- En Ecuador, las tortugas están entre las especies de fauna silvestre más rescatadas del tráfico y la tenencia ilegal. La tortuga charapa (Podocnemis unifilis), codiciada por su carne y sus huevos, y también como mascota, encabezaría la lista, aunque no hay datos concluyentes en el país
- No todo se queda casa adentro. Poblaciones indígenas de la zona fronteriza con Perú se muestran preocupadas por la extracción de estos recursos por parte de cazadores y pescadores peruanos. Estas personas son habitantes de Loreto, una de las principales regiones donde operan la mayoría de empresas que pueden exportar legalmente fauna silvestre.
- Fuentes de ambos países sospechan que huevos y tortugas extraídas desde Ecuador son “blanqueadas” para entrar a la cadena de suministro de exportaciones que realiza Perú a países de Asia.
¿Qué hace una tortuga acuática de la Amazonía en las montañas andinas de Quito, en un puerto del océano Pacífico como Guayaquil, o en Hong Kong, al otro lado del mundo? Las tortugas charapa estarían entre las especies de fauna silvestre más traficadas en Ecuador. Aunque no existen datos oficiales unificados, miembros de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), científicos y pobladores amazónicos aseguran que la extracción de tortugas y de sus huevos es una de las principales amenazas para sus poblaciones. Esta especie está clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN, desde 1982.
“Dentro de nuestro conocimiento, ocupa el tercer lugar en el tráfico de fauna silvestre en el país”, dice el teniente Fabricio Bravo, de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza de la Policía Judicial ecuatoriana (UN-IDCAN).
Para los indígenas amazónicos ecuatorianos, los huevos de la tortuga charapa (Podocnemis unifilis) —conocida como taricaya en otros países de la cuenca— son una exquisitez y una importante fuente de proteína. La carne de esta tortuga también sirve de alimento para las poblaciones indígenas que en Ecuador tienen permitido cazar y pescar fauna silvestre, pero solo dentro de sus territorios y únicamente para su subsistencia. Fuera de esta excepción, la extracción, transporte, tenencia y venta de flora y fauna silvestre son delitos tipificados en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los colonos —como son llamados en la Amazonía los habitantes provenientes de otras regiones del país— adquirieron durante décadas la costumbre de consumir estos alimentos, incentivando así un comercio ilegal desde los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas hacia los principales centros urbanos de la región amazónica ecuatoriana, según cuenta Rafael Arias, zootecnista del Zoológico Municipal de Coca, en la provincia de Orellana.
Pero el problema no solo es interno, esta tortuga también enfrenta una amenaza internacional: cazadores y pescadores peruanos ingresan a tierras ecuatorianas para llevarse huevos y a sus madres. En Perú, la comercialización de fauna silvestre tiene restricciones, pero no es ilegal. A esa incompatibilidad de legislaciones en ambos países se suma la permeabilidad de sus fronteras.
En Perú hay dos caminos. El legal permite usar los huevos como alimento y en programas de manejo para recuperar las poblaciones de charapas. Estos son recolectados en la naturaleza —donde huevos y neonatos corren el riesgo de convertirse en alimento de aves, peces y caimanes— e incubados en playas artificiales que cuentan con los cuidados necesarios hasta después de la eclosión. La charapa está en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), clasificación que permite la comercialización y la exportación de especies pero que, al mismo tiempo, exige requisitos para su conservación. De acuerdo con Cites, un grupo de esas tortugas neonatas es liberado en su hábitat natural, mientras que otro grupo se exporta desde Perú hacia países asiáticos, donde las usan principalmente como mascotas.
El segundo camino consiste en capturar tortugas de manera ilegal, usualmente cuando están poniendo sus huevos o cuando caen en redes de pesca, e introducirlas con cédulas falsas en la cadena de suministro legal, como lo han denunciado varias investigaciones periodísticas durante los últimos años. En esta dinámica también entrarían los huevos y las tortugas capturadas en territorio ecuatoriano. Pobladores indígenas de la línea de frontera, desde el norte hasta el centro de la Amazonía ecuatoriana, le dijeron a este equipo periodístico que cazadores y pescadores peruanos extraen estos recursos de sus territorios.
