio fundador en Yauto es un empresario representante legal de una empresa de minería de oro que está siendo investigada actualmente por el Ministerio de Ambiente por posibles daños al ambiente en los bosques del Pacífico.
Estos son algunos de los hallazgos de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía, hecha con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer y con reportería adicional de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Este reportaje forma parte de la investigación de largo aliento “Carbono Gris” que indaga cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina.
El resguardo guardián de Chiribiquete
Monochoa es uno entre un puñado de resguardos que rodean el Parque Nacional Chiribiquete, una reserva enorme y biodiversa en Colombia, un país de por sí megadiverso. Considerado patrimonio tanto natural como cultural de la humanidad por la Unesco desde 2018, es el parque nacional de bosque tropical más extenso del mundo —tan grande como Dinamarca. Pero ha visto un veloz aumento en la deforestación en los últimos cuatro años.
En esa carrera por frenar la pérdida de selva adentro y alrededor de Chiribiquete, el Estado colombiano amplió varios de los resguardos aledaños. La lógica detrás de esta estrategia es que los territorios indígenas suelen servir de talanquera a la tala, al punto que la gestión ambiental por parte de comunidades indígenas es considerada por el Proyecto Drawdown —que reúne a centenares de científicos de todo el mundo— como una de las 100 soluciones globales más eficaces para hacer frente a la crisis climática.
Monochoa, ubicado en un punto medio del recorrido del río Caquetá hacia su desembocadura en el río Amazonas y es compartido por indígenas uitoto y muinane, es uno de estos territorios étnicos que bordea el lado sur de Chiribiquete. Precisamente por ello, fue ampliado en 2017 hasta los 4170 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de las islas de Mallorca o Cabo Verde, como parte de un esfuerzo por un corredor de conectividad de flora y fauna mayor en la Amazonia colombiana.
El resguardo también ha sido lugar de numerosos hallazgos científicos. En los años noventa, dos botánicos colombianos encontraron en sus mesetas de arenisca no solo una especie de planta nueva para la ciencia, sino —con ella— un género entero hasta ese momento desconocido. Araracuara vetusta bautizaron a ese arbusto de hojas ovaladas, diminutas flores estrelladas y tres metros de altura, en honor al cañón formado por espigadas paredes rocosas que se cierran sobre el río cerca de allí. Más recientemente, un grupo de espeleólogos italianos estuvo en Monochoa en una visita de reconocimiento para organizar una expedición más profunda en su sistema de cuevas, propias de los afloramientos rocosos del Escudo Guyanés, y le dedicaron la portada y el artículo central de la revista de su sociedad geográfica.
Un proyecto de carbono con dos comunidades…
Es en ese territorio donde las cuatro empresas de la alianza Community Redd están impulsando la iniciativa que bautizaron Aire de Vida Fiivo Jaagava Komuya Jag+y+ Monochoa REDD+. El proyecto, cuyo nombre traduce ‘aire de vida, aire de nacimiento’, fue registrado el 28 de abril de 2022 por la certificadora colombiana BioCarbon Registry (llamada ProClima hasta el año pasado) y vendió sus primeros bonos cinco días después.
Los documentos que lo soportan presentan a Monochoa como un resguardo de dos comunidades. “En este resguardo se encuentran la comunidad de Tiribita, la comunidad de Caño Negro y el asentamiento Sainí”, dice el documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector), disponible en la plataforma de BioCarbon Registry. Como sus proponentes figuran las cuatro empresas y dos líderes indígenas locales: Gustavo Rodríguez Paky de Caño Negro y Waldemiro Hernández de Tirivita.
En palabras de sus promotores, “el objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades y conservar los bosques existentes en el territorio del Resguardo Indígena Monochoa, mediante el fortalecimiento de la gobernanza territorial, el desarrollo de actividades productivas sostenibles que contribuyan a la seguridad alimentaria y a la generación de excedentes económicos, la inversión social en salud, educación, saneamiento básico y transporte y el monitoreo y protección de la biodiversidad”. Pensado a 30 años, calcula evitar la liberación de 13,9 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera o 464 mil por año.
