- La noche del derrame, la empresa contrató alrededor de 20 miembros de la comunidad para trabajar levantando barreras, señala Juber Dóñez, teniente gobernador de la comunidad.
- Los residentes de las comunidades solicitan ropa de protección y el pago inmediato para los trabajadores.
- Los pobladores de Barranca temen por la contaminación del agua y la posible acumulación de sustancias tóxicas en los peces que comen.
Tres días después de que el derrame de petróleo fuera reportado en sus tierras, los residentes de la pequeña comunidad ribereña de Barranca, en el noreste peruano, se preocupan por el impacto ambiental y al mismo tiempo temen quedar al margen de los trabajos de limpieza.
En estas fotografías captadas hace pocas horas en la zona del derrame es posible observar el impacto que este ha generado en esta zona de la Amazonía peruana.
Los residentes que ayudaron a bloquear el avance del derrame la noche del 24 de junio, dicen que vieron petróleo a varios kilómetros por el barranco y por debajo del punto donde el Oleoducto Norperuano se rompió. Ellos señalan que la lluvia lavó un poco el crudo fuera de la quebrada y en un pantano de palma.
En notas de prensa, Petroperú, la empresa estatal de petróleo que opera la tuberías, ha negado que el crudo haya afectado algún cuerpo de agua.
La compañía ha estimado el derrame en 447 barriles, mientras que el sector ambiental del gobierno ha señalado que son 600 barriles.
El derrame fue detectado la noche del 23 de junio por un poblador local, quien estaba cruzando el barranco cuesta abajo a la altura del punto en el que la tubería estaba goteando y vio aceite en el agua, de acuerdo a los residentes. Este reportó el hallazgo a las autoridades de gobierno en la tarde del 24 de junio, y el personal de Petroperú arribó esa noche para buscar la fuente de la fuga.
La empresa contrató alrededor de 20 miembros de la comunidad que trabajaron toda la noche levantando barreras, como lo menciona Juber Dóñez, teniente gobernador de la comunidad, quien se queja de que los hombres siguen esperando su pago.
Dóñez dijo que los residentes están preocupados porque “no hay dónde pescar”. La gran inquietud, sin embargo, parece ser que los contratistas que trabajan con Petroperú en la limpieza, están llevando trabajadores de otros lugares en lugar de contratar a los residentes locales.
En una reunión del 27 de junio con un representante de relaciones comunitarias de Petroperú, los líderes de la comunidad preguntaron por los trabajos y, además, pidieron cosas como un generador eléctrico para el poblado, un motor fuera de borda y asistencia para la escuela local, de acuerdo con las minutas de la sesión.
Más tarde ese mismo día, miembros del Frente de Defensa del Marañón, un grupo de base con sede en la capital de la provincia vecina de San Lorenzo y un concejal provincial hicieron una caminata de una hora a través de senderos fangosos de Barranca hacia la zona del derrame.
En el punto donde se produjo la fuga, la tubería estaba aproximadamente unos dos metros bajo tierra. Trincheras alrededor de la sección rota habían sido cubiertas con plástico azul y rodeadas con cinta amarilla impresa con la advertencia de “peligro”.
El penetrante olor del aceite flota en el aire y el petróleo tiñe la vegetación cuesta abajo. Barreras flotantes han sido colocadas en la corriente baja para detener el aceite que traspasa la barrera.
Cerca de allí, sacos de escombros contaminados están apilados junto a una piscina de almacenamiento llena de aceite recuperado. Esa zona también está cubierta de plástico azul.
Cuando el grupo regresó del sitio, los líderes del pueblo llamaron a una asamblea comunitaria al aire libre, que reunió a cerca de 150 personas en la plaza central.
Roy López, que dirige el frente de defensa, prometió el apoyo de su grupo a Barranca y urgió a los residentes a insistir en el pedido de ropa de protección y el pago inmediato para los trabajadores. Un informe inicial de las autoridades locales de salud señaló que los trabajadores del lugar carecían de equipo de seguridad apropiado.
En la asamblea, los residentes decidieron realizar una protesta al día siguiente en el lugar del derrame para presionar por sus demandas. En la mañana del 28 de junio, sin embargo, Germán Velásquez, presidente de Petroperú, llegó a la comunidad y firmó un acuerdo señalando que el personal de la compañía daría prioridad a los residentes de Barranca en la contratación para puestos de trabajo, y proporcionaría comida no especificada y agua.
Más tarde ese día, las dos empresas que manejan la limpieza en el lugar comenzaron a contratar a un primer grupo de 100 trabajadores, indicándoles que empezarían a trabajar al día siguiente.
La fuga en Barranca es el tercer gran derrame de este año a lo largo de la gastada tubería que traslada el crudo desde los antiguos campos amazónicos de petróleo de Perú a través de las montañas de los Andes hasta la costa del Pacífico.
A lo largo de la ruta, la tubería pasa a través del territorio de varias comunidades ribereñas, muchas de ellas indígenas.
La gente de la región tiene una relación compleja con la industria petrolera. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene una lista que incluye decenas de lugares contaminados en yacimientos de petróleo y a lo largo de la ruta del gasoducto, y las organizaciones indígenas han exigido la rehabilitación de los terrenos y la indemnización por los daños y perjuicios.
Los residentes también se preocupan por la contaminación del agua y la posible acumulación de sustancias tóxicas en los peces que comen, sobre todo porque una agencia gubernamental encontró plomo y cadmio por encima de los niveles máximos permitidos en el pescado capturado, cerca de los sitios de derrames ocurridos en enero y febrero.
Las protestas son a menudo silenciadas, porque las compañías petroleras son una de las pocas fuentes de trabajo estable en la zona. Asimismo, suelen proporcionar otros beneficios, como el transporte en caso de emergencias médicas, ya que los pueblos están lejos de los centros de salud.
En estas comunidades donde la gente depende principalmente de una agricultura de subsistencia y de la pesca, con esporádicas jornadas de trabajo que pagan solo unos pocos dólares al día, los derrames de los ductos en los últimos años han significado un golpe de suerte, junto con las preocupaciones ambientales.
Los obreros que trabajan a lo largo de los ríos Morona y Chiriaco, donde ocurrieron los derrames a principios de este año, ganan alrededor de $45 al día por semana laboral de seis días. En el pueblo indígena kukama de Cuninico, en el valle del bajo Marañón, donde la tubería liberó alrededor de 2000 barriles en el 2014, muchos residentes utilizan sus salarios diarios de $20 para reconstruir o ampliar sus casas con estructuras de madera y reemplazar los techos de palma con estaño.
Sin embargo, los precios subieron con la circulación de dinero en efectivo y no regresaron a sus niveles originales hasta que la limpieza terminó y los puestos de trabajo desaparecieron, según el presidente del pueblo, Galo Vásquez. Aldeanos que dependían de la pesca como medio de vida antes del derrame, ahora capturan menos peces, y los compradores han evitado Cuninico desde que se produjo el derrame, dijo Vásquez.
En la Asamblea de la tarde en la plaza de Barranca, Andy Muñoz de la comisión técnica del frente de defensa habló a los residentes sobre el impacto ambiental del derrame.
Petroperú debe pedir permiso antes de cortar árboles para construir campos y las calzadas, y debe compensar a la comunidad por la madera, dijo Muñoz, un ingeniero forestal.
También advirtió que los impactos sobre la fauna silvestre podrían afectar la cadena alimenticia de la que dependen los seres humano. “Si tú cazas animales, ¿qué agua ha estado bebiendo ese animal?”, se pregunta Andy Muñoz.
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