- Agropalma, la única empresa brasileña con el certificado de sustentabilidad expedido por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) —una organización de miembros que incluye a cultivadores, comerciantes, productores, minoristas, bancos e inversores de aceite de palma, entre otros—, tiene «suspendido temporalmente» el certificado desde febrero.
- En diciembre de 2022, Mongabay publicó una investigación en la que se reveló que más de la mitad de las 107 000 ha registradas por Agropalma en el norte del estado de Pará provenían de títulos de propiedad fraudulentos e incluso de la creación de una oficina de catastro falsa. Parte de la zona, en medio de una batalla legal de siete años dirigida por fiscales y defensores públicos, se superpone con tierras ancestrales reclamadas por pueblos indígenas y quilombolas, incluidos dos cementerios.
- Pocas semanas después de la publicación de la investigación, representantes de las certificadoras se pusieron en contacto con los líderes quilombolas «para entender las denuncias» publicadas en el informe, fueron a la región y realizaron auditorías en todas las comunidades afectadas; poco después, IBD Certifications Ltd. suspendió el certificado RSPO de Agropalma.
Una investigación de Mongabay sobre el acaparamiento de tierras en la Amazonía brasileña ha llevado a la suspensión del certificado de sustentabilidad del segundo mayor exportador de aceite de palma de Brasil, de acuerdo con lo que se pudo conocer a través de correos electrónicos y al consultar a fuentes clave del caso.
Agropalma, la única empresa brasileña con certificado de sustentabilidad emitido por la RSPO —una organización de miembros que incluye a cultivadores, comerciantes, productores, minoristas, bancos e inversores de aceite de palma, entre otros—, tiene “suspendido temporalmente” el certificado desde febrero, confirmó a Mongabay la secretaría de la RSPO en un comunicado enviado por correo electrónico.
A mediados de diciembre de 2022, Mongabay publicó una investigación de un año en la que se reveló que más de la mitad de las 107 000 hectáreas registradas por Agropalma en el norte del estado de Pará provenían de títulos de tierra fraudulentos e incluso de la creación de una oficina de catastro falsa, que está en el centro de una batalla legal de siete años liderada por fiscales y defensores públicos.
Parte de la zona se superpone con tierras ancestrales reclamadas por pueblos indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos fugitivos afrobrasileños), incluidos dos cementerios visitados por Mongabay. En el cementerio de Livramento, los residentes afirman que sólo queda una cuarta parte y que la empresa plantó palmas encima de las tumbas. Los quilombolas también acusan a Agropalma de contaminar el agua del río del que dependen para vivir. La empresa niega las acusaciones.
Apenas unas semanas después de la publicación de la investigación, representantes de Assurance Services International (ASI) —organización que evalúa el trabajo de las certificadoras y, en consecuencia, si las empresas cumplen con las normas de la RSPO— y de IBD Certifications Ltd., con sede en Brasil, contactaron a principios de enero a Joaquim dos Santos Pimenta, quilombola que dirige la Asociación de Remanentes Quilombolas del Valle de Acará ARQVA, “para entender las denuncias” publicadas en el informe, según le comentó a Mongabay.
“Me hablaron de su artículo, de que realmente golpeó muy fuerte el tema de la certificación y a la propia empresa”, dijo Pimenta a Mongabay en una entrevista telefónica, y agregó que la investigación también fue “un instrumento importante, debido a que se publicó en inglés y en portugués”.
Pimenta comentó que, tras los primeros contactos, un grupo de expertos de la ASI e IBD acudió a la región del Alto Acará y realizó auditorías en todas las comunidades afectadas. Luego de escuchar los reclamos y de ver varios documentos, añadió, “se marcharon de las comunidades con la decisión de cancelar la certificación. Luego fueron a Agropalma, reunieron todos los documentos y anularon su certificación”.
En una declaración enviada por correo electrónico a Mongabay, ASI confirmó que “el informe fue el motivo para que ASI realizara una evaluación de cumplimiento a IBD, el certificador de Agropalma, en las instalaciones del titular del certificado”. Agregó que la suspensión del certificado de Agropalma “fue una decisión tomada por IBD”.
Profesores universitarios de la Universidad Federal de Viçosa contratados como expertos locales por ASI también citaron la investigación de Mongabay y a esta reportera cuando contactaron a otras fuentes clave citadas en el informe. Un correo electrónico visto por Mongabay, enviado al investigador Elielson Pereira da Silva, que ha realizado estudios en la zona desde 2019 para la Universidad Federal de Pará (UFPA), decía: “Obtuvimos información sobre su trabajo en la región gracias al informe de Karla Mendes en la revista Mongabay”. El volumen de críticas contra la empresa Agropalma “ha llevado a ASI a establecer una diligencia debida para verificar la situación en el lugar”. La carta explicaba que los expertos estarían en Tailândia, Acará y Tomé-Açu a finales de enero “para visitar la empresa y las comunidades mencionadas en el informe de Mongabay”.