Según ese documento, en el resguardo viven 182 personas repartidas en 33 familias en esas dos comunidades y un asentamiento menor, un censo que dicen haber construido a partir de talleres participativos. No menciona en ninguna parte la existencia de las otras cuatro comunidades.
El informe del auditor que validó el proyecto refuerza esa visión. Tras un recorrido de tres días y una revisión de sus documentos, la empresa española Aenor emitió un concepto positivo del proyecto que le permitió luego vender sus primeros bonos. Según los auditores, el proyecto de Monochoa cumple con los requerimientos técnicos y con las salvaguardas sociales y ambientales.
“Las tres comunidades Caño Negro, Tirivita y asentamiento Sainí han sido consultadas” y “cuentan con estructura de representación social y legal las cuales son elegidas por voto popular, además de eso se realizan asambleas para asegurar el espacio de participación comunitaria y toman decisiones en cuanto a las actividades REDD+”, dice su informe fechado en abril de 2022. No hace ninguna mención a las otras cuatro comunidades que históricamente han formado parte del resguardo.
En el año que lleva aprobado, el proyecto Monochoa ha vendido 2 millones de créditos, según consta en el registro de transacciones de BioCarbon Registry. La empresa que canjeó un mayor número de estos bonos fue la distribuidora de gasolina Primax Colombia, con 1,5 millones, seguida por la también gasolinera Zeuss con 217 mil. El monto de esas ventas no es público.
… pero quedaron seis comunidades en el territorio ampliado
Ese relato presentado por Carbo Sostenible, Terra Commodities, Yauto y Visso Consultores, que fue avalado por el auditor y por la certificadora del proyecto, dista de la realidad que muestran los documentos públicos de la ampliación del resguardo en 2017. Mientras los que sustentan el proyecto de carbono mencionan a solo dos comunidades, en los de ampliación figuran de manera prominente esas dos pero también las cuatro excluidas.
Como parte del proceso de solicitud de ampliación de su territorio, las seis trabajaron juntas en un plan de manejo ambiental que publicaron a finales de 2016 y que fue, en sus palabras, “el resultado de la unidad de pensamiento y cosmovisión” de sus habitantes.
“En el ámbito territorial en el que aplica el presente plan de manejo ambiental hay seis (6) comunidades: Tirivita, Caño Negro, Monochoa, Chukiki, Aménani y Guamaraya. (…) Estas seis comunidades tienen sus asentamientos a ambos márgenes del río Caquetá y forman una unidad territorial”, escribieron en la presentación de la cartilla, repleta de fotos y dibujos, que da idea de su visión de un territorio compartido que los aglutina. El documento, en el que participaron 99 indígenas de todas las comunidades, subraya que cinco de las seis comunidades —con la única excepción de Chukiki— “consideran que su territorio se encuentra tanto en el margen izquierdo del resguardo, bajando por el río en el departamento de Caquetá, como en la zona del margen derecho, sobre el departamento de Amazonas”.
El relato histórico que hacen allí subraya ese carácter colectivo: se presentan como descendientes de sobrevivientes del exterminio de miles de indígenas de la Amazonía por parte de la Casa Arana peruana y otros empresarios del caucho durante las primeras décadas del siglo XX, con anuencia del Estado colombiano. Según ese relato, los primeros indígenas se asentaron en Monochoa en 1959 y sus habitantes luego fundaron las otras comunidades a partir de los años noventa.
El estudio socio-económico, jurídico y de tenencia de tierras que entregaron en diciembre de 2016 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad del gobierno que tiene bajo su ala los procesos de constitución y ampliación de resguardos, contiene una narración similar. “Para cualquier actividad que se quiera realizar dentro del resguardo y de su zona de control y vigilancia en el Predio Putumayo, por parte de terceros, debe pedirse permiso y llegar a acuerdos con las autoridades de las seis comunidades”, explica el documento, que sirvió de insumo para la ANT e incluye un extenso relato de las normas que gobiernan la zona. Como que las comunidades en cada extremo del río, Guaimaraya en el occidente y Tirivita en el oriente, se encargan de vigilar quién entra en el territorio.
