- La extrema derecha en Chile, representada por el Partido Republicano, fue la gran ganadora en las votaciones del domingo 7 de mayo en las que se eligió a los 51 consejeros constitucionales que redactarán la nueva propuesta de carta magna.
- Hasta ahora la propuesta que ha redactado la Comisión Experta, y sobre la cual trabajarán los consejeros constitucionales, es “totalmente insuficiente” en materia ambiental, asegura Flavia Liberona, directora de la fundación Terram, en entrevista con Mongabay Latam. Incluso, sostiene, podría ser “un retroceso” en relación a lo que existe actualmente.
¿Tendrán los temas ambientales un lugar en la nueva propuesta de constitución? Esa es la gran pregunta que hoy ronda entre científicos, conservacionistas y defensores ambientales.
Si bien diversos especialistas confiaban en que los temas de medio ambiente seguirían estando presentes en la discusión, los resultados de las elecciones del pasado domingo debilitaron fuertemente esa confianza.
De las 51 personas que formarán el Consejo Constitucional —el organismo encargado de redactar una nueva propuesta de constitución—, los chilenos eligieron a 22 representantes del Partido Republicano, en donde la agenda ambiental no es una prioridad. Con ese resultado, la lista de extrema derecha fundada por el adversario de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales, José Antonio Kast, pasa a tener el control del órgano redactor.
El Consejo Constitucional iniciará su trabajo el próximo 7 de junio sobre la base de un anteproyecto que está siendo elaborado por una Comisión Experta, compuesta por 24 integrantes que fueron designados por el Congreso Nacional y que ya tiene una primera versión del texto. Este último, sin embargo, tampoco trae buenas noticias para el medio ambiente. Aunque dicho texto será ajustado con la intervención del Consejo Constitucional, expertos aseguran que lo que hasta ahora está propuesto en materia ambiental es insuficiente e incluso “preocupante”.
Mongabay Latam conversó con la bióloga Flavia Liberona, directora de la fundación Terram, una de las organizaciones ambientales más influyentes de Chile, sobre las expectativas de lo ambiental en la nueva propuesta de constitución.
—¿Cuáles son las expectativas de lo ambiental tras las elecciones del domingo pasado?
—Tanto con la Comisión Experta como con las elecciones del domingo pasado y el gran triunfo de los republicanos, estamos con expectativas superbajas.
A pocos días de esta elección, sin embargo, es difícil evaluar cuánto se va a dinamizar el proceso y cuánto se va a generar una apertura a las temáticas ecológicas y ambientales. Digo esto porque si bien pocos candidatos tienen como eje estos temas, creo que hay una presión para que eso se incorpore.
De hecho, la propuesta inicial de la Comisión Experta no incluía Medio Ambiente y fue porque se generó un cierto escándalo que finalmente armaron un capítulo dedicado a ese tema.
Creo que va a haber alguna presión, desde las organizaciones más que desde los movimientos sociales. Y también hay una responsabilidad del Partido Republicano de abrir esos espacios. Ellos no tienen nada en medio ambiente. Ellos tienen una agenda que es delincuencia y migración, pero en la medida en que este proceso se empiece a desarrollar van a tener que abrirse a temas distintos y veremos si lo ambiental logra entrar de alguna manera.
—¿Por qué cree que la presión vendrá de las organizaciones más que de los movimientos sociales?
—Nuestra percepción es que los movimientos sociales todavía están muy dolidos y muy resentidos con el fracaso del proceso constitucional anterior. También están muy frustrados con este gobierno, sobre todo por la aprobación del proyecto Los Bronces Integrados (un polémico proyecto minero cuestionado por los impactos que podría generar en los glaciares y en la seguridad hídrica de la región metropolitana). Por lo tanto, yo creo que esa gente no está en disposición de coordinarse y generar una propuesta. En cambio, las organizaciones no gubernamentales pueden ser más pragmáticas en tratar de generar propuestas.
Aunque yo no conozco que haya ninguna coalición de organizaciones ambientales que esté tratando de hacer algo, sí nos ha tocado estar en espacios donde se ha puesto el tema sobre la mesa diciendo vamos a escribir algo o vamos a proponer o vamos a tratar de llegar con una propuesta a esta discusión. Pero creo que falta tiempo para decantar y decidir si va a haber algo desde las organizaciones, ya sea en forma colectiva, individual o en grupos mixtos con académicos.
—La propuesta que hasta ahora tiene la Comisión Experta sí incluye algunos puntos sobre medio ambiente.
—Sí, hay dos partes en la propuesta de la comisión de expertos donde se toma el tema medio ambiente. Una es en el artículo 17 dónde están los derechos de agua, los derechos de propiedad, el derecho minero y otras cosas. Lo que uno ve ahí es una copia con pequeñas modificaciones de la constitución actual. Se repiten casi idénticos los artículos.
Después hay un artículo en el capítulo de medio ambiente que nos parece súper preocupante, porque se pone la responsabilidad del cuidado del medio ambiente en la persona individual y no en el Estado. Yo no soy abogada, pero me parece que es como bien raro decir «toda persona debe contribuir a la protección del medio ambiente y será responsable del daño ambiental que causa en conformidad a la ley». Uno tiene una responsabilidad como ser humano frente a la naturaleza y los bienes comunes, pero hay un deber mayor que es el deber del Estado y eso me parece que no está recogido en estos artículos. Eso es preocupante por decir algo suave.
—En su opinión, entonces, ¿lo que por ahora está propuesto es insuficiente en materia ambiental?
