- Los parques Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos y La Paya, que suman cerca de 600 000 hectáreas, tienen minería o cultivos de coca en sus territorios o en sus zonas de amortiguamiento.
- La minería de oro se convirtió en una opción económica para los habitantes de la cuenca del río Caquetá, desde San José de Fragua a Solano, tras la caída del precio de la base de coca o pasta básica de cocaína.
- Las poblaciones a las orillas de los ríos Caquetá y Orteguaza viven un confinamiento parcial, debido a las disputas entre las dos principales disidencias de la guerrilla de las FARC.
El río Fragüita baja desde las montañas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en medio de un bosque frondoso y unas colinas escarpadas que se detienen súbitamente ante la llanura amazónica del departamento de Caquetá. El río de aguas transparentes se abre paso en medio de dos rocas de cerca de ochenta metros de altura para pasar junto a un caserío con el que comparte el nombre, antes de seguir hacia la selva.
Los habitantes de Fragüita muestran con orgullo el estrecho de roca por el que pasa el río, conocido como ‘Portales del Fragüita’ y cuentan la historia de dos indígenas que tenían prohibido amarse por la enemistad de sus familias, por lo que fueron condenados a convertirse en rocas y vivir siempre cerca, pero sin poder tocarse. A menos de cinco kilómetros de este paisaje boscoso y exuberante, se abren paso decenas de cráteres llenos de agua con sedimentos, en los que fluye el agua que arrastra restos de gasolina, aceite y detergente usados en la extracción de oro.
La minería ilegal de oro avanza por varios de estos cristalinos cuerpos de agua que bajan de la cordillera y que alimentan la principal arteria fluvial de la zona, el río Caquetá. En este largo e imponente afluente, la extracción se transforma: dragas de varios tamaños flotan dispersas en las aguas que avanzan selva adentro, dejando un rastro de contaminación que afecta el ecosistema de este valle amazónico que limita en un trayecto, por el sur, con el Parque Natural Nacional La Paya y, por el norte, con dos resguardos indígenas, el Witora y el Los Parajes de Puerto Zábalo y los Monos, este último colindante con el Parque Natural Nacional Serranía de Chiribiquete.
El aumento de la minería en San José de Fragua y su vecino municipio de Belén de los Andaquíes coincide con la crisis que vive el negocio de la producción de cocaína en Caquetá y Putumayo. Aunque los cultivos de uso ilícito ocupan amplias extensiones del piedemonte y de la sabana amazónica alrededor del río Caquetá y sus afluentes, el precio de la base de coca o pasta básica de cocaína ha caído y muchas personas, que no tienen otra forma de ganarse la vida, han encontrado en la extracción de oro una fuente de subsistencia.
“Aquí los que se imponen son los grupos armados y controlan casi todo, ellos imponen el precio del oro, las horas en las que podemos movernos. No hay mucho de qué vivir, entonces si uno es joven trabaja en la minería, o termina reclutado, por eso muchas familias prefieren irse”, dice un líder de juventudes de la región.
La minería, una fuente de trabajo
Luis* es un joven que vive en una finca cerca al casco urbano del municipio de San José de Fragua, en Caquetá. Está por cumplir 18 años y lleva casi tres trabajando en la minería de oro, cerca al corregimiento de Fragüita. No terminó la secundaria porque, al cumplir 15 años, tuvo que dejar el octavo grado para buscar trabajo y apoyar a su familia.
El joven cuenta que le pagan los jornales diarios por pasar todo el día en los pozos llenos de sedimentos, tratando de encontrar unos gramos de oro. “Se saca el agua de las quebradas (riachuelos) con una motobomba y se dispara a presión contra la tierra y se va formando una masa de barro, que luego va a dar a una draga que la envía por unos tubos hacia unos tapetes en donde queda la arena y el oro”, cuenta Luis.
En este proceso, los mineros usan aceite, gasolina y detergente, componentes que se juntan con el agua sedimentada y continúan su camino río abajo, hasta llegar nuevamente a las quebradas. “Aquí no se usa mercurio, pero todo el resto sí va a dar al agua. A la semana pueden salir entre 15 a 50 gramos de oro, depende del sector en el que uno trabaje”, explica el joven.
