Un análisis satelital realizado por Mongabay Latam muestra que, en los últimos dos años, 15 119 alertas de deforestación se han registrado en la Reserva San Rafael, en la chiquitanía boliviana y otras 256 025 en el Parque Nacional Amboró, en la amazonía de ese país. Un equipo de periodistas se trasladó hasta estas áreas para corroborar las alertas.
En San Rafael, los periodistas encontraron zonas recién deforestadas por colonos venidos del occidente para sembrar granos y comercializar maderas preciosas. Además, confirmaron que los avasallamientos, que hasta hace algunos años se mantenían en los bordes de la reserva, ya penetraron el área protegida.
En Amboró, el análisis satelital muestra que desde febrero 2019 hasta octubre de 2023 la deforestación al interior del Parque pasó de 14 a 107,5 hectáreas, una cifra que coincide con las denuncias de los comunarios y que estarían destinadas, principalmente, al cultivo ilegal de hoja de coca.
“Son grupos armados, son grupos contratados que ingresan a diferentes predios después de varios análisis. Visitan varias veces las zonas, ven dónde ingresar y si es necesario lo hacen a la fuerza. Hay varios casos de tomas con armas de fuego y donde la Policía actuó de acuerdo a la norma”, de esta manera explica una fuente policial cómo funcionan los avasallamientos u ocupaciones ilegales de tierras estatales en Bolivia. Se trata de un problema que existe desde hace más de 20 años en el país pero que ha cobrado fuerza en la última década y que hoy se ha convertido en una grave amenaza para las áreas protegidas del país.
Estos asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control y son cada vez más organizados, agresivos e impunes, aseguran diferentes organizaciones de la sociedad civil consultadas para este reportaje. Así lo confirman también fuentes policiales a las que Mongabay Latam tuvo acceso y que describieron el modus operandi que han venido observando en el último tiempo: las ocupaciones se inician con visitas de modernos vehículos a determinados predios. Días más tarde, aseguran las fuentes de seguridad, ingresan los mismos sujetos a la misma área con carros menos vistosos y merodean la zona con progresiva frecuencia. Analizan el área y después de un tiempo deciden instalarse. Lo hacen construyendo casas muy precarias de madera o calamina y sin servicios básicos.
En una de las casas precarias se observó un vehículo fabricado en los últimos años. Crédito: Iván Paredes.
Luego aparece la maquinaria pesada y las herramientas para el desmonte del bosque. Los árboles caen como si fueran piezas de dominó. Muchas veces los ocupantes llegan, además, preparados para eventuales confrontaciones, ya sea contra residentes de zonas cercanas o la propia Policía.
Alejandro Almaraz, quien fue viceministro de Tierras entre las gestiones 2006 y 2010 y actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, sostiene que “lo que ahora llama la atención es que estos grupos son más violentos que antes. Ahora están armados, son peligrosos y eso preocupa a dueños y hasta a la misma Policía. Antes era algo fácil identificar y sacarlos, pero ahora lamentablemente se ven enfrentamientos para poder sacarlos”.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la entidad pública boliviana que regula el acceso a la tierra, reveló a este medio que el número de avasallamientos de tierras aumentó de 208 a 237 durante el 2022. De la mano de estos asentamientos ilegales, también llega la deforestación.
Un equipo de Mongabay Latam viajó hasta la Reserva Municipal de San Rafael y el Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en la Chiquitanía y Amazonía boliviana respectivamente, tras advertir en la plataforma satelital Global Forest Watch miles de alertas de deforestación en los últimos dos años al interior de estas dos áreas protegidas: 15 119 en San Rafael y 256 025 en Amboró.
Los avasalladores quemaron el terreno donde ingresarán luego de derribar los árboles. Crédito: Iván Paredes.
Los resultados obtenidos en terreno son contundentes: al momento en que los periodistas ingresaron al área protegida municipal de San Rafael, unas seis personas se encontraban construyendo sus casas y tumbando el bosque. Los troncos de los árboles que días antes habían sido derribados para limpiar el terreno e instalar sembradíos, todavía ardían y las tablas de tajibo amarrillo (Tabebuia serratifolia), una madera muy codiciada en Bolivia que se utiliza para pisos en casas de lujo, estaban apiladas para ser vendidas a un intermediario y luego llevadas a la ciudad de Santa Cruz para ser comercializadas.
Según el alcalde del municipio de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas Roca, el 3% del territorio de esa área protegida, que en total conserva 69 143 hectáreas, se encuentra invadido. La autoridad hizo un recorrido por el área afectada luego de que este medio ingresó a la zona y aseguró que ya inició las gestiones para verificar los avasallamientos y exigir la salida de los invasores.
