- La empresa turca Yildirim a través de su subsidiaria colombiana Best Coal Company busca la apertura de tres minas en el norte de Colombia. En paralelo, hay llamados de políticos de la costa Caribe a que se reanude la operación de las minas de Prodeco —filial de Glencore—, cerradas desde 2020.
- Según un informe de abril de 2023 de la organización no gubernamental Global Energy Monitor, de confirmarse la activación de los yacimientos de Yildirim y de los que explotaba Prodeco, se duplicarían las emisiones de metano en Colombia.
- Un colectivo de organizaciones no gubernamentales colombianas demandaron recientemente al Estado para que sus políticas de cambio climático integren la medición de emisiones generadas por la industria del carbón, en particular del metano.
La posible apertura de tres nuevas minas de carbón y la reanudación de un viejo proyecto del mismo mineral en Colombia podría ir en contra de las metas climáticas del país. Básicamente, porque se podrían duplicar las emisiones de metano asociadas a este cuestionado sector. Así lo confirma un nuevo informe de la organización ambiental Global Energy Monitor, que promueve la transición a energías limpias en el mundo, y que estima que esta actividad extractiva que emite 239 000 toneladas anuales de metano en Colombia podría sumar 216 000 más, si los proyectos entran en funcionamiento.
Colombia es uno de los países que asumió el compromiso, como parte del Acuerdo de París, de reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Y aunque el presidente Gustavo Petro es un duro crítico de la extracción de este mineral, la posible apertura de tres minas de carbón a manos de la empresa turca Yildirim y una eventual reanudación de la operación extractiva manejada por la filial de Glencore, Prodeco, significaría un grave retroceso.
Sin embargo, esos proyectos aún tienen varios obstáculos por sortear. La empresa turca Yildirim necesita obtener el consentimiento de las comunidades de Cañaveral en San Juan del Cesar, La Guajira, y la aprobación de un permiso por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para poder operar uno de sus títulos mineros. En el caso de las minas de Prodeco, están pendientes de resolver las demandas judiciales presentadas por las comunidades de La Jagua de Ibirico, Cesar, contra la compañía por afectaciones a sus territorios. También que el gobierno nacional busque un nuevo concesionario para el proyecto tras la salida de la filial de Glencore.
Para los expertos consultados por Mongabay Latam es clave seguir de cerca las decisiones que se tomen en torno a esta industria, porque Colombia sigue siendo el mayor productor de carbón en Latinoamérica con 65 millones de toneladas extraídas en 2022. Además, en el 2021, las minas de carbón generaron aproximadamente el 7.8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y las emisiones de carbono anuales de este sector son comparables a las cantidades totales de países como Uruguay.
El gobierno de Petro y los jueces tienen en sus manos si dan vía libre a estas propuestas de proyectos de carbón, sin olvidar que el mundo está buscando dar un giro a una menor producción de este mineral. La Agencia Internacional de Energía (AIE) —un organismo internacional conformado por más de 42 países para dar recomendaciones relacionadas con este sector— señala que la mayoría del carbón no debe ser explotada si el planeta quiere contener el cambio climático. “La Agencia Internacional de Energía estima que el 90 % del carbón debe permanecer en el subsuelo para que no se contribuya al aumento de la temperatura. En Colombia hay quienes dicen que no hay responsabilidad del país porque aquí se exporta el carbón, pero no se quema. Pero la atmósfera no tiene fronteras”, señala a Mongabay Latam, Paula Portela, investigadora del sector minero para la organización ambiental colombiana Censat Agua Viva.
Lo mismo opina José David Castilla, abogado de la organización de la sociedad civil de protección del medio ambiente AIDA, quien agrega que “hay un llamado internacional fuerte a que se suspenda paulatinamente la economía de carbón a 2032, a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a 2040. Eso muestra que no sería viable abrir nuevas minas de carbón en Colombia”.
¿Qué se sabe de los proyectos que podrían empezar a operar?
La turca Yildirim adquirió los títulos mineros de tres minas de carbón en Colombia en 2016 a la compañía CCX, parte del conglomerado empresarial brasileño de Eike Batista, declarado en quiebra en 2013. Se trata de las minas Cañaveral, San Juan y Papayales en La Guajira, al norte del país. La Agencia Nacional de Minería ya dio su visto bueno a la explotación, pero aún falta que se concrete la consulta previa con una de las nueve comunidades afro que se verían afectadas por el proyecto Cañaveral. Luego de obtener el consentimiento de las comunidades, la compañía podría solicitar el permiso de operación a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Desde la organización AIDA, cuestionan el proceso de consulta previa que se ha llevado a cabo. “Ocho comunidades ya cerraron el proceso de consulta previa. Las llamamos consultas exprés porque se hicieron en la pandemia, con sólo dos o tres personas de cada consejo comunitario y en menos de quince días o un mes. Solo el consejo comunitario afro de Cañaverales se ha opuesto y, en este caso, la consulta previa está en sus primeras etapas”, dice el abogado Castilla de AIDA.
