Los pueblos indígenas de Colombia tienen un papel crucial en la lucha contra el cambio climático

Elizabeth Apolinar disfruta estos días de su trabajo de abogada en el bullicioso centro de Bogotá, aunque de vez en cuando echa de menos la vida tradicional que llevaba en el corazón de la selva colombiana.

Apolinar es originaria de una comunidad denominada sikuani. Los sikuani son un pueblo indígena, uno de los 100 grupos étnicos de Colombia. La empresa para la que trabaja Apolinar, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), es representante de estos grupos indígenas.

La mayoría de los sikuani —hay unos 20 000 según el Ministerio de Cultura de Colombia— llevaba una vida empobrecida y aislada en el medio de la vasta selva amazónica. Los árboles proporcionan la madera para construir casas y leña para cocinar. Se recolecta fruta del bosque y se cazan animales. La comunidad también cultiva mandioca en pequeñas parcelas de tierra.

Los sikuani rara vez entran en contacto con el resto de la sociedad colombiana. Para visitar a su familia, Apolinar tiene que volar en una pequeña avioneta sobre la selva impenetrable. “Mucha gente en mi comunidad ni siquiera habla español”, dice.

Aun así, en otoño de 2013, la comunidad indígena recibió la visita de los representantes de la empresa colombiana Mediamos, que les ofreció un contrato para gestionar el carbono almacenado en la selva sikuani durante treinta años. Si los sikuani protegían el bosque, decía el contrato, Mediamos vendería la reducción en emisiones de dióxido de carbono resultante en el mercado internacional. Se podía conseguir mucho dinero, dijo la empresa, y los sikuani compartirían los beneficios.

Pero, ¿es así cómo funciona realmente el comercio de carbono?

La función del mecanismo

El comercio de emisiones de CO2 evitadas al proteger los bosques en lugar de cortarlos se hizo posible en 2008 con un mecanismo de la ONU llamado REDD+ (reducción de las emisiones de la deforestación y degradación del bosque en países en desarrollo). La idea tras REDD+ es simple. Una comunidad en un país en desarrollo con bosques abundantes en su territorio llega a un acuerdo con una organización no gubernamental o un promotor. Juntos diseñan un plan para proteger la selva de la tala ilegal, por ejemplo con la contratación de guardabosques, o para encontrar fuentes alternativas de ingresos para la comunidad.

Como los bosques tropicales almacenan cantidades enormes de carbono, cualquier reducción de la deforestación significará una reducción correspondiente en las emisiones de CO2.

En todo el mundo, la deforestación es responsable de un 12 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, según el informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, de 2014, que no incluye la agricultura.

La comunidad de Apolinar vive en un bosque que cubre unas 1.8 millones de hectáreas (4.4 millones de acres) y almacena casi dos mil millones de toneladas de CO2. El área es hogar de 12 000 personas repartidas en 149 comunidades diferentes. Además de los sikuani, otros grupos indígenas que viven allí son los puinave, piapoco, piaroas, curripaco y cubeo. Todos gestionan el área juntos.

Evitar que ese CO2 se escape a la atmósfera vale mucho dinero. Por eso, es un tercero independiente el que determina la reducción de las emisiones en primer lugar. La reducción de las emisiones de CO2 se calcula contra una situación normal sin medidas de protección con proyecciones de 25 o 30 años. Esos créditos de CO2 comerciables se pueden vender a aerolíneas, empresas energéticas u otras empresas que quieran reducir so huella ecológica. Después, los beneficios pueden volver al proyecto y a la comunidad local.

Complicaciones y desafíos

Sentada entre pilas de papel en la oficina de la ONIC, Apolinar describe cómo el contrato con Mediamos sembró la discordia en su propia comunidad.

“Algunos ancianos firmaron el contrato”, cuenta, a pesar de que la comunidad había votado en contra en un referéndum. Ella y otras personas sospechan de las acciones de esos líderes. “Las familias que tienen dinero se pelean con las otras familias, que no tienen nada pero están atadas por el contrato”.

En un recurso al Tribunal Supremo de Colombia en representación de la comunidad indígena en 2015, Pedro Eliceo Roa Gaitán del grupo piapoco declaró que el referéndum para aprobar el proyecto REDD+ había sido rechazado por unanimidad. Según contó, se había añadido al acta una página extra de forma ilegal que decía que finalmente la comunidad había aprobado el proyecto.

Más de un mes después, un nuevo consejo de ancianos aprobó el proyecto basándose en esa página extra. Mediamos declaró que la empresa no había tenido nada que ver en ese asunto y que la decisión de participar en el proyecto era una decisión interna de la comunidad. Los procedimientos judiciales siguen adelante en Colombia.