En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, la situación es crítica. Un análisis satelital realizado por Mongabay Latam y El Deber, confirmado por dos geógrafos expertos en teledetección de Bolivia y Perú, revela que desde febrero de 2019 hasta octubre de 2023, la deforestación al interior del parque pasó de 14 a 107 hectáreas.
Pobladores, expertos, guardaparques y la ex directora del parque, Andreina Tolavi, aseguran que el principal fin de esta deforestación es acondicionar áreas para el cultivo ilegal de hoja de coca. Tolavi fue destituida recientemente tras denunciar que estos cultivos se dispararon al interior del parque y el nuevo director del área protegida, Limber Vargas, solo entró a confirmar que ciertas zonas del área protegida están siendo amenazadas por organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. En octubre pasado, pobladores, guardaparques y funcionarios de la alcaldía fueron agredidos por los vigilantes de estas actividades ilícitas mientras erradicaban plantaciones de marihuana y coca.
En las regiones de Beni y sobre todo de Santa Cruz, se concentra casi la totalidad de los asentamientos humanos ilegales. De hecho, el 80% de las tomas de tierra se ubican en esa última región. El principal motor de los avasallamientos es la agricultura mecanizada, pero también la expansión de la ganadería, asegura Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra. “Sin embargo, en el último tiempo, la minería legal e ilegal también está provocando avasallamientos en territorios indígenas o Territorios Comunitarios de Origen (TCO) —que representan el 14% de la superficie de Bolivia— y en áreas protegidas como el (parque nacional) Madidi y otras áreas protegidas de carácter municipal”, dice Colque.
Según el experto, el objetivo principal de los avasalladores es, primero, tomar posesión física de las tierras y luego legalizarlas ante el INRA. “Justifican sus acciones afirmando que son comunidades nuevas fundadas por familias pobres y sin tierras. Algunos de estos grupos incluso tienen autorizaciones con firmas y sellos de entidades públicas”, explica el investigador de Fundación Tierra.
Al ingreso del Amboró, en la comunidad Nuevo Surutú, se talaron los árboles para implementar terrenos de cultivos. Foto: Iván Paredes
De hecho, en la reserva San Rafael, las personas que estaban tumbando el bosque le aseguraron a los periodistas que tenían permisos del INRA, aunque nunca mostraron los supuestos documentos y la entidad negó que eso fuera cierto. Colque, además, agrega que algunos avasalladores “no ocultan sus conexiones políticas con las autoridades de alto rango del gobierno; al contrario, se presentan como militantes con poder político y con derecho a apropiarse a la fuerza de las tierras”.
En la Reserva Municipal de San Rafael, según los testimonios de los invasores recogidos por este medio, ya se han creado cuatro comunidades campesinas que reciben a ciudadanos del occidente boliviano. Llegan para asentarse y cultivar granos como soya, maíz o sorgo. Luego, cuando la tierra se erosione y pierda las propiedades para que lo sembrado germine, intentarán vender el área a eventuales compradores.
Miguel Angel Crespo, director ejecutivo de la organización ambiental Probioma, explica que “el justificativo que tienen los avasalladores es que no tienen tierra y necesitan para poder sembrar y producir alimentos”. Sin embargo precisa que en muchas ocasiones ese argumento “es una falacia, una mentira. En realidad ellos hacen la toma de tierras para traficar con las mismas, para tener una forma de enajenación”.
Operativo de erradicación de coca en Bolivia. Foto: Gabriela Reyes
Según detalla Colque, esa lógica del tráfico de tierras no solo se aplica en las áreas protegidas, sino también en predios fiscales y hasta en privados, donde existe falsificación de documentos.
Por otro lado, lo que ocurre en Amboró da cuenta de que los cultivos ilícitos también son un motor de los avasallamientos en Bolivia. De hecho según el último reporte anual del Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia realizado por la UNODC, existen 7900 hectáreas de coca excedentaria en el país, es decir, por sobre el límite máximo permitido para este cultivo. De esa cantidad, 435 hectáreas están sembradas en cinco áreas protegidas (o parques nacionales), asegura el informe, y una de ellas es Amboró.
En entrevista con Mongabay Latam, la criminóloga boliviana y especialista en política de drogas, Gabriela Reyes, aseguró que “los parques nacionales se han vuelto el eje donde los narcos prefieren producir la cocaína en Bolivia”. Según explica, “se han empezado a instalar laboratorios de cocaína en los parques nacionales”, debido a que son territorios de “difícil acceso para la fuerza pública y fáciles para esconderse y camuflarse”.