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Huevos y charapas que salen de Ecuador
Poblaciones indígenas de las provincias ecuatorianas de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago acusan a los peruanos de exterminar a las tortugas charapa hembra y sus huevos durante la temporada de anidación, que se da entre julio y enero. El biólogo peruano Tony Mori, exdirector de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto, no descarta que una parte de los huevos extraídos en Ecuador entre clandestinamente a los programas de manejo para repoblamiento de charapa que se desarrollan en Perú, debido a la gran presión histórica por caza y tráfico que han sufrido estas tortugas.
Tampoco se siente capaz de negar que las tortugas vivas atrapadas sean “blanqueadas” para entrar en la cadena de exportación, a través de los programas de manejo y zoocriaderos que funcionan principalmente en la región de Loreto y a través de los cuales se puede exportar legalmente fauna silvestre. “No tenemos un registro legal u oficial de que esté pasando eso, pero no quiere decir que no esté ocurriendo”, aclara.
Los indígenas waorani del límite entre las provincias de Orellana y Pastaza, en la desembocadura del río Cononaco a Perú, han presenciado el “ingreso de embarcaciones ilegales” que extraen recursos faunísticos y maderables, de acuerdo con Alonzo Jaramillo, del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), que trabaja con comunidades del sector. “Quitan la fuente de alimentación a las comunidades waorani, pero en ese sector también hay pueblos en aislamiento voluntario. Van llevándose chanchitos, tapires, monos y tortugas, entrando en una competencia desleal”, asegura.
“En una ocasión, desde la Quebrada del Lobo, más de 5 000 huevos de charapa se llevaron los peruanos”, recuerda Adrián Álvarez, de la Fundación Alejandro Labaka, en referencia a la desembocadura del Cononaco.
En 2021, la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía de Ecuador (UPMA) reportó que, durante un patrullaje preventivo junto a personal de las Fuerzas Armadas, detuvieron a dos peruanos que estaban dentro del Parque Nacional Yasuní haciendo cacería ilegal. Entre las evidencias estaban 201,6 kilos de carne de huangana, caimán y mono chorongo, además de 368 huevos de tortuga charapa, de acuerdo con información enviada por el teniente Rafael Andrade de la UPMA.
Al sur, en la provincia de Pastaza y en la cuenca baja del río Pinduk Yaku, los habitantes del pueblo kichwa Kawsak Sacha han denunciado no solo el tráfico de fauna sino incluso el ingreso de dragas para la minería ilegal. “Al terminar con los recursos en el territorio peruano, invaden nuestro territorio, por los árboles, recogen tortugas, monos, si encuentran una manada de sahinos la persiguen hasta exterminarla”, dice Efrén Merino, comunicador de este pueblo kichwa.
En territorio achuar, que está entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago, también se han registrado casos. Arutam Ichinki, de la comunidad fronteriza Tinkias, cuenta que peruanos se adentran en los ríos Pastaza y Bobonaza para cazar y pescar en territorio ecuatoriano. Hace seis años hubo un enfrentamiento en el que un ecuatoriano falleció y un peruano fue herido, asegura. Después de eso, dice, las incursiones disminuyeron, pero todavía hay extracción ilegal de recursos, entre esos, de las charapas y sus huevos.
El teniente Fabricio Bravo cuenta que la UN-IDCAN ha detectado trochas en la provincia de Morona Santiago que conectan con Perú y que serían usadas para alimentar el tráfico de especies. “Usan caminos a través de la selva. Se tornan casi imposibles los operativos”, afirma el policía.
De acuerdo con Bravo, en este tipo de tráfico estarían involucrados miembros de comunidades indígenas de la zona. “Las venden a precios bajos, porque desconocen el nivel de lucratividad”, afirma, y asegura que de eso se aprovechan las personas externas a las comunidades, que hacen pedidos en “cantidades enormes”.
En contraposición, la dirección de comunicación del MAATE dio a conocer que, a lo largo de 2024, personal del Parque Nacional Yasuní ha realizado seis operativos y dos sobrevuelos en esa zona de frontera en los que se ha identificado únicamente a ecuatorianos cometiendo delitos contra la flora y la fauna silvestre. Como resultado, se han retenido 350 libras de carne de monte de “varias especies”. Además, la autoridad ambiental nacional dijo que no cuenta con registros de retención de charapas a escala internacional pues su “competencia y jurisdicción es en Ecuador continental”.