Silva dijo que recibió correos electrónicos de dos personas que se presentaron como consultores de ASI, ambos citando a Mongabay. “Dijeron que el informe publicado por Mongabay fue fundamental para tomar la decisión de venir a Pará a verificar en el lugar esta cuestión de las violaciones”, dijo a Mongabay en un mensaje de audio. “La publicación del informe de Mongabay contribuyó enormemente para que las repercusiones de estos conflictos y violaciones pudieran ganar escala internacional, debido a la relevancia de este tipo de abordaje, del tema y del respeto que Mongabay tiene a nivel internacional”.
La fiscal del Estado, Ione Nakamura, dijo que también fue entrevistada por los auditores, y destacó la importancia de las denuncias que la investigación de Mongabay hizo públicas. “El papel del informe fue muy importante para visibilizar este problema y llamar la atención de las autoridades”, comentó Nakamura a Mongabay en un mensaje de voz. “La suspensión del sello RSPO confirma las irregularidades señaladas por las comunidades y que han sido investigadas por el Ministerio Público del Estado [de Pará]”.
Medidas correctoras necesarias
La RSPO y el IBD no revelaron los detalles de la suspensión del certificado de Agropalma, pero destacaron los problemas que debían ser corregidos.
“Se le exigirá a Agropalma que aborde las no conformidades y proporcione las acciones correctivas propuestas a las que el IBD verificará a fondo la implementación de las acciones acordadas”, escribió la RSPO sin revelar qué inconsistencias llevaron a la suspensión. “Para levantar la suspensión, las no conformidades deben ser corregidas y cerradas”.
En un comunicado enviado por correo electrónico, Agropalma dijo que IBD había “suspendido temporalmente” la certificación RSPO de sus plantaciones en febrero, pero apeló por estar en desacuerdo con los puntos señalados en el informe de la certificadora. “La evaluación fue inadecuada, ya que no refleja la realidad ni las normas de la RSPO”.
Sin embargo, Agropalma dijo que los certificados RSPO de sus refinerías en la capital de Pará, Belém, y en Limeira, en el estado de San Pablo, “siguen siendo válidos y no hay ningún impacto en la entrega de los pedidos”, y agregó que “desde nuestra primera certificación en 2011, hemos demostrado un compromiso total y pruebas sólidas del cumplimiento de los principios y criterios de la RSPO”.
Dos demandas presentadas por fiscales de Pará en 2018 y 2020 anularon más de la mitad de los títulos de propiedad de tierras de Agropalma. A pesar de admitir que los títulos fueron falsificados, la empresa sostiene que no estuvo involucrada en el proceso y que está tratando de recomprar la tierra al estado de Pará. Los fiscales han solicitado la retirada del certificado RSPO de Agropalma desde entonces. También acusaron a IBD en las demandas con pedidos de suspender el certificado, pero el juez denegó las peticiones en su momento, según informó Mongabay en diciembre de 2022.
En junio de 2022, el alcance de IBD de los Principios y Criterios de la RSPO en todo el mundo fue suspendido debido a “la falta de implementación de correcciones efectivas y/o acciones correctivas y, por consiguiente, no permitiendo a ASI cerrar una importante NC [no conformidad] dentro de los plazos especificados”, publicó ASI en su sitio web.
La suspensión de IBD fue levantada el 4 de febrero por ASI, sólo cuatro días antes de que la certificación RSPO de Agropalma fuera suspendida. IBD no respondió específicamente a los pedidos de comentarios de Mongabay sobre la suspensión anterior o las demandas del fiscal del Estado; sólo respondió que “sigue de forma estricta las normas de la RSPO y todas las preguntas, dudas, se discuten con el cliente, la RSPO o el autorizador ASI”.
Mongabay se puso en contacto con algunos de los principales compradores multinacionales de Agropalma, incluyendo Unilever Brasil, Cargill y General Mills, para verificar el estado de la relación comercial tras la suspensión de la RSPO.
En una declaración enviada por correo electrónico, Unilever Brasil dijo que está “siguiendo el desarrollo de todas las cuestiones relacionadas con Agropalma con extrema cautela y seriedad, como el asunto lo requiere”, y agregó que “no tolera y no condona las violaciones de los derechos humanos o de la ley”. Unilever comentó que el aceite de palma que utiliza está certificado por la RSPO y añadió que lo ha comprobado con la propia RSPO y “la certificación de Agropalma todavía es válida”, pero pidió más aclaraciones.
