- Marco Suástegui fue defensor del agua y del territorio, pero también encabezó la búsqueda de su hermano desaparecido en agosto de 2021.
- El defensor contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, las autoridades ignoraron su petición de acompañamiento policial, según cuenta uno de sus abogados.
- Suástegui fue clave en la conformación y organización del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, un proyecto hidroeléctrico que hasta ahora está detenido en el estado de Guerrero.
- La investigación no avanza y la Fiscalía de Guerrero no ha informado sobre la detención de presuntos responsables por el asesinato del defensor.
Por más de 20 años, Marco Antonio Suástegui Muñoz libró diferentes batallas que lo vincularon a la defensa ambiental en su natal Cacahuatepec, una localidad del sureño estado de Guerrero, en México. En este periodo, el defensor estuvo involucrado en la férrea oposición a un megaproyecto hidroeléctrico que, sostenía, amenazaba la supervivencia de su comunidad, así como en la búsqueda de su hermano desaparecido y en el reordenamiento turístico y la limpieza de las playas de la región.
La resistencia del defensor terminó el pasado 18 de abril, después de recibir varios impactos de bala mientras trabajaba cerca de la Playa Icacos, en Acapulco —ciudad costera emblemática en México—. Aunque Suástegui recibió atención médica, finalmente falleció ocho días más tarde.
Su asesinato también representa la pérdida de un líder comunitario frente al despojo y la violencia, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización que acompañó legalmente a Suástegui en diferentes momentos, como en las tres ocasiones en que fue privado de la libertad por cargos de los que siempre fue absuelto, como homicidio, secuestro y robo.
“Marco no sólo hablaba, también actuaba. Le quedó claro qué era defender el territorio. Para él era el río, era el bosque. Tenía rivales en todos los frentes: empresarios, políticos, delincuentes”, dice Barrera, quien considera que las balas que mataron a Suástegui pudieron venir de diferentes lados, pues a lo largo de su vida se ganó enemistad de diferentes sectores por su labor.
Autoridades federales y del estado de Guerrero habían anunciado un operativo de seguridad de más de 4000 policías y militares desplegados por Semana Santa en Acapulco, al ser un destino turístico importante. Aún así, el operativo no impidió el ataque contra Suástegui, que trabajaba ese Viernes Santo en la renta de sombrillas y motos acuáticas. Tampoco evitó la fuga del agresor.
Hasta ahora, la Fiscalía de Guerrero no ha informado la detención de presuntos responsables por el asesinato.
Cacahuatepec, el origen de la lucha
Arquitecto de formación, de origen indígena nahua, afromexicano y campesino, Suástegui entendió desde joven las desigualdades en las que vivía Cacahuatepec, la comunidad rural donde la pobreza y la falta de servicios básicos contrastan con el puerto turístico de Acapulco, pese a estar a unos 30 kilómetros de distancia.
“Ahí vio los contrastes, las desigualdades y sintió ese abandono. La gente vive de la siembra del maíz, la pesca ya no da mucho porque el río está muy contaminado. Marco logró identificar estas problemáticas”, cuenta Barrera sobre la explotación del Río Papagayo, el acuífero que abastece principalmente a la zona urbana y turística de Acapulco.
Autoridades ambientales han detectado que en la parte baja de la cuenca de este río hay una alta modificación por deforestación, sobreexplotación de pozos y contaminación, así como un deterioro del hábitat influenciado por la zona turística.
El liderazgo de Suástegui tomó mayor forma en 2002 cuando la comunidad detectó los primeros movimientos para iniciar La Parota, un megaproyecto hidroeléctrico encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer la demanda de energía eléctrica en la región oriente de México.
Sin embargo, el proyecto implicaba la inundación de comunidades enteras, provocando afectaciones y desplazamientos de miles de personas en la región.