En el 2021, Insight Crime informó que, en Perú, tortugas provenientes del tráfico eran insertadas en la cadena de suministro legal a través del uso de certificados de nacimientos falsos. El drástico aumento de las exportaciones levantó alertas. Mientras que en 2008 se exportaron 11 832 charapas, en 2017 la cifra aumentó a 779 024. En nueve años, las exportaciones se multiplicaron por 65. “No existe un control fuerte por parte de la Gerencia de Desarrollo Forestal y de Fauna (Gerfor), encargada de fiscalizar el origen de estos especímenes”, dice Mori. “Hay tan poco personal en el Estado (peruano) que no se abastece para constantemente monitorear y supervisar”, agrega.
En 2023, por otro lado, el medio peruano Ojo Público dio a conocer que entre 2014 y 2023, más del 80 % de exportaciones de animales de Perú salió de Loreto —este estado colinda con cinco de las seis provincias amazónicas ecuatorianas; la excepción es Zamora Chinchipe, en el sur—. Además, del total de exportaciones, el 70 % fueron tortugas. En el mismo periodo, Perú exportó principalmente a Hong Kong, China y Taiwán 4.520.396 charapas. Alrededor de 452.000 individuos de Podocnemis Unifilis salieron anualmente de ese país. Aunque no hay cifras sobre ilegalidad, se denuncia que parte de estas exportaciones provendría del tráfico, pues se han encontrado irregularidades en los programas de manejo de estas tortugas.
Dentro de Perú, las charapas son comercializadas a 2,5 soles (unos 67 centavos de dólar), de acuerdo con Valeria Zavaleta, responsable del área de fauna de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de la provincia de Maynas, fronteriza con Ecuador y perteneciente a Loreto. Cada individuo sería exportado a Asia desde USD 1,5.
“Ellos se adueñan de la playa”
En el río Napo, las charapas anidan en julio y diciembre. En esos meses, durante la noche, los habitantes de la comuna kichwa Martínica escuchan motores peke peke acercarse a las playas del lado ecuatoriano. Se los distingue porque son más ruidosos que los motores que se usan en Ecuador. También ven linternas e identifican a gente caminando en las orillas. “Ellos se adueñan de la playa, aunque esté del lado de Martínica”, dice un guía turístico de la zona que prefiere proteger su identidad. Los extranjeros hacen tiendas improvisadas con plásticos, lo que significa, dice, “que esa playa ya tiene dueño”.
En la noche, las tortugas buscan bancos de arena secos en donde dejar sus huevos. Cada una pone en promedio unos 32, comenta Rubén Cueva, biólogo y técnico de campo de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador, quien trabaja en proyectos de monitoreo y conservación de fauna en comunidades a lo largo del Napo. Quienes quieren cosecharlos y capturar a sus madres, siguen las huellas que ellas dejan en la arena. “En tiempo de huevos de charapa, hay que ver nomás lo que se llevan. Así estés parado ahí [señala la ribera], por ahí mismo pasan”, dice Walter Ajún, guardabosques de Martínica.
Esto sucede, explica el guía, porque las aguas del Napo son consideradas internacionales. Sin embargo, reconoce que es contradictorio que en su comunidad, desde hace unos 15 años, se hagan esfuerzos por conservar la biodiversidad, mientras que sus vecinos peruanos se apropian de lo que ya no encuentran en sus territorios. Cuenta, además, que en Martínica se imponen multas de 30 dólares y limpieza del área comunal cuando una persona caza para comercializar. La segunda vez que una misma persona comete esta infracción, se duplica la multa, y la tercera, se discute en la asamblea comunal si es necesario expulsarla de la comunidad.
Por otra parte, el guía turístico piensa que mientras los moradores del lado peruano no tengan alternativas económicas diferentes a vivir de los recursos naturales, esto seguirá pasando.
En 2022, el 27,5 % de la población era pobre y el 13,2 % era extremadamente pobre, mientras que la pobreza rural fue del 58,6 %, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Regional Concertado.
“Las comunidades indígenas amazónicas están condenadas a vivir del delito”, asegura Manuel Pallares, en referencia a la pobreza extrema que se vive en la zona. Pallares es director de la fundación ecuatoriana Raíz, que trabaja con comunidades indígenas de la frontera.
En 2018, Wildlife Conservation Society (WCS) Perú identificó que una de las zonas peruanas de extracción de fauna para el comercio ilegal es Torres Causana, distrito de la provincia de Maynas en Loreto, ubicado en la frontera con la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. De este distrito se extraen caimanes, tortugas y loros que son vendidos en ciudades como Iquitos.
