- Seis de cada diez de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y llevadas a tribunales son anuladas por fallas y deficiencias en el procedimiento.
- Así surge de una consulta de Mongabay Latam al organismo a través de una solicitud de acceso a la información pública.
- La Conapesca señala que para evitar el riesgo de impugnaciones se requiere aumentar el personal y una reforma de la ley en materia de pesca.
- Las sanciones son clave para controlar y prevenir la sobrepesca, pesca ilegal y fuera de veda, con el fin de proteger el mar y su biodiversidad.
Después de dos años, Jesús, un pescador a quien llamaremos así por seguridad, está a punto de lograr que se anule la multa de 220 000 pesos (12 000 dólares) que le impuso la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), a través de una impugnación interpuesta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), una institución que resuelve controversias en la Administración pública.
A Jesús lo acusaron de transportar artes de pesca ilegales por no tener colocado el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET), ideado para que las tortugas marinas escapen cuando son atrapadas por las redes de pesca. La versión de Jesús es que cuando el personal de la Conapesca lo inspeccionó, él se encontraba en tránsito y no estaba pescando.
Su abogado argumenta que hubo deficiencias durante la inspección y también en el Proceso Administrativo Sancionador (PAS). Este último es el trámite que tiene por objetivo sancionar infracciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) con multas, decomisos y hasta la cancelación del permiso de pesca.
De acuerdo con el abogado, el acta no levantada en el sitio de la inspección y sin la inclusión de los argumentos de Jesús fueron las principales irregularidades del caso.
Su caso no es aislado. Entre 2019 y noviembre de 2025, 101 sanciones impuestas por la Conapesca fueron impugnadas. En el 12 % de esos casos, el TFJA le dio la razón al organismo de pesca y respaldó la sanción. Sin embargo, en el 63% de los casos las anuló. En el 25 % de las impugnaciones restantes se desconoce la resolución.
Para saber cuántas sanciones de la Conapesca han sido impugnadas y cuantificar cuánto dinero queda sin cobrar por supuestos errores e irregularidades en el PAS, Mongabay Latam solicitó a la Conapesca, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las resoluciones impuestas e impugnadas ante el TFJA en los últimos siete años.
Entre las infracciones más frecuentes por las que la Conapesca ha abierto un PAS y que constituyen pesca ilegal se encuentran: pescar sin concesión o permiso; extraer un volumen de especies mayor al autorizado; no llevar la concesión o permiso a bordo; usar o transportar artes de pesca prohibidas; capturar, transportar y comerciar especies en veda o que no cumplan con la talla.
Pese a estos datos, Olaf Bermúdez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca, asegura que, la mayoría de las veces, el TJFA confirma las resoluciones impuestas por el organismo u ordena corregir el PAS para obtener una nueva resolución.
No obstante, Bermúdez reconoce que hay resoluciones en las que se identifican vicios en el proceso que dan pauta a la nulidad, mientras que en otros casos la nulidad está relacionada con los criterios que aplica el TFJA.
“Es importante señalar que hay tribunales que manejan criterios muy particulares que no compartimos y que obviamente no corresponden a la normatividad vigente en la cuestión pesquera. Ante eso ya no tenemos elementos de defensa. Los criterios que tienen son muy variables, entonces lo que uno ve como bien hecho, ellos determinan que está mal”, explica sin detallar qué tipo de criterios.
Como resultado de las anulaciones, 9 113 448 pesos (un equivalente a 500 000 dólares) en multas quedaron sin efecto en los últimos siete años.
“Emitir una multa no quiere decir que la persona no tenga un derecho de defensa y que va a terminar en una recaudación, ya que en muchas ocasiones [durante] la integración de los expedientes se dan algunas fallas y cuando llega ante las manos de un juez se pierde el caso”, explica José Luis Carrillo, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop).
Debilidades del Proceso Administrativo Sancionador
Jesús cuenta que llevaba 16 días en el mar y le faltaban otros 15 para terminar el viaje a bordo del barco camaronero donde era capitán. Era mediodía y la embarcación estaba en tránsito cuando fueron interceptados por dos fragatas con personal de la Conapesca y de la Secretaría de Marina (Semar).
En el momento de la inspección, dice, la tripulación estaba quitando el Dispositivo Excluidor de Tortugas (DET) de una red para ponérselo a otra. Pese a esto, las autoridades le ordenaron que se dirigieran al puerto más cercano donde le levantaron el acta de inspección.
A partir del acta levantada por los Oficiales Federales de Pesca, la Unidad de Asuntos Jurídicos inició un PAS que impuso una multa de 220 000 pesos (12 000 dólares). Sin embargo, Jesús la impugnó por supuestas irregularidades.
Según alega su abogado, Antonio Bautista, los inspectores debieron levantar el acta en el sitio de la inspección y, además, no se consideraron los argumentos de Jesús en el acta.
“Nuestra visión no es fomentar la pesca ilegal, sino combatir las irregularidades dentro del procedimiento administrativo”, indica el abogado.
Según Bautista, estas irregularidades ocurren principalmente por la falta de personal para realizar las labores de inspección y vigilancia. En su opinión, eso hace que los oficiales tengan largas jornadas nocturnas o bajo el sol. La prisa y el cansancio influirían en cómo levantan el acta.
“El oficial de pesca tiene que detallar bien los hechos y omisiones durante el acto tal como lo marca la ley, porque de lo contrario se les cae el acta de inspección o el procedimiento administrativo”, dice Bautista.
En México hay 60 embarcaciones, 103 vehículos y 166 oficiales federales de Pesca encargados de asegurar el cumplimiento de las leyes de pesca, combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marinos y acuícolas de 11 122 kilómetros del litoral nacional. Esto equivale a cinco inspectores, dos embarcaciones y tres vehículos por estado.