Operativo contra laboratorios clandestinos de droga. Foto: Gabriela Reyes.
Los habitantes del municipio de El Torno, un área del parque nacional Amboró donde se concentra la actividad turística y donde llegó este equipo periodístico, temen que los avasallamientos avancen hasta ese lugar. No olvidan que en 2013 dos buses llenos de gente llegaron con el propósito de avasallar sus predios. Iban con la intención de tumbar el bosque y sembrar granos, pero los comunarios se organizaron y lograron impedir la invasión. Cuando se trata de coca, sin embargo, el panorama se complejiza. Incluso los guardaparques reconocieron las dificultades que tienen para hacer frente al problema.
“Nosotros no podemos enfrentarnos solos con los cocaleros o narcos, porque simplemente nos matan”, dijo un guardaparques que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad. Además, tal como confirmó este equipo periodístico en el terreno, las condiciones para vigilar el área son tan precarias que actualmente hay solo un vehículo operativo y 11 personas a cargo de la protección de 636 000 hectáreas.
Según datos del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, desde el 2017 hasta el 2021 hubo 2390 denuncias a nivel nacional por la toma de tierras de forma violenta. Sin embargo, la autoridad aseguró en una conferencia de prensa realizada en agosto de este año que en los últimos dos años los casos se redujeron considerablemente. “En el 2022, pese a todo lo que se dice, tenemos un promedio a nivel nacional de 22 denuncias cada mes comparado con la gestión de 2017, cuando se registraron 48 denuncias cada mes en el país. Hemos logrado reducir drásticamente en la gestión 2021 y 2022 las denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras en el país”, aseguró.
A pesar de que la cifra se ha reducido casi a la mitad, según indica Del Castillo, Bolivia sigue enfrentando al menos 264 avasallamientos al año. Y esto es solo contando las denuncias recibidas por la autoridad
De hecho. el exviceministro de tierras, Alejandro Almaraz, asegura que los casos de avasallamientos son muchos más. “Lamentablemente hay muy poca transparencia en el INRA y no conocemos datos oficiales, pero por lo visto pueden pasar tranquilamente 300 casos por año”, dice.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el número de avasallamientos de tierras aumentó de 208 a 237 durante el 2022. El director del INRA, Eulogio Núñez, informó a este medio que sólo está pendiente el saneamiento del 8% del territorio invadido, sin embargo, precisó que de las 237 denuncias de avasallamientos que hubo en 2022, en 100 casos la entidad que dirige no tiene competencia para intervenir. “El INRA no es competente porque estas tierras ya están tituladas. [En estos casos el propietario] debe acudir con su título de inscripción al juez agroambiental”, dijo Núñez.
Los avasalladores instalaron en plena Reserva Municipal de San Rafael precarios aserraderos para cortar las piezas de madera. Crédito: Iván Paredes.
El funcionario informó, además, que se encuentra preparando un informe del estado de los avasallamientos al 2023, pero adelantó que no hay actualización de datos de posibles asentamientos en áreas protegidas. Lo mismo sucede con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que, según su exdirector Teodoro Mamani —quien fue alejado del cargo mientras se realizaba esta investigación—, no había una cifra exacta sobre los asentamientos en reservas naturales.
Bolivia cuenta con la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, que fue aprobada en 2013. Esta norma sanciona a los traficantes de tierra y avasalladores con privación de libertad de tres a ocho años. Según explica Colque, el proceso se tramita como un delito flagrante, es decir, que el autor o los autores deben ser acusados sin mayor trámite cuando son sorprendidos traficando tierras. La pena por tráfico se agrava en un tercio en el caso de los servidores públicos.
Sin embargo, hasta ahora, la mencionada ley se aplicó en algunos casos de avasallamiento de propiedades privadas, pero no de áreas protegidas. El proceso judicial se activó sobre todo en hechos relacionados con propiedades medianas y empresariales. “La razón es el interés de los propietarios por proteger sus tierras, siempre y cuando puedan asumir toda la carga procesal, es decir, pagar los gastos de operación del Ministerio Público, la Policía y demás funcionarios judiciales. En la mayoría de los casos, el proceso termina con el desalojo, sin llegar al ámbito penal”, asegura Colque.
El sociólogo Fernando Salazar, docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, considera que existe riesgo de que el desalojo de los avasalladores demore debido a la inacción policial y también por la forma en cómo ingresan estos grupos a los predios. “Los loteadores toman tierras privadas o fiscales, o también en áreas protegidas, las fraccionan y venden generando millonarias ganancias ya que el precio de venta es por metro cuadrado y al valor comercial”, explica.