El resultado del acuerdo: nadie puede talar un árbol, ni siquiera para hacerse una casa nueva o como combustible para cocinar; el bosque tiene que permanecer intacto durante treinta años.

Las divisiones internas siguen polarizando a la comunidad, lo cual nunca fue la intención tras REDD+.

¿Todavía puede REDD+ salvar el clima?

La historia de los sikuani no es exclusiva. El mercado de CO2 ha estado marcado por una mala (o mediocre) regulación durante años. Desde REDD+ (o su predecesor REDD), los “vaqueros del carbono” han aparecido en las zonas más remotas de los trópicos para intentar aprovecharse del aumento del comercio de emisiones de CO2.

Uno de los primeros proyectos REDD+ se estableció para proteger los bosques del este de Bolivia de la tala ilegal. El Plan de Acción Climática El Plan de Acción Climática Noel Kempff fue un plan para proteger los bosques alrededor del parque nacional Noel Kempff Mercado, uno de los lugares con más biodiversidad del planeta. La región fue delineada en 1910 por el explorador británico Percy Fawcett, cuyas descripciones de los bosques y cataratas en el parque sirvieron, supuestamente, de inspiración para el paraíso en la famosa novela El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle.

El proyecto, iniciado por el grupo ecologista estadounidense The Nature Conservancy, fue financiado en parte por empresas de petróleo y energía como BP, American Electric Power y PacifiCorp.

Sin embargo, según varios críticos, el plan consiguió ningún tipo de reducción de CO2, y apartó a la población local de su tierra. Greenpeace tomó una táctica ofensiva y llamó al proyecto “estafa de carbono”. El principal problema, según el grupo ecologista, eran las “filtraciones” de actividad de tala ilegal a otras zonas que no estaban cubiertas en el proyecto.

Natalia Calderón, directora de FAN Bolivia, la ONG que aplicó el proyecto a principios del siglo XXI sigue asombrada por la polémica que se creó en aquel momento.

“Fuimos los primeros en intentar algo así. Fue un proyecto de prueba”, afirma Calderón con orgullo en su oficina en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Según cuenta, la prueba fue un éxito.

Sin embargo, el proyecto ni vendió créditos de CO2 ni consiguió el estatus de proyecto oficial REDD+. Eso fue en parte porque solo se diseñó como un proyecto de prueba y el gobierno boliviano del presidente izquierdista Evo Morales se había opuesto a REDD por principio después de 2008.

“Verificamos que hubo una reducción real en las emisiones de CO2”, dice Calderón. Aunque reconoce que hubo algo de actividad de tala ilegal que se trasladó a otros bosques fuera del área del proyecto, explica que este efecto no fue lo suficientemente pronunciado como para negar el beneficio total del proyecto. “Fue principalmente una buena prueba del funcionamiento de REDD+”.

La lección más importante fue la importancia de colaborar con la comunidad.

“Hoy les daríamos incluso un papel más grande a las comunidades locales”, afirma Calderón. “Tenemos que hacer que participen más y darles más oportunidades económicas”.

Esa es la paradoja que hace que proteger el bosque sea difícil: para evitar que la tala ilegal se traslade a otras zonas, el alcance del enfoque tiene que expandirse. Al mismo tiempo, tiene que haber mayor atención sobre la posición de las comunidades locales.

En 2009, REDD+ fue muy criticado por su falta de efectividad, según un informe en The Guardian. La ONIC habló en 2012 en contra de otras aplicaciones adicionales de REDD+ en Colombia.

Esperanza para REDD+

Las críticas acerca de los dudosos beneficios de REDD+ para el clima nunca se han calmado del todo.

“Con este tipo de proyectos, los valores ecológicos y morales siempre son menos importantes que el dinero que se puede obtener de ellos”, declara Diego Alejandro Cardona, activista de la organización ecologista colombiana CENSAT Agua Viva, la delegación de Amigos de la Tierra Internacional en Colombia.

Afirma que siente que REDD+ representa una forma disimulada de acaparamiento de tierras por parte de empresas multinacionales.

Además, según Cardona, la forma en que el programa se utiliza es hipócrita: grandes empresas energéticas y de otros tipos invierten mucho dinero en este tipo de proyectos para reducir sus propias huellas de carbono. Por otra parte, las mismas empresas siguen buscando y utilizando combustibles fósiles, a veces incluso dentro de la selva.

