- La "Plataforma Amazónica por los bosques, el clima y el bienestar humano" abarca, hasta el momento, 4.2 millones de hectáreas de la selva ecuatoriana dedicadas a la conservación.
- Esta iniciativa está en tres provincias, pero el plan es que antes de 2028 llegue a incluir a las seis provincias amazónicas del país, con 5.5 millones de hectáreas que mantengan almacenados 2.8 billones de toneladas de carbono.
- La estrategia es establecer acuerdos de conservación y gobernanza local, con opciones sustentables de la bioeconomía para evitar que los pueblos y nacionalidades indígenas talen la selva o cedan ante actividades extractivas.
- Los investigadores aseguran que se está protegiendo el hábitat natural del 47 % de las especies de aves de Ecuador.
Corría 2019 cuando las comunidades de Arajuno descubrieron un potencial que hasta entonces desconocían: 250 000 hectáreas de morete en estado natural. Nadie las había sembrado y nadie las cultivaba. Pero eso estaba a punto de cambiar. Arajuno es un poblado en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, y el morete (Mauritia flexuosa) es una fruta dulce, poco conocida en Ecuador, cuya pulpa es muy apetecida en otros mercados, como el peruano.
El fruto proviene de una palma y estos moretales están ubicados en los territorios ancestrales de seis nacionalidades indígenas: dos waoranis (Ewengono y Deipare) y cuatro kichwas (Shiwakucha, Nushino, Boano y Santa Mónica). Para la extracción no es necesario talar ni una sola palma. Los comuneros sólo tuvieron que aprender a escalar los troncos para poder tomarlos.
“Con el Consejo Provincial hicimos dos días de sobrevuelos por Pastaza, levantando cuanto moretal tenemos”, cuenta Pablo Balarezo, coordinador del programa de bioeconomía de Fundación Pachamama, que ha acompañado el proceso desde el inicio.
Seis años después, en febrero de 2025, concretaron la primera exportación de 10 toneladas de pulpa hacia Perú, compradas por el grupo empresarial AJE. Para lograrlo tuvieron que cosechar 32 toneladas de fruta, provenientes de 150 palmas que ocupan apenas 25 de esas 250 000 hectáreas.
Para las comunidades fue una oportunidad importante. “Cada palma arroja 10 sacos de 45 kilos —explica Balarezo—. Y la empresa que extrae la pulpa en Puyo (capital de Pastaza) paga 10 dólares por saco. Una familia que vendió 10 sacos, ganó 100 dolaritos, que en la Amazonía profunda es significativo”.
Pero esta no es la historia de seis comunidades que emprendieron un negocio. Es la historia de cómo ese negocio, al igual que otros, permite la construcción de uno de los corredores biológicos de bosque continuo más grandes de Ecuador. Un esfuerzo de conservación que hasta el momento abarca 4.2 millones de hectáreas, a lo largo de tres provincias en la Amazonía: Pastaza, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.
Para entender su magnitud, basta recordar que el Parque Nacional Yasuní, emblema de la conservación en Ecuador, abarca algo más de un millón de hectáreas (unas 32 veces la ciudad de Quito), mientras que la meta para este corredor es llegar a 5.5 millones de hectáreas de selva protegida en 2028.
Impulsado desde hace ocho años por siete nacionalidades indígenas, ONG ambientalistas —coordinadas por la fundación Naturaleza y Cultura Internacional (NCI)— y las prefecturas de esas tres provincias amazónicas, este megaespacio nació bajo el nombre de Plataforma amazónica por los bosques, el clima y el bienestar humano. Su principal objetivo es llegar a almacenar 2.8 billones de toneladas de carbono, de los cuales ya han logrado 2.3 billones de toneladas.
La NCI la define como “una iniciativa regional de cogobernanza territorial entre los gobiernos provinciales y los pueblos y nacionalidades de la Amazonía”. Una propuesta que busca “conservar y gestionar” esos 4.2 millones de hectáreas, evitando que sus bosques sean afectados o destruidos por la tala indiscriminada y otras actividades extractivas.
Básicamente, se trata de mantener la selva en pie, brindando a las comunidades opciones para satisfacer sus necesidades a través de la bioeconomía para que no tengan la necesidad de talar o permitir el extractivismo.
A través de ordenanzas provinciales se oficializan los espacios que pertenecen a este corredor. Entre las prefecturas y los pueblos y nacionalidades se establecen acuerdos de conservación y con la participación de las ONG se desarrollan emprendimientos. Por ejemplo, en Arajuno la selva se mantiene intacta, mientras el negocio del morete avanza y ya están pensando en su segunda exportación para finales de este año.
