- Un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Instituto Igarapé revela la presencia de grupos armados en 69 % de los municipios de la Amazonía noroccidental de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
- Autores del informe advierten que el crimen organizado está acelerando el punto de no retorno ambiental y social de la Amazonía, que no solo pone en riesgo sus ecosistemas sino también a las poblaciones que la habitan.
- La expansión de la ganadería es un ejemplo de la compleja interconexión entre los delitos ambientales con las economías legales, de acuerdo con el estudio.
- El documento hace un llamado a la coordinación entre países amazónicos para tomar medidas previo a la reunión de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y previo a la COP30.
El crimen organizado se está apoderando de la Amazonía noroccidental y está acelerando no solo su degradación ambiental, sino que además está gobernando cada vez más territorios. Al menos 17 grupos armados operan en el 69 % de las unidades territoriales de la región con más conflictos socioambientales del mundo, alerta un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Instituto Igarapé.
De acuerdo con el informe Amazonía en disputa, este fenómeno va más allá de la existencia de economías ilegales y grupos armados, pues sostiene que hay lógicas económicas y políticas que coinciden con acciones del crimen organizado en los territorios amazónicos.
Para los autores de este estudio, se trata de un problema de criminalidad que conecta a grupos armados y cárteles con intermediarios políticos y empresas. Esta alianza busca el control de los recursos naturales y los territorios que contienen el 25 % de la biodiversidad del planeta y el 38 % de las selvas tropicales del mundo.
“No se trata únicamente de un conflicto entre actores legales e ilegales, sino de una lucha por el significado mismo del territorio, su uso, su gobernanza y su futuro”, sostiene el documento.
Un pico de expansión criminal en la Amazonía
El estudio detecta la presencia de 17 grupos armados que operan en esta región amazónica. Entre ellos está el Comando Vermelho, Comandos de Frontera, Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Segunda Marquetalia, Primeiro Comando da Capital (PCC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Primeiro Comando da Panda (PCP), Familia del Norte (FDN), Piratas dos Solimões, Tropa do Rei (TDR), Los Choneros, Nueva Generación, B13, La Constru, Tren de Aragua y Rápidos del Amazonas.
De acuerdo con el informe, algunas de estas estructuras, como Comando Vermelho, Comandos de Frontera, EMC, PCC y el ELN tienen capacidad de operación transnacional a través de rutas fluviales, pasos fronterizos y zonas mineras.
Para Rodrigo Botero García, director de FCDS, la región vive una expansión criminal sin precedentes por el auge de las economías ilegales y el sometimiento de territorios en disputa.
“Estamos en un pico de esa expansión en la medida en que se dan dos factores inversamente proporcionales”, explica. “Por un lado, la bonanza económica de las economías ilegales, principalmente la del oro. Y lo segundo es la debilidad institucional creciente”, dice a Mongabay Latam.
Como reflejo de la expansión de las estructuras armadas y su impacto en la Amazonía noroccidental, el estudio menciona varios incidentes violentos documentados en los primeros seis meses de 2025. Uno de ellos ocurrió el 9 de mayo, cuando 11 militares ecuatorianos fueron emboscados y asesinados durante un operativo contra la minería ilegal en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana y zona fronteriza con Colombia.
“Más allá de la magnitud del ataque, este episodio denota el carácter transfronterizo de las amenazas que enfrenta la Amazonía, y la manera en que las lógicas de frontera pueden impactar el interior de los diferentes Estados”, advierte el documento.
La investigación también utiliza los datos oficiales de homicidios, los cuales muestran que las regiones amazónicas de los países analizados —Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela— registran tasas de homicidio superiores a las del resto del país o con crecimiento acelerado.
También detecta que la violencia se focaliza en ríos, zonas mineras y áreas fronterizas donde hay actividades ilegales y operan estructuras criminales.
En Colombia, por ejemplo, los grupos armados son actores clave asociados a la deforestación, pese a que el reciente informe oficial de las autoridades ambientales no aborda directamente su papel en la pérdida de bosques, aunque identifica la tala, los cultivos ilícitos y la minería ilegal entre las causas.
Solo en la región amazónica colombiana el incremento de la deforestación durante 2024 fue del 74 %, de acuerdo con el monitoreo oficial.
Un punto de no retorno en lo ambiental y social
El estudio sostiene que el crimen organizado es uno de los principales aceleradores del punto de no retorno de la Amazonía, un escenario donde la pérdida de selva y bosque transformaría a la región en sabana y reduciría su capacidad de capturar carbono.
Botero señala que este punto de no retorno no solo puede darse en lo ambiental, sino que también pone en riesgo la democracia en los territorios.