Cargill dijo en un correo electrónico que ha recibido la información sobre la suspensión de la RSPO de Agropalma y está en contacto con el proveedor “para evaluar las posibles acciones a tomar de acuerdo con el código de conducta del proveedor”. Señaló que “si un proveedor viola nuestras políticas y no quiere participar en nuestro proceso de compromiso, Cargill no hará negocios con ese proveedor”.
En una declaración enviada por correo electrónico, General Mills dijo que es “consciente y realiza un seguimiento activo de las quejas relacionadas con Agropalma”, que pueden consultarse en su rastreador de cadenas de aceite de palma.
The Hershey Company dijo en una declaración enviada por correo electrónico que tiene vínculos indirectos con Agropalma, a través de sus proveedores directos Cargill y AAK, y agregó que era consciente de las acusaciones contra la empresa y siguió a sus proveedores directos a través de un proceso de investigación de quejas, como se comparte en el Registro de Quejas sobre el Aceite de Palma, que cita la investigación de Mongabay. Hershey dijo que también es consciente de la suspensión de la certificación RSPO de Agropalma y está siguiendo la evolución de este caso a través de Cargill.
Compras suspendidas en medio de la “guerra del aceite de palma”
Más allá de Agropalma, el principal exportador de aceite de palma del país, Brasil BioFuels S. A. (BBF), también se ve afectado por los conflictos en Pará, que las comunidades locales han apodado como “guerra del aceite de palma”, según informó Mongabay en octubre de 2022, y que provocó la suspensión de las compras de algunos compradores.
En ese caso, la escalada de violencia se desencadenó por disputas territoriales entre las comunidades indígenas tembé, turiwara y quilombola y BBF en la región comprendida entre los municipios de Tomé-Açu y Acará, un área reclamada por los pueblos indígenas como su tierra ancestral.
En septiembre de 2022, líderes comunitarios informaron el homicidio de una persona no indígena y de las heridas causadas por disparos de arma de fuego a dos hombres turiwara y a un no indígena en Acará. A la mañana siguiente, la casa cultural de un pueblo indígena fue quemada. Atribuyeron los ataques a guardias de seguridad privada contratados por BBF, que negó las acusaciones de violencia y cualquier superposición de las zonas que ocupaba con tierras indígenas.
Cargill dijo que había suspendido a BBF de su cadena de suministro de palma a partir del 13 de octubre de 2022 “hasta que estemos seguros de la capacidad de BBF para cumplir con sus obligaciones como proveedor de Cargill, según lo establecido en nuestro código de conducta de proveedores”, y agregó que “supervisa constantemente su red de proveedores y ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos en Pará”.
General Mills dijo que ya no hacía negocios con BBF, porque el proveedor identificado como poseedor de una relación de compra directa con BBF “ha confirmado que ha dejado de hacer negocios con BBF”, lo que se señaló en su rastreador de la cadena del aceite de palma.
The Hershey Company dijo que tenía vínculos indirectos con BBF a través de Cargill, pero emitió formalmente una suspensión de la empresa en su cadena de suministro en diciembre de 2022, luego de conocer las acusaciones contra BBF.
Unilever Brasil dijo que no es cliente de BBF.
En un comunicado enviado por correo electrónico, BBF dijo que “no comenta cuestiones empresariales internas”.
Esperanza por una decisión definitiva
La suspensión del certificado RSPO de Agropalma fue recibida por comunidades, expertos y autoridades como un paso importante y una señal positiva para la batalla legal por la tierra de los quilombolas, pero también exigen más acciones para una solución definitiva del caso.
Para la defensora pública agraria Andreia Barreto, que también fue contactada por representantes de la certificadora, la suspensión de la certificación en sí no va a resolver el problema, pero tendrá un impacto en las negociaciones. “Es un paso importante, pero no sé hasta qué punto la certificadora va a cambiar sus normas, incluso con Brasil. Lo que veo es que hay una falta de conexión [de las certificadoras] con la tierra y las cuestiones socioambientales”, le comentó a Mongabay en una entrevista telefónica.
Sin embargo, señaló que “aún queda mucho camino por recorrer”, ya que el estado de Pará ha reconocido hasta ahora sólo una de las zonas reclamadas por los quilombolas, el territorio Gonçalves, que se superpone con la “reserva legal” de Agropalma, una clasificación que obliga a los dueños de propiedades privadas a preservar una parte de sus tierras para la vegetación autóctona.
Silva, investigador de la UFPA, dijo que la suspensión de la RSPO, a pesar de ser temporal, fue un paso importante “en el sentido de reconocer la existencia de un conjunto de violaciones de derechos, sean territoriales, étnicos, humanos, sociales” que han sido “sistemáticamente violados” por más de cuatro décadas a las comunidades quilombolas e indígenas. Para él, la medida más efectiva sería la suspensión definitiva de esta certificación, “ya que se caracteriza en la práctica como una estrategia de lavado verde”.