Andrés*, un líder de organizaciones de juventud que trabaja en la zona, cuenta que el auge de la minería ilegal está relacionado con la baja de los precios de la coca desde hace casi un año, pero aclara que las dragas llegaron a las veredas del municipio de San José de Fragua desde el 2016. “Esto se hace en riachuelos, pero luego todo va a dar a ríos grandes como el Yurayaco y el San Pedro. Cerca del municipio de Curillo (también en el departamento de Caquetá) ya hay una laguna grande de lodo”, cuenta.
El líder señala que la minería se ha convertido en una opción económica para los jóvenes de toda la región, que no tienen muchas formas de ganarse la vida. “Están pagando 80 mil pesos por el día (aproximadamente 20 dólares) y como ha ido mermando el precio de la coca, y la gente necesita dinero, se ha dedicado a esto”, explica Andrés.
La minería ilegal se extiende por la zona del piedemonte amazónico, en el que se encuentran tres departamentos colombianos: Putumayo, Caquetá y Cauca, este último con territorios que van hasta la costa del océano Pacífico. Se trata de un lugar clave por el cual circulan las economías ilegales de la minería y el narcotráfico, y en el que hay dos parques nacionales: Alto Fragua Indi Wasi y Serranía de los Churumbelos, que suman cerca de 170 000 hectáreas.
Según el análisis geoespacial realizado por Mongabay Latam, hallamos que la deforestación por minería más fuerte alrededor de áreas protegidas amazónicas de Colombia ocurre cerca del parque Serranía de los Churumbelos, con 269 hectáreas deforestadas por esta actividad en un radio de 10 kilómetros del área protegida. En un área de cinco kilómetros alrededor del área, este espacio se reduce a 38 hectáreas. Esta última cifra es importante, ya que en 2021 ni en 2020 se registró deforestación por minería en este espacio de cinco kilómetros alrededor del parque.
Un experto en minería, perteneciente a una organización científica que trabaja en la zona, y que prefiere no publicar su nombre debido a la creciente inseguridad, cuenta que ese sector de la cordillera Oriental de los Andes que se funde con la selva amazónica tiene varias solicitudes de títulos mineros. “Existe una expectativa en la región por el potencial minero. Si uno revisa los operativos que han hecho las autoridades en contra de esta minería, los lugares coinciden con las solicitudes que se han hecho de esos títulos”, cuenta el experto.
Según la base de datos de la Agencia Nacional de Minería, hay 402 solicitudes de legalización de títulos mineros en el Caquetá, 394 en Solano y ocho en San José de Fragua.
La paz se fue, pero la coca y la minería no
Un documento del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, publicado en 2022 en medio de un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, señala que la minería llegó con fuerza a la región desde el Cauca, con la firma del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales de 2016. El informe menciona que, ante la presión gubernamental por sustituir los cultivos de uso ilícito, parte de la población comenzó a dedicarse a la extracción de oro de aluvión. Esta última forma de minería, que busca el metal precioso en cuerpos de agua, se popularizó en la zona ante la gran cantidad de ríos y quebradas que bajan de la cordillera.
La investigación Desafíos del Estado colombiano en torno al aprovechamiento ilícito de oro y cultivos de uso ilícito en la Amazonía: estudio de caso de San José de Fragua, publicada en la revista Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad del Rosario en 2020, señala que el gobierno colombiano incumplió gran parte de los acuerdos con los campesinos en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que propició la resiembra. “Hubo muchos problemas en la implementación de proyectos productivos, así que la gente, también presionada por los grupos ilegales, volvió a la coca. En algunos casos, los dueños de los cultivos también invertían en minería”, cuenta Natalia Romero, una de las investigadoras del informe.
Entre el 2019 y el 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió en varias alertas tempranas sobre la expansión de los cultivos de coca y la minería ilegal, así como del fortalecimiento de grupos ilegales en la región, especialmente disidencias de las antiguas FARC. Como se puede ver en el mapa a continuación, construido con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la ONG Gaia Amazonas y la iniciativa Mapbiomas, los cultivos se extienden por todo el piedemonte amazónico desde el departamento de Putumayo, pasando por el municipio de Piamonte en el Cauca, hasta San José de Fragua en el Caquetá.