“Es muy grave porque reconstruir el Estado no es fácil, y menos cuando la economía ilegal hoy es más fuerte, el control territorial es mucho más marcado por parte de los grupos armados”, dice el director de FCDS.
Para los autores de la investigación, el crimen organizado está construyendo un Estado propio en la Amazonía, que además de la degradación ambiental se expresa en el aumento de las violaciones a derechos humanos mediante delitos como la extorsión, el reclutamiento y desplazamiento forzados, así como las amenazas y homicidios.
“La relación de las comunidades locales en función de aceptar, no solamente el poder de los grupos, sino también las reglas, la ‘justicia’ que aplican, inclusive la definición de los usos del suelo y la disfuncionalidad de las instituciones frente a ese modelo económico y político es muy grave”, comenta Botero sobre la imposición de un gobernanza criminal en zonas de la Amazonía.
Esta violencia también ha generado las condiciones para que la Amazonía sea la región más letal del mundo para defensores ambientales, donde ocurrieron el 55 % de todos los asesinatos de líderes ambientales en el mundo solo en 2023, de acuerdo con el informe.
Crímenes ambientales en legalidad
El estudio destaca a los delitos ambientales como la tercera economía ilegal más lucrativa en el mundo y con mayor crecimiento, generando aproximadamente 281 billones de dólares cada año. Este crecimiento continuo, advierte, hace que los crímenes ambientales sean más adaptables y articulados con otras actividades como el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas, personas y los delitos financieros.
Uno de los patrones que detecta la investigación es que el dinero proveniente de actividades ilícitas en la Amazonía se usa en la extensión de otros crímenes ambientales como la expansión ilegal de la ganadería, considerada como el principal motor de la deforestación en la región, pues está vinculada al acaparamiento de tierras, invasiones y desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
Botero advierte que la relación, cada vez más mayor, entre delitos ambientales y las economías legales implica nuevas dinámicas en el sistema de procesos de lavado de activos y de legalización, los cuales pueden darse en sistemas financieros nacionales e internacionales, así como en procesos de inversión pública.
En el caso de la ganadería, explica que las grandes inversiones en este sector coinciden con zonas de construcción de vías (legales e ilegales) así como en focos de deforestación.
“Lo que hemos venido encontrando es que todos esos sistemas de inversión de gran escala en esas tres variables, deforestación, ganado e infraestructura, generalmente aparecen o se ven asociados a modelos de testaferrato, que hacen parte del sistema de blanqueos”.
El especialista también señala que hay cada vez más indicios de conexiones entre actividades ilegales, delitos ambientales en la Amazonía y esquemas de empresas fantasma para el lavado de activos.
“Se empiezan a encontrar diferentes grupos de interés que tienen relación con algunas de las empresas fachadas, que tienen un portafolio de negocios que se relacionan a su vez con portafolios del sector agropecuario, no exclusivamente ganadero”, detalla.
Responsabilidades y presiones internacionales
Previo al inicio de la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), donde se reunirán mandatarios y representantes de ocho países amazónicos, los autores del informe piden que este fenómeno no solo se aborde en el encuentro, sino también en la agenda de política pública entre todas las naciones involucradas.
Botero asegura que debe haber una presión hacia los tomadores de decisiones para generar acuerdos comerciales que “den línea” rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP-30), que se realizará en Brasil en noviembre.
“Dado que las decisiones de la OTCA no son vinculantes, [espero] que puedan pasar por los acuerdos entre cancillerías para que haya escenarios bilaterales y multilaterales donde esto se pueda volver agenda de política pública”, señala.
El documento también pide atender el fenómeno de criminalidad ambiental con un enfoque económico y de seguridad con medidas de coordinación que atiendan las fronteras en países amazónicos, así como a poblaciones vulnerables que están sometidas a las economías ilegales y a los grupos armados.
“Sin ese componente nos vamos a quedar de nuevo en una receta súper trasnochada, que es la de los operativos policiales y militares, que ha demostrado su ineficiencia y su insostenibilidad a largo plazo”, expone Botero.
El director de FCDS señala que la criminalidad en la Amazonía también implica una corresponsabilidad internacional con países que demandan grandes cantidades de materia prima, principalmente en el caso del oro.
“Nada de esto existiría si no hubiera una demanda de commodities tan importante que van desde la carne hasta la cocaína, desde el oro hasta el coltán, la madera y la biodiversidad. Si no hubiera una falta de regulación en los diferentes mercados esto no estaría ocurriendo”, enfatiza.
Imagen principal: la economía que rodea a la minería ilegal de oro es parte de las estructuras criminales que afectan a la Amazonía noroccidental. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia
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