Los expertos mencionan que existen al menos tres tipos de avasallamientos. El primero es cuando invasores ingresan a tierras fiscales para distintos fines como sembradíos, ganadería o tráfico ilegal. El segundo ocurre en predios privados, donde grupos de personas ingresan armados para intentar adueñarse de estas áreas a pesar del freno de la fuerza policial. El tercero, que es menos utilizado, es cuando los tomatierras entran a áreas protegidas.
Marlene Quintanilla, investigadora de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), suma un problema más y es que los avasallamientos están también asociados a las alarmantes cifras de deforestación en Bolivia. Solo en 2022 se deforestaron 595 996 hectáreas, un área incluso más grande que la superficie total de la república de Trinidad y Tobago. De esa cifra, 385 567 hectáreas son de bosque húmedo primario, según la FAN. Detrás de todo ese desmonte, sostiene Quintanilla, se presenta un fenómeno de reconfiguración demográfica en el país en el que cada vez hay más migración desde las regiones andinas de Bolivia hacia las zonas bajas, que es donde está la mayor extensión de bosques. ”Esto, obviamente, demanda más tierras para los nuevos ocupantes que tienen otra mirada de desarrollo”, asegura la experta.
los avasallamientos están también asociados a las alarmantes cifras de deforestación en Bolivia. Foto: Gabriela Reyes
Óscar Campanini, investigador del Cedib, una organización civil que investiga temas sociales y ambientales de Bolivia, sostiene que algunas normas han incentivado los avasallamientos. La Ley del Medio Ambiente y la reglamentación de áreas protegidas, que data de los años 90, permiten algunas actividades extractivas al interior de áreas protegidas. Estas, sin embargo, deben realizarse cumpliendo la normativa ambiental y, además, con una estrecha supervisión de la institución que gestiona el área protegida, es decir, el Sernap. No obstante, Campanini asegura que, sobre todo durante el gobierno de Evo Morales, se aprobaron decretos supremos que facilitan todos esos trámites para instalar proyectos en áreas protegidas y que incluso “actúan como un incentivo para explorar y explotar en las reservas naturales bolivianas”.
Para el experto, estas normas incentivan a los grupos de avasalladores a ingresar a las áreas protegidas para que puedan explotar recursos naturales como el oro o realizar actividades económicas que son ilegales dentro de las reservas. Campanini dice que este fenómeno empezó con los hidrocarburos, ya que con las normas se abrieron las puertas de las áreas protegidas para que sean explotadas.
Por otra parte, la investigadora de la FAN destaca que, además, existe una mala interpretación de la legislación del INRA. “Para acreditar el derecho a la tierra se debe demostrar que se están realizando actividades agrícolas y esto conlleva la tala de los bosques”, explica. De hecho, Miguel Angel Crespo de Probioma, asegura que “paradójicamente esas tierras que son desmontadas una vez que las han avasallado tienen mayor valor que un bosque cuando debería ser al revés”. Según el experto, esa interpretación de la legislación “es uno de los aspectos que está llevando a este desastre socioambiental en Bolivia”.
Deforestación al interior del parque Amboró. Foto: El Deber, Mongabay Latam.
Según la experta, la influencia de este factor se demuestra en los datos de deforestación. “Hay una aceleración considerable de la deforestación desde 2015 y tiene que ver mucho con estas normativas del Gobierno que quiere impulsar más producción para garantizar soberanía alimentaria. Lamentablemente, (…) muchas de estas tierras están abandonadas”, lamentó Quintanilla.
Eso es lo que sucede, justamente, con las tomas de tierra en algunas áreas protegidas de Bolivia. Los grupos de avasalladores ingresan a estas zonas y depredan el bosque, pero luego no pueden mantener la sostenibilidad de sus cultivos y deciden abandonar ese espacio ya dañado. El alcalde Vargas, del municipio de San Rafael, comprobó que hay zonas en el área protegida de San Rafael que fueron arrasadas pero donde ya no se cultiva.
La política de asentamientos humanos en tierras rurales y protegidas de Bolivia, que se implementa por varios gobiernos a lo largo de los años, siempre ha sido objeto de cuestionamientos. Su objetivo era sacar a las personas de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población con escasos recursos dándoles tierras en diferentes zonas que no sean áreas protegidas. Sin embargo, varios expertos ven que es momento de revisar esta política en profundidad.
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*Análisis de datos: Vanessa Romo. Edición: Michelle Carrere, Alexa Vélez.
*Imagen principal: La madera valiosa de la Reserva Municipal de San Rafael es muy requerida en el mercado de la construcción. Foto: Iván Paredes.
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