Las comunidades rurales de los cinco municipios afectados, Acapulco, Juan R. Escudero, San. Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa, denunciaron en su momento la falta de consulta previa, libre e informada para la construcción de la hidroeléctrica, lo que marcó una resistencia de años en uno de los primeros conflictos socioambientales en Guerrero por la instalación de megaproyectos.
En este contexto surgió el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), que encontró en Suástegui a su principal líder contra el megaproyecto por su capacidad para convocar y organizar asambleas comunitarias en la defensa del territorio.
Si bien la obra fue suspendida desde 2009, integrantes del CECOP resistieron cualquier intento por reactivarla.
La movilización logró que, en 2020, el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometiera la cancelación definitiva del megaproyecto. Sin embargo, este compromiso no quedó formalizado, por lo que aún en 2024 Suástegui buscó a la actual mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, para confirmar la decisión.
“Supo negociar, pero supo mantenerse independiente. Fue muy claro de que no podía pactar con partidos, ni con grupos, ni con gobernadores, porque lo veían como un contrapeso”, describe Barrera, quien cuenta cómo Suástegui confrontó a políticos, a militares, e incluso a grupos de la delincuencia.
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Una búsqueda más allá de lo ambiental
De las tres ocasiones en que Suástegui pisó la cárcel, en una de ellas lo hizo acompañado de su hermano Vicente Iván, que también era defensor e integrante del CECOP y con quien enfrentó una acusación de homicidio en 2018, tras un enfrentamiento que tuvo la comunidad con personas armadas de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), una policía comunitaria nacida en este estado ante los niveles de inseguridad y reconocida por las autoridades.
El consejo de ejidos y comunidades al que pertenecían los Suástegui denunció que integrantes del crimen organizado se habían infiltrado en la policía comunitaria, a la cual acusaban de hostigamiento constante.
Tras varios episodios de confrontación y amenazas, Vicente Suástegui fue desaparecido en agosto de 2021, cuando manejaba un taxi en la ciudad de Acapulco.
Esa noche, un auto de color rojo le cerró el camino y al menos tres de sus ocupantes descendieron y se lo llevaron por la fuerza, sin que hasta el día de hoy haya sido localizado.
La familia Suástegui no solo realizó decenas de búsquedas acompañada de autoridades, policías e incluso militares, también logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas precautorias a sus integrantes, ante la vulnerabilidad en la que se encontraban.
Para ese momento, la labor ambiental que realizaba Marco Suástegui ya iba más allá de lo ambiental, pues además de las tareas de búsqueda, realizaba mítines mensuales en lugares públicos de Acapulco para denunciar la desaparición de su hermano y las amenazas contra él y su familia.
Pese a que en 2023 ya había cuatro detenciones y tres sentencias contra presuntos responsables de la desaparición de su hermano, Suástegui solicitó a las autoridades acompañamiento policial en sus recorridos por el estado de Guerrero, sin embargo se le negó esta medida, comenta Barrera.
“Desde agosto del año pasado se intensificaron las amenazas, los seguimientos de gente sospechosa. Marco ya estaba en una situación de sufrir alguna agresión en cualquier momento, pero no lo atendieron, era un asesinato anunciado”, cuenta el activista, quien tuvo una relación profesional y de amistad con el defensor.
Mongabay Latam buscó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para conocer las medidas de cuidado que recibió Suástegui. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no tuvo respuesta.
Los patrones de muerte contra defensores
En 2024, aumentaron en un 25 % los asesinatos de defensores ambientales y del territorio en México, con 25 casos de agresiones letales, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Este reporte también documenta un aumento en la participación de empresas privadas en las agresiones contra personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, pues se identificó que una cantidad importante de ataques están relacionados con megaproyectos impulsados o financiados por el sector empresarial.
Para Itzel Arteaga, abogada de la gerencia de Derechos Humanos del CEMDA, el caso de Suástegui es el reflejo de un patrón en las agresiones a personas defensoras.
“La mayor parte de las agresiones que documentamos se dan en un marco de personas que están oponiéndose justificadamente a megaproyectos aparentemente de desarrollo», explica Arteaga a Mongabay Latam.