—Totalmente insuficiente. No tiene nada que ver con lo que se discutió y se puso en el proceso constituyente anterior. Hay que recordar que si bien esa propuesta se rechazó de manera contundente y no hay nada que discutir al respecto, cuando uno empieza a meterse en los temas por los cuales se rechazó no fueron los temas ambientales. Estos no eran parte de la discusión de por qué había que rechazar esa constitución.
En términos generales había una sensibilidad ambiental que quedó reflejada en el texto anterior y que miraba hacia adelante. La justicia ambiental, la equidad intergeneracional, la crisis climática, el deber del Estado de custodiar la naturaleza son cosas contingentes, importantes y en la propuesta actual no están recogidas. Por lo tanto, al leerla uno tiene la sensación de que estás leyendo un texto bien anacrónico en términos de la mirada de lo que está pasando en el planeta.
—¿Cuáles son los mínimos que debería tener la nueva propuesta?
—El año 2021 nosotros difundimos y le entregamos a los constituyentes un documento que contenía puntos que consideramos esenciales. Uno de ellos es la consagración de la justicia ambiental. Ese es un tema súper importante hoy día.
El establecimiento de los derechos humanos ambientales, siguiendo la línea que ha tomado las Naciones Unidas en el reconocimiento al medio ambiente sano, al derecho al acceso al agua potable y saneamiento, pero también a todo lo que tiene que ver con democracia ambiental ligado al tratado de Escazú.
También el reconocimiento de los bienes comunes, de los componentes de la naturaleza: biodiversidad, agua, etcétera. El deber del Estado de proteger la naturaleza y el poder limitar la propiedad privada en función de la protección ambiental. Nosotros dijimos que una nueva constitución debe establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales en función de la protección ambiental y reconocer el rol social de la propiedad.
Nosotros creemos que el Estado tiene que tener mucho más poder para resguardar, por ejemplo, el agua o un medio ambiente sano. El Estado tiene que tener instrumentos para poder intervenir de mejor forma, porque hoy tenemos un problema país a nivel de conflictos socioambientales que crecen y crecen sin solución.
Lo otro que hemos dicho siempre son los temas de democracia, de participación ciudadana, pero no solo en el ámbito ambiental. La iniciativa popular de ley o algún procedimiento para la revocatoria de cargos públicos en corrupción es algo que para nosotros es relevante y que en esta propuesta no está.
—¿Cómo se relaciona eso con lo ambiental?
—Hemos visto casos de corrupción en la política asociado a temas ambientales como, por ejemplo, la ley de pesca. También han habido propuestas que no prosperan porque el ejecutivo no las quiere tomar.
La iniciativa popular de ley obviamente tendría que ser regulada y puesta con ciertas condiciones para que uno no esté proponiendo leyes todos los días o esté bajando políticos de elección popular todos los días. Pero son temas que tienen que ver con democracia, participación en la toma de decisiones ambientales y justicia ambiental que deberían estar en una constitución que mira hacia adelante y no en una constitución que está estancada en los años ochenta o noventa como es la constitución actual y la propuesta que ha salido del comité experto.
—¿Qué piensa que faltó en la Comisión Experta?
—Nosotros como fundación Terram creemos que el Acuerdo por Chile es un acuerdo muy poco democrático. Después del rechazo de la propuesta anterior, un grupo de políticos firma el Acuerdo por Chile en el que se establece este comité experto que es un cuoteo (o reparto) de los partidos políticos. Más allá de las profesiones y los títulos que tenga cada uno, de si es bueno o es malo —porque yo creo que hay gente que tiene trayectoria en distintas temáticas ahí—, ellos obedecen a un mandato partidario, de partidos políticos y eso nuevamente deja al grueso de la población fuera.
Uno no podría identificar a nadie del comité experto que tenga sensibilidad ambiental particular. Prueba de ello es que no había un capítulo de medio ambiente en su propuesta inicial.
Evidentemente en la Comisión Experta no hay un espacio para las temáticas ambientales que hoy día son súper contingentes. Tampoco hay espacio entre los consejeros constitucionales electos, porque si bien hay gente que puso esas temáticas en su programa, en sus entrevistas, no hay nadie que de verdad haya estado trabajando por larga data en medio ambiente. Entonces su mirada sobre el tema ambiental puede ser errada o incompleta en el sentido de no comprender bien lo que pasa en el país.
Yo llevo más de 25 años en esto. Antes, en los diarios, los temas ambientales salían en crónica y chiquititos. Hoy día están en el Diario Financiero todos los días porque son noticias económicas. La relevancia del tema ambiental no está recogida en el texto de la nueva constitución que se está redactando ahora y eso resulta súper preocupante.
—¿El nuevo texto podría perjudicar lo que hoy se hace en materia ambiental en el país?
—Si el texto final por el que tenemos que votar es como la propuesta que tiene actualmente la Comisión Experta, es un retroceso.
Es un retroceso porque la responsabilidad del cuidado del medio ambiente está puesta en el individuo y no en el Estado. Eso es muy preocupante. En las otras cosas no se avanza en nada. Por ejemplo, dice que el Estado tiene que conciliar el desarrollo económico y social con el ambiental y que tiene que fomentar el desarrollo sostenible. Ese artículo es como nada. Son palabras que se pueden bajar después de cualquier manera. Los demás artículos son muy parecidos a los de la constitución actual, entonces no hay cambios sustantivos.
Ahora, el Comité experto no ha terminado un texto definitivo. Hay indicaciones que se tienen que discutir, que se tienen que zanjar, por lo tanto este texto podría ser modificado. Además, después viene el trabajo de los consejeros constitucionales, por lo tanto, podríamos tener un escenario más favorable.
*Imagen principal: Flavia Liberona, directora de fundación Terram.
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