- Bolivia inicia desde el 8 de noviembre una nueva etapa política, tras 20 años de gestión del MAS y hay críticas porque no se cumplieron las promesas ambientales.
- El todavía presidente boliviano prometió en campaña erradicar la deforestación ilegal, algo que no se cumplió, según expertos.
- Además, ofreció mayor presupuesto y fortalecimiento para las áreas protegidas, pero estas reservas se encuentran en crisis.
- En su programa de gobierno no incluyó un control ambiental a las actividades extractivas, como la minería y los hidrocarburos.
Luis Arce deja la silla presidencial de Bolivia con deudas ambientales. El presidente boliviano, que finaliza su mandato el 8 de noviembre, llegó al Palacio Quemado en 2020, tras una dura campaña electoral por la crisis social del año anterior. En materia ambiental, el político del Movimiento Al Socialismo (MAS) hizo una serie de promesas que apuntaban a restaurar los bosques, fortalecer las áreas protegidas, apoyar la producción respetando la “zonificación ecológica” y lograr una economía verde. Sin embargo, las acciones realizadas en su gestión, según expertos, no fueron suficientes.
Arce fue el candidato del MAS en 2020 luego de la salida de Evo Morales en medio de una crisis social y política. Jeanine Áñez estuvo un año como presidenta de transición y el partido de Morales había elegido a Luis Arce, quien fue su ministro de Economía durante 14 años, como su candidato a la Presidencia y a David Choquehuanca, excanciller, como su postulante a la Vicepresidencia. Esa dupla logró el 54 % de los votos.
Mongabay Latam consultó a expertos que analizaron el plan de gobierno que presentó entonces Arce al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese programa tenía 13 pilares y 256 propuestas. En tres de estos pilares se enfocó en temáticas ambientales. Por ejemplo, en el siete, que se llama “soberanía sobre nuestros recursos naturales”, tuvo propuestas sobre la minería e hidrocarburos sin mencionar medidas ambientales.
En el pilar nueve, que se tituló “soberanía ambiental con desarrollo integral”, buscaba restaurar y fortalecer los bosques y la biodiversidad preservando la diversidad natural y el manejo integral de los residuos sólidos. Y en el pilar diez, llamado “integración complementaria de los pueblos con soberanía”, tiene subtítulos sobre cambio climático, Madre Tierra y pueblos indígenas.
“En temas de minería, [Luis Arce] nunca impulsó un cuidado ambiental. Las cooperativas mineras trabajaron siempre con mercurio. En los contratos del litio no se incluía la aprobación de una licencia ambiental”, explicó a Mongabay Latam Héctor Córdova, experto en temas mineros.
En el programa de gobierno, en el pilar siete, no se incluyeron medidas de cuidado ambiental en la exploración y explotación de recursos naturales, como la minería e hidrocarburos. En el primer caso, en Bolivia la minería es señalada como una de las actividades más contaminantes, principalmente la del oro, que utiliza mercurio que arroja a los ríos.
Las propuestas en campaña
En lo referente a los bosques y áreas protegidas, Arce propuso implementar un plan para bosques y reservas que consistían en varios puntos: aplicar un proyecto de forestación y reforestación en áreas afectadas por los incendios; desarrollar programas y proyectos con fines de restauración y rehabilitación de los componentes o zonas de vida dañados en la Amazonía y la Chiquitanía. También, desarrollar un plan y marco normativo de regulación de la conservación y el uso de los componentes de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos de acuerdo a vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de vida.
Además, propuso controlar y fiscalizar el aprovechamiento de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas; fortalecer las áreas protegidas, dotando de presupuestos y capacidades técnicas y logísticas; desarrollar una zonificación ecológica de las regiones amazónicas en función de la conservación y protección de la biodiversidad.
Por último, prometió establecer el Sistema de Registro y el Marco Indicativo de las Capacidades de Regeneración de los Componentes de la Madre Tierra y prohibir la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud forestal.
Un punto clave que propuso Arce es que el “Estado tiene como prioridad la reducción de la deforestación ilegal”, algo que no se cumplió en sus cinco años de mandato, según detalló a Mongabay Latam Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra. “La deforestación en Bolivia es un problema grave, con la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para la ganadería y la producción de soja, como principal causa. Esto ha llevado a la pérdida de millones de hectáreas de bosques, ubicando a Bolivia entre los países con mayor tasa de deforestación del mundo”, dijo el experto.
Según el último informe global del Laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch (GFW) del World Resources Institute (WRI), Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque nativo en el mundo. En 2024, el país perdió 1.8 millones de hectáreas de bosque y el 83 % de esa destrucción (1.5 millones de hectáreas) es de bosque primario. Esta cifra triplica la registrada en 2023, cuando perdió 490 000 hectáreas de bosque primario. Además, en su mayoría, este incremento se debe a los incendios forestales.
Aunque las propuestas del MAS para el período 2020-2025 giraban en torno a un plan nacional para el Bosque Seco Chiquitano, esta ecoregión, ubicada en el departamento de Santa Cruz, fue la más afectada por la deforestación. Hasta 2024 había perdido el 32 % de su superficie original, según datos de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Incluso, en la pasada gestión se quemaron 12.6 millones de hectáreas, una cifra nunca antes vista en Bolivia, que vivió su peor crisis ambiental.