Sobre este aspecto, Best Coal Company dijo a este medio que la consulta previa está avanzando. También que sigue abierta y comprometida a que esta se construya en el marco del respeto, la buena fe y la confianza entre las partes. Agregó que todos los actores involucrados deben contar con acceso a la información del proceso.
Pero más allá del consentimiento pendiente de las comunidades y del permiso de la ANLA, a los expertos de Global Energy Monitor les preocupa también los posibles impactos ambientales. Según el informe de la organización, con el potencial de explotación propuesto por Yildirim para sus títulos mineros se estima que el proyecto aportaría entre 54 000 y 161 000 toneladas de metano a las cifras totales del país. Las emisiones varían porque la compañía, según Global Energy Monitor, no ha sido clara en cuánto carbón proyecta extraer. “La empresa ha cambiado sus estimaciones en distintos informes. Ante los inversionistas dicen que serán 35 millones de toneladas de producción al año, pero a la comunidad de Cañaveral les dicen que será una pequeña mina de 10 años con una tonelada por año. Es difícil ver sus planes verdaderos”, señala Gregor Clark, gerente del Global Energy Monitor para América Latina, que lideró la elaboración del informe, en el cual señalan que la producción de Best Coal Company podría ir de 12 a 35 millones de toneladas por año. Esta última cifra es la que está publicada en la página web de la compañía.
En respuesta a Mongabay Latam, Best Coal Company aseguró sus emisiones serán de 59 504 toneladas de CO2 en un periodo de diez años. Además, señaló en Colombia solo tienen el proyecto de la mina a cielo abierto de Cañaverales y que este extraerá «11.9 millones de toneladas de carbón en 10 años».
José Castilla de AIDA señala, además, que hay un manantial de agua en la zona que sería impactado por la mina Cañaveral, cuya actividad podría contaminar el recurso hídrico así como destruir redes de acuíferos subterráneos. Y no es lo único, pues Paula Portela de Censat Agua Viva menciona también los posibles daños que podría generar en la agricultura. “La mina Cañaveral traerá graves consecuencias ambientales y sociales. Afectaría una región que es una despensa agrícola en La Guajira. Este departamento sufre sequías, hambrunas y este proyecto puede empeorar la situación al generar acaparamiento de agua, contaminación de los suelos, así como el cambio de las costumbres y la economía de los pueblos afroguajiros”, comenta. También dice que aunque todavía no haya explotación minera, solo el anuncio de la posible apertura de la mina ya ha generado impactos como la especulación con el precio del suelo, tema que ha investigado el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en su proceso de acompañamiento a la comunidad de Cañaverales.
Para el gobierno, pese a su discurso en contra del carbón, no será tarea fácil negar los permisos necesarios para que opere la mina. “El hecho de que exista un título minero complica la situación. No es tan fácil como que el gobierno diga ‘no queremos que abran esta mina’”, comenta Clark. Y agrega que Colombia es el único país con nuevas propuestas de minas de carbón en la región y que tiene las cinco minas más grandes del continente. Clark celebra que las comunidades de Cañaveral se opongan a la mina con el mismo nombre y piensa que si este proyecto fracasa, los otros dos también lo harán. Resalta además que la explotación del yacimiento San Juan superaría a cualquier mina subterránea de carbón de la historia de Colombia.
El posible regreso de las minas que operaba Prodeco-Glencore
A la eventual apertura de las minas de la turca Yildirim, se suman los llamados de algunos congresistas de la costa Caribe colombiana que piden se reanude la explotación en dos minas de Prodeco a manos de un nuevo concesionario. Cada año, estas minas producían 15 millones de toneladas de carbón y generaban unas 55 000 toneladas de metano, según el informe. Y aunque en 2020, con el argumento de la caída del precio internacional del carbón y “no haber recibido algunas aprobaciones gubernamentales claves requeridas para el desarrollo de las operaciones”, la empresa Prodeco detuvo su operación y solicitó la suspensión de los títulos mineros en sus explotaciones en el Cesar llamadas La Jagua y Calenturitas, esta empresa continúa sus operaciones en la mina del Cerrejón —la más grande del país—, así como el manejo del puerto desde el que se exporta.