“Pasó con Marco (Suástegui) en La Parota, pues es un proyecto que ha estado en controversia durante muchísimos años y que derivó no sólo en esta agresión, sino en muchas a lo largo de los años y que aún continúa”, sostiene.
Arteaga señala que una política pública que prevenga las agresiones contra personas defensoras en México debe pasar por reevaluar la forma en que se aprueba la instalación de megaproyectos que provocan conflicto con las comunidades, cuando no se realizan mecanismos de consulta y acceso a la información.
“Nosotros insistimos mucho en que el Estado mexicano cumpla con el Acuerdo de Escazú, que nos está dando la guía de cómo evitar estas agresiones, para que las personas tengan la información adecuada respecto a lo que se va a hacer en sus territorios”, afirma.
Si el objetivo es evitar la impunidad, es vital que las autoridades investiguen el asesinato del defensor no como un delito de delincuencia común, precisa la abogada, sino reconociendo la importancia de la labor de las personas defensoras.
“Si la autoridad no tiene esta lectura completa de todo lo que implica la labor de defensa del territorio, se va a quedar solamente en un homicidio y no se va a llegar a más”, advierte.
Impunidad para Suástegui
Acapulco, Guerrero, está entre las principales ciudades del país con las mayores tasas de homicidios con 67.9 casos por cada 100 000 habitantes, de acuerdo con el Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
A pesar de que a nivel nacional las autoridades señalaron una reducción del 50 % de los homicidios dolosos en la ciudad al inicio de 2025, la situación sigue siendo preocupante.
Carlos Juárez Cruz, director nacional del IEP, considera que, a nivel estatal, Guerrero vive una fragilidad que no le ha permitido a sus instituciones reaccionar a la crisis de violencia.
“La población vive con miedo, hay falta de denuncia y poca confianza en las autoridades. Estos factores van poniendo en riesgo específicamente a grupos vulnerables”, dice Juárez sobre la situación de doble amenaza para personas defensoras del territorio, de derechos humanos y madres buscadoras de personas desaparecidas.
A una semana de presentar los indicadores principales de violencia y paz 2025, el directivo advierte que Guerrero se mantiene en los últimos puestos en los indicadores de seguridad y paz negativa (la ausencia de violencia o de miedo a la violencia), así como en temas de paz positiva, como la resiliencia social y la capacidad institucional para sobreponerse a una crisis.
“La política pública tendría que ir enfocada a proteger principalmente a quienes están mucho más expuestos y corriendo riesgos mayores. Se debió procurar la protección de este defensor del territorio en Acapulco”, señala Juárez a Mongabay Latam.
Antes de su asesinato, Suástegui trabajaba en las playas de Acapulco donde también fue representante de la asociación Turisteros Unidos en Defensa de Playa Icacos (Tuderpi), una actividad en la que también recibía hostigamientos de personas armadas que le pedían que se fuera, según comentan desde el Centro Tlachinollan.
“Le llegaron a decir que dejara de denunciar porque también lo iban a desaparecer o a matar. Las autoridades no dimensionaron que en verdad sí sufría riesgos. Hay un ambiente de descomposición en la vida pública de Acapulco”, dice Abel Barrera.
Tras acudir al funeral de Suástegui en la comunidad de Cacahuatepec, el activista relata que la comunidad lo lloró y despidió como a un “hijo rebelde” que dio la vida por su familia.
“Marco era polifacético, alguien que defendía el derecho al territorio, pero también el derecho a la seguridad, a la vivienda y a la salud. Era alguien que luchaba por un desarrollo integral”, señala el defensor. “Para nosotros fue un ejemplo, fue el líder ideal para una defensa de los derechos colectivos y del territorio”, concluye.
Imagen principal: Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor del territorio en Cacahuatepec, Guerrero, fue arquitecto, opositor al proyecto hidroeléctrico de la Parota y buscador de su hermano desaparecido. Foto: cortesía del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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