Ese documento, que elaboraron con apoyo de la ong ambiental estadounidense Amazon Conservation Team que lleva una década trabajando en la región, incluye un censo poblacional de Monochoa. En este, figuran 341 personas, repartidas en 88 familias y cinco comunidades (puesto que Chukiki se abstuvo, según miembros de las otras comunidades, de participar por considerar que el área ampliada está fuera de su territorio ancestral muinane). Es decir, incluyó en 2016 un número casi dos veces mayor que el que presentaron los promotores del proyecto Redd+ cinco años después.
Esa cifra poblacional fue retomada por el acuerdo oficial con el que el gobierno colombiano decretó la ampliación de Monochoa el 17 de julio de 2017.
Un tercer documento, de caracterización etno-ecológica, muestra que integrantes de las seis comunidades participaron en talleres sobre cómo hacer monitoreo comunitario de animales y plantas en el resguardo hasta hace tan poco como 2019. En esos “encuentros etnoecológicos”, científicos enseñaron a un grupo de indígenas de Monochoa metodologías de trabajo de campo como el uso de binoculares, cámaras trampa o equipos de georreferenciación, para complementar sus conocimientos ancestrales sobre la selva.
Curiosamente, el PDD que sustenta el proyecto Redd+ en Monochoa cita esos tres documentos —incluyendo 23 referencias al plan de manejo ambiental— pero no reconoce la existencia allí de las cuatro comunidades que deja por fuera.
Ser o no ser, la cuestión de la zona de control y vigilancia
La exclusión de las comunidades de Monochoa, Guamaraya, Aménani y Chukiki del proyecto en Monochoa se puede explicar, al menos en parte, por el hecho de que algunas figuras de ordenamiento territorial en esta parte de la Amazonia colombiana son muy singulares y complejas. Al menos cuatro resguardos tienen su territorio colectivo en la margen izquierda del río Caquetá, pero también tienen legalmente asignadas unas áreas en la orilla derecha donde sus habitantes ejercen como autoridades y guardabosques.
Estos terrenos —llamados ‘zonas de control y vigilancia’— técnicamente forman parte del territorio del resguardo vecino de Predio Putumayo, el más grande del país, pero el Estado colombiano reconoce que son los resguardos inmediatamente colindantes los que ejercen gobernanza allí. Eso explica que muchos de los documentos de Monochoa hablen del “resguardo indígena de Monochoa y su zona de control y vigilancia”.
Esa curiosa figura es el resultado de un lío histórico: en 1988, el Gobierno colombiano creó el resguardo más grande del país —más extenso que los territorios de Croacia o Costa Rica— en lo que hasta mediados de siglo había sido un terreno de la tristemente célebre familia cauchera Arana. Un año después, reconociendo que la gobernanza de Predio Putumayo era muy compleja por cuenta de su tamaño y aislamiento, creó ocho áreas que asignó a comunidades vecinas para su cuidado. Entre éstas estaba la de 221 mil hectáreas que asignó a Monochoa.
Más allá del confuso estatus legal, los habitantes de esas zonas de control y vigilancia tienen vínculos familiares, sociales y culturales más robustos con los resguardos del otro lado del río que con el centenar de comunidades dispersas por todo el Predio Putumayo. Es por esto que históricamente se han sentido parte de resguardos como Monochoa o su vecino al occidente, Puerto Zábalo-Los Monos.
Pese a esta historia, las empresas Yauto, Carbo Sostenible, Terra Commodities y Visso Consultores estructuraron sus proyectos de carbono separando a las comunidades de cada orilla, siguiendo los límites departamentales en vez de los socio-culturales. Fue así como, un año después de la formulación del primer proyecto en Monochoa, Chukiki y Guamaraya terminaron incluidas en el Proyecto CRIMA Predio Putumayo y Andoque de Aduche REDD+, que abarca 10 mil kilómetros cuadrados e impulsan las mismas cuatro empresas.
Esa iniciativa está dividida en tres sectores: uno correspondiente a la zona de control y vigilancia de Puerto Zábalo -Los Monos, otra a la de Monochoa y una última al resguardo Andoque de Aduche. Solo que el mapa que incluyen en el documento que sustenta el proyecto no coincide con los que usaba anteriormente el resguardo de Monochoa, puesto que divide su zona de control y vigilancia en dos. Mantiene la parte donde se encuentran Chukiki y Guamaraya en lo que denomina segundo sector, pero atribuye la otra mitad —donde están ubicadas Aménani y Monochoa— al vecino resguardo Andoque de Aduche. Una vez más, Aménani y Monochoa quedaron borradas del mapa.