“En todas sus gestiones el MAS hizo mucho daño y normalizó la crisis ambiental en Bolivia. Se agravó la deforestación ilegal, los incendios y la minería ilegal y no vimos ningún cambio”, afirmó la activista Daniela Justiniano, miembro de la organización Alas Chiquitanas.
Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua información sobre la gestión realizada en los últimos cinco años. Esta entidad no envió los datos a este medio argumentando que esa información se entregó al Gobierno entrante para que analice las estadísticas. El 8 de noviembre será posesionado como presidente del país Rodrigo Paz, quien ganó la segunda vuelta el 19 de octubre frente a su rival, Jorge Quiroga.
Promesas para las reservas
Entre las propuestas que Arce plasmó en su plan de gobierno también se encuentra una referida al fortalecimiento de las áreas protegidas a través de presupuesto y capacidades técnicas y logísticas.
Eso implicaba dotar de presupuestos y capacidades técnicas y logísticas para la implementación de sus Planes de Restauración y Recreación de la vida silvestre, hidrobiológica y de los bosques amazónicos y chiquitanos, dice el punto referido a las áreas protegidas.
Desde la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) informaron que estas promesas no se concretaron. El presidente de esta organización, el guardaparques Marcos Uzquiano, resaltó que en la última gestión del MAS hubo un “debilitamiento institucional” y un “manoseo político-sindical” del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
En la gestión de Luis Arce dos directores del SERNAP fueron destituidos tras denuncias de presunta corrupción y supuesto acoso sexual. También, al menos cuatro guardaparques -entre ellos Uzquiano- fueron despedidos sin justificación. Al final, Uzquiano fue restituido tras un proceso legal. Además, dos ministros de Medio Ambiente y Agua también dejaron el cargo bajo denuncias de presunta corrupción.
Bolivia tiene 23 áreas protegidas de alcance nacional. La mayoría de estas reservas esquiva diferentes amenazas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, los avasallamientos, incendios, proyectos petroleros o deforestación. Además, estas áreas también tienen que enfrentar peligros internos: reducción de guardaparques y de recursos económicos. Con estos factores adversos, los parques naturales en Bolivia están en crisis, ya que los presupuestos actuales y la vigilancia humana solo alcanza para cubrir el 9 % del territorio que ocupan, según la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).
En septiembre de este año, el SERNAP envió información a Mongabay Latam detallando que cuenta con un presupuesto para esta gestión de 66 585 032 bolivianos, que equivale a 9 566 814 dólares al tipo de cambio oficial. De este monto, el 5.35 % proviene de cooperación internacional y el resto es fuente del Tesoro General de la Nación (TGN) y otros ingresos, como multas por minería ilegal o deforestación, pago de turistas para el ingreso a las áreas protegidas y convenios.
Sin embargo, Uzquiano afirmó que el apoyo presupuestario por parte del Estado no llegó al SERNAP y que buena parte de los recursos para las áreas protegidas provienen de la cooperación internacional. El funcionario dijo que en la Estación Biológica del Beni, donde él trabaja, de enero a agosto de este año sólo se les dio 3740 bolivianos para combustible, lo que equivale a 537 dólares. “Hablamos de 1000 litros de gasolina para operar de enero a agosto. Con eso no funciona ni un mototaxista. Y la situación es mucho peor para gastos operativos y de mantenimiento”, lamentó.
De acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bolivia tiene 23 áreas protegidas de relevancia nacional que cubren 17 millones de hectáreas, lo que equivale un 15.5 % del territorio nacional, superficie que cuenta con leyes, decretos y reglamentos que obligan a una protección especial. Además de las 23 áreas protegidas de alcance nacional, hay 29 departamentales y 144 municipales. También existen reservas indígenas, como el Ñembi Guasu o Loma Santa.
En el SNAP se registra a 270 guardaparques para controlar 17 millones de hectáreas. Es decir que esa cantidad de vigilantes se reparten entre las 23 áreas protegidas nacionales. El SERNAP detalló a este medio que el 60 % de su presupuesto se destina al pago de “servicios personales” (salarios) y el resto, al pago de “servicios no personales”, materiales y suministros, y al pago de “impuestos, regalías y otros gastos”.
“En resumen no se cumplió con casi nada de las propuestas referidas al tema ambiental. Se expandieron las cooperativas mineras contaminando más ríos, siguió la deforestación para pagar beneficiar los negocios agroindustriales, siguieron los incendios porque hay normas que beneficios a unos cuantos grupos de interés económico”, afirmó a Mongabay Latam la senadora Cecilia Requena, que termina el 8 de noviembre su mandato con la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y que ahora fue elegida diputada por la alianza Unidad.
Requena cree que los próximos cinco años serán “tremendamente difíciles”. La legisladora consideró que el debate deberá centrarse en la interrelación entre sostenibilidad ambiental y progreso económico, donde las llamadas finanzas sostenibles jugarán un rol preponderante y podrían permitir los ingresos económicos sin el avance sobre los recursos naturales. “El desafío es que en estos años logremos que esas visiones entren al establishment, que hagan carne de la política de sostenibilidad”.
Imagen principal: las cifras de pérdida de bosques por los incendios en Bolivia varían según la organización, pero todas coinciden en altas pérdidas de bosque nativo durante en 2024. Foto: cortesía Gobernación de Santa Cruz
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