En el 2022, Insight Crime reveló que a medida que la vida silvestre ha desaparecido por la caza excesiva y la desaparición del hábitat, los cazadores se adentran cada vez más en la selva. De hecho, a partir de la pandemia de COVID-19 se identificó que también estaban ingresando al territorio ecuatoriano, dice Galo Zapata Ríos, director científico de WCS Ecuador.
“Los peruanos de las comunidades más cercanas se van, por ejemplo, al río Aguarico [del lado ecuatoriano, en la provincia de Sucumbíos]. Entran a hacer cacería y eso está faltando a los reglamentos de los hermanos [ecuatorianos]. Algunos han tenido problemas con la ley. Ahora los hermanos ecuatorianos están haciendo guardianías y [si encuentran a cazadores o pescadores peruanos en su territorio] les quitan su canoa”, cuenta Florindo Coquinche, profesor multigrado de la comuna kichwa Dos Fronteras, en el lado peruano. El docente se refiere a los patrullajes realizados por guardabosques de la comunidad kichwa Martínica en Ecuador.
Los esfuerzos de los kichwa ecuatorianos por cuidar su territorio corroboran la escasa presencia de las autoridades de control en la frontera, tanto del lado ecuatoriano como del peruano.
Durante la visita de este equipo periodístico a las poblaciones de Nuevo Rocafuerte (Ecuador) y Cabo Pantoja (capital del distrito Torres Causana en Perú), no se observó personal militar encargado del control fronterizo. De igual manera, en ninguna de las dos fronteras hubo controles migratorios.
“Hay un destacamento muy cerca de la bocana del río Aguarico. En algún momento paraban las canoas, pero en los últimos tiempos que he estado navegando hacia Martínica, por el Napo y el Aguarico, o hacia Pantoja, no ha habido esa formalidad, no hay que registrarse como en las fronteras terrestres”, confirma Rubén Cueva, de WCS Ecuador.
Técnicos de WCS creen que cargamentos con huevos, charapas y otros productos de caza y pesca realizada en territorio ecuatoriano salen desde la población peruana de Cabo Pantoja hacia Iquitos, donde se concentran grandes mercados del tráfico ilegal de fauna y de donde fluye gran parte de las exportaciones de fauna silvestre de Perú.
Esta alianza periodística solicitó información sobre lugares de extracción de charapas, rutas del tráfico, actores involucrados, decomisos y puestos de control al departamento de prensa de la Policía Nacional de Perú, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta publicación.
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Datos confusos en Ecuador
Entre el 2011 y el 2020, 29 771 animales silvestres fueron rescatados por la Policía Nacional de Ecuador, de acuerdo con información enviada por el teniente Rafael Andrade, de la UPMA. De esos, más de un tercio (10 331 individuos) fueron reptiles. “Los reptiles tienen una mayor supervivencia al momento de traficarlos”, dice. Además, Andrade coincide con su colega Fabricio Bravo: “Las tortugas charapa están entre las más comercializadas”.
Las tortugas de todas las especies ocupan el primer puesto de los animales más rescatados o retenidos por la UPMA, de acuerdo con información enviada por el Departamento de Coordinación Operacional de dicha Unidad. “El personal policial al momento de elaborar el parte policial registra únicamente el nombre común del espécimen de fauna silvestre rescatado/retenido”, se explica en el documento enviado. La falta de nombres científicos, que permiten identificar con claridad a las especies, lleva a que los datos sean confusos.
La UPMA registró que entre el 2019 y el 2023 recuperó en total 138 charapas (aunque no hay certeza de que, efectivamente, todas pertenezcan a dicha especie).
El MAATE también realiza operativos de decomiso y maneja sus propias cifras; lo que se convierte en un gran problema porque ninguna entidad ecuatoriana se encarga de centralizar esos datos y ofrecer números totales. Entre el 2019 y el 2023, 15.664 animales fueron rescatados (cuando están en situaciones que amenazan su vida, como en carreteras) o retenidos (durante operativos), según información enviada vía email por la institución. Unos 3 132 individuos por año. Mientras tanto, hasta agosto de 2024, se han retenido y rescatado 134 animales.
La dirección de comunicación del MAATE corrobora que la Podocnemis unifilis está entre las especies más traficadas del país y de la región amazónica. Entre el 2019 y el 2023, 223 charapas fueron recuperadas por el Ministerio de Ambiente, aquí figuran 85 individuos más que en el dato de la UPMA. La tendencia fue ascendente: 4 en 2019; 6 en 2020; 23 en 2021; 88 en 2022, y 102 en 2023. Hasta agosto de 2024, la autoridad ambiental registró la recuperación de 55 Podocnemis unifilis.
La Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente en Orellana dio a conocer que en un solo caso de 2023, en una vivienda en la ciudad de Coca se decomisaron 75 tortugas vivas, pertenecientes a las especies P. expansa y P. unifilis (tortuga charapa).
Algo similar sucede con los huevos: según la UPMA, de P.unifilis y P. expansa se decomisaron cero huevos en los años 2019, 2020, y 2022; 368 huevos en el 2021, y 345 en el 2023. Sin embargo, en un solo decomiso, la Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente en Orellana ha encontrado hasta 3 450 huevos, aunque la institución no brindó la fecha de este decomiso. La dirección de comunicación del MAATE dijo que a escala nacional, correspondientes a P. unifilis se recuperaron 218 huevos en 2019; 0 en 2020 y 2021; 21 en 2022, y 0 en 2023 y en lo que va de 2024. Todos los decomisos corresponden a la provincia de Orellana.
“En julio, que empieza el desove, hasta diciembre, la gente colecta huevos para el comercio”, dice Rubén Cueva de WCS. De acuerdo con testimonios recogidos en su trabajo de campo en varias provincias amazónicas, el tráfico opera así: al inicio de la temporada de anidación de las tortugas de agua dulce (no solo charapa), cada huevo se vende en 0,40 dólares. Los huevos que llegan a Tena, la capital de la provincia de Napo, ubicada a unas cinco horas de Coca, son vendidos hasta en un dólar. Mientras tanto, las tortugas vivas se venden desde tres dólares en las provincias amazónicas y su precio sube a medida que se alejan de esa región. En Guayaquil, cada individuo se vende hasta en 45 dólares, asegura el teniente Bravo.
Tener datos precisos y unificados sobre operativos de control de tráfico de vida silvestre es otra utopía en Ecuador.
La UPMA asegura que realizó 16 121 operativos entre el 2019 y el 2023, es decir, unos 3 224 operativos por año. En lo que va del 2024 ya se han realizado 2 238 operativos, según las estadísticas del Departamento de Coordinación Operacional de la Unidad. El MAATE también controla el tráfico de vida silvestre. Entre 2019 y 2023 se realizaron 319 operativos de control de fauna silvestre, de acuerdo con la dirección de comunicación del Ministerio. Mientras que entre enero y julio de 2024 ya se han realizado 38 operativos.
“Una necesidad que tiene el país es tener una base de datos unificada”, destaca Galo Zapata Ríos de WCS Ecuador. De esta manera, explica, se puede tener información sobre el total de decomisos que se realizan en el país. Aunque se trata de información valiosa, también aclara que los decomisos no tienen relación con el total de animales traficados, pues al tratarse de una actividad clandestina, “es difícil tener datos precisos”.
Los retos siguen siendo muchos para tortugas charapas y otros reptiles, aves y primates que logran ser rescatados del tráfico.
Por ejemplo, la provincia de Orellana es una de las más conflictivas en cuanto a tráfico de fauna, asegura el teniente Andrade y así lo corrobora también la información enviada por el MAATE.
En 2007, un estudio de WCS determinó que, en el mercado de Pompeya, a dos horas de la ciudad de Coca y entre la Reserva Limoncocha y el Parque Nacional Yasuní, se comercializaron hasta 14 000 kilos de carne de monte ese año.
Además, en la capital de Orellana era común que los hogares tuvieran aves, monos y tortugas como mascotas. Rafael Arias, zootecnista del Zoológico de Coca, recuerda que uno de los hoteles más antiguos y prestigiosos tenía incluso un felino en exhibición.
Desde hace unos 15 años, el MAATE ha realizado campañas de educación, prevención y control del tráfico de vida silvestre en Orellana, lo que habría causado, aparentemente, que este comercio se reduzca. Sin embargo, lo que queda se ha vuelto clandestino.
Arias cuenta que el zoológico se creó primero como un centro de rescate, pero con el objetivo de sensibilizar a la población, crearon un área de exhibición de las especies rescatadas.
Ángel Castillo dice que más de la mitad de la fauna recuperada la componen reptiles, principalmente tortugas motelo (Chelonoidis denticulata), codiciadas por su carne, y tortugas charapa. Según indica, el zoológico de Coca recibe unos 275 individuos de diferentes especies al año; de esos, unos 35 son tortugas charapa (12,7 %).