El documento de diseño de proyecto, disponible en la plataforma de BioCarbon Registry, también incluye un censo de una decena de comunidades, incluidos 104 habitantes de Chukiki y 23 de Guaimaraya. Al igual que el del proyecto Redd+ en Monochoa, no hace mención a los 150 habitantes de Aménani o de Monochoa.
La empresa española Aenor estuvo en la comunidad de Chukiki durante su visita de campo de cinco días y adujo en su informe de auditoría que “en el proceso de revisión documental se analizaron al 100 % la cartografía del proyecto en la base de datos GIS”, pero tampoco se dio cuenta de la exclusión de Aménani y Monochoa.
Al final, el proyecto fue registrado el 14 de octubre de 2022 por la certificadora BioCarbon Registry y sus primeros bonos fueron canjeados un mes y un día después por la distribuidora de gasolina Biomax. En total ha vendido 1,8 millones de créditos entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, con Primax Colombia como su mayor comprador con 1,5 millones. Los montos no son públicos.
Las comunidades excluidas
En Monochoa y Aménani, la noticia de que había un proyecto de carbono en su territorio fue sorpresa. “Nosotros esperamos que en todos los programas o proyectos que llegan al territorio, el proponente convoque a todas las autoridades. Hemos estado en esa expectativa [con el de carbono], pero eso no sucedió”, dijo a esta alianza el líder uitoto Rogelio Mendoza, que ha sido gobernador de la comunidad de Monochoa desde hace tres años, en una entrevista a comienzos de marzo. “Un proyecto no debería desconocer u omitir a algunos de los que están ahí. En los territorios colectivos hay que trabajar así, de manera colectiva, no con las personas individuales o solo unas de las comunidades”.
“Nosotros hemos venido reclamándoles nuestros derechos sobre el territorio y los beneficios que debemos tener sobre esos bonos de carbono”, dijo un miembro de la comunidad Aménani, que pidió omitir su nombre para evitar represalias.
Hasta hace tres semanas, Mendoza señaló que —pese a ser la autoridad de Monochoa— no había visto ningún documento relativo a cualquiera de los dos proyectos Redd+ en su territorio. “No nos mostraron nada legal. Nunca he visto el contrato ni de uno ni de otro”, dijo, añadiendo que había pedido reuniones con la empresa en varias ocasiones sin éxito y que les envió un derecho de petición en enero de este año. Esta alianza periodística le compartió los PDD y los informes de auditoría de ambos proyectos.
A ojos de Mendoza, esta realidad contrasta con la manera como venían gestionando los asuntos del resguardo hasta hace dos años. “Acordamos que nada, ni el río, nos iba a fraccionar. Que, al margen de cómo se constituyen las comunidades, nada nos iba a dividir. Que no podíamos “uitotizarlo” ni “muinanizarlo”, sino que se respetarían las costumbres de cada uno. Ese ha sido el acuerdo desde hace muchos años”, dijo el líder de 48 años, cuya familia fue una de las fundadoras del resguardo.
En ese modelo, explicó, cada comunidad elegía a su capitán o gobernador y definía sus asuntos internos de manera autónoma, pero los seis se encontraban un par de veces al año en la maloka de alguna de las comunidades para una asamblea de autoridades en la que tomaban decisiones sobre los temas que los atañían a todos. “Para mirar los estatutos, el manual de convivencia, los proyectos y programas y otras cosas de interés general. Ese era el acuerdo: la toma de decisiones tenía que ser conjunta, no cada uno por su lado. En todos los documentos tenían que estar las seis autoridades. Si no, no eran válidos”, añadió. Sí habían tenido dificultades internas en el pasado, dijo, pero habían podido dirimirlas. Por ejemplo, hubo desacuerdos sobre la distribución de los recursos que el Gobierno nacional le gira al resguardo cada año, como parte del Sistema General de Participaciones creado en los años noventa, pero estos se saldaron con la fundación de cuatro de las seis comunidades, que en todo caso continuaron siendo parte del mismo territorio.
