- En Bolivia, la primera autonomía indígena se consolidó en 2017: se trata del gobierno indígena de Charagua Iyambae, que es parte del pueblo indígena guaraní.
- En la actualidad, existen ocho autonomías indígenas consolidadas en Bolivia y tres de ellas están en tierras bajas, como la Amazonía.
- Además, los pueblos indígenas buscan el autogobierno en otros 25 procesos.
- Poblaciones no indígenas en algunas regiones bolivianas se oponen a que los pueblos originarios impulsen sus autonomías.
El 15 de agosto de 1990 los pueblos indígenas que habitan en tierras bajas (llanos orientales) de Bolivia iniciaron una marcha que exigía, entre muchas demandas, el reconocimiento de sus tierras ancestrales y el modelo de autogobernanza. Fueron 37 días de caminata: desde la ciudad de Trinidad hasta La Paz, recorrieron 640 kilómetros. Se sucedieron otras marchas y llegaron los resultados. En 2009, la nueva Constitución boliviana reconoció la autonomía de los pueblos indígenas. Actualmente, existen ocho autonomías originarias, pero todas tropiezan con la falta de coordinación con el Estado central y también con la nueva forma de hacer gestión pública.
La primera autonomía indígena nació en enero de 2017. Se trata de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, en pleno Chaco boliviano. También es la primera autonomía indígena en Bolivia reconocida como administración pública. Ya no hay alcalde, ni concejales, ni listas de partidos políticos. Los pobladores indígenas se autogobiernan. Ellos crearon sus propias reglas en un municipio, donde también habita población no indígena.
Con casi 72 000 kilómetros cuadrados de superficie, Charagua era el municipio más grande de Bolivia. Lo urbano es muy pequeño. Lo rural es lo más grande. En ese segmento rural están las cuatro capitanías guaraníes. A la autonomía se opusieron desde el principio los grupos de poder de los núcleos urbanos, en general los más acomodados económicamente que los habitantes de las comunidades, pero menos numerosos. La mayoría de la población es rural y tiene rostro indígena. En Charagua, el 89 % de sus 38 000 habitantes vive en comunidades rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La historia se fue dando de a pasos. La población de Charagua decidió, en diciembre de 2009, vía referendo, convertir el municipio en una autonomía indígena.
El 20 de septiembre de 2015, se aprobó vía referendo el estatuto autonómico de Charagua Iyambae. El 53.25 % de la población decidió que ese municipio sea administrado por una estructura indígena.
La nueva forma de gobierno en Charagua está compuesta por 46 autoridades que están distribuidas a través de tres órganos de gobierno: el Órgano de Decisión Colectiva, que es el Ñemboati Reta y la máxima instancia de decisión del gobierno autónomo. Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para el Mboroukua Simbika Iyapoa Reta, que es el Órgano Legislativo y el Tetarembiokuai Reta, que es el Órgano Ejecutivo.
Charagua está compuesto por 137 comunidades. Sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería: siembran, especialmente, maíz, sorgo, arroz y frutales en un territorio moderadamente seco, cálido durante el día, pero también vulnerable a las heladas en invierno.
Las autoridades del Gobierno Indígena de Charagua Iyambae son elegidas a través de consultas, en asambleas, en base a los usos y costumbres de la nación guaraní. El mandato de sus autoridades dura cinco años, en base a un sistema de rotación de sus líderes. Ese tipo de gobierno es financiado con recursos de coparticipación tributaria y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Además, pueden recurrir a fuentes de financiamiento propias, con un régimen impositivo para vehículos e inmuebles, además de impuestos en conservación ambiental.
Delcy Medina es una de las ejecutivas del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Charagua Iyambae (GAIOC). Ella explica a Mongabay Latam que es ejecutiva zonal por Parapitiguasu y es la primera mujer ejecutiva en el Tëtarembiokuai Reta (Órgano Ejecutivo).
“Soy la primera mujer indígena guaraní que está desde la primera parte de la autonomía en Charagua”, relata. La autoridad indígena admite que en un inicio costó imponer el nuevo modelo de autogobierno indígena. “Fue difícil, como todo lo que es nuevo, pero ahora ya estamos más afianzados en la gestión”, dice.
Una de las últimas acciones de Medina fue promulgar una ley que declara la emergencia por los incendios forestales que afectan al área de conservación e importancia ecológica Ñembi Guasu, uno de los territorios de mayor riqueza natural del Chaco boliviano.
Una ruta de exigencias
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, una organización que impulsa iniciativas a favor del medio ambiente y pueblos indígenas, detalla que no todos los pueblos indígenas en Bolivia pueden acceder a la autonomía indígena, debido a las exigencias jurídicas que están impuestas en la Ley Marco de Autonomías. Lo principal es que no todos tienen la cantidad poblacional o la dimensión territorial para llegar a ser un autogobierno.
Según la ley de autonomías, en el territorio deberá existir una base poblacional igual o mayor a 10 000 habitantes en el caso de naciones y pueblos indígena originario campesinos de tierras altas, y en el caso de naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios, que están en zonas bajas u orientales, una base poblacional igual o mayor a 1 000 habitantes, según los datos del último censo oficial.