El análisis geoespacial elaborado para este especial periodístico nos muestra que, aunque las áreas protegidas amazónicas colombianas más deforestadas por cultivos ilícitos de coca son Sierra de la Macarena y Nukak, lo que sucede a diez kilómetros a la redonda de las áreas protegidas es grave en el área del Caquetá. Alrededor de La Paya (1 513 ha), Alto Fragua – Indi Wasi (1 207 ha) y Serranía de los Churumbelos – Auka Wasi (1 114 ha) es donde se concentran las mayores cifras de deforestación por este cultivo ilegal.
El mapa, realizado con datos del análisis de Mongabay Latam, muestra cómo los cultivos bordean los parques naturales e incluso alcanzan a entrar en algunos sectores de estas áreas protegidas. También deja ver los puntos de minería dentro de los parques y en su zona de amortiguamiento.
Jenny Cueto es la directora territorial para la Amazonía de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), la entidad del gobierno encargada de la preservación de estos territorios. Cueto señala que detectaron un sitio de explotación de oro en el parque Serranía de los Churumbelos y, ante la imposibilidad de intervenir en el lugar por la presencia de grupos armados ilegales, reportaron la situación a la Fuerza Pública en 2023. “Desafortunadamente, hasta ahora no se ha tenido una respuesta concreta por parte de ellos para hacer un operativo en la zona”, señaló Cueto.
La experta de PNN también indicó que funcionarios del parque Serranía de los Churumbelos divisaron desde la distancia un pequeño cultivo de coca, pero explicó que la entidad encargada de intervenir los cultivos de uso ilícito es la Policía Antinarcóticos.
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto enviaron entre marzo y abril de 2024 dos derechos de petición al Comando del Departamento de Policía de Caquetá solicitando información sobre las acciones en contra de la minería ilegal, pero no obtuvieron respuesta.
Esta alianza periodística también consultó con la Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonía, la entidad encargada del control ambiental de la región, sobre las acciones dirigidas a controlar la minería ilegal. La entidad respondió que de 2010 a 2023 han realizado 57 operativos (3 en 2022 y 5 en 2023), en las cuencas de los ríos Caquetá, Orteguaza y en zonas rurales de San José de Fragua. “Todo el trabajo lo hacemos en conjunto con la Fiscalía y la fuerza pública porque las denuncias se dan en zonas complejas con problemas de orden público”, señaló un vocero de la corporación.
La entidad también señaló que ha hecho un seguimiento con imágenes satelitales al bosque afectado por la minería ilegal en el sector de San José de Fragua que les indica que las piscinas de lodo han impactado al menos 16 hectáreas, a menos de 20 kilómetros de los parques Alto Fragua Indi Wasi y Serranía de los Churumbelos.
El mapa de UNODC muestra también cómo los cultivos de uso ilícito llegaron a los bordes del parque Alto Fragua Indi Wasi. Andrés, el líder juvenil de San José de Fragua, cuenta que cerca al nacimiento del río Yurayaco, han llegado colonos a deforestar para sembrar coca en los límites del parque. “Por lo menos conozco un caso en el que una persona tiene 200 hectáreas de las que, al menos 100, están dentro del parque”, cuenta el líder.
Andrés insiste en que la falta de oportunidades y la ausencia integral del Estado son factores clave para entender la inercia que vuelve a empujar a gran parte de los habitantes a los negocios ilegales. El joven da esta entrevista en un pequeño parador a orilla de la carretera, en un lugar en los que visitantes ocasionales se toman fotografías en los ‘Portales del Fragüita’ o realizan caminatas para visitar una cascada río arriba, que incluye atravesar el estrecho de las dos rocas sumergidas en las aguas transparentes del río, en medio de una incipiente industria turística.
El recorrido de aventura que viven quienes visitan esta ruta es, a su vez, un verdadero calvario para los campesinos que viven río arriba de Portales del Fragüita. Sin otro camino que les permita sacar los productos que cultivan hacia la carretera, los habitantes de la zona tienen que caminar literalmente con el agua hasta el cuello con sus animales domésticos, maletas y niños para llegar hasta Fragüita. “Si tenemos que bajar a la carretera, nos toca meternos al río, pero en invierno esto es imposible. Para sacar cualquier cosa, nos toca tomar una trocha larguísima que nos lleva varias horas”, dice un campesino que vive cerca de un cultivo de coca, que en el pasado fue insumo para la producción de cocaína, pero ahora es utilizado para la producción de productos legales como cervezas e infusiones.