Una posible explicación de la exclusión es el hecho de que Monochoa y Aménani estuvieron en conversaciones con otra empresa, Oxigreen, para un posible proyecto de carbono en el resguardo. Ese diálogo, sin embargo, no prosperó con la empresa cuya cabeza visible, como reveló otra investigación de esta serie, es un político sancionado por mal manejo administrativo e inhabilitado para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado.
Al marginar a dos comunidades de los proyectos Redd+ de Monochoa y Predio Putumayo en su territorio, las empresas podrían estar incumpliendo las salvaguardas sociales y ambientales globales fijadas en la conferencia climática de la ONU en Cancún en 2010, así como de la interpretación detallada de esas reglas de juego que hizo el gobierno colombiano para el país, incluyendo las de participación plena y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, así como las que hablan de que los proyectos reconozcan y fortalezcan las estructuras de gobernanza existentes y que distribuyan de manera justa y equitativa sus beneficios. Sin embargo, como contó esta alianza periodística en otra investigación, el gobierno nacional no ha hecho esas reglas nacionales de obligatorio cumplimiento para los proyectos privados de carbono.
La promesa de inclusión
Esa situación tuvo un giro dramático hace dos semanas. El viernes 17 de marzo, las empresas llegaron a un acuerdo preliminar con las dos comunidades excluidas, Aménani y Monochoa, para que éstas entren en el proyecto de Predio Putumayo. Esto ocurrió dos días después de que esta alianza periodística pidiera una entrevista a las cuatro empresas promotoras de ambos proyectos Redd+ y un mes después de que una de éstas nos buscara para decirnos que sabía que habíamos estado preguntando por el proyecto y ofreciendo un espacio para hablar.
En la reunión con tres de las empresas, Yauto, Carbo Sostenible y Terra Commodities, sus representantes admitieron que han excluido a esas comunidades en los proyectos que ya firmaron y aseguraron que están en proceso de subsanarlo. “Si hay que reconocer que hubo un error, lo reconocemos. Y estamos abiertos a que donde lo haya, no dudamos un momento en corregirlo”, dijo Pedro Santiago Posada de Yauto, subrayando que para ellos la prioridad siempre ha sido respetar la autonomía de las comunidades indígenas y que con el acta de entendimiento que firmaron “ya va a quedar corregido en la práctica”. Es por eso, añadió, que varios integrantes de Monochoa y Aménani se sumaron a las jornadas de trabajo que realizaron en Bogotá la semana pasada con representantes de las comunidades beneficiarias del proyecto. “Ya están integrándose”, añadió.
Según Posada, quienes decidieron los polígonos de los dos proyectos, incluyendo separar a cuatro de las comunidades históricas de Monochoa, fueron las propias comunidades y que ellos como desarrolladores respetan esas decisiones internas. “No decimos qué parte del territorio es de uno u otro, sino que lo dicen ellos”, dijo, explicando que siempre respetaron la decisión de Aménani y Monochoa de conversar con Oxigreen para impulsar un proyecto distinto. Atribuyendo parte del problema a la vaguedad de los mapas de las zonas de control y vigilancia, dijo que incorporaron el territorio donde están esas dos comunidades al proyecto de Predio Putumayo porque los indígenas del vecino resguardo de Andoque de Aduche señalan que ese es su territorio ancestral. Pero que, conscientes ahora de ese traslape, van a facilitar una conversación con los indígenas andoke para precisar los linderos y distribuir los beneficios económicos de acorde. No explicaron por qué su mapa dista tanto del que aparece en el plan de manejo ambiental que ellos mismos citan.
“Estamos en el mejor de los escenarios para hacer cualquier ajuste”, dijo Juan Andrés López de Carbo Sostenible, explicando que la totalidad de los recursos de las ventas de los bonos está en una fiducia y que están a tiempo para hacer cambios.
Las empresas también reconocieron que el territorio donde están Monochoa y Aménani quedó por completo incluido en el proyecto, con lo que en efecto hoy está limitada su posibilidad de desarrollar otra iniciativa de carbono distinta. Para remediarlo, ofrecieron dos rutas posibles: si ambas comunidades continúan contentas con los avances en la ruta esbozada hace dos semanas, les asegurarán el porcentaje de los recursos que les corresponden, incluyendo por aquellos bonos que ya se vendieron. Pero si prefieren hacerlo por su cuenta, excluirán ese polígono del proyecto para permitirles desarrollar uno por su cuenta. “Y se les reconocen los recursos que hayan dejado de recibir”, añadió Posada.