Desde el año pasado, indígenas tembé del Alto Acará se unieron a la lucha quilombola contra Agropalma. En diciembre de 2022, un cartel puesto en una de las tranqueras colocadas por Agropalma para obstaculizar el acceso de la comunidad al cementerio de Nuestra Señora de la Batalla, ubicado dentro de su reserva legal, decía: “Territorio indígena: Estas tierras pertenecen a los [pueblos] indígenas y quilombolas”.
En septiembre de 2022, un grupo de unos sesenta indígenas tembé envió un documento de autodeclaración a la agencia de asuntos indígenas (Funai) pidiendo la demarcación de sus tierras ancestrales de donde, según afirman, fueron “expulsados violentamente” en la década de los setenta, cuando se establecieron grandes plantaciones de palma aceitera en la región. La zona reclamada se superpone con parte del área de Agropalma —donde sus cultivos de palma engullen el cementerio de Livramento— hasta una zona llamada Cachoeira (cascada).
Sipriano dos Santos Campos, cacique indígena tembé, le dijo a Mongabay que tres representantes de la Funai fueron a la zona el 20 de marzo para hablar con la comunidad indígena y visitaron todas las zonas reclamadas durante tres días. Según él, está por llegar otro grupo de funcionarios de la Funai para realizar estudios antropológicos en el lugar donde vivían sus antepasados.
Ellos crearon la Asociación Indígena Ita Pewa del Alto Acará, que ahora cuenta con ciento cincuenta miembros, contó el cacique. “Tenemos prisa por llegar a nuestro territorio”, dijo el líder indígena a Mongabay por teléfono. “Ojalá ustedes nos puedan dar también una mano”.
Funai no respondió a las solicitudes de comentarios.
Pimenta, el líder quilombola, se mostró esperanzado en conseguir por fin justicia para las comunidades. “Lo que el IBD me dijo fue lo siguiente: Su certificación [de Agropalma] sólo se actualizará de nuevo cuando resuelva el problema, resuelva las cuestiones con la comunidad, devuelva el territorio de la comunidad y resuelva la cuestión de la titulación de las áreas que supuestamente dice que posee”.
Comentó que los habitantes quilombolas apreciaron mucho la investigación de Mongabay y más aún “el día en que la gente de las certificadoras llegó aquí”, ya que era la primera vez que eran escuchados por instituciones nacionales e internacionales que evaluaban a Agropalma, a pesar de varios años de denuncias.
Según él, la medida de la certificadora de “venir aquí a la selva para poder ver a la comunidad es porque el interés financiero es grande”. Y para que esto ocurriera, dijo, se necesitó “algo mucho más grande” que llegó a través de “un informe muy bien hecho con acusaciones muy fuertes para poder obligarles a venir aquí… y escuchar a la comunidad”.
Inmediatamente después de la publicación de la investigación, la fiscal Nakamura dijo que para “apoyar futuras demandas”, incluyó la investigación de Mongabay en los procedimientos legales que rodean los conflictos entre las comunidades quilombolas que buscan el reconocimiento de su territorio y las áreas ocupadas por Agropalma. Nakamura comentó que también envió la investigación para que fuera agregada por otros fiscales que investigan los impactos ambientales causados por el uso de pesticidas en las plantaciones de palma aceitera.
Barreto también dijo que incluirá la investigación de Mongabay en las demandas de la Oficina del Defensor del Pueblo tan pronto como reciba de vuelta los procedimientos.
El año pasado, una investigación de dieciocho meses sobre la contaminación por aceite de palma en Pará ayudó a los fiscales federales a obtener una decisión judicial para examinar las repercusiones medioambientales del uso de pesticidas por parte de BBF en las plantaciones de palma aceitera en las comunidades indígenas y el medioambiente del estado. Esta investigación obtuvo el segundo premio de la Sociedad de Periodistas Ambientales por el Mejor Reportaje de Investigación y el tercer premio de los Fetisov Awards por Excelencia en la Información Medioambiental.
* Imagen principal: El quilombola Antônio Santana enciende velas por sus familiares difuntos en el cementerio de Livramento, en el estado de Pará. Foto: cortesía de Elielson Pereira da Silva.
Karla Mendes Karla Mendes es redactora y reportera de investigación de Mongabay en Brasil. Encuéntrala en Twitter: @karlamendes
Artículo original: https://news-mongabay-com.mongabay.com/2023/03/rspo-suspension-of-brazil-palm-oil-exporter-tied-to-mongabay-land-grabbing-report/
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