“Los parques nacionales se han vuelto el eje donde los narcos prefieren producir la cocaína en Bolivia” | ENTREVISTA

Unas 29 900 hectáreas se utilizaron para producir hoja de coca en Bolivia durante 2022, una cifra un poco menor a las 30 500 hectáreas registradas en 2021 pero que aun así supera el límite establecido por el gobierno boliviano para el consumo tradicional de la planta, de acuerdo con el reporte anual del Monitoreo de cultivos de coca en Bolivia realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El reporte presentado a finales de octubre también revela que los cultivos de hoja de coca están presentes en seis áreas naturales protegidas, lugares donde la producción de esta planta ancestral es ilegal. Según el informe, en estos territorios se han registrado una superficie de 435 hectáreas de cultivos de coca.

En entrevista con Mongabay Latam, la criminóloga boliviana y especialista en política de drogas, Gabriela Reyes, aborda los resultados del informe de la UNODC, la creciente presencia del narcotráfico en el país y el cultivo de coca en áreas naturales protegidas.

La exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas también señala que el conflicto al interior del partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS) está provocando problemas en la política antidrogas.

—¿Cuál es su opinión sobre el informe de la UNODC que presenta las cifras del 2022 de los cultivos de coca en Bolivia?

—Es importante porque nos permite evaluar la política de erradicación concertada que existe desde el 2006 o el 2008. Este leve decremento demuestra, haciendo un análisis temporal, que esta política ha mantenido una relativa estabilidad de los cocales de que existen en Bolivia, es decir, no se dan incrementos grandes, pero tampoco se dan reducciones grandes en los últimos años. Solamente hubo dos etapas en las que se vieron incrementos importantes: en el 2016 y en el 2020, a raíz del COVID-19 y de las políticas implementadas en ese momento.

En general, vemos que este informe anual demuestra una relativa estabilidad en los cultivos de hoja de coca en Bolivia. Desde el 2012, aproximadamente, ha venido fluctuando entre 25 000 hectáreas y 30 000 hectáreas. Sin embargo, en los últimos años sí se ha dado un incremento importante, vinculado al COVID-19 y a los problemas políticos del 2020. Estos últimos tres años registran los niveles más altos de cultivo de coca de los últimos diez años. Hasta el día de hoy, el gobierno boliviano no ha logrado reducir los cultivos a los promedios que existían antes del COVID-19.

—¿Cuál era el promedio antes del COVID-19?

—La cifra más baja fue 20 200 hectáreas en el 2015 y la más alta fue de 25 500 en el 2019. Sin embargo, en el año 2020 hubo un incremento de un 15 % y se llegó a 29 400 hectáreas, una cifra similar a lo que tenemos ahora. Entre el 2020 y el 2021 se llegó a las 30 500; para el 2022 se bajó un 2 % de esa cifra. Sin embargo, seguimos por encima de los niveles que teníamos antes del COVID-19. Son entre 5000 a 10 000 hectáreas. Y en los últimos tres años, sí se muestra un incremento importante.

— Entiendo que Bolivia tiene una cantidad máxima de hectáreas de cultivos de coca destinadas al uso tradicional, pero la cifra actual está por encima de esta cantidad límite.

— Si, la ley establece 22 000 hectáreas de cultivos de hoja de coca para consumo tradicional y ancestral. Aquí en Bolivia se consume bastante hoja de coca. Y tenemos un modelo de erradicación con dos formas de hacerlo. Por un lado, hay una erradiación concertada en regiones no demarcadas para esas 22 000 hectáreas, de acuerdo con la ley. Y tenemos la erradicación forzosa en lugares como parques nacionales.

La erradicación concertada es parte de una política de desarrollo integral que se da mediante un proceso de negociación y de concertación con los productores de hoja de coca excedentaria. En ese proceso se les ofrece proyectos de desarrollo productivo. A lo largo del tiempo, varios  municipios han tenido un desarrollo importante, sobre todo en el Trópico de Cochabamba. Además, se han eliminado los niveles de violencia que se veían anteriormente.

Sin embargo, este último año, los conflictos de la Asociación Departamental de Productores de Coca de la región de Los Yungas, en La Paz, no han permitido que los proyectos de desarrollo productivo lleguen de manera efectiva a los municipios. Entonces, obviamente, la reducción de la erradicación es menor. Recordemos  también que no hay una relación directa entre número de hectáreas y erradicación porque existe también replantación, es decir, una vez que se erradica el cultivo de hoja de coca se da el efecto globo y se van a plantar coca en otros lugares.

—El estudio de la UNODC señala la disminución del precio de la hoja de coca, ¿cómo influye esto en la cantidad de coca cultivada?

—Es bastante novedoso que el informe de la UNODC incluya la baja del precio de la hoja de coca. La reducción ha sido de 31 % entre  2021 y 2022. Uno de los resultados de la política de erradicación era que mantenía el precio de la coca alto, hasta en 12 dólares por kilo, aproximadamente. Por la pandemia, bajó a 9.50 dólares por kilo, pero en 2022 se vio una reducción de 31 % y llegó 6.66 dólares por kilo.