“No hay claridad de quién es el territorio, se tienen que poner de acuerdo ellos —dijo Posada— Si hablan y dicen ‘esto es de esta comunidad’, inmediatamente se saca ese territorio y se reconoce lo que se les deba”. “Lo importante es generar los espacios para dirimir los conflictos”, lo secundó Alicia Micolta, su socia en Yauto y otra de las cabezas visibles de los proyectos. Ambos insistieron en que las conversaciones con las dos comunidades arrancaron formalmente en febrero y que ya venían charlando desde finales del año pasado, tanto en Bogotá como en Monochoa.
Ante la pregunta de cuándo reflejarán los documentos oficiales del proyecto esta nueva realidad, admitieron que la modificación del documento de diseño de proyecto —del que continúan excluidos— puede tomar varios meses. “Formalmente en el PDD quedará en la próxima verificación, que será hacia septiembre. Si nos va bien, estaría a fin de año aprobándose”, dice Juan Andrés López de Carbo Sostenible, enfatizando en que la alianza que lidera tiene uno de los esquemas de distribución de beneficios más justos del mercado (70 % para las comunidades y 30 %, menos los costos operativos, para los desarrolladores). “Creemos que hemos cumplido todas las salvaguardas”, añadió.
Ni la auditora Aenor ni la certificadora BioCarbon Registry respondieron a consultas sobre si eran conscientes de la exclusión hasta ahora de esas dos comunidades.
Rogelio Mendoza, de Monochoa, está contento con ese resultado. Hasta hace un par de semanas estaba considerando demandar el proyecto, como hicieron los indígenas del Pirá Paraná en otro caso en la Amazonía colombiana en el que varias comunidades no fueron consultadas y por el que ahora están esperando si la Corte Constitucional selecciona su caso para revisión. Pero ahora cree que este resultado podría ser benéfico para su comunidad.
El exdefensor indígena y el minero de oro investigado
Entre las empresas que lideran los proyectos que excluyeron a dos comunidades indígenas que históricamente han pertenecido a Monochoa, una sobresale por quien la dirige: un exfuncionario público que ha ocupado los dos cargos del Estado colombiano concebidos para proteger los derechos de los 106 pueblos indígenas que viven en el país.
La empresa Yauto S.A.S. toma su nombre de un bastón de mando indígena y fue creada en enero de 2019 en Bogotá para “la asesoría, consultoría e implementación de proyectos sociales con enfoque pluriétnico y multicultural, bajo las distintas visiones humanistas y de desarrollo sostenible, haciendo énfasis en temas ambientales, en comunión con los pueblos y las sociedades de los territorios”, según reza su acta de constitución.
Forma parte de la alianza Community Redd con otras tres empresas, cada una encargándose de una tarea distinta en sus proyectos del mercado voluntario de carbono: Carbo Sostenible S.A.S. formula los documentos técnicos, Terra Commodities comercializa los bonos, Visso Consultores S.A.S. se ocupa de la parte financiera y Yauto de la social. Juntas lideran, según su página web, siete proyectos Redd+: dos en el Pacífico colombiano, uno en la Orinoquia y cuatro en la Amazonía, incluyendo los de Monochoa y Predio Putumayo (aunque no todas coinciden en todos y otra empresa más, Plan Ambiente S.A.S., participa en algunos).
El fundador y cara visible de Yauto es Pedro Santiago Posada, un abogado antioqueño que fue director de asuntos indígenas del Ministerio del Interior durante ocho años, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Más recientemente fue defensor delegado de indígenas y minorías étnicas en la Defensoría del Pueblo entre noviembre de 2016 y agosto de 2018. Esos cargos públicos le llevaron a ser presidente durante dos años del consejo directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), un organismo internacional al que pertenecen todos los gobiernos iberoamericanos para promover los derechos de los pueblos indígenas en la región.
