La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró más de 20 defensores ambientales indígenas asesinados desde 2020 en Perú. Los ataques a los líderes se deben a su trabajo de protección de los bosques y sus territorios comunales.

Para luchar contra los grupos criminales que los acechan, los pueblos indígenas se han organizado en guardias. Vladimir Pinto, abogado de la organización Amazon Watch, señala a Mongabay Latam que la autodefensa indígena es un sistema de justicia propia que no cuenta con el apoyo del Gobierno peruano por falta de recursos financieros en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

—¿Qué es el sistema de autodefensas indígenas?

—Los pueblos indígenas tienen el ejercicio del derecho a la autonomía, y como parte de su autonomía pueden establecer mecanismos, instituciones, normas internas para garantizar la protección de sus territorios o de sus derechos cuando sienten que hay una amenaza externa, como la de las economías ilegales actualmente.

Pueden establecer sistemas de protección que toman distintos nombres, como el grupo Charip, de los wampis, o las guardias indígenas que están en la selva central, distintas estrategias que se pueden comprender como parte de estos sistemas de autodefensas indígenas.

—¿Qué funciones pueden realizar las guardias indígenas?

—Los pueblos indígenas pueden ejercer su autonomía y establecer sus mecanismos de defensa, llamenlos como los llamen, de acuerdo a las normas del derecho internacional, la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo, OIT] y el artículo 149 de la Constitución Política de Perú, que básicamente dice que pueden ejercer su justicia propia y este mecanismo de autodefensa puede ser parte de esa justicia propia. Las funciones que ejercen son las que deciden ellos, siempre y cuando respeten el marco de protección de los derechos humanos, como dice el artículo 149 de la Constitución.

Por ejemplo, los pueblos indígenas pueden establecer mecanismos de protección de sus territorios en cuanto a quién entra, quién sale, pueden establecer sanciones para las personas que delincan dentro de sus territorios, para quienes no respeten las normas de convivencia que ellos han establecido, pueden establecer mecanismos de acción contra el crimen.

—En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) existen comités de autodefensa reconocidos por el Gobierno. ¿Por qué no sucede lo mismo en otras partes del país?

—Lo que sucede en el caso de las comunidades indígenas del Vraem es que se amparan en el Decreto Legislativo 741. Ellos crearon los comités de autodefensa del tiempo de Fujimori, en 1991 y 1992. Entonces esta es una norma especial que se dio para reconocer estos espacios, estas formas de organización para enfrentar a los movimientos alzados en armas: los grupos terroristas. Y en ese contexto se creó esta figura que se ha utilizado en el Vraem.

Pero la nueva ley de 2022, la Ley 31494, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana —que no necesariamente está enfocado en pueblos indígenas—, es una norma de alcance más general. Los pueblos indígenas a veces se adecúan a esta legislación, pero en realidad deberían ampararse más en el Convenio 169 y en el artículo 149 de la Constitución. Los comités de autodefensa indígena son ejercicio de justicia propia.

—Pese al trabajo de los pueblos indígenas para protegerse del crimen organizado, ellos continúan siendo amenazados. ¿Cómo actúa el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en estos casos?

—El mecanismo termina siendo un organismo reactivo, un espacio en el que los pueblos indígenas acuden cuando ya hay situaciones de amenaza muy graves para que protejan a los defensores que están en riesgo de muerte, en la mayoría de los casos, o en una situación de amenazas que alerta al sistema de Justicia. Y obviamente este mecanismo está rebasado por la cantidad de problemas que existen y por los pocos recursos que tiene. Debería ser enfocado como una política de Estado multisectorial.

El diseño es así, pero en la práctica se lo cargan a unos poquitos funcionarios del Ministerio de Justicia, que tienen muy pocos recursos para enfrentar estos problemas, entonces, por eso, los pueblos siguen siendo amenazados y es muy poco lo que se puede resolver con esta vocación reactiva que tiene el Estado. Más allá de la buena voluntad o el trabajo esforzado que hagan los funcionarios a cargo, no queremos cuestionar eso, pero se necesita mucha más inversión y visión conjunta de parte del Estado.

—¿Cómo debería contribuir la población civil para apoyar a los pueblos indígenas en su protección?

—En general, el Gobierno tiene la opción de implementar planes de vida para los pueblos indígenas para tener un desarrollo con identidad, un desarrollo propio, como ellos lo quieran llamar, de buen vivir.

Pero también la sociedad en su conjunto debe asumir responsabilidades por los problemas que están generando la crisis actual. El mercado de drogas internacional, el mercado del oro internacional, la sociedad civil del Norte [Global] debe asumir su responsabilidad en torno a esto y sus gobiernos también. Y la cooperación internacional debería orientarse hacia la protección efectiva de los pueblos en el campo, no tanto hacia la burocracia o hacia visiones muy generalistas sobre estos problemas.