Andrés explica que, aunque los grupos armados están en la zona, permiten las actividades turísticas sin inmiscuirse con los visitantes. Desde 2019 el frente Carolina Ramírez hace presencia en ese sector del Caquetá. El frente hace parte del llamado Estado Mayor Conjunto (ECM), una de las más grandes disidencias de las FARC, que se encuentra en medio de un proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El grupo armado controla las economías ilegales en la región y cobra un impuesto por la producción de oro en las minas de aluvión de San José de Fragua. La tensión en la zona ha ido aumentando, ante la posibilidad de la llegada de otro grupo, los llamados Comandos de Frontera, que hacen parte de la Segunda Marquetalia, otra de las disidencias de las FARC, y que mantiene una guerra declarada contra el ECM en varias zonas del país.
El líder de jóvenes cuenta que esta situación ha llevado a que el frente Carolina Ramírez haya declarado en varias ocasiones el toque de queda después de las 6 de la tarde en algunas veredas. A los mineros que llegan a buscar trabajo les exige una carta de recomendación de las juntas de acción comunal, en las que certifiquen que son habitantes de la zona.
Luis, el adolescente trabajador de las minas de oro, cuenta que por esta razón ha sido imposible volver a conseguir empleo en la minería, ya que su familia vive cerca del casco urbano San José de Fragua, a una hora por carretera, y por lo tanto no ha conseguido el certificado que le piden sus ‘patrones’ y que se ha convertido en una exigencia de las disidencias.
La coca y el oro persisten aguas abajo del Caquetá
El agua que fluye por los ríos del piedemonte amazónico avanza hacia el suroriente para alimentar al gran río Caquetá que, a su vez, también baja de las montañas hacia la selva en medio de la triple frontera de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca. A medida que los cuerpos de agua avanzan, se unen y amplían su caudal, la minería aparece y va cambiando el paisaje que pasa de las piscinas de barro en la que la gente utiliza motores, a maquinaria encima de planchones que flotan cerca de los bordes del río Caquetá.
Mercedes Mejía Leudo es profesora de la Universidad de la Amazonía y miembro de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá. Cuenta que una comunidad ubicada antes de que el río Caquetá llegue al municipio de Curillo, ha denunciado la presencia de al menos 15 dragas de minería de oro.
Mejía ha sido lideresa ambiental por cerca de 10 años, en medio de un entorno violento en contra de las personas que asumen la defensa de los ecosistemas en el departamento y que dejó la víctima más reciente el 24 de febrero de 2024. Ese día, hombres armados asesinaron a Ludvilia Galíndez, presidenta de la organización Asojuntas del municipio de Montañita, mientras estaba en su casa en la ciudad de Florencia.
La profesora Mejía, que ha recibido varias amenazas e intimidaciones, señala que en esa zona, en la que confluyen los tres departamentos, los habitantes sin opciones laborales, debido a la baja del precio de la coca, terminan fácilmente en la minería ilegal. “Es un tema muy delicado porque toda esa economía está cooptada por actores armados ilegales y hay mucho temor de denunciar en la zona”, cuenta.
La carretera que conecta a Florencia, capital del departamento de Caquetá, con el municipio de Curillo se topa con el río en ese sector. Curillo sirve como puerto para decenas de embarcaciones que se mueven hacia otras poblaciones de Caquetá como los municipios de Solita y Solano. El río Caquetá en ese punto puede tener hasta 500 metros de ancho en algunos tramos y a medida que se avanza, no es difícil encontrar dragas de explotación de oro.
La tensión que se vive en el piedemonte amazónico entre las dos mayores disidencias de las FARC, ha escalado río abajo. Desde mediados de enero de 2024 circularon mensajes en Whatsapp entre los habitantes de Curillo, Solita y Solano en los que se decretaba un paro armado que imponía una restricción de movilidad por los ríos Caquetá y Orteguaza. Este último comunica a Florencia, la capital del departamento, con Solano y desemboca en el Caquetá en ese mismo municipio.