“Es muy poco personal para cubrir toda la extensión de territorio a través de los recorridos. La mayoría de los casos que procesan son algunos infraganti, pero la mayoría es a través de denuncias”, señala Rodrigo Elizarrarás, director general de Humint Mx, una consultora especializada en el análisis de riesgos sociales, políticos y de seguridad.
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señala que si no hay condiciones mínimas, como personal y herramientas, el sistema para sancionar infracciones de pesca falla.
En su experiencia trabajando en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca hasta 2018, Bautista vivió la sobrecarga de trabajo que tiene el personal y que, según dice, afecta la conformación del expediente y su resolución.
Esta situación también la perciben las Cooperativas Pesqueras y Acuícolas. “La Conapesca no tiene capacidad jurídica ni capital humano para hacer las investigaciones, por eso hay un retraso en los procedimientos legales y administrativos, por falta de personal”, señala José Luis Carrillo, el presidente de la Conmecoop.
Actualmente hay 22 personas adscritas a la Unidad de Asuntos Jurídicos que están encargadas de atender los asuntos legales de la Conapesca, de las cuales solo ocho se encargan de atender y resolver las infracciones en materia de pesca, de acuerdo con una solicitud de información.
“La Unidad de Asuntos Jurídicos siempre ha carecido de personal. Está el personal de base y se refuerzan con personal eventual, pero cada año no se sabe si va a haber presupuesto para contratarlos. Entonces, en ese lapso, pues se viene la sobrecarga de trabajo: no revisan bien los expedientes, las pruebas, la documentación presentada y sacan un procedimiento administrativo todo mal hecho”, señala Bautista.
Aunque puede haber casos más sencillos, ocho personas son muy pocas para atender todos los casos, según Rodrigo Elizarrarás, aunque reconoce que hay juzgados que trabajan con menor personal y es una carga promedio en el país. “¿Cuántos casos se están acumulando ahí?”, se pregunta. Seguramente, “hay un importante rezago”, agrega.
“La Conapesca es una institución totalmente rebasada para los más de 11 000 kilómetros de litoral. Un área jurídica sin importancia en términos de recursos es una receta para la mala vigilancia y expedientes frágiles que se pueden impugnar con facilidad”, señala Olivera.
Bermúdez, de la Conapesca, reconoce que, además de la carga laboral, también dependen de otras instancias externas para avanzar en la resolución de los casos.
“[La carga de trabajo] hace que siempre estemos un poquito en desventaja respecto de lo que tenemos pendiente por tramitar y lo que nos sigue llegando día a día. El propósito es tratar de resolver, no desfasarnos y ajustarnos lo más posible a lo que establece para tal efecto la ley. Pero no es nada más la cuestión del procedimiento administrativo como tal, sino que implica otras áreas y eso desafortunadamente nos atrasa”, explica.
El problema es que estos factores pueden contribuir a que los esfuerzos de denuncia, de inspección y de vigilancia terminen anulados en el TFJA.
“Hay muchos pequeños factores que son muy frágiles dentro del proceso administrativo y fácilmente una autoridad judicial lo desestima porque no tiene los elementos y anula el caso. Yo creo que en la mayoría de los casos, con un buen abogado se puede encontrar las fallas en el debido proceso y de ahí echarlo abajo”, señala Elizarrarás.
De acuerdo con Olivera, si el sistema para sancionar infracciones en temas de pesca es débil, no hay ningún tipo de disuasión para quienes hacen pesca ilegal y eso termina afectando principalmente a los recursos pesqueros y a quienes viven de ellos.
“La anulación de casos alimenta la impunidad porque el mensaje que envía es que es fácil evadir las sanciones y elimina la disuasión. Si las sanciones se caen, se debilitan las medidas básicas de manejo y quienes terminan pagando todo el costo son las especies, los recursos pesqueros y la confianza de las comunidades”, señala Olivera.
Rumbo hacia subsanar las debilidades del PAS
Actualmente hay iniciativas para ayudar a solventar las irregularidades y errores del personal en la Unidad de Inspección y Vigilancia, como la incorporación de pescadores afiliados a la Conmecoop en los recorridos.
“Hacemos operativos colaborando con la Secretaría de Marina y la Conapesca. Tenemos Comités de Inspección y Vigilancia Comunitarios que permiten presionar para que el PAS vaya correcto y puedan darse las condiciones para que se apliquen las sanciones correspondientes”, dice Carrillo.
Sin embargo, para Bautista, de fondo se necesita aumentar el personal de la Unidad de Inspección y Vigilancia y de Asuntos Jurídicos de la Conapesca y capacitarlos para que hagan una actuación correcta.
En ese sentido, Bermúdez señaló que ya han solicitado al titular de la Conapesca, Rigoberto Santiago, el aumento del personal encargado de los procesos legales en materia de pesca.
“Vemos que están muy saturados de trabajo y al momento en que podamos contar con algún par de elementos más, o lo que las circunstancias permitan, eso nos va a ayudar ya que no estarán tan presionados y eso permitirá un trabajo más analítico y más preciso”, afirmó.
Agregó que también se requiere atender lagunas legales que existen dentro de la ley que regula la pesca en México. Aseguró que para eso están trabajando en un proyecto de reforma que evitaría el riesgo de que las sanciones sean revertidas en el TFJA.
Imagen principal: los expertos consultados resaltan que la Conapesca es una institución totalmente rebasada para los más de 11 000 kilómetros de litoral mexicano. Foto: Daniela Reyes
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