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No hay suficiente personal ni recursos para el control
El control de actividades ilícitas como el tráfico de vida silvestre enfrenta grandes limitaciones en Ecuador. La Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía cuenta con alrededor de 230 miembros para cubrir todo el país, solo hay dos fiscales especializados en delitos ambientales y los guardaparques enfrentan uno de sus momentos más dramáticos: el 3 de julio de 2024 emitieron un comunicado en el que alertan sobre la inseguridad que viven, pues las áreas protegidas están siendo tomadas por grupos ilegales que se dedican a la minería ilegal, a la deforestación, a la cacería, entre otros delitos.
Todos estos factores inciden en los grandes vacíos de información sobre decomisos de individuos de charapa y sus huevos, así como en la identificación de rutas y destinos del tráfico. A este problema se suma que el subregistro del tráfico ilegal, es decir, lo que no logra ser incautado, es muy alto. “El porcentaje [de lo decomisado] debe ser muy pequeño”, opina Galo Zapata Ríos.
En el caso de las charapas, codiciadas no solo en el exterior sino en el mercado del mascotismo local, sacarlas desde las provincias amazónicas y llevarlas a los principales centros urbanos del país no sería muy complicado. Bravo dice que, por ejemplo, las neonatas son muy fáciles de transportar, por ser pequeñas y resistentes. En promedio, al nacer, los caparazones de las crías miden unos cuatro centímetros de longitud y de acuerdo con el biólogo del Instituto Nacional de Biodiversidad Mario Yánez – Muñoz, a los 12 meses, llegan a medir cerca de 10 centrímetros de longitud. Esto hace que, incluso, puedan ser escondidas en los bolsillos de una prenda, señala Bravo. Aún así, comenta que se conocen casos en que las transportan por decenas, en cajas y escondidas entre otros productos.
Hasta hace unos tres años, las charapas eran comercializadas de manera ilegal a través de grupos de Facebook. Esta vitrina permitió que Bravo participara en unos ocho casos en los que se rescataron alrededor de 60 charapas en Guayaquil, en la Costa ecuatoriana. El teniente de la UN-IDCAN recuerda que las personas encontradas culpables de este delito pueden ser sancionadas con hasta tres años de prisión.
Después de estos operativos, los comerciantes abandonaron el Marketplace de Facebook. Ahora, el comercio se da a través de grupos de WhatsApp, donde los policías investigadores han tenido mayores dificultades para infiltrarse.
En medio de ese complejo panorama, hay iniciativas que intentan hacerle frente al tráfico de charapas. Comunidades kichwa y waorani asentadas a lo largo de los ríos Napo y Tiputini se esfuerzan por recuperar las poblaciones de esta tortuga para asegurar su soberanía alimentaria, pero también para conservar los ecosistemas que atraen a turistas nacionales y extranjeros. Como parte de este proyecto, en el 2009, WCS, el Servicio de Parques Nacionales y las comunidades registraron un promedio de 1,5 tortugas por kilómetro lineal. En 2016, siete años después del programa de repoblamiento, que también consiste en reubicar los huevos en playas artificiales para después liberar a las tortugas neonatas, hubo un aumento del 340 % en las observaciones de la tortuga charapa y también de la especie P. expansa.
Sin embargo, los esfuerzos de conservación no son suficientes si no se cuenta con datos confiables, un tema en el que no para de insistir Galo Zapata Ríos. “El mayor problema de no tener una base de datos detallada es, precisamente, no entender la magnitud del problema”, dice el director científico de WCS Ecuador. Y añade: “No sabemos qué especies son afectadas por el tráfico, que cantidades por especie, cuáles son los impactos ecológicos, qué daños causa esto en el funcionamiento de los ecosistemas. Sin datos es difícil tener una idea del problema y encontrar soluciones”, concluye.
*Edición: Antonio Paz. Imagen principal: Tortugas charapa rescatadas de la tenencia y el tráfico ilegal de especies habitan en el Zoológico Municipal de Coca, en la provincia de Orellana. Foto: Josué Araujo.
**Este reportaje hace parte del especial ´Tortugas raptadas: el oscuro negocio del tráfico ilegal en Sudamérica´, coordinado por la Asociación Consejo de Redacción (CdR) y posible gracias al apoyo de Earth Journalism Network (EJN) de Internews. Mongabay Latam lo publica como parte de una alianza con CdR.
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