Ante las amenazas, las empresas de transporte de carga y pasajeros solo se movilizan por el río Caquetá desde Curillo hasta Solano y dejaron de hacerlo por el río Orteguaza. Desde esta zona, toda la población ha quedado confinada en medio de la guerra entre el Frente Carolina Ramírez, que tiene mayor presencia al norte del río Caquetá, y los Comandos de Frontera que son fuertes en el sur, en el departamento de Putumayo. “Nosotros no podemos transitar por el río y hay mucho temor. Los más damnificados con todo esto son las poblaciones indígenas que viven hacia abajo y la administración municipal no tiene la capacidad de articular a las instituciones del Estado para atender esta situación”, dice un concejal de Solano que prefirió no dar su nombre para proteger su seguridad.
Solano es el segundo municipio más grande de Colombia con cerca de 4,3 millones de hectáreas, un poco más del doble de la superficie de un país como El Salvador. Cerca de la mitad de todo el municipio, 2,15 millones de hectáreas, se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Chiribiquete. Las otras 2,15 millones de hectáreas de Solano tienen también protección como reserva forestal por la Ley Segunda de 1959.
La extensión del municipio es tan grande que para ir desde el casco urbano hasta el parque Chiribiquete, por el río Caquetá y los caños que se adentran en el parque, un yate rápido puede tardar más de 20 horas. “La verdad no sabemos cómo está el tema de la minería por allá, todo es muy lejos y la situación de orden público está muy delicada. La Fuerza Pública tiene retenes en el río, pero es que las distancias son enormes y es difícil que puedan cubrir todo”, dice el concejal de Solano.
En el recorrido que llevó a los reporteros de esta alianza periodística a Solano, era evidente la presencia del Ejército en el casco urbano de Solita y había un retén de la Armada en el río Caquetá, en ambos sentidos del tránsito de embarcaciones. Aunque los militares piden las identificaciones de los pasajeros, algunos simplemente se excusan diciendo que no las traen consigo y no hay una mayor verificación.
A unos cinco minutos por río desde Solano, cerca de la desembocadura del río Orteguaza en el Caquetá, se encuentra la base de la Fuerza Aérea de Tres Esquinas, pero la presencia de militares en el casco urbano es escasa. Desde el ‘yate’ de pasajeros, en el costado norte del río Caquetá, se alcanzan a ver fácilmente las plantas de coca, junto a cultivos de primera necesidad.
Como se puede ver en el mapa extraído del análisis hecho para esta publicación, desde ese punto hacia el norte se extiende una amplia zona de cultivos de coca que se adentran en el municipio de Cartagena del Chairá. También se aprecia que en este sector hay varios puntos de deforestación que continúan hasta el río Caguán y se hacen más recurrentes a medida que se acercan a la frontera occidental del Parque Chiribiquete.
Julián Vásquez ha vivido toda su vida en Solano y trabaja para la Alcaldía del municipio como enlace con el gobierno nacional dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que nació con el Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Según dice, los cultivos de coca y la ganadería son negocios que han interactuado históricamente en el territorio. “Muchos llegaron aquí a raspar coca y con el tiempo deforestaron un terreno, lo ocuparon y pusieron unas vacas. La ganadería viene siendo como una fase posterior al cultivo de coca. Los precios de la leche y el queso son más o menos estables y prácticamente no tienen que contratar a nadie, en cambio para producir base de coca, hay que tener gente y comprar gasolina, que está carísima”, cuenta Vásquez.
Los investigadores María Alejandra Vélez y Camilo Erasso del Centro de Estudios sobre seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes señalan en su informe ¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colombia?, publicado en 2020, que la relación entre los cultivos de uso ilícito y la destrucción de la selva es muy compleja. Los autores explican que en muchos casos, el negocio de la producción de base de coca atrae una migración hacia regiones con bosques tropicales, que luego se vincula a otras actividades agrícolas como la ganadería, que tienen un impacto mayor en los ecosistemas. “La coca sí actúa como ‘punta de lanza’, pues dinamiza las áreas circundantes hacia otra serie de actividades que implican pérdidas significativas de cobertura boscosa”, dice el informe.
Un exfuncionario de Parques Nacionales que trabajó en las áreas protegidas de la zona por más de 20 años, pero que prefiere no indicar su nombre por seguridad, coincide con Vásquez y agrega que la minería ilegal es otro negocio que interactúa con la coca y la ganadería, ya que se intensifica cuando baja la rentabilidad de los otros dos. “Hace como 15 años llegó muy fuerte la minería, la trajeron a gran escala los garimpeiros (mineros ilegales) brasileños. Aquí, frente a Solano, estaba lleno de dragas, pero vino el Ejército y las sacó. Ahora que bajó la coca, volvieron a aumentar las embarcaciones que buscan oro y, hacia el sur, quienes sufren por la minería son los indígenas”, dice.