“Ese tipo de comportamiento no es bueno”, dice Cardona. Le preocupa la relación entre las personas y la naturaleza. “Al poner la protección del bosque en un contrato, la comunidad indígena pierde su conexión tradicional con la tierra y el bosque”.

Para alertar a las comunidades locales de esto, la organización de Cardona comparte información, como un folleto que explica cómo reconocer a un “vaquero de carbono” y qué debería aparecer y qué no en un contrato válido.

Sigue siendo la forma más eficiente de reducir emisiones de CO2

A pesar de todas las críticas, pagar para que se proteja el bosque no es una idea tan descabellada. Puesto que en los bosques se almacenan enormes cantidades de carbono, el coste por tonelada de CO2 es relativamente bajo. Por ejemplo, capturar y almacenar CO2 en yacimientos de gas vacíos, lo que a menudo se ve como una necesidad si pretendemos mantenernos por debajo del límite acordado de calentamiento global de 2 grados Celsius, cuesta aproximadamente $58 por tonelada de CO2 o hasta $85 por centrales de gas, según el Instituto de Recursos Mundiales. En contraste, el precio medio de certificados REDD+ el año pasado fue solo 3,40 dólares por tonelada, según un informe de la organización sin ánimo de lucro, Forest Trends.

Esto hace que proteger los bosques sea, con diferencia, la forma más eficiente y más barata de reducir las emisiones mundiales de CO2, como enfatizó la ONU en la cumbre climática de Marrakech en noviembre de 2016.

Desde 2012, REDD+ también ha sido la forma más utilizada de gestión forestal para compensar CO2 en todo el mundo, incluso más popular que plantar nuevos árboles. El año pasado se contabilizaron 11,4 millones de toneladas de CO2 con un valor de 37,5 millones de dólares, según Ecosystem Marketplace (parte de grupo ecologista Forest Trends) en su informe “Estado de las Finanzas de Carbono 2016”. Esta cifra solo refleja el comercio de carbono voluntario, conocido como compensaciones voluntarias.

Se espera que esta cantidad crezca considerablemente en los próximos años cuando los proyectos que ya están avanzados pongan sus créditos de CO2 en el mercado. La demanda también crecerá de forma pronunciada una vez que las industrias que deben compensar parte de sus emisiones, como las aerolíneas, puedan utilizar REDD+. La Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU ha acordado que todo el crecimiento adicional en emisiones de CO2 del sector de los viajes aéreos desde 2020 se compensará con el comercio de créditos de carbono. Es posible que se puedan utilizar créditos de proyectos REDD+, aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo.

Para alcanzar la creciente demanda de créditos REDD+, ya se han invertido más de 2,76 mil millones desde 2009 en ayuda internacional para que los países en desarrollo puedan implementar proyectos REDD+. Esta cifra incluye tanto el apoyo bilateral como el apoyo del propio programa REDD+ de la ONU. Durante cinco años, Colombia recibirá 100 millones de dólares de Noruega, Alemania y el Reino Unido para desarrollar una estrategia REDD+ nacional.

Trabajar con las comunidades locales

A pesar de esos millones de dólares, la principal lección de Calderón en Bolivia se mantiene: las comunidades locales tienen que tener más capacidad de opinar. Cada vez hay más pruebas científicas que apoyan esa afirmación. En 2016, el WRI publicó un informe que concluía que proteger los derechos sobre el territorio de las poblaciones indígenas resultaba directamente en la reducción de las emisiones de CO2.

El informe reveló que si los pueblos indígenas tienen la propiedad de forma clara y legal de una zona forestal, hay de dos a tres veces menos deforestación que cuando no es así. A través de América Latina, estas áreas están conectadas a 40 millones de personas que viven, y deberían controlar, el 23 por ciento de toda la zona, según el WRI.

Sin embargo, las reivindicaciones territoriales se suelen ignorar o violar. En todo el mundo, solo el 10 por ciento de los derechos de territorio de los indígenas se han plasmado en la legislación. Si una comunidad no tiene derechos claros y legales sobre su tierra, existe el peligro de que sus bosques se talen para conseguir madera o para abrir espacio para plantaciones de palma aceitera.

Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU para los derechos de los indígenas, afirma que establecer derechos territoriales claros para los grupos indígenas garantiza que esos bosques sigan existiendo. Los grupos indígenas también son expertos en el paisaje en el que viven.

“Los estudios muestran que en los lugares donde los pueblos indígenas son responsables de los bosques, la protección es mucho más efectiva.