¿Qué implica esta baja en el precio? Primero, que Bolivia era principalmente un país de tránsito de hoja de coca, porque la hoja de coca en Perú era más barata. Sin embargo, al bajar el precio en Bolivia, la coca que no va al consumo tradicional se va a la producción de cocaína. Al ser más barata es más atractivo para el productor de cocaína comprar hoja de coca boliviana y ya no comprar tanto la peruana.

No olvidemos que la reducción del precio sucede en un contexto en el que hay contrabando de hoja de coca peruana. Hemos escuchado a Evo Morales quejarse ante el gobierno de que la coca peruana que entra de contrabando en Bolivia está afectando los mercados y eso, obviamente, genera una distorsión en los precios. Y finalmente hay que pensar en el productor de hoja de coca para uso tradicional que planea su venta a un precio y termina recibiendo menos, es decir, hay un detrimento económico para los ingresos de las personas. Hay bastantes implicaciones.

— ¿La reducción del precio de la hoja de coca se ha dado sólo en Bolivia o estamos hablando de una baja a nivel internacional?

—El precio de la hoja de coca en los diferentes lugares se establece de diferentes modos. En Bolivia, al ser legal, la establece el mercado. En Perú la establece Enaco [Empresa Nacional de Coca] que es la empresa del Estado que compra la hoja de coca. Y entiendo que por el COVID-19 se han mantenido los precios. Y en Colombia, el precio de la hoja de coca lo define el mercado negro y tengo entendido que también ha bajado el precio en aquel país.

Esto también tiene relación con los cambios de consumo en Estados Unidos, por la demanda creciente de sustancias como el fentanilo, entonces, la demanda de la cocaína se ha mantenido estable sin una tendencia al aumento, de ahí vienen las variaciones en el precio de la hoja de coca.

—¿El excedente de cultivos de hoja de coca en Bolivia, más allá de las 22 000 hectáreas establecidas por ley, va al narcotráfico?

—Es difícil establecer adónde va y en qué porcentaje. Hay diferentes posibilidades. Una de ellas, obviamente, es que se va a la producción de cocaína, eso es indudable. Sin embargo, no olvidemos que Argentina también tiene demanda de hoja de coca, hay un consumo legal en Argentina. La provincia de Salta, por ejemplo, tiene una normativa que hace legal el consumo de hoja de coca, pero no hay un mecanismo legal de envío de hoja de coca de Bolivia a Argentina, entonces, la hoja de coca pasa por un mercado no autorizado.

No es un secreto que Bolivia es productor de cocaína y que, además, en 2022 hemos batido récord de incautación de cocaína en Bolivia. Hemos llegado a las 20 toneladas. ¿Y qué significa cuando se incrementa la incautación de cocaína en un país que no ha tenido una reforma en su policía antinarcóticos o en su política antidrogas? Simplemente que hay más cocaína circulando en el territorio. A mayor cocaína circulando, la probabilidad de encontrarla es mucho más. Entonces, las 20 toneladas que el gobierno presenta como una medida de éxito, más bien yo lo veo como una medida preocupante, porque para mí es un indicador de que hay más cocaína circulando en el mercado.

—¿Cuánto ha aumentado la producción de cocaína en Bolivia en los últimos años?

—Antes Bolivia era un país de tránsito de cocaína, por el tema de los precios. Sin embargo,  hoy en día nos hemos vuelto un país principalmente productor de cocaína. Yo lo relaciono de nuevo con estos datos. Si vemos el informe de Naciones Unidas, la incautación de clorhidrato de cocaína ha aumentado un 31 %. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de  laboratorios de clorhidrato de cocaína, en 2019 se destruyeron 50 y en 2022 solamente 23, es decir, no hemos llegado ni siquiera a la mitad. En 2022 tienes un incremento en la cantidad de toneladas de cocaína incautada, pero no llegas ni a la mitad de la reducción de los puntos de producción, que son los laboratorios de cocaína. Para mí la relación es clara: hemos pasado de ser un país principalmente de tránsito de cocaína  peruana y de hoja de coca peruana, a un país productor de cocaína.

Ha surgido, además, una tendencia que empezó en la pandemia y en los conflictos políticos del 2019: se han empezado a instalar laboratorios de cocaína en los parques nacionales, eso también incluye territorios amazónicos. ¿Qué tienen de atractivo estos lugares? Primero, que son de difícil acceso para la fuerza pública y fáciles para esconderse y camuflarse. También tienen ríos y la producción de cocaína necesita mucha agua, pero también necesita eliminar muchos desechos químicos. Se pueden construir y camuflar pistas de aterrizaje clandestinas, que son necesarias para transportar el producto y las sustancias químicas.

Los parques nacionales se han vuelto el eje donde los narcos prefieren producir la cocaína en Bolivia.

Me preocupa que el gobierno diga que el mayor porcentaje de producción de cocaína está en el Trópico de Cochabamba. Debido a la pelea interna que se está dando en el Movimiento al Socialismo (MAS), y a que los recursos se han enfocado únicamente en interdicciones en el Trópico de Cochabamba, se está dejando de lado a los parques nacionales.