El daño ambiental y social que sufren las comunidades indígenas
Unos 30 kilómetros río abajo desde el municipio de Solano, sobre el sector conocido como Mecaya, al lado sur del río Caquetá, comienza el Parque Nacional La Paya en el departamento de Putumayo. Los cultivos de uso ilícito al borde del río se adentran hacia el parque, en una zona con una fuerte presencia de la disidencia Comandos de Frontera. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó en su informe que el Parque Natural La Paya tenía 1840 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 2022, más del doble que en 2021.
El río avanza cientos de kilómetros más hacia el suroriente y, según el mapeo realizado para este especial, se intensifican las dragas en busca de oro, especialmente cuando se pasa junto al resguardo indígena Witoto de los Parajes de Puerto Zábalo y Los Monos, que a su vez limita al norte con el parque Chiribiquete. En este sector, la violencia ha desplazado a varias comunidades que ahora viven en las afueras de Florencia, la capital del departamento de Caquetá.
Iván Núñez Valencia, vocero de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), que acompaña un proceso de consulta del gobierno nacional a las comunidades para reformar el código minero, se reunió con varios mayores y líderes de ese sector. Núñez cuenta que los indígenas le expresaron su preocupación por la presión de los actores armados, especialmente sobre los más jóvenes, para que se unan a los grupos o trabajen en la minería ilegal. “En vez de hacer lo que ancestralmente deben hacer, en medio de la minería se ponen a tomar licor y eso trae problemas familiares y sociales de todo tipo”, dice el líder.
Según Dailer Montoya, líder de organizaciones juveniles y ambientales en el departamento de Caquetá, ante la situación social y económica que viven, la población indígena que habita en las cercanías del río Caquetá termina incorporada por completo al entorno de la minería. “Detrás de los mineros aparece todo un negocio de alimentos, de bebidas alcohólicas, drogas y, por supuesto, servicios sexuales. Desafortunadamente, las víctimas en todo esto son las comunidades”, explica Montoya.
El líder agrega que otra fuerte preocupación es el uso del mercurio en la minería, utilizado como un adherente del oro en las arenas de los ríos, que tiene efectos en la salud de quienes consumen agua o pescado del río Caquetá, especialmente por su capacidad bioacumulable, que hace que este elemento pase de las presas a los predadores en la cadena alimenticia. “En el 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente que implementara un plan de manejo que llevara los niveles de mercurio en la zona a cero. En 2018 se hizo un estudio, publicado en 2019, y mostró que miembros de las comunidades ( Puerto Belén, Puerto Pizarro, La Reforma, Los Monos, Puerto Berlín, Puerto Zábalo, Los Estrechos, Quinché, Jerusalén y Coemaní), los peces y el agua del río Caquetá tenían niveles por encima de lo permitido”, señala Montoya.
La investigación que menciona el líder es la realizada por varias instituciones públicas nacionales y departamentales, que se sumaron al Instituto Sinchi (ver informe), que tomó muestras en miembros de 10 comunidades del resguardo Indígena Los Parajes de Puerto Zábalo y los Monos y encontró mercurio en la sangre y el cabello que superaban los valores de referencia. El trabajo científico también indicó que el 51 % de los peces analizados en la muestra tenían valores de ese metal mayores a 0,5mg/kg, que es el límite marcado por la Organización Mundial de la Salud y la legislación colombiana. Desde la realización de este estudio, no se han hecho nuevas mediciones en el río.
Tanto en el piedemonte amazónico, como en la cuenca del río Caquetá y sus afluentes, son evidentes las consecuencias socioambientales de la minería y la producción de base de coca en las comunidades locales. A eso se suma la presencia de grupos ilegales y un aumento de la confrontación en la zona. Como lo indicaron las fuentes consultadas en este reportaje, las entidades regionales parecen no tener la capacidad para enfrentar esta situación en un territorio tan amplio pero que, a su vez, presenta una riqueza ambiental de gran importancia pero muy poco explorada debido a la complejidad geográfica y de seguridad que se vive.
Imagen principal: Draga de minería ilegal en el río Caquetá. Foto: Juan Carlos Contreras.
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