Tras la decisión de Prodeco sobre la mina de La Jagua, al menos 247 trabajadores perdieron su empleo. Los expertos hablan de que la mina generó dependencia de la economía del carbón. “Este tipo de proyectos afectan las formas de vida de las comunidades. En municipios como La Jagua de Ibirico, un 80 % del producto interno bruto (PIB) depende del carbón. En departamentos como La Guajira, dependen en un 60 % de esta economía”, señala Castilla de la organización AIDA y añade que “cuando esta se para, si no se establece desde antes unos procesos de reconversión laboral o productiva, genera vacíos complejos en las comunidades”.
De acuerdo con los expertos consultados, las minas de Prodeco han empeorado las condiciones de las comunidades y el medio ambiente. “Hay dependencia económica local de las minas, por eso, muchos sectores en la zona dicen que hay que reabrirlas. En el gobierno dicen que no es viable por los pasivos ambientales que existen”, comenta Rosa Peña, abogada de AIDA. El tema de impactos ambientales por resolver sigue en discusión. Por ejemplo, el gobierno anterior dijo a Prodeco que antes de abandonar sus títulos evaluaría su “manejo de los pozos (de desechos) mineros”.
En respuesta a unas preguntas de Mongabay Latam sobre los pasivos ambientales y sociales, Prodeco aseguró que mientras realiza el proceso de liquidación y «reversión de la infraestuctura minera, (…) ha cumplido y sigue cumpliendo sus obligaciones contractuales». Además, señaló que tras un fallo de tutela —un tipo de acción jurídica en Colombia—, la ANLA es la «entidad exclusivamente competente para la definición y cierre de las obligaciones ambientales del Grupo Prodeco».
Portela agrega que la mina además ha aumentado la conflictividad social, pues un sector de la sociedad considera que debe seguir cerrada y que se resuelva el daño que generó, pero otro piensa que se debe reabrir y reintegrar a los trabajadores.
Mientras las comunidades fueron divididas por la salida de Prodeco y los políticos piden el regreso de la extracción minera, la incertidumbre sigue. En septiembre de 2022, tras una demanda de las poblaciones afectadas, un juez ordenó la instalación de una mesa de diálogo entre las comunidades del municipio La Jagua de Ibirico y Prodeco para “establecer las obligaciones ambientales y sociales pendientes” de la minera.
El cambio de gobierno también agregó un nuevo componente. Mientras que la administración de Iván Duque quería que la empresa remediara sus impactos y encontrar un nuevo concesionario, el actual es un gobierno con un discurso en contra de la extracción minera. “El gobierno Duque hizo una subasta para encontrar un nuevo operador, pero la detuvieron por las tutelas (demandas). Las tutelas de las comunidades exigen que Prodeco no se puede ir sin dar una retribución a la población, a quienes perdieron su trabajo. El gobierno actual cree que Prodeco aún tiene obligaciones con la comunidad”, señala Clark.
Prodeco confirmó a Mongabay Latam que estos procesos judiciales evitaron que el gobierno anterior encontrara un nuevo operador, ya que tras una decisón del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la subasta o «ronda minera del carbón» de la Agencia Nacional de Minería (ANM) quedó suspendida mientras esté en trámite la acción popular. También aseguraron que desconocen si el gobierno actual tiene interés de buscar un nuevo adjudicatario de la concesión. «No tenemos conocimiento de la posición oficial del Gobierno Nacional sobre este particular», dice la respuesta de Prodeco a este medio.
Exigencias al gobierno
Con la premisa de que los gobiernos recientes de Colombia no han incluido el impacto de la producción de carbón en la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero, un colectivo de organizaciones no gubernamentales demandó al Estado el 4 de mayo de 2023.
“Desde AIDA y en alianza con otras organizaciones, presentamos una acción jurídica que justamente busca vincular el tema de la extracción de carbón con la crisis climática. Le pedimos al gobierno que en su política de crisis climática incluya el sector del carbón”, comenta Peña. Agrega que ni en las etapas de extracción, transporte, quema, ni exportación, existe un análisis del impacto climático de este sector.
Castilla dice que les exigen al Ministerio de Ambiente, de Minas y a la ANLA el cumplimiento de las directrices sobre cambio climático, las cuales asegura que han sido ignoradas por los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Comenta que en las mediciones de emisiones de gases invernadero no se han incluido las de metano, las principales del sector del carbón.
“El gobierno actual es un referente en la discusión climática a nivel mundial. Existe una oportunidad y es ideal que sus intenciones empiecen a verse en políticas públicas concretas”, concluye Rosa Peña de Aida.
*Imagen principal: Mina de Cerrejón en el departamento de La Guajira, norte de Colombia. Foto: Lucy Sherriff para Mongabay.
*Nota del editor: Este artículo fue actualizado para incluir la versión de Prodeco el 16 de mayo, cuya respuesta llegó un día después de la publicación. Best Coal Company envió su respuesta dos días después, el 17 de mayo y fue incluida también en el artículo.
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