- A mediados de enero Brasilia emitió la Ordenanza 80, que traspasa las decisiones sobre la demarcación del territorio indígena de Funai, la agencia para asuntos indígenas, al Ministerio de Justicia. Los grandes terratenientes aplaudieron la medida mientras que los activistas por los derechos de las tierras indígenas se opusieron a ella.
- La población de Brasil incluye 900 000 indígenas, de los cuales 517 000 viven en tierras reconocidas oficialmente como tierras indígenas. Hacia el 13 por ciento del territorio del país está reservado como territorio indígena —98,5 por ciento de ese territorio está en el Amazonas—.
- El proceso de demarcación ha estado plagado de polémica; Funai ha retrasado la demarcación del territorio indígena durante años y en algunos lugares, durante décadas. Las autoridades federales argumentan que el traspaso del proceso de decisión al Ministerio de Justicia acelerará la resolución de los conflictos territoriales.
- Los opositores a la Ordenanza 80 dicen que el traspaso al Ministerio de Justicia le quita poder a Funai para decidir asuntos relacionados con las demarcaciones indígenas a través de consultas con expertos técnicos y antropólogos, una autoridad que está consagrada en la Constitución brasileña.
Con la publicación de un decreto federal a mediados de enero, el gobierno brasileño anunció importantes cambios en el proceso por el cual demarca, formalmente, los territorios indígenas —es una iniciativa aplaudida por el grupo de presión de la agricultura industrial, los ruralistas, y los grandes terratenientes, aunque los activistas por los derechos territoriales indígenas lo recibieron con alarma—.
El decreto federal, conocido como Ordenanza 80, trasfiere las decisiones relacionadas con el reconocimiento de los límites del territorio indígena al Ministerio de Justicia, al quitar esas decisiones de las manos de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), que, previamente, había demarcado los territorios indígenas basándose en la investigación técnica y el análisis antropológico.
La población de Brasil incluye 900 000 indígenas, de los cuales 517 000 viven en territorios indígenas reconocidos oficialmente. Cerca del 13 por ciento del territorio del país está reservado como territorio indígena —98,5 por ciento está dentro de la región legalmente designada del Amazonas—.
El proceso ha estado plagado de polémica; Funai ha retrasado la demarcación del territorio indígena durante años y en algunos lugares, durante décadas. La Ordenanza 80 es el intento más reciente del gobierno de Temer (a veces llevado a cabo en secreto) para acabar con el actual proceso de demarcación de Funai, probablemente para ejercer un mayor control sobre el proceso.
El Ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, firmó la Ordenanza 80, que crea una comisión especial para evaluar el trabajo de demarcación territorial de Funai. Este Grupo Técnico Especializado (GTE) incluirá una asesoría jurídica del Ministerio de Justicia así como representantes de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, la Secretaría para Políticas de Promoción de la Igualdad Racial y Funai.
La Ordenanza 80 dispone que las decisiones de demarcación “demandan un análisis minucioso e implican el estudio de todo el proceso de demarcación, así como la necesidad de reconciliar la celeridad [rapidez de acción] y la seguridad legal”.
Luciano Maia le dijo a Mongabay que la medida infringe totalmente la Constitución brasileña y la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal. Luciano Maia es el vice fiscal general y el coordinador de la Sexta Sala de la Población Indígena y los Comités Tradicionales para el Ministerio Público Federal (MPF), un órgano brasileño de fiscales gubernamentales independientes.
Maia apuntó que el artículo 2 del decreto 1775/1996 dictamina que “La demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por la población indígena se basará en el trabajo desarrollado por un antropólogo de cualificación reconocida”.
“Ese trabajo pertenece solamente a Funai y está basado en estudios realizados por antropólogos, indigenistas y cartógrafos”, dijo. El ministro de Justicia “quiere incluir elementos exógenos que no tienen experiencia en asuntos antropólógicos e indígenas en el proceso de demarcación”. El MPF ha solicitado una reunión con el ministro de Justicia para discutir la Ordenanza 80 pero todavía está esperando una respuesta.