Cuidando la selva
Unas “seis millones de hectáreas de bosques de la Amazonía quedan fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”, explica Bruno Paladines, coordinador de la Plataforma Amazónica en la NCI. “Es inmenso: la mayor parte de los bosques amazónicos no ha sido protegida hasta ahora por ese sistema nacional”.
Paladines hace un cálculo basado en su experiencia. Dice que el SNAP posiblemente proteja apenas el 30 % de la selva amazónica. Ahí está la principal razón para este corredor: “No podemos esperar a que el ministerio del Ambiente decida algún día declarar o establecer nuevas áreas nacionales. Para empezar, eso no está en su interés, por ahora, y es muy poco probable que suceda, porque gran parte de esos espacios están concesionados a mineras o petroleras”.
Por eso —insiste—, es importante formar un corredor extenso, continuo y gestionado por las prefecturas —gobiernos locales más cercanos a la gente—, junto a los pueblos y nacionalidades indígenas, “porque resulta que ese territorio, en su gran mayoría, son zonas colectivas de pueblos y nacionalidades indígenas”.
En Pastaza, el corredor abarca 2.5 millones de hectáreas, de las cuales el 94 % pertenece a las siete nacionalidades indígenas que integran el proyecto (Shuar, Achuar, Sápara, Andwa, Shiwiar, Kichwa y Waorani). En Morona Santiago, el corredor cubre 1.2 millones de hectáreas y casi el 76 % corresponde a nacionalidades indígenas. En Zamora Chinchipe aproximadamente el 30 % de las 400 000 hectáreas que integran el corredor pertenece a los indígenas.
Cada área provincial se establece mediante ordenanzas, siempre con conocimiento de las nacionalidades. Paladines lo llama un “acuerdo prelegislativo local”. Estas áreas entran a los planes de ordenamiento con una categoría especial de “conservación y uso sostenible”.
“Se llaman territorios de vida —explica Paladines—. Así los conocen las nacionalidades. La definición de proyectos es acorde con su cosmovisión, sus prácticas, sus planes de protección y pertinencia cultural”. Cita el caso de Morona Santiago, donde los 1.2 millones de hectáreas que pertenecen al corredor fueron creadas gracias a una “construcción colectiva” con las tres organizaciones Shuar y una Achuar de la provincia, quienes dieron su aval a la ordenanza.
Además, en Pastaza y Zamora Chinchipe el corredor incluye planes de Reducción de Emisión por Deforestación y Degradación de bosques (REDD+), una estrategia de los «fondos del clima por deforestación», que intentan levantar financiamiento para proyectos de control y mitigación de la pérdida de bosques. Pastaza los tiene desde 2019 y Zamora Chinchipe acaba de recibir la aprobación del Ministerio del Ambiente.
Pero, ¿cómo se contiene la deforestación? “A través de la bioeconomía y emprendimientos sostenibles, lo que se conoce como las nuevas economías del bosque que, sin destruirlo, puedan generar beneficios y medios de vida sostenibles”, explica Paladines. “Nuestro rol es que no se siga deforestando, que el bosque se mantenga”, agrega.
Mirar la realidad amazónica
La Fundación Pachamama lleva 27 años trabajando en la Amazonía, acompañando pueblos para que puedan conservar sus bosques a través de programas como el de la pulpa de morete.
“No podemos mantener un discurso de conservación sin ver la realidad de la Amazonía y todas sus necesidades”, dice Pablo Balarezo. “El Estado no cubre los servicios básicos: no hay salud, no hay educación, no hay agua. Y no podemos pensar que porque son pueblos y nacionalidades no tienen derechos. Eso sería folclórico”. Balarezo afirma que el Estado no llega y esta ausencia da a las economías extractivistas un nicho. Por ejemplo, entran las madereras y las comunidades, por necesidad, venden. “La gente también queda fácilmente atrapada en la minería”.
Estos negocios sostenibles, en cambio, establecen una cadena colaborativa de valor, en la que una comunidad puede dar la materia prima, otra dar servicios como transporte y logística, y en ciudades como Tena, Macas o Puyo (las capitales de las tres provincias), se les puede dar el valor agregado.
Buscan “crear una nueva economía sostenible, con respaldo de política pública dentro de cada provincia —dice Balarezo—. Estamos trabajando con la Prefectura de Pastaza en la actualización de la agenda productiva y está en planes lanzar una ordenanza provincial de la bioeconomía”.
La provincia de Napo —aún no incluida en el corredor— es considerada el corazón de la bioeconomía en Ecuador y es mirada como horizonte en este proyecto. Allí, en 2017, la bioeconomía fue elevada a política pública con una ordenanza que estableció la chakra como única manera de producir.
La chakra es una pequeña zona (no más de una hectárea) destinada a la agricultura, pero con variedad de productos y tradicionalmente concebida para la alimentación de la comunidad. Una despensa natural que evita los monocultivos. “Y, si ves la chakra con una toma aérea, se camufla con el bosque, en la chakra hay árboles, no hay impacto grande”, explica Balarezo.
