El Parque Nacional Natural La Paya, en el municipio de Puerto Leguízamo, es una selva que emerge del agua. Los ríos Caquetá en el norte y el Putumayo en el sur enmarcan las 422 mil hectáreas de árboles y palmas amazónicas que lo integran. Sus bosques están atravesados por caños y lagunas desde las que se asoman las copas de los árboles y las palmeras durante todo el año.
En las zonas contiguas que se mantienen secas, incluso en temporada de lluvias, viven las comunidades indígenas de los pueblos murui, kichwa y siona, para quienes las selvas de La Paya son su territorio ancestral. Allí están sus sitios sagrados, donde habitan los animales, donde crían sus peces, donde crecen sus plantas ceremoniales. Varios resguardos como el de Javier se superponen en parte con el parque nacional.
El parque La Paya es un gigante frágil y vulnerable. Las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han prohibido la entrada de los guardaparques a La Paya y se enfrentan a muerte dentro de su territorio para controlar el narcotráfico y los cultivos de coca que lo alimentan.
Así los encargados de conservar la inmensa diversidad de La Paya no pueden hacer su labor ni controlar la deforestación que amenaza la selva. Dentro de las 14 áreas protegidas de la Amazonía, La Paya ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de área deforestada desde 2015: un total de 6.893 hectáreas de bosque arrasadas, solo superadas por los parques de la Sierra de la Macarena, Chiribiquete y Tinigua, según información obtenida por derecho de petición al Ideam.
Es una realidad que los funcionarios de la dirección de Parques Nacionales conocen bien, pues han indicado que la mayor amenaza que enfrenta en este momento La Paya es “la deforestación asociada con la presencia de cultivos de uso ilícitos, la ganadería y la expansión de la frontera agropecuaria”, según le dijeron a esta alianza periodística.
Pero desde comienzos de este año esto ha empezado a cambiar.
Durante el 2022, según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este parque nacional tuvo una pérdida de 551 hectáreas de selva, que aunque es muy alta, es la cifra más baja de deforestación que ha tenido durante los últimos nueve años.
Expertos señalan que no es clara la razón de la disminución de la tala en el parque natural. Pero las fuentes en territorio consultadas por esta alianza periodística coinciden en que la crisis de la compra de la coca que vive la región puede ayudar a que la pérdida de bosque no siga creciendo y facilitar las alianzas de conservación con las comunidades indígenas que habitan el territorio.
Con ese panorama, el gobierno tiene una pequeña ventana de oportunidad para aterrizar su programa de sustitución anunciado en unas comunidades que lo reclaman, en una zona que lo necesita y en un escenario favorable por la crisis de la coca. Pero es una ventana de oportunidad que podría cerrarse pronto, pues las disidencias y el narcotráfico siguen azotando el territorio.
La coca y la tala
Según el último informe de la UNODC sobre los cultivos de coca en Colombia, Putumayo tiene un total de 48.034 hectáreas de coca, un aumento del 70 por ciento frente a 2021 y que de lejos lo ubica como el departamento amazónico con mayor cantidad de cultivos ilícitos.
Aunque el Putumayo ha tenido coca durante décadas, entre 2020 y 2022 vivió una bonanza cocalera tras el incumplimiento del gobierno de Iván Duque a los acuerdos de sustitución pactados en La Habana.
La mayoría de las hectáreas de estos cultivos ilícitos se concentran en la frontera con Ecuador y Perú, en los márgenes de los ríos San Miguel y Putumayo. Este paso fronterizo es una ruta estratégica para el narcotráfico porque la cercanía con Ecuador provee facilidades para ingresar insumos agrícolas, así como gasolina para fabricar pasta base de coca.
El coronel retirado de la Policía, Miguel Tunjano, consultor en temas de narcotráfico para el Ministerio de Justicia, explica que en los últimos años se ha endurecido el control estatal de las rutas por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Pero que han emergido otras.