Luego ocurren cosas como lo sucedido recientemente durante los incendios, cuando se encontraron 20 hectáreas de coca que no habían sido erradicadas en un parque nacional. El problema de politizar la lucha contra el narcotráfico es que los narcotraficantes han optado por no ir al Trópico de Cochabamba, sino más bien a los parques nacionales. Y eso tiene consecuencias, porque más allá de estar prohibidas las plantaciones de coca y de lo que significa la producción de cocaína, también está el tema medioambiental que se une con otras economías ilícitas como la extracción de oro, además de la facilidad para los grupos armados de asentarse en esos lugares. Es peligrosa la politización de la lucha antidrogas porque sólo se enfocan en un lugar en vez de tener una mirada integral.

—El informe de la UNODC menciona seis áreas protegidas como lugares donde hay cultivos de coca: Amboró, Tipnis, Carrasco, Cotapata, Madidi y Apolobamba, ¿qué está pasando en los parques nacionales?

—Recientemente, la directora del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró ha sido despedida porque ha revelado la presencia de cocales y también ha dicho que se trata de una zona roja, con personas armadas que protegen los cocales. Es preocupante porque el mensaje que se manda es de desprotección.

También en el Parque Noel Kempff Mercado se ha denunciado la presencia de grupos ligados al narcotráfico y sindicatos de mineros y cocaleros. Estos grupos operan con armamento de grueso calibre, como sucede con las mafias del narcotráfico, mientras que otros recurren a dinamita, palos y machetes para impedir el ingreso de las autoridades que ejercen control en la zona.

Y pensando en el tema, creo que la UNODC debería hacer una evaluación del enfoque de este informe, porque trabaja con la misma metodología desde al menos los últimos diez años. Debe revisar su metodología y ampliar su visión a todos los parques nacionales.

—Usted ha mencionado que en las áreas protegidas se están instalando cultivos ilegales de coca, laboratorios y también pistas de aterrizaje clandestinas.

— No hay datos del gobierno que específicamente digan dónde están. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento de acuerdo a la información en prensa del Ministerio de Gobierno. Tenemos algunos datos a partir de ese seguimiento. Pero el Ministerio de Gobierno sólo presenta datos por departamentos, pero no dice cuántos laboratorios encontraron en parques nacionales. Pero si se ha visto mucho, por ejemplo, en 2021, muchas pistas y laboratorios en parques nacionales. Esto ha sido antes del conflicto interno del MAS.

—¿Por qué es importante el conflicto del MAS en la política antidrogas?

—El conflicto actual es por la candidatura del MAS. Luis Arce [actual presidente de Bolivia] quiere ser candidato a la presidencia y Evo Morales también ha hecho público que las organizaciones le han pedido que vuelva a ser candidato a presidente. Entonces, hay una división no sólo dentro del partido, sino también dentro de las organizaciones que conforman el núcleo del partido. Y parte de este conflicto es la estigmatización del Trópico de Cochabamba, porque Evo Morales es cocalero y presidente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, ese es su bastión. Por eso, la mirada del gobierno [de Luis Arce] se ha concentrado allí y la mayoría de los operativos se dan en  Cochabamba.

Cuando presentan el  mapa del narcotráfico solamente muestran datos de dónde estaban los laboratorios, y la mayoría aparecen en el Trópico de Cochabamba. Entonces, nosotros como analistas nos preguntamos: ¿dónde está el mapa de las pistas de aterrizaje, de las incautaciones, de dónde viven los peces gordos del narcotráfico? Y nos vamos a dar cuenta que Santa Cruz y el Beni son los departamentos que concentran todo esto. Allí se han encontrado las avionetas que han dado positivo al micro aspirado. ¿Dónde estaba oculto Sebastián Marset [narcotraficante uruguayo]? En Santa Cruz. ¿Dónde tenía sus operaciones? En Santa Cruz y en el Beni.

Ese es el problema cuando se politiza la lucha contra el narcotráfico. No digo que no hay que mirar Cochabamba, pero miremos todo también.

—Entonces, ¿cómo debería ser la política para enfrentar el narcotráfico?

— Primero, darle un especial interés a los parques nacionales, a los territorios vulnerables que son parte de la Amazonía, porque ya presentan una serie de elementos que más adelante puede ser muy difícil de revertir. Lo segundo importantísimo es dejar a un lado la impunidad y el mensaje de protección que se da a los grandes narcotraficantes, como ha ocurrido con el caso de Marset, pero también con el narco vuelo. Cuando salió casi media tonelada de cocaína por el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y llegó hasta Barajas, y ninguno de los policías responsables de que no pase ni un gramo de cocaína en el aeropuerto está detenido.

Los mensajes de impunidad que da el gobierno y el Estado en general son preocupantes. También tienen que reactivarse los mecanismos de cooperación internacional como el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos. Creo que es importante retomar estos mecanismos para compartir información regional. Y por último, dejar de politizar la lucha contra el narcotráfico y entender que no es sólo la producción de cocaína, sino que además hay toda una cadena de tráfico que es importante interrumpir.

* Imagen principal: pista de aterrizaje clandestina. Foto: Gabriela Reyes.

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