De hecho, la chakra fue reconocida por la FAO dentro de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) en 2023. “Esto es como haber ganado un Óscar —dice Balarezo— y nos permite generar economía, un producto con mejor precio, con una trazabilidad de conservación, de responsabilidad social y que está involucrando a varias familias, generando sostenibilidad y pagando un precio justo”.
La bioeconomía viene de la mano de la conservación. Las comunidades firman acuerdos que protegen los bosques y así administran su territorio. En Rucullacta, otra población de Napo, el acuerdo de conservación establece que cada familia tiene un aproximado de 30 hectáreas máximo, y nadie puede expandirse de ahí.
¿Da resultado? Un informe de la FAO estableció que en cinco años, entre 2015 y 2020, estos acuerdos de conservación operaron en más de 7300 hectáreas en la provincia de Napo, mientras que en otras 75 000 hectáreas se crearon planes de co-manejo. Esto redujo 17 % la tasa provincial de deforestación, las emisiones de carbono y se mejoró su almacenamiento, precisamente lo que busca la Plataforma Amazónica por los bosques, el clima y el bienestar humano.
La «carretera» de la megafauna
“No solamente se logra que no se tale, sino que se mantenga el flujo [de especies]”, responde David Romo, director emérito de la Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), ubicada en el parque Yasuní. Romo explica así la importancia del corredor para la biodiversidad, pero especialmente para la megafauna amazónica: jaguares, águilas arpía, tapires, capibaras, monos grandes.
Esos animales necesitan, en promedio, entre 5 y 10 kilómetros cuadrados por individuo, dice Romo, y comenta que para garantizar que estas especies de la cúspide tengan poblaciones saludables, es importante garantizar espacios grandes. “Y ahí entra el corredor porque, siendo continuo, ofrece la posibilidad de que animalitos como guantas, guatusas, capibaras, monos y venados, que van moviendo las semillas y repoblando los lugares deforestados, tengan cómo moverse sin ser cazados, sin ser amenazados”.
Romo narra aquella vez en la que un guía waorani lo llevó a una parcela donde ayudaba a un primatólogo en sus investigaciones. “Este hombre waorani me decía: ‘Mira: esos árboles son la carretera de los maquisapas (una especie de mono araña); y estos otros, la carretera de los chorongos’. Son carreteras distintas para cada especie de mono”. El científico comenta que todavía está tratando de entender qué ven de diferente los monos que él no ve.
Desde el punto de vista biológico —asegura Romo—, si los humanos dejaran de intervenir en el bosque, en algún momento ese bosque regresaría. Pero para que tenga la misma calidad asegura que deben pasar hasta 1000 años. Por eso, la importancia de mantener la selva en pie y esta Plataforma Amazónica, para él, es un “esfuerzo gigante”.
El caso de Morona Santiago
Para entender el mecanismo con el que opera esta Plataforma basta con mirar un caso concreto, como el de Morona Santiago. Desde febrero de 2023, la provincia cuenta con la ordenanza que estableció el «Territorio de vida y uso ancestral Tarímiat Pujutaí Nunka», un nombre en lengua shuar que significa «tierra de los ancestros».
Inicialmente iba a ser definido como un área de conservación y uso sostenible (ACUS), pero las nacionalidades Shuar y Achuar de la zona se resistían a llamar área de conservación a su territorio. Por eso pidieron nombrarlo territorio de vida. Tampoco estaban de acuerdo con el término «uso sostenible», porque asocian esas palabras con extractivismo, así que prefirieron “uso ancestral”.
Tarímiat Pujutaí Nunka atraviesa 10 de los 13 cantones de Morona Santiago y representa, en extensión, más de la mitad de la provincia. “Sí es grandecito”, dice Gabriela Córdoba, analista ambiental de la Prefectura. “El objetivo es proteger fuentes de agua, la cultura, los sitios sagrados, la biodiversidad, sin olvidar actividades productivas, ancestrales y de subsistencia”.
La ordenanza establece la protección, conservación y restauración de los bosques amazónicos, prioritariamente aquellos vinculados al agua, la biodiversidad y las culturas ancestrales. Además, que las actividades productivas pensadas para ejercer esta conservación, así como las obras públicas, deberán guardar concordancia con los planes de vida de las nacionalidades Shuar y Achuar. Sin embargo, no establece prohibiciones o sanciones.
“No podemos llegar y decirles: ‘No vamos a talar, no vamos a hacer esto, o esto otro, porque tendríamos conflictos’ —explica Córdoba—. Más bien es como decirles: ‘Esto sigue siendo suyo, lo único que queremos es ayudarles a que continúen haciendo lo que han hecho por miles de años, conservar este territorio’. Ellos ya tienen en sus planes de vida las zonas productivas, las de conservación. Lo que hizo la ordenanza fue apegarse a eso”.