Menos conocido que Posada es su cofundador Gustavo Enrique Ardila Gómez, un empresario de restaurantes que según documentos de cámara de comercio contaba con la otra mitad de las acciones de Yauto hasta marzo de 2022, cuando se las traspasó a su esposa Alicia Micolta.
Además de su participación en Yauto, Ardila es el gerente y representante legal desde finales de 2017 de otra empresa llamada Mineral Resources Pacific S.A.S. que está siendo investigada por el Ministerio de Ambiente por presuntos daños ambientales desde noviembre de 2020. Esa minera de oro, constituida en Cali en 2010, tiene un contrato de concesión que le otorgó el gobierno colombiano en Magüí-Payán, en el Pacífico nariñense. Para poder hacer la explotación áurea en el valle del río Magüí, Mineral Resources Pacific solicitó en 2012 al Ministerio de Ambiente que le permitiera sustraer 597 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico, una figura de ordenamiento que busca promover tanto la protección como el uso sostenible de los bosques. La empresa argumentó —según el informe del Ministerio— que la minería es una actividad de utilidad pública e interés social que podría traer beneficios tangibles a una zona tan remota, pobre y mal conectada de Colombia.
En caso de ser decidida esa solicitud a su favor, Mineral Resources Pacific podría luego solicitar la licencia ambiental e iniciar la extracción del oro. Pero, en vez de otorgarle ese permiso de levantar la protección ambiental, ocho años después el Ministerio de Ambiente abrió un procedimiento sancionatorio ambiental contra la minera. Lo hizo después de un informe técnico del Ministerio de noviembre de 2018 —realizado tras varios requerimientos de documentos y una visita de funcionarios del Ministerio en compañía de empleados de la minera en 2013— advirtiera que la empresa no había entregado toda la información solicitada.
Con un par de fotos como soporte, el ingeniero forestal del Ministerio detalló que habían encontrado evidencia de explotación minera en el lugar, incluyendo una draga como las que se usan en la minería aluvial para extraer el oro del lecho, pero que suelen cambiar el cauce de los ríos y sedimentarlos. “Durante el recorrido por el área del contrato de concesión se evidenció la explotación minera que se adelanta en la zona y la cual ha venido ejerciendo una presión importante sobre los servicios ecosistémicos que presta la reserva, al punto que el río Magüí posee una sedimentación alta y por ende disminución en la cantidad de oxígeno disuelto en ella, acabando de esta forma con el potencial del río en cuanto a servir para el consumo humano o animal”, escribió. Entre los ecosistemas presentes subrayó la importancia de los guandales, un frondoso pantano de agua dulce que suele marcar la transición entre los bosques tropicales y los manglares.
Citando esas evidencias, la dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio de Ambiente ordenó el 25 de noviembre de 2020 iniciar un proceso sancionatorio contra Mineral Resources Pacific en vista de que, en sus palabras, “se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular” en relación con un “cambio de uso de suelo, con la ejecución de actividades mineras dentro de un área de la Reserva Forestal del Pacífico (…) sin haber obtenido previamente la resolución de sustracción”.
En febrero de 2019, después del informe técnico del Ministerio pero antes de que se abriera el proceso sancionatorio contra la minera, su gerente Gustavo Ardila denunció ante la Agencia Nacional de Minería que “terceros indeterminados”, sin relación con la empresa que lidera, estaban minando de manera ilegal dentro de su título. La autoridad ambiental regional Corponariño avaló esa versión en un informe en que señaló que terceros “invadieron los predios y están explotando sin tener contrato de operación con la empresa”, sin seguir ningún protocolo ambiental.
Aun así, el proceso sancionatorio contra la empresa seguía abierto en noviembre de 2022, informó el Ministerio de Ambiente a esta alianza periodística.
Aunque Yauto no tiene ninguna relación con Mineral Resources Pacific, el hecho de que una empresa ligada a un fundador de la primera esté siendo investigada por posibles daños ambientales abre preguntas sobre su compromiso con otros ecosistemas sensibles como la selva amazónica y, por lo tanto, de la capacidad de un proyecto de carbono suyo de mantener en pie esos bosques.