Sobre la extensión del territorio, cada población indígena debe constatar que existe ya una zona establecida donde vivieron.
“Por ejemplo, está el caso de los araonas, que intentaron establecer su gobierno indígena, pero fue rechazado de entrada porque no cumplían con el requisito de cantidad poblacional. Lo mismo pasó con los movima, en Beni, que tampoco pudieron ser un gobierno”, destaca Monasterio, quien observa que la norma no plantea una solución a estos problemas.
Otro caso es el del pueblo mosetén, que está sobrepuesto a dos departamentos (Beni y La Paz), algo que observa la normativa autonómica. “Los requisitos son muy exigentes y muy burocráticos. Los pueblos indígenas ven un proceso que distrae, que perjudica en su lucha por lo que realmente vale, como la pelea contra la minería ilegal”, añade Monasterio.
En el nuevo texto de la Constitución de 2009 se reconoce como autonomía indígena a los territorios indígenas, a los municipios y regiones que decidan adoptar esta cualidad. En ese sentido, la Ley Marco de Autonomías (No. 031) y su modificatoria, la Ley No. 1198, son las que regulan los procedimientos que deben cumplir los pueblos indígenas que decidan transitar hacia la conformación de sus gobiernos autónomos.
A la fecha, en Bolivia existen ocho autonomías indígenas constituidas: dos en el marco de su territorio indígena y seis por conversión de municipio a autonomía indígena. En cuanto a su ubicación, tres se encuentran en tierras bajas y cinco en tierras altas. Por otro lado, existen 25 procesos que transitan hacia esta forma de gobierno: 13 por territorio indígena y 12 por conversión de municipio, según datos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Además de Charagua Iyambae, hay otras dos autonomías que están en tierras bajas: Kereimba Iyaambae, que era el municipio de Gutiérrez en Santa Cruz y que es territorio guaraní; y el Gobierno Indígena Autónomo de Territorio Indígena Multiétnico (TIM), que reúne a cinco pueblos indígenas de la Amazonía: mojeño ignaciano, mojeño trinitario, movima, yuracaré y t’simane.
Tras muchos años de reclamos, desde noviembre de 2023 el TIM funciona como un gobierno indígena territorial. Tienen un cacique, que es la autoridad máxima y se llama Alfredo Matareco. Además, cada pueblo indígena tiene una asamblea.

El TIM es un territorio ocupado ancestralmente por indígenas, pero no fue hasta 2019 que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) les entregó sus títulos de propiedad comunitaria. Antes, estas tierras eran del Estado y habían sido entregadas en concesión a empresas madereras privadas que acabaron con la mara y otras especies de árboles muy apetecidas en Europa y otros continentes.
Aquel contexto llevó a los habitantes del TIM a gestar el reclamo que se inició con una marcha indígena denominada “Por el territorio y la dignidad”, en 1990. Hoy, 35 años después, aquel movimiento se convirtió en un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC).
“Nuestra lucha es de muchos años atrás. Nosotros vivíamos en nuestro territorio, pero no era nuestro en papeles. Éramos huéspedes acá en nuestra casa grande. Hicimos marchas, protestas y esperamos mucho para que nos atendieran. Ahora, somos un gobierno indígena, tenemos nuestras reglas, pero también tenemos problemas”, relata Matareco a Mongabay Latam.
Logro alcanzado a pesar de los obstáculos
La actual senadora indígena por el Beni, Cecilia Moyoviri Moye, mojeña trinitaria que también participó de la marcha de 1990, dice que, pese al respaldo de la Constitución, hubo muchas trabas para llegar a este logro. “Ellos [la dirigencia del TIM] venían trabajando, pero no se los escuchaba y, como parlamentarios, nuestro trabajo es conseguir que nuestros territorios sean autónomos, porque sabemos que, sin territorio, no hay pueblos indígenas”, asegura.
Junto a Matareco también posesionaron los corregidores del TIM al consejero Joaquín Noza; a la operadora de Recursos Naturales y Desarrollo Productivo, Ignacia Tamo Moye; y a la operadora de Servicios Sociales y Culturales, Aurora Limpias Zeballos. Todos ellos recibieron el bastón de mando en noviembre de 2023 y son como los secretarios o ministros de un gobierno local, en este caso del TIM.
Leonardo Tamburini, director de la organización ORÉ, una institución que promueve el apoyo legal y social a pueblos indígenas, explica a Mongabay Latam que si se mide el proceso de la autonomía indígena en Bolivia en términos cuantitativos, existen muy pocos gobiernos indígenas consolidados, pero si se lo mide en términos relativos, el avance “no es tan despreciable”.
Tamburini detalla que las autonomías indígenas son una innovación en la estructura de la gestión pública local muy diferente a la municipal. Para el experto, las dificultades que generalmente enfrentan estas autonomías son la poca atención de las autoridades nacionales y departamentales, los problemas internos de organización y ejecutar las nuevas funciones que tienen las autoridades indígenas.