Cuestiones sobre la participación

Sigue habiendo preguntas sobre cómo hacer que las comunidades locales participen el proyectos internacionales de comercio de CO2 y aseguren el éxito de REDD+, incluso con los sikuani, según Carlos Rodríguez. Él es profesor con más de treinta años de experiencia con los pueblos amazónicos, trabaja en la oficina de Bogotá de la ONG de conservación forestal holandesa Tropenbos International.

Rodríguez afirma que las respuestas a las preguntas empiezan contestando cómo se explica REDD+. A menudo, las comunidades locales tienen una idea completamente diferente a la que tienen las personas de fuera del cambio climático y los contratos.

“No suelen entender que quieras pagar por la madera porque el bosque tiene un valor espiritual, no económico”, dice Rodríguez. “Los árboles son un regalo de la naturaleza”.

El dinero también siembra la discordia, como observe Apolinar con los sikuani. Según Rodríguez, la primera pregunta que hay que hacer es: ¿cómo pueden estos grupos obtener ingresos de forma colectiva?

“Su economía es la comida que cultivan”, explica. “Cuando el dinero entra de repente en el sistema desde fuera, se da un cambio drástico en la estructura de la comunidad”.

En su investigación, Rodríguez concluyó que REDD+ solo puede existir si una organización indígena colectiva tiene el control del proyecto y de su flujo de ingresos. Deberían decidir qué parte del bosque se protege y qué parte puede seguir utilizándose como madera y combustible para cubrir las necesidades locales, según un estudio publicado por Tropenbos International.

De la selva a la mesa de negociaciones

Además de las empresas aisladas que venden créditos de CO2 de proyectos REDD+ en un Mercado voluntario, desde 2008 también ha habido un programa REDD+ internacional establecido por la ONU. Este programa pretende diseñar una estrategia nacional para combatir la deforestación en varios países en desarrollo. Desarrollarla a nivel nacional debería evitar las filtraciones y garantizar los derechos territoriales de los indígenas.

Mario González, del programa local de REDD+ de la ONU en Colombia, enfatiza que también es importante encontrar alternativas económicas para las comunidades cuya tierra contempla el proyecto. “Eso significa invertir el servicios públicos en zonas muy remotas”, explica. “Porque la gente talará el bosque si no tiene ningún otro medio de subsistencia”.

González se da cuenta de que REDD+ ha adquirido mala reputación para muchos, en gran parte por las malas jugadas de los vaqueros de carbono en los últimos diez años. “Hemos intentado darle la vuelta a esa percepción, sobre todo para la propia gente del Amazonas”, dijo.

De vuelta en la selva colombiana, los sikuani siguen enzarzados en la batalla legal para conseguir que se declare inválido el contrato que firmaron con Mediamos. La comunidad acabó llevando el asunto al Tribunal Supremo de Colombia con el argumento de que el referéndum no se llevó a cabo según las normas.

“En 2013 solo tuvimos una experiencia negativa con una empresa”, recuerda Apolinar, la jurista de la selva. Ahora que el gobierno colombiano intenta establecer REDD+ bajo la tutela de la ONU, Apolinar quiere dar otra oportunidad al programa. En 2015 la ONIC firmó un pacto en el que acordaba cooperar en la implementación de REDD+.

La ONIC ha asumido el liderazgo para mantener millones de toneladas de carbono en los bosques del país. Sus miembros incluso viajaron desde la selva amazónica a la reciente cumbre climática de Marrakech para declarar orgullosamente ante el mundo que “los gobiernos que han traído el desastre climático mundial pueden seguir contando con nosotros para defender el planeta”.

Con la condición de que se refuercen los derechos territoriales de los indígenas. Para los sikuani no hay vida sin tierra.

Imagen de cabecera: De la serie “El Bosque de Sangre” del fotógrafo Philippe Echaroux.

Este artículo se produjo en colaboración con Martín Pérez y Mauricio Zubieta como parte de una serie sobre compensación de CO2 que ha sido posible, en parte, gracias a los fondos de la lotería de códigos postales de Holanda. Lea más sobre el fondo para periodistas de la lotería de códigos postales (en holandés). El artículo en inglés a partir del cual se ha realizado esta versión fue traducido del original en holandés por Anne Hodgkinson.

Bart Crezee Bart Crezee es un corresponsal del tema de las compensaciones de carbono que trabaja para De Correspondent. Este artículo apareció por primera vez en holandés en www.decorrespondent.nl. Pueden encontrarlo en Twitter en @bartcrezee.

Fuentes:

“Climate Benefits, Tenure Costs: The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights in the Amazon.” Read more about this report here.