Consultado por esta alianza periodística, Gustavo Ardila dijo que él únicamente había accedido a ser el gerente y representante legal de Mineral Resources Pacific como favor a un amigo, dado que su experiencia es en finanzas y que su labor se había limitado a realizar las proyecciones financieras para un estudio de las reservas de oro. “Nunca nadie de la empresa ha minado ni comercializado oro allá”, dijo, subrayando que no ha ido a la zona, que sabe que es muy peligrosa y que eran frecuentes las denuncias de minería ilegal. Añadió que desde hace dos años les pidió retirarlo de la representación legal, porque él está dedicado de lleno al negocio de restaurantes, y que hace dos semanas renunció formalmente a esta.
“Yo soy ajeno a Yauto, ese no es mi negocio”, dijo. Explicó que figura como socio fundador porque su esposa estuvo vinculada a otra empresa de carbono llamada CI Progress y tenía una cláusula de confidencialidad de cinco años, pero que le había transferido las acciones en 2022. Alicia Micolta dijo no conocer ni la empresa minera ni el proceso sancionatorio ambiental.
“La oportunidad más grande para los pueblos indígenas”
Al final, el resultado es que las seis comunidades que hasta hace poco compartían la gobernanza de Monochoa quedaron repartidas en parejas: dos quedaron en el proyecto de Monochoa, a otras dos las juntaron con otras del Predio Putumayo y dos más estuvieron del todo marginadas hasta hace dos semanas. No solo quedaron por fuera de las negociaciones, sino que tampoco han formado parte de la repartición de los beneficios de los dos proyectos que se están llevando a cabo en el territorio cuya gobernanza han compartido históricamente.
De cumplirse la ruta que pactaron hace dos semanas, podría resolver una de las consecuencias más duras del proyecto hasta hoy: que los habitantes de Aménani y Monochoa puedan recibir un pago por los servicios ambientales que presta a todo el país y al planeta la selva que han ayudado a cuidar. No responde aún a la pregunta de por qué terminaron separadas las comunidades que hasta apenas seis años lograron ampliar el tamaño de su territorio. O, como la formulaba Rogelio Mendoza, líder de Monochoa hace un mes, “si el proyecto es el del resguardo, ¿por qué no se hizo con todas las comunidades desde el inicio? Y si el territorio es de todos, ¿por qué se deja que el proyecto sea solo para algunos?”.
Las empresas socias de Community Redd defienden que el mercado voluntario de carbono es una de las mejores estrategias para asegurar tanto el bienestar de esas comunidades como de la selva amazónica. En palabras de Pedro Santiago Posada, “es la oportunidad más grande para los pueblos indígenas de manejar sus propios recursos para hacer su gobernanza y el manejo de su biodiversidad”.
En el caso de esas dos comunidades en el río Caquetá, Monochoa y Aménani, que se concrete esa oportunidad depende de que la empresa de Posada y sus socios les incluya formalmente en el proyecto del que hasta ahora habían sido excluidas.
Nota del editor: Actualización, 31 de marzo. Una hora después de publicar, Aenor respondió que centró su trabajo de auditoría en las comunidades que habían aceptado participar en los proyectos y que las dos excluidas “se encontraban analizando y acordando los términos de su participación”. “Está claro que las comunidades que usted menciona son parte de las ZVC respectivas y por tanto del proyecto si así lo deciden”, escribió su gerente José Luis Fuentes. “Si finalmente estas comunidades deciden participar en los proyectos, esto sería auditado durante la siguiente auditoría de verificación que tuviese lugar, sin problema alguno y es más que probable que la entidad auditora que realizase esa otra verificación pudiese entrevistar a miembros de esas comunidades que usted indica”, añadió.
A la pregunta de por qué no incluyeron alguna referencia a esas dos comunidades en sus informes, Aenor respondió que “los programas de carbono y las normas de auditoría nos obligan a evaluar y valorar lo que sucede en el momento de la auditoría”. No respondió si contemplaron, al hacer la verificación, que el hecho de que dichas comunidades no estuvieran en el proyecto, pero el territorio que habitan sí, significaba que no recibirían ninguna participación en los beneficios ni ser parte de otro proyecto.
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* Infografías: Miguel Méndez. Revisión legal: El Veinte
Carbono Gris es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio, con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer. Lara Dihmis y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) aportaron reportería adicional.
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