En esta provincia comenzaron a firmar acuerdos de conservación y desde febrero hasta mayo de 2025 se registraron seis. Con estos acuerdos, a cambio de no talar los bosques, la Prefectura puede entregar incentivos no monetarios a las comunidades, como obras de infraestructura, comunicaciones y proyectos de restauración.
“Decimos: ‘Ustedes quieren conservar, les vamos a ayudar. ¿Qué necesitan?’ Estamos terminando una guía de conservación que establece qué podemos dar nosotros como Prefectura y qué pueden dar los cooperantes. Si son bioemprendimientos, vamos a trabajar con tal ONG. Es la forma más efectiva”, dice Córdoba.
Como parte de este proceso, el 15 de mayo se instaló internet satelital en tres comunidades de Morona Santiago, ubicadas en la frontera con Perú: Numpatkaim, Unkuch y Kunkuk. Según ha manifestado el Pueblo Shuar Arutam en las cuentas oficiales de sus redes sociales, esta obra es vista no sólo como un avance tecnológico, sino como un paso hacia la equidad y el fortalecimiento de sus derechos.
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Un mix con achiote
Canelos, una de las parroquias más antiguas de Pastaza, pertenece a la nacionalidad kichwa. Su territorio abarca unas 19 500 hectáreas. Hasta 2014, como muchas comunidades de la zona, evidenciaron el ingreso de madereros y sucumbieron al negocio.
“Creo que, por desconocimiento, todos vendían la madera. Cortaron bastante”, cuenta Rolan Vargas, el curaca —presidente— de la comunidad. Eso comenzó a cambiar en 2014, cuando Canelos se convirtió en beneficiario de Socio Bosque —un programa impulsado por el Estado, mediante el cual entrega incentivos económicos a cambio de conservar los bosques—. Entonces, establecieron 6000 de sus 19 500 hectáreas para vivienda y producción. El resto entró a los programas de conservación.
Ahora, su comunidad es parte de la Plataforma Amazónica y trabajan productos a base de achiote. Existen unos 230 socios (familias) en Canelos y 110 son productores de achiote.
Con recursos de Socio Bosque y de la NCI construyeron, en agosto de 2023, un centro de acopio y una planta de procesamiento donde “transforman la materia prima”. Llevan año y medio en el negocio y ahora producen achiote en polvo y un mix de especias, que contiene ajo de monte, culantro y achiote. Lo venden en ferias y de manera directa a clientes, pero están por contratar a un ingeniero comercial para que lleve su producto al mercado. Sueñan con verlo en tiendas, supermercados y en el exterior. “Eso permitiría que todas las familias nos vendan y eso irá mejorando su economía”, dice Vargas.
Sobre lo que ha significado ser parte de este bosque continuo, el curaca kichwa responde: “Si no hubiera sido por este corredor, por este grupo de cooperantes, no estaríamos donde estamos, a punto de poner nuestro producto en el mercado. Así contribuimos a mantener nuestros bosques intactos”.
«Brinco al futuro»
Actualmente, explica Bruno Paladines, coordinador de la Plataforma Amazónica en la NCI, trabajan para incluir a la provincia de Orellana en este gran corredor de bosque. Sería la cuarta provincia, pero el objetivo hacia 2028 es llegar también a Napo y Sucumbíos. De esta manera podrían alcanzar la protección del 61 % de los hábitats de las especies de aves de Ecuador. Hoy van en un 47 %, según cuenta Paladines.
Otra meta es constituir un fideicomiso entre los gobiernos provinciales y las nacionalidades indígenas para que el dinero de donantes y cooperantes se distribuya desde ahí. Que las nacionalidades tengan voz y voto para que las decisiones no sean tomadas sólo por el Estado.
David Romo cree que este es el modelo que se debe seguir. Para él, junto con el programa de conservación de la Plataforma debe haber un plan de desarrollo sustentable para esas comunidades. Y va más allá. Cree que hace falta diversificar la productividad en la Amazonía y dejar de pensar que lo único sustentable es el turismo o la agricultura.
“Nos toca cambiar el chip —concluye—. En vez de estar pensando en producir palma africana o yuca, produzcamos programas de computación, centros especializados, juegos virtuales en los que te metes en la selva”, y agrega que mientras el mundo está avanzando a velocidades vertiginosas, “nos falta pegar un brinco y reinventar lo que nosotros queremos hacer con la Amazonía”.
*Imagen principal: las comunidades que son parte de este corredor participan activamente de las decisiones que se toman, junto con las prefecturas y las ONG. Foto: cortesía Rolan Vargas, tomada de la cuenta de Facebook de la comuna de Canelos
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