En particular se ha fortalecido la ruta desde el Putumayo y el Caquetá, bajando hasta desembocar en el río Amazonas, pasando por las fronteras con Ecuador y Perú con destino a Brasil. Desde las costas brasileñas salen varias rutas hacia el África y posteriormente al mar mediterráneo, que es la entrada a Europa. Así lo reseña el último informe de la UNODC para Colombia, que muestra el crecimiento del negocio en la frontera con Perú.
Por eso, los resguardos indígenas como en el que vive Javier y que traslapan con el parque se volvieron atractivos para los colonos, que llegaron desde 2019 a tumbar selva y cultivar la coca porque están ubicados justo en una zona fronteriza y de poco acceso para las autoridades por ser una selva amazónica protegida.
“Los campesinos empezaron a entrar al territorio de nosotros, a las zonas de amortiguación del parque. No son muchos, pero sí nos afectan talando el territorio para sembrar coca”, dice Javier. Como guardia indígena una de sus labores es saber el estado de las más de 4 mil hectáreas que tiene el resguardo El Tablero, de las cuales algunas están dentro del parque.
Según los datos del último informe de la UNODC y el Ministerio de Justicia, en el 2022 se registró la mayor cifra cultivos de coca dentro de La Paya: 1840 hectáreas, más del doble que las hectáreas registradas en 2021 y que para ser sembradas arrasaron con ecosistemas completos. Además, el informe muestra al resguardo Concepción como un nuevo enclave que ha crecido en esa región entre La Paya y la frontera.
“Hay dos sitios donde se dio el crecimiento más fuerte en el Putumayo. Uno hacia El Hacha y Concepción, y el otro más arriba. Hay que revisar qué está pasando por el río Mecaya que se conecta con el río Caquetá, al norte del parque La Paya”, dice Candice Welsch representante de la región Andina de la UNODC en entrevista con Mongabay Latam. Ambos resguardos son vecinos del de Javier.
Además, en 2020, en La Paya se presentó la segunda mayor incautación de cocaína en un parque nacional amazónico en el periodo de 2011 a 2023, con 800 kilos de cocaína decomisados. Esta incautación y el pico en cultivos ilícitos muestra el crecimiento que tuvo el narcotráfico en los alrededores y dentro del parque natural hasta el 2022.
Este año las cosas han cambiado un poco. “En Putumayo no hay curí”, eso dicen los cocaleros para referirse a que no hay dinero para comprar sus cultivos. Es una frase que resume la crisis de la coca que vive la región desde noviembre del año pasado.
Como guardia indígena, el trabajo de Javier es recorrer su resguardo permanentemente y se ha dado cuenta de que la deforestación ha frenado en los últimos meses. “Ahorita se quedó así porque los grupos (armados) dijeron que no se puede talar más bosque y además, ahora todos los colonos se están saliendo por la crisis. Antes tocaba sacarlos, pero ahora ellos mismos se van”, cuenta sobre los colonos que llegaron en los últimos años.
La bonanza se acabó desde noviembre del año pasado en Putumayo, cuando la plata para comprar la producción de coca dejó de llegar a los campesinos. Se trata de una crisis de compra que sucede también en otros enclaves de producción del país y que tiene varias teorías que la explican.
En Putumayo, la que comparten la mayoría de las personas que viven en los territorios cocaleros alrededor de La Paya es que el gobierno de Gustavo Petro cambió la cúpula militar en el departamento y como los nuevos no son percibidos como corruptos entonces los grupos armados perdieron ‘la protección’ para poder mover la droga en las rutas del narcotráfico.
Para la excoordinadora del área de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en la Comisión de la Verdad, Estefanía Ciro, no es claro que el cambio de mando realmente sea un tema que esté influyendo en el negocio en Putumayo en particular. Para ella, lo que sucede es una reconfiguración del negocio que implica una baja en la demanda del producto, así como de su precio, debido a que hay una sobreoferta de cultivos.