“Cada caso es particular, porque los pueblos, las tradiciones de gestión territorial e incluso los componentes sociales al interior de los territorios son diferentes. Los casos más cercanos son Charagua y Kereimba, ambos guaraníes, colindantes territorialmente con terceros no indígenas en su interior y una tradición de gestión municipal en las capitanías”, detalla Tamburini.
Sobre los pueblos indígenas que están en proceso de consolidar una autonomía, Tamburini dice que “el gran problema es la increíble cantidad de requisitos, pensados para desincentivar el acceso, en vez de convertir el proceso en una transición al nuevo gobierno”.
Mientras, Miguel Vargas, director del CEJIS, califica el proceso autonómico indígena como “lento y tortuoso”. “Los problemas son múltiples. En la etapa de acceso, los pueblos indígenas enfrentan la burocracia estatal y un procedimiento que restringe el ejercicio del derecho a la autonomía. El cumplimiento de 12 requisitos establecidos por la normativa autonómica hace que el proceso sea en gran medida inviable”, afirma Vargas. “A esto se suma la oposición de actores estatales, principalmente autoridades municipales, que perciben las autonomías como una amenaza a su poder”, asegura.
Clemente Salazar, presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario Campesinas (CONAIOC), también tiene reparos con los requisitos para acceder a las autonomías indígenas. “Hay normativas nacionales que nos marcan muchos requisitos y ese problema tiene que ver con las instancias a las que se tiene que recurrir, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral y el Viceministerio de Autonomías, además de otros espacios del Estado central”, cuestiona.
Un mundo de requisitos
En Bolivia, los municipios que quieren convertirse en autonomía indígena deben cumplir con 12 requisitos, mientras que para los territorios indígenas originario campesino tienen que atravesar 13 exigencias legales. Entre los requisitos establecidos están la presentación de algunos certificados, como el de Condición de Territorio Ancestral, el de Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional, la consulta de acuerdo a procedimientos propios, un referendo de acceso, entre algunos.
De acuerdo con la Ley número 031, el acceso a la autonomía indígena a través de la conversión de municipio se activa por iniciativa popular –referendo- impulsada por las autoridades indígenas; mientras que el acceso por vía territorial se activa mediante consulta hecha según normas y procedimientos propios, por las y los titulares del territorio indígena.
Mongabay Latam intentó tener una posición de Claudia Peña, directora del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), pero la funcionaria no contestó el requerimiento. Sin embargo, la senadora Moyoviri considera que los requisitos para acceder a una autonomía indígena deben reducirse y ser menos burocráticos. “Por ejemplo, hay territorios que pertenecen a dos municipios o hasta a tres, o también son parte de dos departamentos. Estos territorios están obligados a no ser autónomos por ese problema”, dijo la legisladora a Mongabay Latam.
Otro de los obstáculos por los que atraviesan los pueblos indígenas es el rechazo de población no indígena que habita en sus territorios y los actuales gobiernos municipales donde se encuentran quienes demandan la autonomía. Uno de los casos es San Antonio de Lomerío, que está en el departamento de Santa Cruz y que reúne a las comunidades indígenas monkoxi. Este pueblo ya aprobó su estatuto autonómico por aclamación (voto realizado por costumbres indígenas) el 4 de diciembre de 2020 en una asamblea general extraordinaria.

En esa fecha, autoridades del municipio procedieron al bloqueo de los caminos y promovieron la instalación de actos de violencia contra los delegados de las comunidades que pretendían asistir a la asamblea, según indica la dirigencia indígena.
Sobre el tema, el presidente del Concejo Municipal de San Antonio de Lomerío, Ignacio Soriocó, afirmó a Mongabay Latam que 17 comunidades de las 29 que integran el municipio firmaron un voto resolutivo rechazando el estatuto autonómico indígena por “aclamación”. “Están intentando aprobar el estatuto sin una consulta democrática, simplemente levantando la mano en una asamblea. Eso no solo es ilegal, sino ilegítimo”, dijo.
Por su parte, María Choré, presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de Lomerío y del Consejo Consultivo Autonómico de Lomerío, relató que desde 2019 tienen la facultad de aprobar sus estatutos por normas y procedimientos propios y en concordancia con la Constitución.
“Estamos viviendo una situación crítica causada por los funcionarios del gobierno municipal. Hay bloqueos a San Antonio de Lomerío en la ruta. Ellos no quieren que nosotros seamos un gobierno indígena”, reclamó.
El territorio de San Antonio de Lomerío fue el primero en expresar su voluntad por acceder a la autonomía indígena en 2008, pero el proceso ha sido difícil. El primer estatuto indígena se aprobó en 2013 y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tardó año y medio en revisarlo. La aprobación por normas y procedimientos propios sucedió en diciembre de 2020, pero el gobierno municipal de San Antonio impugnó esa aprobación.
Raquel Antúnez, de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originaria Campesinas (CONAIOC), afirma que la pelea que da el pueblo monkoxi no debe detenerse y las autoridades deben continuar con la presentación de requisitos para lograr su búsqueda: ser un pueblo autónomo.
Imagen principal: la mayoría de los pueblos indígenas en Bolivia aprueba la elección de la autonomía indígena por votación en una asamblea. Foto: cortesía OEP