El Ministerio de Justicia y Ciudadanía no ha respondido a la solicitud de Mongabay de una entrevista.
Mientras tanto, el presidente brasileño, Michel Temer, ha explicado claramente su posición. En un evento público celebrado con granjeros a principios de enero, defendió la Ordenanza 68 (una versión previamente anulada de la Ordenanza 80) y declaró que tales medidas tienen como objetivo reducir “los inmensos conflictos que existen en esas zonas [indígenas]”. Y, añadió, que Funai no sería desacreditada por los cambios.
El vice fiscal general del MPF rebatió el argumento de Temer: las Ordenanzas 68 y 80 “desacreditan el papel de Funai”, dijo. “La agencia está subordinada al Ministerio de Justicia, y… producirá inseguridad legal e incertidumbre entre las comunidades indígenas. El resultado de este escenario ya se conoce, más violencia sobre el terreno. [El Ministerio de Justicia] no está interesado en agilizar el proceso de demarcación territorial, sino en todo lo contrario”.
Mongabay se puso en contacto con Funai para una entrevista, pero declinó comentar en este momento.
En vez de emitir la Ordenanza 80, el gobierno federal debería de avanzar con el asunto de indemnizar a los granjeros, dijo Adriana Ramos, coordinadora del Instituto Socioambiental (ISA), ONG que defiende los derechos de las poblaciones indígenas en Brasil.
“Uno de los motivos para la oposición al reconocimiento de los derechos territoriales indígenas es la existencia de terratenientes [a gran escala] que compraron tierras a los gobiernos estatales en zonas que están reconocidas como indígenas”, dijo Ramos. Pero la Constitución es clara al decir que los títulos de la propiedad sobre tierras indígenas son nulos e inválidos. Ramos también explicó que no ha habido compensación monetaria por parte del estado por estas transacciones de terrenos erróneas, aunque se han ofrecido compensaciones por las mejoras (casas e instalaciones) construidas en esas tierras.
“Hoy en día esos casos están siendo cuestionados”, dijo la coordinadora del ISA. “Si los terratenientes han comprado las tierras al estado formal y oficialmente, hay excepciones para las que debería de haber una solución”. Ramos recuerda que durante mucho tiempo el movimiento indígena estaba contra el pago de indemnizaciones a los granjeros. “Pero la violencia de los conflictos alcanzó niveles tan altos que la población indígena ha atenuado su crítica a esa posibilidad”.
Un Proyecto de Enmienda de la Constitución (PEC) 132, cuyo objetivo es compensar a los poseedores de títulos de la propiedad sobre tierras indígenas legítimos, ratificado en octubre 2013 ha sido bloqueado en la Cámara de Diputados desde 2015, a la espera de la creación de una comisión de análisis.
“El reconocimiento del derecho del territorio indígena es el reconocimiento del derecho a la diferencia [en culturas] de esas poblaciones. No hay forma de garantizar el derecho a la vida de la población indígena [a la vez que] negarles el derecho a la tierra”, añadió la coordinadora del ISA.
“Y no se trata de cuantificar el terreno al que cada uno tiene derecho, porque si usamos este parámetro, según el censo demográfico del IBGE de 2010, hay 517 000 indígenas asentados en menos de 107 millones de hectáreas de terrenos indígenas oficialmente reconocidos. [Pero hay] 46 000 grandes terratenientes en Brasil que explotan una zona de más de 144 millones de hectáreas. Es decir, hay mucho terreno para pocos granjeros”.
Se espera que los activistas por los derechos territoriales indígenas continúen con su oposición a la Ordenanza 80. El vice fiscal general del MPF, Maia, dijo que el MPF pedirá que el gobierno revoque la nueva ordenanza, pero está esperando por una audiencia con el Ministerio de Justicia antes de iniciar cualquier acción.
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