- Algunas hidroeléctricas en Brasil llegaron a generar costos de casi el doble de lo proyectado, como en el caso de Santo Antônio y Jirau, muy cerca de la frontera con Bolivia.
- Irónicamente, ambas centrales eléctricas nunca operaron a plena capacidad. Por ello, el sistema evitó daños que podrían haber sido causados por un desequilibrio entre la capacidad de generación y la transmisión.
- Pese a estas experiencias poco satisfactorias, aún existen chances, explica Killeen, para que 2 proyectos más se ejecuten los próximos años.
El río Madeira fue el siguiente afluente amazónico que atrajo la atención de los desarrolladores de energía hidroeléctrica de Brasil. El río está libre de rápidos mientras fluye a lo largo del borde occidental del Escudo Brasileño durante unos 1.300 kilómetros, entre Porto Velho (Rondônia) y su unión con el propio río Amazonas cerca de Itacoatiara (Amazonas). Aguas arriba, la cuenca es drenada por cuatro afluentes masivos: Itenez/Guaporé, Mamoré, Beni y Madre de Dios, y las cuencas superior e inferior están separadas por aproximadamente 250 kilómetros, donde cuatro grupos de rápidos brindan una oportunidad única para generar energía a partir de un enorme volumen de agua recolectada en un espacio aproximado de un millón de kilómetros cuadrados.
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Entre los años 2005 y 2015, durante las administraciones del presidente Lula da Silva y su sucesora, Dilma Rousseff, el Estado brasileño construyó dos mega represas: Santo Antônio, que se encuentra justo a lo alto de Porto Velho, y Jirau, que se ubica a 110 kilómetros aguas arriba cerca de la frontera con Bolivia. Eventualmente, el complejo hidroeléctrico Madeira puede incluir dos represas adicionales: la Binacional, que se ubicaría 150 kilómetros aguas arriba de Jirau en la frontera con Bolivia; y Cachuela Esperanza, que se situaría otros cincuenta kilómetros río arriba en el río Madre de Dios, dentro de Bolivia. Todas estas instalaciones son (o serían) de modalidad R-o-R ya que los lugares no se adecúan para presas altas y grandes embalses. Cada una estaría ubicada debajo de rápidos rocosos donde una presa baja inducirá la planta de energía con pequeños embalses de entre 20.000 y 25.000 hectáreas.
El gobierno brasileño aceleró el diseño, la revisión ambiental y construcción de Santo Antônio y Jirau. Las licencias ambientales se aprobaron en 2008 y las primeras turbinas estaban operando en 2012, y en 2017 se inauguró la última flota de aerogeneradores. Para gestionar los riesgos financieros y operativos inherentes a estos dos proyectos masivos construidos simultáneamente, el gobierno creó procesos de licitación paralelos. Cada represa fue construida y es operada por diferentes consorcios: Energía San Antonio y Energía Sustentable do Brasil. El financiamiento se distribuyó entre múltiples bancos nacionales, con el BNDES actuando como la principal fuente de capital de inversión, y ambos proyectos fueron incluidos en la cartera de IIRSA debido a su potencial para facilitar el desarrollo de la hidrovía Madeira. El costo combinado original se proyectó en 25 mil millones de Reales, pero los desafíos técnicos hicieron que el presupuesto se disparara a un estimado de 43 mil millones de Reales al final del proyecto.
Las dos instalaciones son consideradas las energías hidroeléctricas más caras del continente, pues el costo se vio incrementado por la ubicación de los mercados de consumo. Ello requirió una inversión adicional de US$ 3.800 millones para una línea de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) de 600 kW a una distancia de 2.400 kilómetros, entre Porto Velho y Araraquara (Sao Paulo). La construcción de la línea HVDC se completó en 2013; sin embargo, una auditoría técnica en el 2017 reveló una falla de diseño que redujo la capacidad de transmisión en 25%. Irónicamente, las centrales eléctricas nunca operaron a plena capacidad y, en consecuencia, el sistema evitó daños que podrían haber sido causados por un desequilibrio entre la capacidad de generación y la transmisión.
Tanto los procesos de licitación como también los de supervisión de la construcción han sido cuestionados por denuncias de corrupción con pruebas dentro del escándalo Lava Jato. La evidencia proporcionada en los estrados judiciales indica que al menos el 2% de los contratos originales fueron pagados en sobornos por las empresas constructoras a políticos y a sus partidos; no obstante, esta cifra no condice con el 80% de sobrecosto inflado de la construcción.
Teóricamente, estas pérdidas deben ser asumidas por los concesionarios que operan las centrales eléctricas, pero, como son servicios públicos regulados, probablemente se les permitirá trasladar el costo total al consumidor a través de facturas de electricidad infladas.
Del mismo modo, es poco probable que las empresas operadoras asuman los costos asociados con los impactos ambientales. Por ejemplo, se incrementó la altura de las presas después de la conclusión de la revisión ambiental, lo que condujo a un error de cálculo en la capacidad del aliviadero y el tamaño del cuerpo de agua ubicado entre las dos represas. Esta falla de diseño provocó inundaciones imprevistas en años lluviosos con niveles extremos de flujo de agua, y aunque se asignaron fondos para ayudar a las familias a reconstruir o reubicarse, las empresas lograron evitar responsabilidades legales por las irregularidades en el proceso de revisión ambiental.
Durante la fase de planificación y construcción, el gobierno brasileño básicamente ignoró los temas legales relacionados con los posibles impactos ambientales en un río internacional. El gobierno boliviano se negó a protestar o solicitar un estudio de impacto ambiental internacional, lo que habría sido ampliamente justificado considerando que se podría haber conocido el daño potencial sobre los peces migratorios. Cuatro gestiones consecutivas de distintos gobiernos bolivianos permanecieron en silencio durante las etapas de planificación, presumiblemente porque esperaban la eventual finalización de las dos represas aguas arriba que incluirían a Bolivia como socio.
Hay que resaltar que la colaboración de los gobiernos de Brasil y Bolivia para completar las dos represas hidroeléctricas, es un ejemplo claro de la cartera de inversiones de IIRSA. Los dos proyectos en la frontera boliviana siguen suspendidos, en parte porque el suministro de energía en Brasil actualmente satisface el consumo regional y nacional, pero esto inevitablemente puede cambiar a medida que crezca la economía brasileña. La línea de transmisión HVDC existente se puede ampliar para proporcionar capacidad adicional, lo que mejora la viabilidad de los proyectos bolivianos.
Imagen principal: Construcción del proyecto de la presa de Belo Monte, cerca de Altamira en el año 2021. Crédito: Daniel Beltra / Greenpeace.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons – Licencia CC BY 4.0).
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